Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122283
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar por inadmisible y extemporáneo el recurso federal de fecha 21 de junio de 2021, reputándose inoficiosas las actuaciones respectivas (arts. 155, 156, 256 y 257, CPCCN; 11, Acordada 4/2007, CSJN y 14, ley 48) y 2) denegar el recurso federal interpuesto por el apoderado de la firma San Cristóbal SMSG, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
I. Esta Corte, en lo que resulta pertinente, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por el apoderado de la firma San Cristóbal SMSG -en los autos acumulados- dada su falta de fundamentación suficiente (v. resol. de 11-V-2020 y trámite identificado como "OBSERVACIÓN" de fecha 26-VIII-2021). Contra lo así resuelto, por un lado, el citado letrado dedujo recurso extraordinario federal (v. trámites de fechas 8-VI-2020) y, por el otro, el señor Pablo Javier Gentile -accionado en la causa principal- peticionó la revocación y nulidad del fallo emitido por este Superior Tribunal (v. escrito electrónico de fecha 29-V-2020), lo que fue desestimado por este Tribunal, con costas (v. resol. de 29-VII-2020). Ante dicha decisión, el mencionado demandado Gentile presentó, también ante esta sede, una nueva revocatoria que denominó " in extremis ", la cual fue desestimada (v. resol. de 14-VI-2021 y escrito electrónico de fecha 20-X-2020).
Frente a ello, el mismo legitimado pasivo deduce recurso extraordinario federal (v. trámites identificados como "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fechas 21-VI-2021).
II.1. Respecto de la última de las vías intentada (de fecha 21-VI-2021), y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse con relación al debido cumplimiento de las formalidades estipuladas por la Acordada 4/07 de la Corte Suprema de Justicia la Nación, cabe destacar que este Tribunal ha establecido que la resolución que rechaza la revocatoria no puede ser descalificada a través de los carriles extraordinarios de revisión, desde que lo eventualmente impugnable es el fallo que diera lugar al señalado recurso de revocatoria -en el caso, la decisión de fecha 11-V-2020, atacada por el primero de dichos remedios- (causas C. 120.710, resol. de 11-V-2016, C. 109.209, "Vuelta", resol. de 21-XII-2016; C. 120.704, "Esposito", resol. de 26-X-2016; C. 122.532, "Simonelli", resol. de 24-IV-2019; C. 122.592, "D. R., M. D. L. A.", resol. de 18-IX-2019; entre varias). De allí que, respecto a la resolución de fecha 14 de junio de 2021, el carril intentado resulta manifiestamente inadmisible (arts. 14, ley 48 y 256 y sigs. CPCCN).
II.2. Ahora bien, no obstante lo expuesto, se hace saber que si lo que eventualmente se pretendiera impugnar es el mencionado pronunciamiento de fecha 11 de mayo de 2020, debe señalarse que el plazo para interponer el recurso extraordinario federal se cumple a los diez días de notificada -personalmente o por cédula- la sentencia definitiva, y debe computarse de acuerdo con las normas establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. CSJN, Fallos: 160:78; 307:2061; 308:2423; 311:1242; 316:2497 y 317:1354, entre otros).
Teniendo en cuenta ello, y atento a la fecha de notificación de esa decisión (v. trámite identificado como "CEDULA" de fecha 27-V-2020) y la constancia de ingreso del escrito electrónico de interposición de la vía extraordinaria federal (v. escritos electrónicos de fecha 21-VI-2021, cits.) cabe concluir que el recurso ha sido presentado fuera de término, en tanto la revocatoria interpuesta no suspende los términos para la presentación del recurso extraordinario federal (arts. 155, 156 y 257, CPCCN Fallos: 286:83; 288:219; 293:438; 295:387; 303:1146; 311:1242; 318:1112; 323:1280 y 3919; 326:3571; 328:3737 y causa RHE.A. 224.L, sent de 6-X-2015; entre muchos otros). De allí que el remedio incoado debe ser rechazado, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (doctr. art. 11, Acordada 4/2007; causas C. 109.209, "Vuelta", cit.; C. 119.232, "Serrano González", resol. de 13-IX-2017; C. 113.644, "P., I. M", resol. de. 21-II-2018; C. 122.532, "Simonelli", cit.; e.o.).
III.1. En lo que atañe al recurso deducido por el apoderado de la firma San Cristóbal SMSG, el mismo funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio y supremacía legal (arts. 2, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 12 y 116, Const. nac.; v. págs. 4, 12, 15/17 y 23/29, adjunto identificado como "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL.pdf" al trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 8-VI-2020, a las 15:22:27 hs.).
III.2. Sostiene que el fallo en crisis resulta arbitrario y debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias del expediente, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso, referidas a la validez del acuerdo transaccional, la capacidad del otorgante, la convalidación del acto y la integración de la litis -que ahora reproduce-, y rechazó -dogmáticamente y con meros formalismos- la vía de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido, alega que la decisión atacada descartó -sin dar fundamentos suficientes- los agravios federales que asegura haber planteado, vulnerando -de esa manera- las garantías constitucionales mencionadas. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (CSJN, Fallos: 310:933; 329:5966; 330:3055; 339:1543; 340:1252; entre muchos; v. págs. 11/27, adjunto cit.).
III.3. Afirma, por fin, que si bien las cuestiones de admisibilidad, de derecho común y procesal no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente caso- lo resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona derechos constitucionales invocados por el recurrente y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente, lo que se traduce en una violación a las garantías de defensa en juicio, propiedad y cosa juzgada (v. págs. 16/17 y 27/29, adjunto cit.).
III.4. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. resol. de 29-VII-2020; dispositiva pto. 2), el mismo fue contestado por la curadora del actor (v. escritos electrónicos de fecha 1-X-2020).
III.5. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la nulidad declarada de los actos jurídicos objeto de estos autos y la suficiencia de la vía extraordinaria local para rebatir esa decisión) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros)
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
III.6. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la impugnante se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando -además- agravios expuestos en el remedio local que ya han sido ponderados por esta Corte y merecido respuesta (v. resol. en crisis).
III.7. Finalmente, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, defensa en juicio y supremacía legal; arts. 2, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 12 y 116, Const. nac.; v. págs. 4, 12, 15/17 y 23/29, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio interpuesto, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar por inadmisible y extemporáneo el recurso federal de fecha 21 de junio de 2021, reputándose inoficiosas las actuaciones respectivas (arts. 155, 156, 256 y 257, CPCCN; 11, Acordada 4/2007, CSJN y 14, ley 48) y 2) denegar el recurso federal interpuesto por el apoderado de la firma San Cristóbal SMSG, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/09/2021 19:03:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2021 18:59:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/09/2021 08:21:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:07:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2021 11:17:29 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/11/2021 12:21:19 hs. bajo el número RR-852-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia