Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 120091
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido (arts. 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3, inc. "d", Ac. 4/07, CSJN). Sin costas (art. 13, ley 27.423).
C. 120.091 "ALVAREZ ALBERTO GUILLERMO Y OTRO/A C/ ALVAREZ GUILLERMO ALEJANDRO MIGUEL S/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO"
I. El doctor Guillermo Oscar Alsina -por derecho propio-, deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que, en lo que resulta pertinente, desestimó la nulidad propuesta por el Procurador General y rechazó -con costas- el remedio de inaplicabilidad de ley interpuesto por el citado letrado, dada la falta de fundamentación suficiente (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 12-II-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 9-III-2021 y su archivo adjunto identificado como "ALVAREZ ALBERTO GUILLERMO CONTRA ALVAREZ").
En el caso, en el marco de una acción de nulidad de acto jurídico y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente revocó el auto regulatorio en relación a los doctores Guillermo e Ignacio Alsina y dispuso que debían regularse los emolumentos computando la valuación fiscal al momento de la renuncia, correspondientes a los tres inmuebles que conformaban el objeto de la litis . También, modificó la regulación de honorarios de la doctora Olga Elhelou, estableciendo que debía efectuarse conforme lo disponía el art. 27 de la ley 8.904. Finalmente, impuso las costas por su orden (v. resols. de 4-XII-2013 y su aclaratoria de fecha 5 de diciembre de 2013- y de 30-III-2015).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, orden público y propiedad (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 5/6, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, contrariando sus propios actos y apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, ponderó -con excesivo rigor formal- que la cuestión debatida no involucraba un interés general o público que exceda el propio de las partes implicadas en el acto impugnado y, en consecuencia, no correspondía declarar la nulidad absoluta del acto jurídico objeto de marras, desoyendo -así- lo expresado por el Procurador y vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas (v. págs. 5/31, adjunto cit.).
Al respecto, asevera que la decisión objetada omitió considerar que la inscripción de los inmuebles donados en el Registro de la Propiedad integra esencialmente el derecho real de dominio en juego ante terceros interesados y, por ello, afecta el orden público y compromete el interés general (v. págs. 29/31, adjunto cit.).
En ese sentido, reconoce que si bien las cuestiones relativas a la admisibilidad de los recursos locales no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce excepción cuando -como en el presente caso- lo resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona derechos constitucionales invocados por el recurrente y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente, lo que se traduce en una violación a la garantía del debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional (v. págs. 5/6, adjunto cit.).
II.3. Finalmente, y en sustento en lo antedicho, alega que los considerandos 2 y 3 del pronunciamiento atacado, mediante los cuales este Tribunal rechazó los remedios de inaplicabilidad de ley en razón de su insuficiente fundamentación, resultan irrelevantes -según su entender- y deben ser anulados. Ello, en tanto el punto de partida para la determinación de sus honorarios profesionales han de ser las cláusulas pertinentes del pacto de honorarios y no el art. 73 del Código Procesal Civil y Comercial, como erróneamente se ha efectuado (v. págs. 31/32, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 31 de marzo de 2021), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, por un lado, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48) y, por el otro, que la Acordada 4/2007 de la Corte nacional establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución apelada (art. 3, inc. "d").
En el caso, se advierte que el recurrente no ha cumplido con la mentada exigencia. En efecto, se advierte que los planteos ensayados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a disentir con el criterio fijado por este Tribunal para apartarse del dictamen de la Procuración, alegando que se ha incurrido en excesivo formalismo (v. págs. 5/32, adjunto cit.).
Y en dicha tarea soslaya rebatir -debidamente- las razones brindadas en la decisión atacada, que señalan que en autos no se encuentra comprometido el orden público y destacan la insuficiencia técnica de la vía de inaplicabilidad de ley, por limitarse a discrepar con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, desentenderse de las normas legales actuadas y omitir acreditar el absurdo denunciado (v. sent. en crisis).
Asimismo, en lo que atañe al cuestionamiento referido a que los Ministros de esta Corte han contrariado la opinión vertida por el Procurador en su dictamen (v. págs. 2/7, sent. en crisis y trámite identificado como "PROCURADOR DICTAMINA" de fecha 29-VI-2018), tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, ley 48). Ello pues, de manera alguna puede la postura asumida por el representante del Ministerio Público -así como el proveído que ordenó la vista previa a ese órgano- comprometer la posterior actuación del pleno de esta Corte para emitir su sentencia (doctr. arts. 161, 176, 189 y ccdtes Const. pcial; 1, 3 y 21 inc. 7, ley 14.442; 14 y 15, ley 48), lo que sella la suerte adversa del planteo (v. págs. 5/31, adjunto cit.).
En razón de lo expuesto, no habiéndose cumplido debidamente con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la citada reglamentación, la vía intentada deviene inadmisible.
IV.2. A ello, cabe agregar que la simple denuncia de la doctrina de la arbitrariedad, así como la mera invocación de normas constitucionales (derechos de debido proceso, defensa en juicio, orden público y propiedad: arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 5/6, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional A.F.I.P.-d.G.I.", resol. de 31-III-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido (arts. 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3, inc. "d", Ac. 4/07, CSJN). Sin costas (art. 13, ley 27.423).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/11/2021 17:39:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 09:27:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 11:42:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2021 14:42:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2021 09:30:45 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/11/2021 11:30:32 hs. bajo el número RR-813-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia