Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125779
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.779 "CARTIER, ENRIQUE NICOLÁS C/ ZAMBELLI, JUAN MANUEL Y OTRA S/ NULIDAD ACTO JURÍDICO"
I. La apoderada de los demandados deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, dada la insuficiencia del valor del agravio y la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia (arts. 278 y 292, CPCC; v. resol. de 1-VIII-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 29-VIII-2023 y su primer archivo adjunto).
En el caso, en el marco de la acción de nulidad de acto jurídico deducida por Celia Juana Gardella y continuada por Enrique Nicolás Cartier contra Juan Manuel Zambelli y Gladys Noemí Tello, la Cámara interviniente revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda. En consecuencia, hizo lugar a la pretensión, declaró la nulidad de la escritura de compraventa del inmueble objeto de autos, dispuso la restitución mutua de lo entregado a excepción de la compensación por los daños reconocidos, determinó las sumas a reintegrar por la actora y admitió la procedencia del reclamo de daños y perjuicios contra los demandados por la suma que estableció (v. sentencias y aclaratoria en archivos adjuntos al trámite titulado "Recurso de queja - deduce" de fecha 1-VI-2022).
II.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, propiedad, acceso a la justicia, defensa en juicio, tutela judicial efectiva, razonabilidad y división de poderes (arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac. y 25, CADH; v. págs. 2/7, 12, 18/20, 22/23, 27/33 y 35/38, adjunto cit.).
II.2. Sostienen que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación del derecho vigente y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias del expediente -en particular de la prueba pericial- y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproducen-. En consecuencia, desestimó -dogmáticamente- la queja por denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 336:2333; 342:1249; 334:295; 339:194; 312:185; 313:1030; 324:1733; 330:2323; entre otros).
En tal sentido, aseveran que el pronunciamiento objetado, de un lado, se apartó de la realidad económica del litigio al no ponderar la variación del valor del jus a lo largo del tiempo y, del otro, omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de hecho local -que reiteran- referidos a que el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial no establece que el monto mínimo para recurrir deba ser determinado por la valuación fiscal de los bienes. En consecuencia, entienden que dicho ítem puede ser ponderado por la valuación real -tasación acompañada- cuyo valor superaba -al momento de interponerse el remedio de inaplicabilidad de ley- el piso de 500 jus arancelarios establecido por la ley (v. págs. 21/24, adjunto cit.).
En sustento en lo antedicho, alegan, además, que el fallo atacado descartó -sin dar fundamentos suficientes- los agravios federales que aseguran haber planteado. Y en razón de ello, reiteran, con base en los antecedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478) que, ante la insuficiencia de valor, debió hacerse una excepción y soslayarse el límite cuantitativo impuesto por el art. 278 del Código de rito para, de ese modo, ingresar al estudio del recurso de inaplicabilidad de ley (v. págs. 4/5, 24/26 y 29/40, adjunto cit.).
II.3. Arguyen, finalmente que, si bien las cuestiones sobre admisibilidad de los recursos extraordinarios provinciales no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto implica un dogmatismo que lesiona los derechos constitucionales ya referenciados y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación idónea y suficiente (v. págs. 4/5 y 24/26, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 6-IX-2023 y "Oficio recibido", de fecha 10-X-2023), el mismo fue contestado por la demandada (v. trámites titulados "Recurso extraordinario federal- contesta traslado" de fecha 26-IX-2023 y "Escrito electrónico" de fecha 27-IX-2023).
IV.1. Respecto del remedio federal, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los recursos interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada y la insuficiencia del valor de los agravios traídos, conforme el art. 278 del CPCC), no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los cuestionamientos que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducente, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. En efecto, los interesados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -al igual que las de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura establecida por este Tribunal para descartar el recurso de queja intentado, insistiendo con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 23/29, adjunto cit. y resol. en crisis cit.). Asimismo, reiteran los agravios expuestos en el remedio local de inaplicabilidad de ley, que quedaron fuera de la competencia de esta Corte por la denegatoria de la Cámara y el posterior rechazo de la vía de hecho por parte de este Tribunal (v. págs. 30/38 adjunto cit. y resol. atacada)
IV.3. Por otro lado, corresponde agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac. y 25, CADH; v. págs. 2/7, 12, 18/20, 22/23, 27/33 y 35/38, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 122.810, "Zubiri", resol. de 24-V-2022; C. 123.616, "Banco Mayo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.311, "Sosa", resol. de 1-VIII-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2023 15:01:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:59:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:42:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2023 23:54:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 11:14:29 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/11/2023 12:15:07 hs. bajo el número RR-825-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia