Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Morón (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.75.761 "BERTHOLD ENRIQUE LUIS C/ PORTILLO OSCAR FABIAN Y OTRO S/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 22 de mayo de 2019.
I. Enrique Luis Berthold promovió ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Morón una demanda de nulidad de acto jurídico y reivindicación contra Adriana Delia Díaz y Oscar Fabián Portillo. Esta tiene por objeto, además del recupero del inmueble de la calle Balcarce N°1638 del partido de Merlo, la invalidación de la escritura de la compraventa de la propiedad que realizaren estos últimos en el año 2011, puesto que dicho negocio se habría llevado a cabo prescindiendo de la anterior donación con reserva de usufructo que Genoveva del Carmen Cantos -hoy fallecida- aparentemente hizo a favor del actor en el año 1998.
Al contestar, los demandados reconvinieron por la nulidad del título del accionante, a la par de requerir la citación como terceros de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección Provincial de Catastro, endilgándoles a ambas una falta de servicio (fs. 790). Habiéndose hecho lugar a la integración de la litis (fs. 925/296), a fs. 941/942 se presentó la Fiscalía de Estado y opuso excepción de incompetencia para que la cuestión sea ventilada en el fuero contencioso administrativo. La defensa fue acogida por la magistrada actuante, que seguidamente se desprendió de las actuaciones.
II. De esta forma tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. A fs. 1223 su titular emplazó a las partes para que adecuaran sus respectivas postulaciones al proceso contencioso administrativo. Lo anterior fue cumplido tempestivamente solo por el actor, quien aprovechó la oportunidad para aclarar que también pretendía la anulación de la inscripción registral de la escritura de compraventa que impugnaba.
En este estado -previo a ordenar el correspondiente traslado- la jueza se declaró parcialmente incompetente. En tal sentido, mientras concluyó que la demanda impulsada por Berthold contra Díaz y Portillo y la reconvención incoada por estos dos contra el primero, al versar acerca de la nulidad de escrituras públicas, trataban de pretensiones regidas por el derecho privado ajenas a la jurisdicción especializada (cfr. art. 4 inc. 1, CCA), inversamente afirmó que el tramo de la contrademanda tendiente a hacer efectiva la responsabilidad del Estado provincial por la falta de servicio en la que habrían incurrido sus órganos al asentar un doble dominio, era propio de su competencia.
Con todo, en la inteligencia de que "...la afectación producida por el error registral (legitimación), que invocan los Sres. Díaz y Portillo, necesita para su acaecimiento la declaración de nulidad del acto de la compraventa...", sostuvo que ella era prematura y, por tanto, la declaró inadmisible (fs. 1266/1267).
Consecuentemente, en tanto ya se había rehusado a conocer en lo restante, firme su decisorio planteó formalmente el conflicto negativo de competencia y lo sometió ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. Como quedó expuesto, el actor y los reconvinientes persiguen la recíproca invalidación del título que cada cual intenta oponer sobre el dominio del inmueble de la calle Balcarce N°1638 del partido de Merlo, respecto al cual -además- el primero busca reivindicar. En tales condiciones, cabe adelantar que la controversia es ajena a la competencia material asignada a los tribunales del fuero contencioso administrativo.
III.2. Cuadra ponderar, ante todo, que tras lo resuelto acerca de la falta de caso para la pretensión seguida contra el Estado provincial (fs. 1263/1267) -algo que fue consentido por las partes (v. fs. 1268 y sigs.)-, el entuerto no parece reflejar los contornos típicos de una demanda contencioso administrativa en los términos de los arts. 166 in fine de la Constitución de la Provincia y 1 de la ley 12.008, en tanto no es posible asegurar en esta instancia que la confrontación efectivamente involucre a alguno de los sujetos allí enumerados que ejercen prerrogativas públicas. Y esto, como se ha dicho con reiteración, constituye un presupuesto ineludible para la intervención de la justicia administrativa (doctr. causas B. 69.853, "Rivarola", resol. de 19-X-2011; B. 72.886, "Etcheverry", resol. de 4-XII-2013; B. 74.473, "Gómez", resol. de 7-XII-2016; B. 74.697, "Sillito", resol. de 10-V-2017 y B. 75.484, "Chaves", resol. de 7-III-2019, entre otras).
III.3. Eventualmente, es útil recordar que el art. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada a las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquellas que involucren pretensiones posesorias (inc. 2).
Bajo tales premisas, esta Corte ya ha sostenido en términos generales que los juicios que versen sobre los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles son casos gobernados, de forma primaria, por el derecho privado (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014 y B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018). Pero más específicamente, también ha fallado que una demanda de nulidad de escritura y reivindicación -acumulación objetiva que acontece en la especie- estaba doblemente alcanzada por la apuntada regla de exclusión (art. 4 incs. 1 y 2, CCA; doctr. causa B. 73.243, "Gutiérrez", resol. de 5-XI-2014). Siendo así, se impone concluir que el presente trata de un pleito extraño al ámbito de competencia asignado al fuero especializado.
III.4. De igual modo, atento a que en autos han sido traídos al proceso los escribanos ante los cuales pasaron las escrituras puestas en crisis, no es ocioso remarcar que su participación en la litis -sin más- carece de virtualidad para subsumir la contienda bajo la cláusula general del contencioso administrativo (cfr. arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA; doctr. causa B. 73.231, "Rizzi", resol. de 12-XI-2014).
IV. Por todo lo expuesto, la competencia para decidir en el asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Morón (art. 7 inc. 1, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Morón (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 231
Fin de la sentencia