Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65578
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la oposición planteada y disponer que el juicio continúe tramitando por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° Dos con sede en Olavarría, a cargo de la Dra. María Hilda Galdós (arts. 17 incs. 1, 2 y 4, 30 y 31, CPCC).
2Ofíciese electrónicamente a los titulares de los Juzgados en lo Civil y Comercial n° Dos y Tres de Azul, y Uno con sede en Olavarría a fin de hacerles saber lo decidido, y devuélvase el presente cuadernillo al Juzgado n° Tres de Azul para que lo remita conjuntamente con el principal al Juzgado n° Dos de Olavarría.
Nro. Expte: 2-65578-2020 ASOCIACION CIVIL DE USUARIOS BANCARIOS ARGENTINOS C/ CABLEVISION SOCIEDAD ANONIMA S/ NULIDAD ACTO JURIDICO - CUADERNILLO DE APELACION
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Nro. Registro Sentencia Interlocutorias: .......... Folio: ..........
Azul, 11 de Junio de 2020.
I. Arriban los autos al tribunal a fin de resolver el rechazo planteado por resolución del 06-02-20 de la Dra. Mariana Alvarez, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n° Tres de Azul, contra las excusaciones sucesivas que se describen en el apartado siguiente.
II)1. Según consta en la MEV de la Suprema Corte de Justicia Provincial, la causa principal de la que se desprende el presente cuadernillo fue iniciada el 18-8-09 y quedó radicada por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° Dos con sede en Olavarría, a cargo de la Dra. María Hilda Galdós (autos “Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos c/. Cablevisión SA s/. Nulidad de Acto Jurídico”, expte. N° 2063/2009). Ante dicho órgano se desplegaron la totalidad de los actos procesales del juicio, incluyendo el dictado de la sentencia que en fecha 23-12-10 homologó el acuerdo conciliatorio presentado por las partes (fs. 1/4, 5/5vta.).
Sin embargo, frente al impulso de parte luego de haberse visto el expediente paralizado a raíz de la inactividad acaecida con posterioridad al mencionado acuerdo, mediante proveído del 30-10-18 la Dra. Galdós se excusó de continuar interviniendo en virtud de que con posterioridad a entablarse la demanda y a homologarse el convenio devino clienta de Cablevisión S.A. En tal sentido describió que la actora procura –entre otras cosas- que la accionada restituya importes abonados desde el mes de febrero de 2014 los que se extienden a su persona en carácter de usuaria del servicio que presta la demandada, circunstancia que la erige no sólo en interesada respecto del objeto del pleito sino también en posible acreedora de la accionada en virtud de los importes monetarios que potencialmente puedan ordenarse restituir. De esa manera se excusó de continuar interviniendo (arts. 17 incs. 2 y 4, 30, CPCC).
2. A su turno, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n° Uno de Olavarría, Dra. Ana M. Eseverri, también se excusó de intervenir en razón de ser su cónyuge titular del servicio de televisión por cable que presta la demandada el que, además, abona mediante su propia tarjeta de débito del Banco Provincia de Buenos Aires (arts. 17 inc. 2, CPCC).
3. A su vez, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n° Dos de Azul, Dr. Rodrigo Ezequiel Bionda, también se excusó de intervenir por resultar su progenitor y el grupo familiar de éste usuarios del servicio de televisión por cable que la accionada presta en el domicilio de calle Vicente López n° 2217 de Olavarría, y tener por consiguiente interés en el pleito (art. 17 inc. 2, CPCC). Además, ahondó el magistrado, es amigo de larga data de los letrados apoderado y patrocinante de la actora –Dres. Vieira y Álvarez Larrondo-, circunstancia ésta que también afecta la imparcialidad y ecuanimidad inherentes a la función de juzgar.
4.1. El Juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes a cargo en aquél entonces del Juzgado en lo Civil y Comercial n° Tres de Azul, Dr. Carlos Ubaldo Méndez, a quien pasó la causa por sorteo planteó la cuestión negativa de competencia mediante resolución del 28-6-19. Luego de traer a colación que existe la posibilidad de remontarse y analizar las excusaciones previas a la inmediata anterior en caso de que se hubieren producido excusaciones sucesivas –tal el supuesto en examen-, el Dr. Méndez entendió que la relación contractual que vincula a la empresa demandada con sus pares (supuesto invocado por las Dras. Galdós y Eseverri), o bien con su progenitor y núcleo familiar (supuesto invocado por el Dr. Bionda), no empañan la independencia e imparcialidad de su actuación sobre todo cuando las partes arribaron a una justa composición de sus derechos en virtud del acuerdo homologado. Destacó que ese es el temperamento que adoptó la Suprema Corte Provincial en un supuesto similar (Ac. 91.546 del 15-12-04, “López, Haydeé N. c/. Empresa Mariano Moreno S.A. s/. Daños y Perjuicios”), y también ambas salas de la Cámara Departamental cuyos magistrados –aseveró- no se excusan en causas en que sea parte el IOMA. En lo que interesa, dijo que la circunstancia de resultar usuarias del servicio de televisión por cable que presta la demandada (supuesto invocado por las dos primeras magistradas que se excusaron), o serlo su progenitor y el grupo familiar de éste (supuesto alegado por el restante magistrado), no reviste entidad suficiente para justificar el desplazamiento del juez natural de la causa. Por ello, no aceptó las excusaciones sucesivamente planteadas por las Dras. María Hilda Galdós y Ana M. Eseverri, y por el Dr.Rodrigo Ezequiel Bionda, elevando los autos a la alzada, a sus efectos (art. 31, CPCC).
4.2. Cabe destacar que con posterioridad a ser elevadas las actuaciones al tribunal fue designada como titular del Juzgado en lo Civil n° Tres de Azul la Dra. Mariana Álvarez (el Dr. Carlos Ubaldo Méndez del Cuerpo de Magistrados Suplentes asumió funciones en un organismo de otro Departamento Judicial). Debido a ello, el tribunal devolvió la causa al juzgado para que su nueva titular se expida en los términos del art. 31 del Código Procesal (causa n° 64.745, resolución interlocutoria del 13-11-19).
Vueltas las actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial n° Tres de Azul, la Dra. Álvarez adhirió a los motivos que oportunamente esgrimiera el Dr. Méndez –los que reprodujo-, y contando con el dictamen del Fiscal rechazó las excusaciones formuladas por sus pares (resolución del 06-02-20).
III. Esta Sala ha decidido que “en caso de excusaciones sucesivas, a los fines de la oposición prevista en el art. 31 del C.P.C.C., el último juez interviniente puede remontarse hacia atrás, no estando ceñido al análisis de la última excusación” (causas nº 50.990, “Ward…”; nº 50.997, “Pendas…”; nº 50.998, “Pompei…”, todas del 28-5-07; n° 52.366 y 52.367, “Fernández…”, ambas del 07-7-08). En tal sentido, la magistrada que suscitó la intervención de este tribunal lo hizo tras considerar improcedentes todas las excusaciones de los jueces que la precedieron en los sorteos. En el marco de esa cadena de excusaciones la causal del art. 17 inc. 4 del Código Procesal (ser el juez –o poder serlo- acreedor de alguna de las partes) fue únicamente invocada por la primera de los jueces excusantes (Dra. Galdós), en tanto que la del inc. 2 de la misma norma (tener el juez o sus consanguíneos dentro del cuarto grado o afines dentro del segundo, interés en el pleito) fue una causal común esgrimida por todos los magistrados que se excusaron (Dra. Galdós, Dra. Eseverri y Dr. Bionda). De esa manera, de acuerdo con la jurisprudencia transcripta y los términos del planteo opositor de la Dra. Álvarez, lo que aquí se diga alcanzará por igual a cada una de las excusaciones planteadas desandando el camino hasta la primeramente formulada.
Por lo demás, atento lo manifestado a fs. 8, se previene que la amistad con los letrados apoderado y patrocinante de la parte actora -invocada por uno de los magistrados en forma adicional al supuesto del art. 17 inc. 2, CPCC-, no será objeto de especial consideración, puesto que se trata de una circunstancia no erigida por el legislador como causal de excusación (art. 17, CPCC).
IV. De convalidarse el proceder referido precedentemente, podría producirse una denegación de justicia, ya que es probable que los magistrados que sean sorteados –o bien sus consanguíneos o afines dentro de los grados del art. 17 inc. 1-, también hayan contratado el servicio que presta la demandada (revistiendo la calidad de usuarios de esta empresa), probabilidad que hasta aquí ha sido comprobada por el propio devenir del pleito en cuyo marco ya tuvieron lugar tres excusaciones por la misma causal.
En este orden de ideas no pueden dejar de recordarse los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial (reconocidos por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas), donde –entre otros- se aborda el principio de imparcialidad, señalándose que “la imparcialidad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. La imparcialidad se refiere no sólo a la decisión en sí misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión”. En lo tocante a la aplicación de este principio se expresa: “Un juez se descalificará de participar en cualquier proceso en el que no pueda decidir el asunto en cuestión de forma imparcial o en el que pueda parecer a un observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente”. Y luego de enunciar algunos supuestos en los que el juez puede encontrarse en esa situación, sienta una pauta medular que resulta plenamente aplicable en la especie, al puntualizar que “no será necesaria la descalificación de un juez si no puede constituirse otro tribunal para conocer del caso o cuando, por circunstancias urgentes, la no-participación del juez puede producir una denegación de justicia grave” (citados Principios de Bangalore, Valor 2, Imparcialidad, punto 2.5.).
Siempre en esta misma línea de pensamiento, es de utilidad recordar un precedente donde se rechazó la excusación de un juez en un proceso colectivo, al invocar su condición de usuario del servicio de acceso a internet de Fibertel. En los fundamentos de su decisión expresó el tribunal que “una interpretación no restrictiva de las normas en juego podría llevar a la imposibilidad de obtener una sentencia por ausencia de tribunal que pudiera dictarla, toda vez que, aunque el propio magistrado no sea usuario del servicio en el mismo ámbito de esta Ciudad, muy posiblemente lo sea alguno de sus consanguíneos o afines dentro de los grados expresados en el inciso 1° del art. 17 del CPCCN” (art. 17 inc. 2, CPCC; cf. CN Cont. Adm. Fed., Sala I, causa n° 24.424/10 del 09-9-10, “Gil Domínguez Andrés c/. EN – SC Resol 100/10 s/ amparo ley 16.986”). Y con cita de un fallo plenario de ese órgano se señaló que “no desconoce este Tribunal que las referidas cohibiciones aseguran también el indiscutible valor de la neutralidad del juez. Pero simultáneamente es su obligación velar para que las decisiones judiciales, además de ser justas y legales, resulten también eficaces, es decir, oportunas, finalidad que se vería sensiblemente perjudicada de ser arbitradas estrictamente las exigencias que el ordenamiento legal erige” (lo destacado no está en el texto original).
Por ello, en primer lugar corresponde rechazar las excusaciones sucesivamente formuladas por los tres magistrados, con fundamento en la causal del art. 17 inc. 2 del Código Procesal.
V. Corresponde adentrarse ahora en la otra temática planteada en autos, a los fines de establecer las consecuencias que acarrea en el trámite procesal, la circunstancia de que la magistrada que se excusó en primer lugar contratara el servicio de cable prestado por la empresa demandada, con mucha posterioridad a iniciarse el proceso colectivo que tramita por ante el juzgado a su cargo.
No se pasa por alto que la entidad actora achaca actualmente a su contraria haber incumplido el acuerdo conciliatorio que celebraran en autos, lo que –entre otras condenas- podría hipotéticamente provocar que se condene a ésta última a restituir sumas dinerarias a los usuarios representados por la primera; ni tampoco se ignora que el pronunciamiento que eventualmente dirima ese renovado conflicto podría abarcar en principio a la magistrada excusante, por ser ahora también usuaria del servicio.
Pero las particularidades de los procesos colectivos –y puntualmente del efecto erga omnes de las sentencias que los dirimen- impiden que una circunstancia originada en la esfera privada de la magistrada (en el caso, la contratación de un servicio masivo), pueda repercutir en su actuación institucional en el juicio en que deba intervenir. Se está ante una clase de procesos que exige soluciones adecuadas a sus especiales características, por lo que la causal de excusación prevista en el art.17 inciso 4 del Código Procesal, debe ser analizada con arreglo a los principios que rigen en el ámbito de la justicia colectiva.
Así se debe destacar -a nivel nacional- la existencia de proyectos legislativos tendientes a regular la cuestión. Uno de ellos, por caso, omite deliberadamente mencionar como causal de excusación a la prevista en el art. 17 inc. 4 del Código Procesal, habiendo fundamentado los firmantes del mismo que: “Se establecen en el artículo 6 reglas específicas de recusación y excusación, que amplían una regla existente en los sistemas procesales nacionales y provinciales, por medio de la cual se impide la excusación en los casos en los que la misma implica una denegación de justicia. En los casos más comunes, este impedimento está atado a los bancos oficiales, por el simple hecho de que todos los funcionarios del sistema judicial cobran sus haberes por dichos bancos, causal que podría en ese caso, impedir cualquier tipo de acción contra de los mismos. En los procesos colectivos se dan situaciones similares, dada enorme cantidad de sujetos que muchas veces pueden formar parte del colectivo o por el alcance general de la afectación indivisible (usualmente al medio ambiente). Pensemos el caso de los servicios públicos monopólicos (o el caso de los servicios de telefonía celular y la alta concentración de la oferta en el mercado) para comprender que, en estos procesos, las reglas ordinarias (como por ejemplo ser “acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes”), no son aplicables. Por este motivo, se incluye expresamente las causales habilitadas, para asegurar la imparcialidad del juez o jueza intervinientes, dejando de lado los casos en que su situación es idéntica a la de los demás representados en estos procesos” (consultar Cámara de Diputados de la Nación, Expediente 3599-D-2018, “Derecho constitucional de acceso a la justicia colectiva. Régimen”, https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3599-D-2018, lo destacado corresponde a los suscriptos; recordar también el mencionado punto 2.5.c) de “Los principios de Bangalore sobre la conducta judicial”). Es así que el art.6 de este Proyecto de Ley es especialmente restrictivo, al señalar como únicos motivos de recusación o excusación a cuatro supuestos donde se advierte claramente comprometida la imparcialidad del magistrado.
A falta de regulación positiva de la materia en examen, en algunos casos el magistrado se autoexcluyó del proceso cuya sentencia podría alcanzarlo, para poder así cumplir con el deber funcional a su cargo y evitar producir una denegación de justicia por excusaciones sucesivas con sustento en el motivo ya aludido. Se ha dicho en tal sentido: “para cumplir con mi deber funcional y evitar en forma urgente que se siga ocasionando un grave perjuicio masivo al derecho a la salud de los afiliados de la obra social estatal, prefiero en estas singulares circunstancias ejercer un derecho propio con la finalidad de mantener la neutralidad y mi intervención como juez en este litigio colectivo: el de excluirme del grupo que representa el Sr. Defensor del Pueblo, de modo que la clase quedará constituida por la totalidad de los afiliados al I. S. S. y S., menos quien suscribe. Cabe recordar que una de las notas características de estos procesos colectivos está dada por los efectos expansivos de la sentencia, pues la decisión judicial alcanza a todos los integrantes de la clase o grupo, salvo que hayan usado el derecho de opt ut, es decir, decidido expresamente salirse del juicio” (Juzg. Fam., Rawson, Chubut, sent. del 18/4/18, “Defensor del Pueblo de la Provincia de Chubut c/. I. S. S. y S. s/. Amparo, publicado en Rubinzal Online; 248/2018 RC J 2250/18).
VI. Como corolario de todo lo expuesto, corresponde admitir la oposición planteada por la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n° Tres de Azul, Dra. Mariana Álvarez, y disponer en consecuencia que el juicio continúe tramitando por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° Dos con sede en Olavarría, a cargo de la Dra. María Hilda Galdós (arts. 17 incs. 1, 2 y 4, 30 y 31, CPCC).
VII. Por lo hasta aquí expuesto, se RESUELVE: 1) Admitir la oposición planteada y disponer que el juicio continúe tramitando por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° Dos con sede en Olavarría, a cargo de la Dra. María Hilda Galdós (arts. 17 incs. 1, 2 y 4, 30 y 31, CPCC). 2) Ofíciese electrónicamente a los titulares de los Juzgados en lo Civil y Comercial n° Dos y Tres de Azul, y Uno con sede en Olavarría a fin de hacerles saber lo decidido, y devuélvase el presente cuadernillo al Juzgado n° Tres de Azul para que lo remita conjuntamente con el principal al Juzgado n° Dos de Olavarría. Se hace constar que el Dr. Jorge Mario Galdós no suscribe la presente por encontrarse excusado en los autos principales. REGÍSTRESE. OFÍCIESE y devuélvase al Juzgado en lo Civil y Comercial n° Tres de Azul para que conjuntamente con los autos principales se remitan al Juzgado en lo Civil y Comercial n° Dos con sede en Olavarría, donde se practicarán las notificaciones del caso. Firmada en los términos de los arts. 1º apart. b 1.1. de la Resolución 10/2020 y 7 de la Resolución 14/2020; art. 4 inc. a Resolución 18/2020; Resolución 165/2020; Acuerdo 3971; Acuerdo 3975/2020; arts. 1, 2 y 3 de la Resolución 21/2020; Resolución de la SCBA 480/2020; Resoluciones de Presidencia SPL Nº 22/20, Nº 23/20, Nº 25/20, N° 30/20 y Resolución Nº 535/20.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2020 09:57:12 - PERALTA REYES Victor Mario -
Funcionario Firmante: 11/06/2020 11:19:56 - LONGOBARDI Maria Ines -
Funcionario Firmante: 11/06/2020 11:53:32 - CAMINO Claudio Marcelo -
Fin de la sentencia