Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 128367
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn virtud de lo expuesto, la obligación concurrente allí prevista requiere, para su operatividad, de dos personas diferentes que puedan constituirse en obligados pasivos. De no ser así, cuando se reúnen en un mismo sujeto el condenado en costas y el beneficiario de las tareas, no hay necesidad de acudir a esta concurrencia, pues solo media un único deudor.
Luego, siendo que en el caso puntual (incidencia resuelta el día 10 de marzo de 2025) el accionante reúne ambas condiciones (condenado en costas y beneficiario de la labor profesional), la norma deviene inaplicable; sin que la misma, conjugada con la legislación de consumo y como dijéramos, sea susceptible de crear un nuevo obligado pasivo, y mucho menos solidario (arts. cits. y 828 del Código Civil y Comercial).
Interpretado el punto al extremo: sostener los términos del pronunciamiento en cuanto a solidaridad, trasladando a la contraria en los procesos de consumo todos y cada uno de los costos que se generen en concepto de honorarios -incluidos aquellos de los cuales no es beneficiaria, ni condenada en costas- importaría tanto como darle la posibilidad al actor de generarle deudas al demandado a su libre albedrío y sin límite alguno; potestad que no puede avalarse.
En virtud de ello, corresponderá dejar debidamente establecido que no corresponde notificar al domicilio real de la demandada la regulación que se haga por la incidencia resuelta el 10 de marzo de 2025, toda vez que los estipendios devengados con motivo …
Causa: 128367
La Plata, 2 de Septiembre de 2025.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 15 de julio de 2025, la Sra. Jueza de la instancia previa reguló los honorarios de los profesionales intervinientes; aclarando, en cada una de las fijaciones realizadas, las respectivas bases regulatorias.
Asimismo y en lo relativo a los estipendios por la incidencia resuelta el 10 de marzo de 2025 -donde se impusieron costas a la actora-, la juzgadora sostuvo que los mismos debían notificarse al domicilio real de la parte demandada, dado que, por el beneficio de gratuidad del actor, será ella quien deba afrontar los honorarios regulados conforme la solidaridad de la ley estipendial.
1.b. Dicha resolución motivó el alzamiento del Dr. Marcelo V. Szelagowski y de la parte demandada.
1.b.i. El primero de ellos lo hizo a través del recurso que viene interpuesto y fundado en la pieza del día 16 de julio de 2025; donde transcribió el pto. 2.b.iii sexto párrafo del decisorio que dictáramos el día 5 de junio de 2025, para sostener que, de dicho texto, resulta evidente que al capital de los empréstitos cuya nulidad se declarara deben adicionarse los intereses a los efectos de la base regulatoria.
Sin embargo -continuó-, al tiempo de establecer la base, la resolución puesta en crisis solo ha tomado el monto de aquellos, pero sin accesorios, lo que resultó erróneo, dado que la entidad accionada, de haberlos cobrado, hubiese adicionado intereses; y que, con motivo de ello, se ve agraviado, toda vez que tanto la pauta estipendial como la regulación en sí son bajas.
Dicha postura mereció la réplica de la contraria, por medio de los fundamentos vertidos en el escrito que se presentara el día 7 de agosto de 2025, donde solicitó el rechazo del recurso.
1.b.ii) Por su parte y tal como se anticipara, la accionada también recurrió el pronunciamiento, a través de la pretensión revisora que viene apoyada en el memorial del día 18 de agosto de 2025.
En dicha pieza, argumentó que la resolución le genera un agravio material al imponerle el pago de honorarios profesionales que no se encuentran a su cargo, ni por aplicación del principio objetivo de la derrota, ni por disposición normativa alguna; y que resulta una contradicción que, no obstante imponer las costas de la mencionada incidencia a la actora, luego y con motivo del beneficio de gratuidad, tales emolumentos deban ser afrontados por la parte demandada, borrando con ello lo previamente resuelto.
Asimismo, adujo que se ha interpretado erróneamente el alcance de dicha franquicia, toda vez que el art. 84 CPCC lo circunscribe a una exención temporal y parcial respecto de quien lo goza, sin que pueda ello derivar en la traslación de tal carga económica a terceros ajenos al beneficio; y también se ha hecho una impropia lectura del principio de solidaridad estipendial, en tanto el art. 58 de la Ley 14.697 limita su operatividad al condenado en costas y al beneficiario del trabajo profesional, que en autos se identifica en la misma persona del actor, resultando arbitraria e irrazonable la extensión de tal responsabilidad a la parte demandada.
Finalmente invocó la vulneración del principio objetivo de la derrota previsto en el art. 69 del CPCC, pues aun cuando la actora resultara vencida en la incidencia, las costas terminan injustificadamente trasladadas a su parte; y que, en el caso concreto, la incidencia que originó los honorarios discutidos, fue producto de la conducta temeraria e inoficiosa de la actora, quien sostuvo un error material ya corregido por la Alzada.
Dicha postura mereció la réplica de la contraria, por medio de los fundamentos vertidos en el escrito que se presentara el día 21 de agosto de 2025, donde solicitó que se desestime dicho intento revisor.
Sin abrir debate sobre el principal argumento invocado por el apelante en su recurso (ver pto. 1.b.i del presente), es menester poner de resalto que, al tiempo de solicitar la regulación de honorarios, el referido peticionó que la base regulatoria se integre "con el monto del crédito cuya nulidad se declaró" -lo que así fue resuelto por esta Alzada-, pero "debidamente actualizado a criterio de V.S. como lo indica el Fallo 'Barrios'”.
Esta última temática, ya insinuada al tiempo de deducir el memorial del 20 de marzo de 2025, pero imposible de abordar en tal oportunidad con motivo de tratarse de material novedoso -de allí que aludiéramos a los créditos anulados sólo "en términos de capital"- (art. 272 del CPCC), nunca fue objeto de la debida sustanciación, ni tampoco del necesario abordaje en la resolución ahora atacada (art. 18 CN; 8 CADH; 15 Const. PBA).
Por el contrario y no obstante su expresa solicitud, el pronunciamiento puesto en crisis guardó silencio sobre el punto, omitiendo expedirse a este respecto (art. 3 del Código Civil y Comercial).
En virtud de ello, teniendo en cuenta que los órganos de justicia deben "resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes" (art. 168 de la Const. PBA) y entendiendo que la decisión que se dicte sobre el punto, sea favorable o desfavorable, será de absoluta relevancia para determinar, de manera definitiva, la base regulatoria, corresponde dejar sin efecto -por prematuras- las regulaciones efectuadas (arts. cits. y 164 del CPCC; 15 ley 14.967).
No obstante que la decisión previa afecta a la totalidad de las regulaciones efectuadas, el aspecto de la resolución que propuso la accionada en su memorial es completamente escindible de lo relativo a la base estipendial y el monto de los honorarios; en virtud de lo cual y por razones de economía procesal -esto es, dejar zanjada desde ahora la cuestión- corresponde abordar el punto.
Aclarado ello, es preciso recordar que en el decisorio se indicó que "el actor se encuentra amparado por el beneficio de gratuidad de la legislación del consumidor, no pudiéndosele cobrar las costas impuestas en su contra" y luego, respecto de aquella incidencia cuyas erogaciones están a cargo accionante y con pie en los mismos argumentos, afirmó que correspondía notificar el decisorio al domicilio real de la parte demandada, por ser ella quien debía "afrontar los honorarios regulados conforme la solidaridad de la ley estipendial".
Ahora bien, dicha parcela del decisorio sólo se ha fundado en lo previsto en los "arts. 34 inc. 5, 135, 136 del CPCC", esto es, las facultades de dirección del proceso, las resoluciones que se notifican por cédula y el contenido de tal pieza; mas no se ha hecho mención expresa de norma alguna de la ley de honorarios que imponga esa conclusión, ni de otra previsión legal a este respecto.
Ante esa circunstancia y en virtud de los términos utilizados en su razonamiento, debemos entender -como ha hecho la apelante- que el apoyo legal se encontraría en el art. 58 de la ley 14.967, que en lo pertinente establece que "La regulación judicial firme, constituirá título ejecutorio contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las tareas".
Sin perjuicio de esa estipulación, lo cierto es que no coincidimos en la conclusión que de la misma deriva el pronunciamiento, habida cuenta que las obligaciones que ella impone se encuentran correctamente deslindadas, sin que la misma se aplique -por ende- al debate puntual al que se alude. Veamos.
La referida incidencia, resuelta el día 10 de marzo de 2025, impuso las costas a la parte actora, lo que se encuentra firme. Consecuentemente, los honorarios devengados a favor del Dr. Marcelo V. Szelagoswki por ese debate se encontraban únicamente a cargo del Sr. Pedernera, quien reunía -en su persona y a este particular respecto- la doble calidad de condenado en costas y beneficiario de su tarea. No obstante, y como adujo la juzgadora, dichos estipendios no pueden serle cobrados al actor, en virtud del beneficio de gratuidad previsto en la legislación consumeril.
Pero, y he aquí la diferencia que planteamos con el decisorio, de esa situación no se deriva la conclusión a la que se arriba en tal pronunciamiento. En efecto, esa situación de inexigibilidad en relación al accionante no produce, de por sí, la ampliación del listado de legitimados pasivos; y ello no sólo porque la norma no lo tiene previsto -ni tampoco se ha explicado el punto-, sino también en la medida que tal temperamento importaría crear un nuevo sujeto obligado, sin previsión legal ni facultad judicial que así lo avale (art. 724 a 735 del Código Civil y Comercial).
Lo que hace el art. 58 de la ley 14.967 es establecer una obligación concurrente, no solidaria. Y ello es así, pues si bien el objeto adeudado es el mismo (una suma de dinero en concepto de honorarios), las obligaciones de los sujetos reconocen -en realidad- causas diversas: una, la del cliente, que radica en la prestación del servicio profesional; y la otra, relativa a la condena en costas, que es de origen procesal (arts. 827 y sigs., 850 y sigs. del Código Civil y Comercial; cfr. SCBA LP Ac 86346 S 26/09/2007; esta Sala, causa 96802, RSD 122/10, del 26/08/2010; Valdez, Carlos F., Ley de honorarios de abogados y procuradores, 2018, Hammurabi, pág. 248).
En virtud de lo expuesto, la obligación concurrente allí prevista requiere, para su operatividad, de dos personas diferentes que puedan constituirse en obligados pasivos. De no ser así, cuando se reúnen en un mismo sujeto el condenado en costas y el beneficiario de las tareas, no hay necesidad de acudir a esta concurrencia, pues solo media un único deudor.
Luego, siendo que en el caso puntual (incidencia resuelta el día 10 de marzo de 2025) el accionante reúne ambas condiciones (condenado en costas y beneficiario de la labor profesional), la norma deviene inaplicable; sin que la misma, conjugada con la legislación de consumo y como dijéramos, sea susceptible de crear un nuevo obligado pasivo, y mucho menos solidario (arts. cits. y 828 del Código Civil y Comercial).
Interpretado el punto al extremo: sostener los términos del pronunciamiento en cuanto a solidaridad, trasladando a la contraria en los procesos de consumo todos y cada uno de los costos que se generen en concepto de honorarios -incluidos aquellos de los cuales no es beneficiaria, ni condenada en costas- importaría tanto como darle la posibilidad al actor de generarle deudas al demandado a su libre albedrío y sin límite alguno; potestad que no puede avalarse.
En virtud de ello, corresponderá dejar debidamente establecido que no corresponde notificar al domicilio real de la demandada la regulación que se haga por la incidencia resuelta el 10 de marzo de 2025, toda vez que los estipendios devengados con motivo de la misma no se encuentran a cargo de dicha parte (arts. cits.; 164 del CPCC).
POR ELLO y fundamentos expuestos, corresponde: 1) dejar sin efecto -por prematuras- las regulaciones efectuadas en la resolución del 15 de julio de 2025, debiendo cumplirse con la debida sustanciación y pronunciamiento; 2) dejar debidamente establecido que no corresponde notificar al domicilio real de la demandada la regulación que se haga por la incidencia resuelta el 10 de marzo de 2025, toda vez que los estipendios devengados con motivo de la misma no se encuentran a cargo de dicha parte; y 3) imponer las costas en el orden causado, toda vez que, no obstante las oposiciones respectivamente deducidas a las pretensiones revisoras y en virtud de las razones brindadas, ambos recursos reconocen su origen en agravios generados de oficio (falta de tratamiento de la solicitud de actualización y solidaridad impuesta oficiosamente; arts. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia