Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 124410
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.410, "Reina, César Antonio contra Reynoso, Marta Susana. Nulidad de acto jurídico y su Ac. 1, Reina, César Antonio contra Reynoso, Marta Susana. Impugnación de testamento y su Ac. 2, Reynoso, Marta Susana contra Battafarano, Guillermo José. Nulidad de acto jurídico", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes -mediante el dictado de sentencia única- confirmó la declaración de nulidad de las escrituras públicas n° 34 del día 31 de marzo de 2004 y n° 54 del día 10 de mayo de 2004 pasadas ante el notario Fernando Gabriel Montes, como asimismo la condena impuesta al señor Guillermo José Battafarano consistente en la devolución de los frutos e intereses percibidos por resultar poseedor de mala fe de los inmuebles objeto de autos. De otra parte, revocó la responsabilidad del notario establecida en la sentencia de primera instancia (v. fs. 1.068/1.089).
Se interpusieron, por los apoderados del señor Guillermo José Battafarano (v. escrito electrónico de fecha 14-VIII-2020) y por la apoderada de la señora Marta Susana Reynoso (v. escrito electrónico de fecha 17-VIII-2020), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el accionado Guillermo José Battafarano?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de la actora Marta Susana Reynoso?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. De manera liminar, debo aclarar que ceñiré mi análisis a las constancias acaecidas en la causa Ac. 2, "Reynoso, Marta Susana contra Battafarano, Guillermo, José y otro. Nulidad acto jurídico", toda vez que el debate traído ante esta sede gira en torno de lo resuelto en dicho litigio.
I.1. La señora Marta Susana Reynoso persiguió la nulidad y la redargución de falsedad de las donaciones celebradas mediante las escrituras públicas n° 34 y n° 54 de fecha 31 de marzo y 10 de mayo de 2004 respectivamente, otorgadas ante el Registro del notario Fernando Gabriel Montes. Dirigió la acción contra el señor Guillermo José Battafarano y el escribano interviniente en las referidas escrituras (v. causa Ac. 2, cit., demanda: fs. 37/52 vta. y ampliación: fs. 134/143 vta.).
Expresó que contrajo matrimonio con el señor Américo Eduardo Zalazar el día 29 de septiembre de 2004, sin que nacieran hijos de esa unión, y que su esposo falleció el día 12 de mayo de 2005, encontrándose en trámite el juicio sucesorio en el Juzgado de Paz Letrado de Suipacha y del cual resulta su calidad de única y universal heredera.
Afirmó que el señor Zalazar fue instituido por la señora Juana Reina de Pessina como su único y universal heredero mediante testamento otorgado por escritura pública el día 18 de junio de 1992.
Agregó que la señora Reina de Pessina falleció el día 11 de junio de 2004 -siendo su estado civil viuda- sin descendencia, tramitando su juicio sucesorio bajo la carátula "Reina, Juana. Sucesión testamentaria" en el Juzgado de Paz Letrado de Suipacha.
Adujo que de la secuencia de los actos y decesos mencionados se desprendía que el señor Zalazar heredó a la señora Reina de Pessina en virtud del testamento aludido y que la actora, a su vez, habría adquirido el carácter de heredera respecto del señor Zalazar como consecuencia del matrimonio.
En lo que respecta a los actos impugnados alegó que el día 31 de marzo de 2004, por medio de la escritura pública n° 34, la señora Juana Reina viuda de Pessina -quien contaba con noventa y cinco años de edad- presuntamente donó, con reserva de usufructo, tres valiosas fracciones de campo ubicadas en el partido de Chivilcoy y una casa habitación, situada en la misma ciudad, al señor Américo Eduardo Zalazar.
Adunó que como la donante no obstante haber manifestado que sabía firmar no pudo hacerlo por un impedimento físico, firmó a ruego el codemandado Guillermo José Battafarano.
Continuó su relato diciendo que el día 10 de mayo del mismo año el señor Zalazar -quien estaba próximo a cumplir ochenta años- habría donado también con reserva de usufructo al señor Guillermo José Battafarano las tres fracciones de campo supuestamente recibidas por la donación antecedente.
Explicó que su esposo -Zalazar- nació en el seno de una familia humilde, carente de recursos, y que a los doce años de edad ingresó a trabajar en el campo del matrimonio del señor Antonio Luis Pessina y la señora Juana Reina de Pessina, situado en Moquehuá, recibiendo a cambio vivienda, alimentación y protección, traducida en la atención de sus necesidades básicas. Destacó que progresivamente fue convirtiéndose -merced a su honestidad y disposición para el trabajo- en el colaborador y persona de confianza del señor Pessina y su esposa, quienes le retribuyeron dándole trato de un verdadero hijo. Ese vínculo -destacó- quedó reflejado en la institución testamentaria antes aludida.
Advirtió que cuando se mudó a su casa de la ciudad de Chivilcoy la señora Juana Reina ya contaba con noventa y un años de edad y acumulaba un importante deterioro de salud, habiendo terminado -varios años antes de su fallecimiento- postrada en cama definitivamente. Precisó que a esa situación de completa inmovilidad se sumó una progresiva declinación de su estado general y que había pasado a depender totalmente de terceros para alimentarse y recibir medicamentos. A la par, puntualizó que finalmente la señora Reina perdió la noción de dónde se encontraba, la posibilidad de identificar a las personas con las que siempre convivió, incluido el propio Zalazar y que debió ser asistida con suero hasta el día de su muerte, el día 11 de junio de 2004, a los noventa y cinco años de edad.
Concretamente, denunció que Reina para la fecha en la que se habría concretado la donación -cuya nulidad se demanda- carecía de la facultad de actuar con discernimiento, intención y libertad y mucho menos de comprender el alcance y los efectos del acto supuestamente otorgado.
Asimismo, explicitó que al momento de suscribir el señor Zalazar la hipotética donación a favor del demandado Battafarano, el día 10 de mayo de 2004, estaba próximo a cumplir ochenta años de edad, sufría de arritmia en su corazón y problemas pulmonares, siendo evidente que el deterioro de la salud de Reina -quien lo cuidó, le proporcionó afecto y estatus de hijo- impactó fuertemente en su ánimo, quitándose deliberadamente la vida el día 12 de mayo de 2005.
Por fin, resaltó que correspondía juzgar las donaciones como un único negocio integrado por dos actos que obedecían a una sola finalidad, el apoderamiento por parte del señor Guillermo José Battafarano de los campos que eran propiedad de Reina.
Al respecto, precisó que Battafarano fue el médico de la familia en los últimos años, asumiendo un rol protagónico en el manejo de las personas y una suerte de control respecto de Reina, que se vio facilitado por la escasa instrucción de Zalazar, con quien estableció una relación de ascendencia y captación de voluntad, obteniendo información y documentación vinculada al patrimonio de la familia Pessina-Reina.
En suma, aseveró que la maniobra pergeñada cuya finalidad última fue constituir al señor Battafarano en el beneficiario final de la totalidad de los campos de la familia se veía corroborada especialmente por la innecesariedad de la primera transmisión efectuada al señor Zalazar, habida cuenta de que había sido instituido por testamento como único y universal heredero, como asimismo por la llamativa participación del médico en dicho acto firmando a ruego por la señora Reina y la posterior donación a su favor, solo cuarenta días después de la primera escritura.
I.2. La pretensión incoada fue resistida por el galeno Battafarano a fs. 167/175 y por el escribano Montes a fs. 180/182.
I.3. En virtud de los acontecimientos narrados el señor César Antonio Reina -hermano de Juana Reina de Pessina- inició la presente demanda persiguiendo la nulidad de las escrituras mencionadas y, paralelamente, la impugnación del testamento otorgado por la señora Reina de Pessina a favor del señor Zalazar (v. causa Ac. 1, "Reina, César Antonio [h] contra Reynoso, Marta Susana. Impugnación de testamento").
A fs. 128/129 de la acción sucesoria intentada se dispuso la acumulación de dichos autos y del expediente "Reynoso, Marta Susana contra Battafarano, Guillermo José y otro. Nulidad de acto jurídico" (Ac. 2) al presente.
II. La señora jueza de primera instancia, mediante el dictado de sentencia única, rechazó las demandas entabladas por el señor César Antonio Reina. De otra parte, estimó procedente la acción entablada por la señora Marta Susana Reynoso contra los señores Guillermo José Battafarano y Fernando Gabriel Montes, decretando la nulidad de las escrituras públicas n° 34 y n° 54 y, en consecuencia, condenó al profesional del arte de curar a indemnizar a la actora los frutos percibidos, con más los intereses, cuya fijación difirió para el futuro (v. fs. 1.024/1.049 vta.).
En lo que aquí interesa destacar, la magistrada de origen advirtió que en virtud de la edad de la señora Reina (noventa y cinco años) al momento de celebrarse la escritura de donación n° 34 y atento a la prueba rendida en autos, junto con la documentación de fs. 383/297, 399, 422/423, 426/429 -recetas médicas- y lo expuesto por el perito médico doctor Zazzali en el punto 11 de la pericia obrante a fs. 667/670 vta., a saber, que "...la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica de larga evolución, con deterioro progresivo", cabía concluir que la donante padecía un importante desmedro en el estado de salud al momento de celebrarse el acto escriturario y no se encontraba en uso de su "perfecta razón".
A ello, agregó que los testamentos que ya se habían otorgado entre sí los señores Pessina, Reina y Zalazar (v. causa Ac. 2, fs. 536/542) y las restantes circunstancias que rodearon la celebración de la mentada escritura (la edad avanzada de ambas partes, la imposibilidad de firmar de la señora Reina, haciéndolo a su ruego el señor Guillermo Battafarano -quien a la postre resultara donatario de ulterior liberalidad-, la imposibilidad de establecer en forma categórica e indubitable que la impresión dactilar obrante en la escritura perteneciera a la donante, la ausencia de testigos instrumentales del acto, etc.) llevaban a abrir paso a la demanda instaurada contra los accionados, declarando nulas las escrituras denunciadas en el libelo de inicio.
A continuación -tras aclarar que, tratándose de inmuebles, bastaba con que el poseedor careciera de justo título para que fuese considerado de mala fe- estimó procedente la indemnización por la ilegal ocupación del señor Battafarano de los inmuebles rurales, condenándolo a devolver los frutos percibidos de la cosa desde el fallecimiento del señor Zalazar, esto es, el día 12 de mayo de 2005.
III. Dicho pronunciamiento fue apelado por todas las partes involucradas -Marta Susana Reynoso, Guillermo Battafarano, Fernando Gabriel Montes y César Antonio Reina (h)-, desistiendo de tal remedio este último.
A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta en las presentes actuaciones y en el expediente "Reina, César Antonio contra Reynoso, Marta Susana. Impugnación de testamento" (Ac. 1) y, por tanto, rechazó la demanda.
En los autos "Reynoso, Marta Susana contra Battafarano, Guillermo, José y otro. Nulidad acto jurídico" (Ac. 2), única acción que prosperó, confirmó las nulidades decretadas y la condena impuesta al señor Guillermo José Battafarano. A la par, rechazó la demanda dirigida al escribano Fernando Gabriel Montes dada su ausencia de responsabilidad en la anulación de las escrituras n° 34 y n° 54 del año 2004 de su Registro (v. fs. 1.068/1.089).
IV. Frente a lo así resuelto, el codemandado Guillermo Battafarano interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncia la violación de los arts. 52, 474, 1.058, 1.059, 1.800, 2.356, 2.362, 2.423, 2.507, 2.807, 2.814, 3.270, 3.615 y su nota y 3.616 del Código Civil; 1 y 3 del Código Civil y Comercial; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 266, 375, 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 5, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y 1, 10, 15, 25, 31, 168 y 171 de su par provincial. Alega absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. escrito electrónico de fecha 14-VIII-2020).
V. El recurso no prospera.
V.1. Para decidir como lo hizo, el Tribunal de Alzada destacó que resultaba correcta la subsunción del caso en el marco del art. 474 del Código Civil de Vélez Sarsfield.
El mentado dispositivo legal dispone: "Después que una persona haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad, a no ser que ésta resulte de los mismos actos, o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad.
Esta disposición no rige si se demostrare la mala fe de quien contrató con el fallecido".
Sobre el particular, la Cámara sostuvo que el recaudo del ordenamiento civil se encontraba cumplido en tanto la incapacidad de la señora Reina para donar todos sus inmuebles surgía del propio acto.
V.1.a. Para arribar a dicha conclusión, hizo hincapié -remitiendo a lo resuelto en la instancia de origen y abordando una interpretación finalista de la conducta de la donante- en la falta de sentido razonable para realizar una liberalidad cuyo designio estaba logrado de antemano hacía mucho tiempo. Destacó que habiendo sido el interés de la señora Reina beneficiar a su hijo del corazón -Américo Eduardo Zalazar- dejándole todos sus bienes para después de la muerte, dicho propósito ya se encontraba cumplido con el testamento otorgado doce años antes. Así las cosas, subrayó que la perpetración de una donación de los mismos bienes que componían su patrimonio, sobre los que ya había testado a favor de la misma persona, era una demostración de que, o bien la señora Reina había sido una mera asistente del acto o que por lo avanzado de su edad (noventa y cinco años) y su deteriorado estado de salud (postración guardando cama los últimos años de su vida, con mal de Parkinson) no gozó en ese momento de la "perfecta razón" que exige la ley para comprender el alcance de dicho acto (v. fs. 1.080/1.081).
Por otra parte, destacó que de las declaraciones testimoniales -en particular, dichos de Caporale (v. fs. 371/372), Barrios (v. fs. 380/381 vta.), Galante (v. fs. 433) y Ortiz (v. fs. 677/678), por los cuales se inclinó entendiendo acertadas las razones brindadas por la actora-, los informes del PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) -que daban cuenta de la enfermedad de Parkinson que padecía la señora Reina (v. fs. 382, 398, 400, 401, 424 y 424)- y la pericia médica del doctor Zazzali -de cuyo dictamen emergía que dicha enfermedad es una patología neurológica de larga evolución, con deterioro progresivo (v. fs. 667/670 vta.)-, surgía la ausencia de "perfecta razón" de Juana Reina al momento de celebración del acto y acreditaban el estado de situación alegado por la accionante a lo largo del proceso.
Esto es, que la señora Reina contaba con noventa y cinco años de edad al momento de la celebración del acto, que los últimos seis había estado inmovilizada, con artrosis generalizada, edematizada, postrada, con insuficiencia cardíaca y estado general de salud malo, que sufría de hipoacusia sensorial solo corregida parcialmente y que había sido diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en el año 2002. Que la acumulación de dolencias y deterioro generalizado se autoabastecían para descartar que hubiera participado con "perfecta razón" en un acto puramente gratuito, carente de sentido, que derivó finalmente en la entrega de sus campos a un tercero con el que no se probó que tuviera un vínculo que justificara una donación de semejante entidad.
A ello, agregó que el hecho de que el señor Battafarano confesara su condición de "médico consultor" con pleno control de la atención de Zalazar y Reina robustecía la hipótesis de la manipulación de ancianos con múltiples dolencias, siendo un dato por demás relevante el suicido de Zalazar poco tiempo después de perfeccionada la segunda liberalidad (v. fs. 1.081/1.082).
En suma, luego de una ponderación integral de los elementos de convicción arrimados al proceso, el Tribunal de Alzada confirmó la solución adoptada por la sentencia de origen con fundamento en la captación de voluntades -de la señora Reina y el señor Zalazar por parte del señor Battafarano-; la incapacidad que emergía del propio acto en atención a la falta de razonabilidad de la donación efectuada y las condiciones médicas de la donante. Todo lo cual llevó a considerar ambos actos jurídicos -las donaciones perfeccionadas en las escrituras públicas n° 34 y n° 54- como un único negocio, que tuvo por finalidad beneficiar al médico demandado, sin razón aparente y burlando el acto de última voluntad de la señora Reina, cuyo designio era transmitir la totalidad de sus bienes a favor de su hijo del corazón, Américo Eduardo Zalazar.
V.1.b. Tales conclusiones vertidas en el pronunciamiento de la Cámara permanecen inconmovibles, habida cuenta de que la crítica ensayada no satisface las exigencias legales impuestas para obtener su revisión en la instancia extraordinaria (art. 279, CPCC y su doctrina).
En efecto, el impugnante aduce que el fallo incurre en el vicio de absurdo (v. pág. 18) insistiendo en que no se encuentra acreditada la alegada captación de voluntades por parte del señor Battafarano, con el fin de adueñarse de los inmuebles rurales (v. págs. 18, 19 y 21); como así tampoco que los donantes -Reina y Zalazar-padecieran alguna incapacidad o falta de aptitud para dirigir sus actos y comprender sus acciones (v. págs. 22, 26, 34, 37 y sigs.); o la "falta de sentido" en el otorgamiento de la primera donación y la ausencia de motivación que explique la posterior donación al señor Battafarano (cuando, según arriesga, es posible que hayan querido ahorrarse los gastos propios de un juicio sucesorio; v. pág. 27 y sigs.).
No obstante el esfuerzo desplegado a lo largo de la pieza recursiva, se advierte que el recurrente se ha limitado a exponer su personal punto de vista sobre la apreciación de los hechos y de la prueba rendida en la causa, destacando los elementos de convicción que a su entender abonan su postura -a saber, determinados pasajes del dictamen del médico psiquiatra Julio Roberto Zazzali (v. pág. 39) y declaraciones de los galenos Jorge Fernando Palmieri y Juan Carlos Ferzola (v. págs. 39 y 40), etcétera- contraponiéndolos a la línea argumental del fallo, lo que solo resalta la intención de disputarle a los jueces de grado el ejercicio de la facultad valorativa que a estos confiere, en forma privativa, la ley ritual del fuero.
Llegados a este punto, cabe recordar que resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a oponer a la valoración de la prueba efectuada por el juzgador -función que en principio se le reconoce como privativa- argumentaciones basadas en el propio criterio del recurrente y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas del interesado, insuficientes para conducir en la instancia extraordinaria a la revisión de conclusiones derivadas de la apreciación de circunstancias de hecho y prueba (conf. doctr. causas C.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.