Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120091
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 120.091, "Álvarez, Alberto Guillermo y otro contra Álvarez, Guillermo Alejandro Miguel. Nulidad de acto jurídico", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani .
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó las resoluciones de primera instancia de fs. 574, 609/613 vta. y 647/648. Impuso las costas a los apelantes vencidos. A su vez, revocó el auto regulatorio de fs. 558 vta. en relación a los doctores Guillermo e Ignacio Alsina y dispuso que debían regularse los emolumentos computando la valuación fiscal al momento de la renuncia, correspondientes a los tres inmuebles que conformaban el objeto de la litis. También modificó la regulación de honorarios de la doctora Olga Elhelou de fs. 559, estableciendo que debía efectuarse conforme lo disponía el art. 27 de la ley 8.904. Impuso las costas por su orden. Por último, declaró carente de virtualidad el tratamiento de los recursos concedidos a fs. 577 y 609/613 con el alcance del art. 57 de la ley 5.804 (v. fs. 715 y vta.).
Se interpusieron, por la abogada Olga Elhelou (v. fs. 719/734 vta.) y por el abogado Guillermo Oscar Alsina, sendos recursos de inaplicabilidad de ley (v. fs. 735/746 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde declarar la nulidad absoluta y total de las donaciones que obran a fs. 182/185 y 331/334, como solicita el Ministerio Público?
En caso contrario:
2ª) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 735/746 vta. por el abogado Guillermo Oscar Alsina?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de fs. 719/734 por la abogada Olga Elhelou?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el dictamen de la Procuración General, obrante a fs. 1.032/1.035 vta., se solicita a esta Suprema Corte que: "...proceda a declarar la nulidad absoluta y total de los actos jurídicos de mención por imperio de las disposiciones contenidas en los arts. 1.037, 1.038, 1.047 y 1.802 del Código Civil, librando los pertinentes oficios al Registro de la Propiedad Inmueble provincial en los términos de la ley 17.801, sin que obste a ello el desistimiento de la acción formulado por los accionantes y aceptado por el demandado v. fs. 467 y fs. 479 y vta.-, como así tampoco, el auto judicial dictado en su consecuencia v-fs. 480 y su ampliatoria de fs. 482-, habida cuenta que el defecto que afecta la estructura misma de las donaciones de mentas, no es susceptible de confirmación en razón del interés general comprometido y, como dejé dicho, puede ser declarada de oficio por V.E.".
II. La presente causa fue iniciada por el señor Alberto Guillermo Álvarez y su esposa Graciela Nélida Salas con el objeto de obtener la nulidad de los actos jurídicos de donación de inmuebles realizados a favor de sus hijos Guillermo Alejandro Miguel Álvarez, María Graciela Rosa Álvarez y María Alejandra Alicia Álvarez, en los cuales se reservaron el usufructo de los bienes, como surge de las escrituras públicas n° 156 y n° 153 agregadas a fs. 182/185 y 331/334, respectivamente.
En ambos actos los cónyuges donantes hicieron reserva del derecho de revocar las donaciones si lo consideraban oportuno (v. fs. 183 y 332), siendo esa condición la causa de la promoción de estas actuaciones contra el hijo de ambos quien la resistió, pues las hijas se presentaron allanándose al reclamo de sus padres.
Posteriormente y en el trámite del proceso, fallece el actor. Esto provocó que la coactora y las hijas del causante, ya presentadas en el expediente, desistieran de la acción, lo que fue consentido por el demandado (v. fs. 410/411; 419; 467; 480; 482).
III. Disiento con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto sostiene que los negocios jurídicos involucrados en la especie son nulos de nulidad absoluta, propiciando que así sea declarado de oficio por este Tribunal.
En mi opinión, la cuestión debatida no involucra un interés general o público que exceda el propio de las partes implicadas en el acto impugnado, nota dirimente a los fines de establecer si se trata de una nulidad absoluta o relativa (arts. 1.047 y 1.048 su doctr., Cód. Civ.).
Veamos.
III.1. En el citado dictamen, al momento de afirmar el carácter absoluto de la nulidad que afecta la donación, se omite brindar motivos que avalen tal conclusión. La mera alusión al hecho de que la condición puramente potestativa prohibida en el art. 1.802 del Código Civil provoca la invalidez íntegra de la donación no abastece tal nota, pues nada predica en torno a su carácter relativo o absoluto. En rigor, esa circunstancia refiere a la extensión de sus efectos, con motivo de la nulidad de una cláusula del contrato de donación, privando de validez en forma íntegra al acuerdo. Constituye, en suma, una aplicación de la regla general sentada en el art. 530 del citado Código respecto de las obligaciones condicionales, que enerva la posibilidad de circunscribir la sanción a la cláusula afectada (v. Llambías; Código Civil comentado , T. II-b, págs. 217/218; Cifuentes, Negocio jurídico, págs. 745/749).
En suma, el art. 1.802 del Código Civil contempla un supuesto de excepción que extiende la sanción de nulidad a los supuestos de condiciones resolutorias puramente potestativas, que según la doctrina mayoritaria no se encontraban abarcadas por el art. 542 de ese cuerpo normativo (v. Llambías; ob. cit., pág. 223); nulidad que afecta al acto en su integridad (arts. 530 y 1.802, Cód. Civ.).
III.2. Ahora bien, el Código Civil de Vélez no predeterminó los supuestos en que los actos nulos o anulables padecen de nulidad absoluta o relativa, quedando librado al prudente arbitrio judicial determinar en cada caso si se encuentra comprometido un interés público o privado en la realización del negocio que la ley sanciona de nulidad (doctr. arts. 1.047 y 1.048, Cód. Civ.). El fundamento de esta clasificación que determina la intensidad de la sanción legal se relaciona con el interés que aquella tiende a proteger (v. Cifuentes; Negocio jurídico ; págs. 767/772). Con todo, cierto es que la doctrina en la materia sostiene que padecen de nulidad absoluta los actos por ilicitud del objeto, a los que aluden la cláusula segunda del art. 1.044 y la cláusula tercera del art. 1.045 del Código Civil. Empero, cabe observar que tales defectos del objeto se refieren al "objeto principal" del acto jurídico (v. Llambías; ob. cit., T. II-B, págs. 213/214, 222, 236, 229/230).
En la especie, el objeto del acto jurídico contractual impugnado -donación- es aquel bien sobre el cual recae el interés implicado en la relación, esto es la cosa donada (arts. 953 y 1.170 su doctr., Cód. Civ.). Por lo demás, el contenido de esa manifestación de voluntad negocial es la prestación comprometida -transmisión del dominio de la cosa donada-, la que constituye el objeto de las obligaciones creadas mediante el negocio contractual que, en el sub lite , fue sometida a una modalidad -condición- prohibida por la ley en el art. 1.802 del Código Civil.
Se advierte, entonces, que la prohibición en juego no recae sobre el "objeto principal" del acto jurídico -los bienes donados- sino sobre la modalidad -condición- a la que fue sometida la prestación comprometida -insisto- objeto de las obligaciones creadas como efecto del acto jurídico celebrado.
No se trata aquí de que el objeto del acto jurídico contractual se encuentre prohibido, como tampoco lo está la obligación que como efecto de dicho acto tuvo nacimiento, sino la modalidad a la que la prestación consecuente fue sometida. Esto enerva la aplicación sin más de lo estatuido por los arts. 1.044 y 1.047 del Código Civil y su doctrina, que califica tales nulidades como absolutas.
Por lo demás, considero que aun cuando se estimara que lo aquí prohibido constituye el "objeto" mismo del acto jurídico, por infracción al art. 953 del Código Civil, ello no conlleva sin más y en todos los supuestos una nulidad absoluta. Esta definición, vale remarcarlo, depende de las circunstancias del caso y del interés implicado en la invalidez por objeto no idóneo (v. Cifuentes; ob. cit., pág. 213), siendo que en la hipótesis en debate no se observa la afectación de un interés general o colectivo, sino el particular de los sujetos involucrados quienes, voluntariamente, han desistido de la acción de nulidad impetrada.
IV. Por las razones expuestas, voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Estoy de acuerdo con lo expresado por el doctor Soria. La competencia del Poder Judicial para intervenir en la cuestión sustancial de este particular conflicto ha quedado sellada con el desistimiento de la acción y del derecho por la actora y las codemandadas que se han presentado como coadyuvantes de ella (v. escrito de demanda) y el consentimiento del último de los accionados. Luego, los que eran contrincantes -al parecer- ya no lo son y lo que provoca la actuación de este Tribunal es una cuestión accesoria (el monto de los honorarios). Por eso es que deviene dispendioso ingresar en la consideración de un tema que los involucrados -también al parecer- han decidido postergar o que querrán ahora arreglar entre ellos.
Voto, pues, por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria y fundamentos adicionales expuestos a su turno por el doctor de Lázzari.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el marco del juicio de nulidad de acto jurídico promovido por Alberto Guillermo Álvarez y Graciela Nélida Salas de Álvarez contra el hijo de ambos, Guillermo Alejandro Miguel Álvarez, se regularon los honorarios correspondientes a los abogados, doctores Guillermo Oscar Alsina, Ignacio Joaquín Alsina Elhelou y a la abogada Olga Elhelou por su actuación en representación de María Graciela Rosa Álvarez y María Alejandra Alicia Álvarez, hijas de los actores y hermanas del demandado (v. fs. 342/348; 558 y aclar. de fs. 559).
Las actuaciones principales versaron sobre la revocación de la donación efectuada por los actores a sus tres hijos, en condominio por partes iguales, de cuatro inmuebles situados en la ciudad de La Plata. El fundamento de la revocación fue la invocada nulidad absoluta de los actos jurídicos realizados por aplicación del art. 1.802 del Código Civil, pues en las escrituras públicas n° 153 y n° 156 labradas por la notaria María Julia Álvarez de Sannuto se había incorporado una cláusula por la cual los donantes se reservaban el derecho de efectuar la reversión a su exclusiva voluntad (v. fs. 311/325).
La pretensión fue únicamente resistida por el hijo, Guillermo Alejandro Álvarez, ya que sus hermanas María Graciela Rosa Álvarez y María Alejandra Alicia Álvarez se presentaron como terceras coadyuvantes de los nulidicentes -en un "otro sí digo" y en la misma presentación de aquellos-, donde prestaron "expresa conformidad con la pretensión actora" (v. fs. 346/348).
Durante la tramitación del juicio falleció el coactor, Alberto Guillermo Álvarez, razón por la cual se acompañó declaratoria de herederos de la que surgía que al causante le sucedían sus hijos Guillermo Alejandro Miguel -aquí demandado-, María Graciela Rosa y María Alejandra Alicia y su cónyuge Graciela Nélida Salas (v. fs. 410/411 y 419).
Posteriormente (v. fs. 459 y 461) los poderdantes, con nuevo patrocinio, revocaron el mandato de los abogados que hasta el momento habían intervenido -doctora Olga Elhelou y doctores Guillermo Oscar Alsina e Ignacio Joaquín Alsina Elhelou- y luego desistieron de la acción y del derecho (v. fs. 467, 480 y 482).
Se regularon los honorarios de los letrados Alsina, Alsina Elhelou y de la abogada Olga Elhelou (v. fs. 558 y aclar. de fs. 559).
Dichos profesionales plantearon sendos incidentes de nulidad por la falta de sustanciación de la base regulatoria y también apelaron los honorarios determinados (v. fs. 560/564; 568/573). Los incidentes fueron rechazados (v. fs. 609/613), lo que motivó la interposición de los recursos de apelación por la abogada Olga Elhelou (v. fs. 652/661) y por los abogados Alsina y Alsina Elhelou (v. fs. 662/670). Sus argumentos fueron repelidos por la parte actora (v. fs. 674/678).
A fs. 628/635 los abogados Alsina y Alsina Elhelou plantearon otro incidente de nulidad por la falta de sustanciación al demandado Guillermo Alejandro Miguel Álvarez del incidente anterior de fs. 568/573. Este nuevo planteo incidental provocó que se dictara la resolución de fs. 647/648, rechazándolo, y que los perdidosos apelaran (v. fs. 671), presentando su correspondiente memorial (v. fs. 680/690), el que también fue repelido (v. fs. 693/694).
I.2. Se elevaron los autos a la Sala II de la Cámara Segunda de este departamento judicial para resolver las apelaciones contra las resoluciones de fs. 558 y su aclaratoria de fs. 559 (en las que se había determinado la base regulatoria y la regulación de honorarios), de fs. 609/613 (en la que se rechazaron los incidentes de nulidad planteados por los tres abogados a fs. 560/564; 568/573) y de fs. 647/648 (en la que se rechazó el incidente de nulidad planteado por los letrados Alsina y Alsina Elhelou).
I.2.a. El Tribunal de Alzada -en la medida de los recursos interpuestos- precisó de inicio que el único convenio sobre el que hacían valer sus derechos los apelantes era el suscripto por los abogados Alsina y Alsina Elhelou con las actoras y herederas del actor Alberto Guillermo Álvarez (obrante en copia certificada a fs. 451 bis y ter) al ser el único que fuera homologado (a fs. 509), y por tanto contaba con fuerza ejecutoria (v. fs. 708). Aclaró que, en consecuencia, se marcaban dos contextos diversos para considerar la base regulatoria: uno era el mencionado convenio -que no abarcaba a la totalidad de los letrados- y el otro las normas de la ley arancelaria para quien no lo había suscripto (v. fs. 708 y vta.).
Analizó luego los agravios de los abogados Guillermo Alsina e Ignacio Alsina Elhelou de fs. 662/670, fincados en la pretendida violación de los arts. 27 inc. "a" y 51 del decreto ley 8.904, sustentando esa pretensión en que no habían podido impugnar los valores de los bienes en cuestión.
En esa tarea desestimó la impugnación, al considerar que la firma del convenio de honorarios imponía que los abogados debían ser retribuidos de conformidad con lo allí estipulado. Hizo referencia al art. 1.197 del Código Civil, en razón de que el acuerdo desplazaba la aplicación de los arts. 27 inc. "a" y 51 del decreto ley 8.904 (v. fs. 708 vta. y 709).
También señaló el sentenciante que en los arts. 3 y 4 de la ley arancelaria se regulaba el convenio de honorarios, siendo el pacto de cuota litis una especie de aquel género, y que lo acordado revelaba que las partes se habían excluido de la citada norma, de carácter supletorio, y sin perjuicio de los límites de orden público que debían respetarse (v. fs. 709 y vta.).
Consecuentemente interpretó que no era de aplicación el procedimiento establecido en el art. 27 inc. "a" de aquel cuerpo normativo. A esos fines puso de manifiesto que al suscribir el acuerdo debían ser retribuidos conforme lo estipulado convencionalmente (art. 1.197, Cód. Civ.), lo que desplaza la aplicación el invocado art. 27 inc. "a" de la ley 8.904.
Adunó que, a diferencia de lo que sostenían los abogados, ellos habían tenido oportunidad de impugnar los valores de los bienes en cuestión, ya que fueron requeridos por las firmantes del convenio en varias oportunidades a que manifestaran la cuantía a la que ascendía el importe de sus honorarios, limitándose los profesionales a solicitar el oficio a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para que informara las valuaciones fiscales de los inmuebles, prueba que luego fue producida por las obligadas al pago.
Enfatizó, a renglón seguido, que las diversas impugnaciones de los profesionales no atacaban la validez de sendas valuaciones, sino que se orientaron a discutir su pertinencia para ser empleadas como base regulatoria, pues entendían que la regulación debía referirse a la tasación real del bien, conforme lo normado en la segunda parte del ya citado art. 27 inc. "a" de la ley arancelaria (v. fs. 709 vta. y 710).
I.2.b.i. Seguidamente rechazó el agravio planteado por la falta de intervención del señor Guillermo Alejandro Miguel Álvarez en el incidente de nulidad promovido por la base regulatoria, lo que conduciría a considerar prematura la decisión recaída en dicha incidencia.
Para decidir de esa manera señaló que el convenio de honorarios firmado por las señoras Graciela Salas de Álvarez y sus hijas, con posterioridad al fallecimiento del actor Alberto Guillermo Álvarez -y por el cual los apelantes pretenden traer en calidad de sucesor al demandado Guillermo Álvarez-, había sido suscripto por aquellas "por derecho propio y por sus partes indivisas y no en nombre y representación de su padre fallecido", no habiendo intervenido el señor Guillermo Alejandro Miguel Álvarez, motivo por el cual no lo comprendía. Añadió, que las incidencias ventiladas no alcanzan al demandado Álvarez , iure propio - en tanto no fue condenado en costas- ni iure hereditatis (v. fs. 711 y vta.).
I.2.b.ii. También desestimó la impugnación respecto de la falta de intervención del demandado en el desistimiento de las actoras, basando su decisión en que las costas le habían sido impuestas a aquellas, lo que demostraba que el señor Álvarez, como demandado o actor, no había resultado perdidoso (v. fs. 711 y vta.).
Agregó que la cuestión planteada había sido resuelta y había adquirido firmeza, pues el abogado Guillermo O. Alsina había consentido a fs. 493 la resolución de fs. 480 en la que se había tenido por desistidas a las actoras de la acción y porque además había peticionado que se les impusieran las costas a las contrarias para luego solicitar que se homologara el pacto de cuota litis (v. fs. 711 vta./712 vta.).
I.3. Por último revocó la decisión del juez de grado anterior, en la que se había tomado como base regulatoria la valuación fiscal de un solo inmueble cuando surgía de la demanda que la nulidad del acto jurídico comprendía los tres inmuebles donados a los hijos y no uno solo de ellos; por lo tanto, esos bienes constituían el valor patrimonial del litigio al que se hacía referencia en el convenio de fs. 451 bis y ter (v. fs. 713 vta. y 714) y desestimó asimismo los agravios vinculados a la resolución de fs. 574 por entender que tal petición implicaba un planteo que importaba retrotraer la cuestión a etapas precluidas (v. fs. 714 y vta.).
II. Se agravia el recurrente denunciando absurdo y la violación o errónea aplicación de los arts. 68, 73 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 495, 496, 497, 499, 503, 505 inc. 1, 506, 508, 511, 512, 1.137, 1.198, 3.417, 3.431 y 3.432 del Código Civil y 3, 4 y 27 inc. "a" del decreto ley 8.904, así como de la doctrina legal.
II.1. Comienza su impugnación señalando que yerran los camaristas en considerar que hay un solo convenio de honorarios, cuando en rigor hay dos con distintos sujetos, por lo que no son asimilables, ya que uno es el celebrado por el matrimonio Álvarez-Salas y los letrados -que por el fallecimiento de Alberto Guillermo Álvarez le sucedieron sus hijos Guillermo Alejandro Miguel, María Graciela Rosa y María Alejandra AliciaÁlv
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