Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131739
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la apelada resolución de fecha 24 de septiembre de 2021; con costas en el orden causado
JS
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de Abril de 2022, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "SUINO MARIO JUAN FRANCISCO C/ LOS DOS AMIGOS S.A. Y OTRO/A S/NULIDAD ACTO JURIDICO" (causa: 131739), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 24 de septiembre de 2021?
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo:
I.a. Por medio de la resolución dictada el día 24 de septiembre de 2021, la Sra. Jueza a quo resolvió decretar la caducidad de instancia, imponiendo las costas a la parte actora en su calidad de vencida
Para sustentar su decisión, explicó que la intimación dispuesta en fecha 9 de agosto de 2021 lo fue a efectos de que la accionante manifieste su deseo de continuar adelante con el juicio e impulse el proceso en forma adecuada; y que si bien el sector activo ha cumplido acabadamente con el primero de los mencionados recaudos, no ha satisfecho el segundo de ellos, toda vez que la presentación de fecha 12 de agosto de 2021 no resultó idónea a los fines de constituirse en eficaz y por ende, propender a los actuados a su fin natural que es el dictado de la resolución definitiva.
En esa línea, afirmó que únicamente se ha solicitado la reinscripción de una medida cautelar de no innovar, se ha requerido instrucciones acerca de la forma de diligenciamiento de la cédula ley 22.172 a dirigirse a Dos Amigos S.A. y se solicitó un turno para proceder al escaneo de las copias de traslado de las cédulas a presentarse; conductas que de manera alguna compelen a estos autos a arribar a su destino natural; mientras que tampoco satisface el mentado presupuesto la cédula remitida a confronte el día 22 de septiembre de 2021, por cuanto tal conducta se ha efectivizado en forma extemporánea.
Asimismo, agregó que los presentes se han iniciados en el año 2014 (esto es, hace más de siete años) sin siquiera haberse dado lugar a la apertura de la etapa probatoria, cuando en verdad se debe procurar un proceso ágil y que las partes actúen con la diligencia que ello amerita, circunstancia que ha llevado al legislador a plasmar el instituto de la caducidad de instancia y a la Suprema Corte de Justicia provincial a recordar su aplicación mediante Res. 3694/2012, pudiendo asimismo decretarse la perención de oficio (art. 316 del CPCC).
Por último, dijo que la situación de pandemia ninguna injerencia ha tenido ni ha ocasionado imposibilidad alguna en la tramitación de los presentes.
I.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la parte actora, mediante el recurso de reposición con apelación en subsidio que dedujera el día 30 de septiembre de 2021, donde comenzó por referir que aún en el hipotético caso en que se discutan la calidad de impulsorios del pedido de medida cautelar e instrucciones para el libramiento de la cédula ley 22.172, está claro que -por la disposición del art. 316 del CPCC- no podía válidamente decretarse la caducidad de oficio, ya que previo al resolutorio y en fecha 22 de septiembre del 2021 se presentó cédula ley para confronte, a la postre observada, acto que fue previo a la declaración aludida y con auténtico interés de impulso de las actuaciones; por lo que la resolución atacada importó una patente violación al derecho de defensa en juicio.
Agregó luego que es el art. 311 del CPCC el que indica desde qué momento debe computarse el plazo para la caducidad; y que cédula de notificación de traslado de demanda era el único acto procesal idóneo (juntamente con la medida cautelar) a los efectos de poder avanzar hacia la sentencia, ya que la litis no estaba trabada todavía contra todos los legitimados.
Sostuvo después que, a la luz del curso del expediente y de las presentaciones de su parte, se desprende que se ha dado acabado cumplimiento con los requerimientos del órgano luego del saque de paralizado e intimación a actividad útil bajo apercibimiento de caducidad. Así, afirmó que el despacho simple del 9 de agosto se encuentra cumplido, habiendo enviado -como adjunto- escrito en soporte papel con firma ológrafa, aun cuando revestía el carácter de apoderado; y que además debe advertir que las providencias debieron ser notificadas a todas las partes, sin que se lo hubiera hecho, a pesar de lo cual continuó impulsando
Por otro lado, y en cuanto al pedido de instrucciones que solicitó su parte a los fines de efectivizar la cédula ley 22172, esgrimió que resulta completamente erróneo el análisis que se hizo en el interlocutorio, toda vez que ello fue a los fines de cursar una cédula que -por naturaleza y por posibilidad fáctica- va en papel, se presenta en ese soporte y que de la cual en el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas no hay respuesta ni modelo sobre la misma.
También argumentó que la presente es una causa iniciada en 2014, por lo que la Ac. 3886 no se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda; que como ha manifestado en varias oportunidades, no cuenta con el libelo de inicio ni las copias para traslado; y que, de haber requerido el escaneo del escrito postulatorio a los fines de dar celeridad a las tareas remotas y electrónicas, bien podría haber sido el personal del juzgado quien proceda a su escaneo y subida al sistema.
Por último, dijo que el fallo, al momento de ser construido, adolece en su realización de un análisis interpretativo contrario al principio básico de restricción que impera en la materia, citando jurisprudencia al efecto; y que si bien, como indica la Magistrada, han pasado siete años del inicio del proceso, no debe dejar de tener en cuenta que en autos “SILIGHINI JUAN EDUARDO, BUITRON SILVIA ALEJANDRA S/ FALSIFICACION O ADULTERACION DE DOCUMENTO PUBLICO, ESTAFA" (Número de causa: C-6606), en trámite ante el Juzgado Correccional 1 de La Plata, se ventila la posible comisión de numerosos ilícitos penales relacionados con los hechos planteados en la presente causa, y las actuaciones se encuentran elevadas a juicio oral y con próximo debate, actuaciones que justamente han dilatado la presente acción y que serán necesarias a los efectos del dictado de sentencia definitiva respectiva en esta causa.
II.a. Ahora bien, independientemente de la impropia vía procesal escogida por los recurrentes -en virtud de lo expresamente previsto en los arts. 238, 242 inc. 2 y 317 del CPCC- y como consideración de orden genérico, es preciso recordar que la caducidad de la instancia es un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando no se lo impulsa durante el tiempo establecido por la ley. Su finalidad atiende tanto a la necesidad de sancionar al litigante moroso, como a la conveniencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial (SCBA, causas Ac. 58849, del 15/7/97; Ac. 62075, del 15/9/98, e.o.).
Tal como establece de modo prácticamente unánime la doctrina y la jurisprudencia, constituye una medida de carácter excepcional y debe ser interpretada de forma restrictiva por las consecuencias que produce en el proceso, toda vez que debe velarse por la continuidad del mismo (art. 18 CN; SCBA LP L. 121389 S 31/08/2020; 121212 S 13/12/2017; 120928 S 12/07/2017; 118527 S 08/04/2015; esta Sala, causa 131338, RS 85/22, del 19-4-2022; 130398, RS 20/22, del 17-02-2022; 118482, RSD 27/2015).
Impera también destacar, por la relevancia que habrá de tener en el caso, que aunque la caducidad de la instancia puede ser declarada de oficio, no opera de pleno derecho, sino que aunque haya transcurrido el plazo pertinente, no puede declararse si cualquiera de las partes activa el procedimiento mediante actividad procesal útil para la prosecución del trámite (art. 315, 316 CPCC; SCBA, Ac. 42.842 del 25-9-90; 46.205, del 31-III-92; esta Sala, 127243 RR136/21; 112647 RSI 67/10; 91090, RSI 214/99; e.o.).
II.b. Ahora bien, sin perjuicio de los precisos pilares en los cuales se apoyó la decisión puesta en crisis (petición inidónea; tiempo transcurrido desde su iniciación y estado procesal actual; e irrelevancia de la pandemia en el caso), nos permitimos adelantar que la misma habrá de ser revocada, toda vez que en el caso se hacen directa e irremediablemente operativas las previsiones del art. 316 del CPCC, que establecen -como regla y en línea con lo ya explicado- la imposibilidad de declarar la caducidad de instancia de oficio luego de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento, aun cuando los plazos se encontraren vencidos.
II.c. Para fundar esta premisa, habremos de reseñar que una vez que el interesado requirió la desparalización de las actuaciones (ver trámite del 5-8-21), la Sra. Jueza a quo lo intimó para que manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la instancia; como consecuencia de lo cual, el accionante presentó el escrito del 12 de agosto de 2021, donde realizó las peticiones que, a la postre, fueron devaluadas en la resolución puesta en debate respecto a su capacidad impulsoria.
Mediante la consecuente resolución del 17 de agosto de 2021, se consignó que, previo a todo trámite, debían las partes cumplir con las pautas de la Ac. 3886/18 de la SCBA; normativa que -vale decir- quedó derogada por art. 8 de la Ac. 4013 SCBA y art. 1 de la Ac. 4023 SCBA cuatro días hábiles después de dictada dicha providencia.
Con posterioridad, el actor volvió a efectuar una presentación; y habiendo sido considerada por el órgano -en el despacho del 26 de agosto de 2021- como reiteratoria de la previa, exigió nuevamente el cumplimiento aludido, aun cuando la norma citada ya había perdido vigencia. Luego de ello, con fecha 24 de septiembre de 2021 y sin que medie solicitud alguna, la Magistrada dictó el pronunciamiento que motiva nuestra intervención.
Omitiendo entrar -deliberadamente- en la discusión relativa al carácter impulsorio o no de las presentaciones que reseñara la Sra. Jueza a quo (solicitud de reinscripción de cautelar; pedido de instrucciones para diligenciar una cédula; y requerimiento de turno para escaneo), bien cabe advertir que tanto ella como la actora han reconocido que con anterioridad a emitirse la resolución materia de embate (esto es, el 22 de septiembre de 2021), dicha parte envió un proyecto de cédula tendiente a efectivizar el traslado de la demanda (ver considerando II, último párrafo), la cual fue observada el mismo día en que se dictara el decisorio y con base en la declaración allí realizada; diligencia que, indudablemente, posee magnitud suficiente para pregonar su carácter de útil a los fines requeridos.
II.d. De tal modo y a diferencia de lo sostenido por la Magistrada, la caducidad de instancia no puede tenerse por operada desde el vencimiento del plazo correspondiente, sino a partir del momento en que el órgano judicial la declara, revistiendo carácter constitutivo.
En virtud de ello, la declaración de oficio realizada en la especie no se ajusta a derecho, toda vez que con anterioridad el actor ya había realizado un acto idóneo para impulsar el procedimiento, sin que resulte relevante que los plazos legales hubieran estado vencidos; circunstancia que nos relevan de tratar los restantes agravios e imponen la revocación de lo resuelto (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 2011, Tomo IV, pág. 178/179; Loutayf Ranea, Roberto G., "Subsanación de la caducidad de la instancia", LL 1979-C, 754; Fassi, Santiago C. - Yañez, César D., Código Procesal Civil y Comercial..., Tomo 2, pág. 687; cfr. Cámara Nacional Civil - Sala I, en "Club de Campo A. Asoc. Civil c/D., M. J. s/ejecución", del 09/08/2016).
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la apelada resolución de fecha 24 de septiembre de 2021.
Habiéndose tratado de agravios generados de oficio y atento el modo en que se resuelve, las costas corresponde que sean impuestas en el orden causado (art. 68, 69 del CPCC)
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor López Muro.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se revoca la apelada resolución de fecha 24 de septiembre de 2021; con costas en el orden causado REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia