Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123153
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"ROLHAISER SILVIA MARLENE C/ STADLER CARLOS ALBERTO Y OTRO/A S/ NULIDAD ACTO JURIDICO "
La Plata, 15 de Abril de 2020.
I. La actora -con patrocinio letrado- deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; v. fs. 626/640 vta. y fs. 621/622 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente, en lo que importa destacar, declaró desierto el recurso de apelación incoado por el letrado patrocinante de la señora Silvia Marlene Rolhaiser, en atención a la falta de suscripción del escrito por esta última (v. fs. 542).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio (arts. 14, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 Const. nac.; v. fs. 626 vta., 628, 629, 630, 631 y 634).
II.2. Sostiene que la decisión dictada debió cumplir -desde su punto de vista- con la formalidad del acuerdo y el voto individual desde que la cuestión esencial a decidir puso fin al litigio. Y cita, en sustento de su postura, antecedentes de este Tribunal que entiende aplicables al caso (v. fs. 628/630).
II.3. Aduce que esta Corte, además, tampoco advirtió que la sentencia de la Cámara fue dictada sin reunir los requisitos del art. 168 de la Constitución provincial en tanto también prescindió del mentado recaudo formal (v. fs. 629 y vta.).
II.4. Reitera los cuestionamientos traídos en el remedio local, referidos a la aplicación del art. 287 del Código Civil y Comercial de la Nación a los fines de considerar la validez del escrito sin firma (v. fs. 632).
II.5. Denuncia que, tanto el a quo como este Tribunal, incurrieron en los vicios de dogmatismo y excesivo rigor formal. Ello pues, afirma que se declaró la inexistencia del memorial de agravios, sin darle la posibilidad a la parte de ratificar la actuación de su letrado. En ese sentido, manifiesta que se dio importancia a fórmulas sacramentales, como la falta de invocación del art. 48 del Código de rito, por sobre el fin para el que fueron creadas (v. fs. 632/634; 635 vta.).
Y trae en apoyo de sus agravios un precedente de la Corte Suprema nacional que -a su modo de ver- resulta similar al presente (Fallos: 328:4107; v. fs. 638 vta./640).
II.6. Finalmente, asevera que -contrariamente a lo expresado en el fallo en crisis- se atacó el argumento central del fallo del Tribunal de Alzada, esto es, la falta de firma del escrito objetado, por lo que considera que su recurso extraordinario local resultó suficiente (v. fs. 637/638 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 641), el mismo no fue contestado.
IV.1. Liminarmente, cabe recordar que las cuestiones relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , la evaluación del cumplimiento de los requisitos esenciales de los escritos judiciales, la suficiencia del remedio de inaplicabilidad de ley para atacar esa decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley pcial. 5.827, como así también las referidas al modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y las formalidades de las sentencias) son ajenas -por regla y naturaleza- a la vía federal, por lo que en estos casos se hace particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 330:133; 330:4770; 249:530; 250:373; 332:1564; 338:693, 1335, e.o.)
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces como tales para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, ley 48).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de apartamiento de la solución normativa, omisión de cuestiones, dogmatismo y excesivo rigor formal, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
Por otro lado, tampoco se avizora un apartamiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocado por el interesado (Fallos: 328:4107; v. fs. 638 vta./640), toda vez que las circunstancias allí juzgadas no pueden asimilarse a las expuestas en el presente proceso, en el que fue la insuficiencia de la vía extraordinaria local la que determinó su desestimación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
IV.3. En lo que atañe a la alegada violación de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio (arts. 14, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 Const. nac.; v. fs. 626 vta., 628, 629 y 630), no evidencian -en principio- que se hayan formulado razones bastantes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, siendo inidóneas a tal fin las manifestaciones generales efectuadas (doctr. art. 15, ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia