Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77105
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 del Departamento Judicial de San Nicolás para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del mismo departamento judicial.
B.77.105 “TELLERIA MARTA LILIANA Y OTRO/A C/SAN JUAN JUAN PABLO Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Marta Liliana Tellería, por derecho propio, y José María Marsiglia, a través de su apoderada, promueven una acción contra Juan Pablo San Juan, Senobia Pucheta, Sandra Rosa Rouxel y la Municipalidad de Ramallo, a fin de que se declare la nulidad del acto jurídico por venta de cosa ajena y de la escritura pública Nº5368, cuyos efectos recaerían sobre parcelas que serían de su titularidad, en particular la Nº37, identificada catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 11, Fracción II, Parcela 14, Matrícula 1506, del Partido de Ramallo.
Aducen que su legitimación para iniciar las presentes actuaciones estriba en la cesión de derechos que celebraron en el año 1992 con la doctora Luisa Roquier de Alvarez, quien, a raíz de la subasta judicial efectuada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 de San Nicolás en los autos "Roquier De Alvarez, Luisa c/ San Juan, Juan Pablo s/ Ejecución de honorarios Expte. Nº 77.472", resultaba hasta ese momento titular del lote Nº37.
A pesar de ello, alegan que fueron desprovistos de sus derechos posesorios sobre dicho inmueble por el accionar de los aquí demandados que, caracterizado como coercitivo y clandestino, dio curso en el año 2004 a la I.P.P. Nº79.150 tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 y el Juzgado de Garantías Nº1 de aquella localidad.
Sostienen que los demandados, tergiversando la realidad, se acogieron a los beneficios de la ley 10.830. A ello, según comentan, se sumó la negligencia con la que habría obrado el municipio de Ramallo que, sin velar por el cumplimiento de dicha normativa ni realizar el correspondiente informe ambiental como tampoco la verificación del estado parcelario del bien, facilitó la gestión del instrumento público que posteriormente les fuera otorgado por la Escribanía General de Gobierno (conf. expediente administrativo Nº4092-554/2003).
Asimismo, además de solicitar se les otorgue una suma por los daños y perjuicios que aseguran haber sufrido, peticionan se decrete el embargo sobre el inmueble en cuestión (fs. 75/80).
II. A requerimiento de los actores, en tanto razones de conexidad con el expediente "Roquier de Alvarez, Luisa c/ San Juan, Juan Pablo s/ Ejecución de Honorarios Expte. Nº 77.472" así lo exigirían, la causa fue iniciada en el año 2005 ante el mentado juzgado en lo civil y comercial de San Nicolás.
El titular del órgano, tras llevar a cabo distintos actos procesales -entre los que cabe puntualizar el traslado de la demandada, la concesión de la medida precautoria y la apertura a prueba-, decidió declararse incompetente antes del dictado de la sentencia. Para así hacerlo, adujo que el presente trataba de un caso propio de la materia contencioso administrativa, toda vez que tiene por objeto responsabilizar patrimonialmente -entre sus codemandados- a la Municipalidad de Ramallo (arts. 166, último párr., Const. prov. y 1, 2 inc. 4 y 12 inc. 3, CCA). En ese aspecto, manifestó que la incompetencia por razón de la materia justifica -al ser de orden público- que esa declaración negativa de competencia pueda realizarse -como en el sub lite - "...en cualquier estado del juicio" (fs. 678/681 y vta.).
Así fue que, previo pase por la Receptoría General de Expedientes, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Empero, la magistrada especializada en la materia también se excusó de intervenir en el asunto, poniendo de resalto -en lo medular- la intempestividad de la declaración formulada por el juez preactuante, que se había desprendido de la causa en ciernes de dictar sentencia.
De ese modo, dejó planteada la contienda negativa de competencia y elevó, conforme al artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, las actuaciones a esta Suprema Corte para su resolución (fs. 684/686 y vta.).
III. Esta Corte ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.716, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", ambas resol. de 14-IV-2017; B. 74.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.806, "Lewin", ambas resol. de 6-IX-2017; B. 75.025, "Barreyro", resol. de 29-VIII-2018; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 75.977, "Restelli", resol. de 11-IX-2019; B. 76.120, "Municipalidad de Quilmes", resol. 23-X-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020 y B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021).
IV. En la especie, permitir que la causa cambie de fuero cuando el juez en lo civil y comercial aceptó la competencia, decretó el embargo y sustanció casi la totalidad del proceso -habiéndose solicitado por la apoderada de uno los codemandantes el dictado de la sentencia (fs. 677)-, conspira contra la observancia de los aludidos principios cardinales y se opone a expresas reglas del ordenamiento adjetivo (arts. 2, 4, 8, 9, 10 y 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.319, "Levin Hermanos SAIAFEI", resol. de 8-X-2014; B. 73.524, "Rodríguez", resol. de 8-IV-2015 y B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018). No es plausible, por lo expuesto, el fundamento vertido por el magistrado en punto a que "...cuando se trata de una incompetencia por razón de la materia, puede ser declarada por el juez en cualquier estado del juicio".
V. Por tales razones, al haber quedado definitivamente establecida su competencia, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 del Departamento Judicial de San Nicolás el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 del Departamento Judicial de San Nicolás para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2021 12:32:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2021 18:55:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2021 19:19:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2021 20:34:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2021 20:46:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia