Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121978
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"RAMOS MERCEDES SU SUCESION AB INTESTATO C/ MATEOS FIDEL Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO"
La Plata, 13 de Marzo de 2019.
I. El apoderado de los demandados deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, con costas a los recurrentes vencidos (arts. 68 y 289, CPCC; v. fs. 2389/2403 y 2380/2384, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente -en el marco de una nulidad de acto jurídico- cuantificó el reajuste equitativo del precio de la compraventa inmobiliaria debatida en autos, fijándolo en el importe de U$S 87.485, con más intereses moratorios del 4% anual -o su equivalente en moneda de curso legal- desde la fecha de la mora hasta su efectivo pago, condenando a los accionados a abonar esa suma, bajo apercibimiento de declarar la nulidad del acto jurídico (v. fs. 2323/2340).
II.1. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y de las leyes 23.928 y 25.561 (v. fs. 2392/2393 vta., 2398/2401 y 2402/2403).
II. 2. Aduce que el fallo de este Tribunal resulta arbitrario desde que soslaya las normas federales invocadas por su parte en su crítica a la sentencia del a quo (arts. 7 y 10 ley 23.928 y 4 ley 25.561, v. fs. 2393). Ello, al entender esta Corte -mediante excesivo rigor formal, según el recurrente- que el planteo relativo a la aplicación de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 fue extemporáneo (v. fs. 2398/2402).
II.3. Afirma que esta Corte incurre -a su modo de ver- en dogmatismo, desentendiéndose de los puntuales agravios federales enunciados en el recurso extraordinario local. En ese sentido, cuestiona la carencia de respaldo en las constancias objetivas de la causa, y concluye que el fallo no constituye una derivación razonada del derecho vigente (v. fs. 2393 y vta.)
II.4. Asimismo plantea que, al violarse las normas federales que prohíben la cláusula de estabilización utilizada (dólar estadounidense), se configura un supuesto de gravedad institucional y de denegación de justicia (v. fs. 2397 vta./2402).
II.5. Finalmente, opina que el juzgador -en cumplimiento del principio iura novit curia - tiene el deber de dirimir los conflictos litigiosos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen. Ello con prescindencia de los fundamentos o argumentos jurídicos que enuncien las partes, por lo que se debieron aplicar -a su modo de ver- las leyes de emergencia, con independencia del pedido de parte (v. fs. 2398/2402).
III. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 2404), el mismo fue contestado por la actora con nuevo patrocinio letrado del doctor Víctor Emilio Pagani Deluchi, a quien se le tiene por cumplido el pago del aporte previsional correspondiente (v. fs. 2405/2413).
IV.1. Corresponde recordar -de manera liminar- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, la temporaneidad del planteo formulado con relación a la moneda de cálculo de la condena y a la aplicación de las leyes de emergencia, así como la tasa de interés fijada), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la competencia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 248:408; 300:83; 301:836; 302:539; 307:2429 y 329:206; entre otros).
En estos casos, se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 310:750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; entre otros), circunstancia que no se advierte en el presente, toda vez que las razones del impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, omisión de cuestiones, exceso ritual manifiesto y apartamiento de la solución normativa aplicable al caso, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- resulten suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
IV.3. Por otro lado, es dable apuntar que la simple denuncia de la violación de normas constitucionales (arts. 17 y 18 de la Const. nac.), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se advierte configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 2402).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia