Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125079
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 125.079 "BALDOMÁ MERCEDES LEONOR C/ SUEIRO ADALBERTO MATÍAS Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO JURÍDICO"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes revocó la solución de primera instancia que -a su turno- hiciera lugar a la acción de nulidad de acto jurídico incoada por Mercedes Leonor Baldomá contra Adalberto Matías Sueiro, María Isabel Berardo y Héctor Daniel Sario, desestimándola al no encontrar reunidos los extremos legales para su progreso (v. sentencias de fecha 23-XII-2019 y 17-VI-2021).
II. Frente a ello, la accionante vencida -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, 164,266, 272, 330, 354, 375, 384, 409, 421, 456, 457, 474 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 474, 954, 141,142, 1045, 897, 900, 1045, 1048, 1068 y concs. del Código Civil y 17 y 18 de la Constitución nacional. Asimismo, alega absurdo y transgresión de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 5-VII-2021).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha dicho este Superior Tribunal -en reiteradas ocasiones- que los cuestionamientos vinculados a los montos indemnizatorios constituyen típicas cuestiones de hecho, privativas de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisables en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.472, "Dallorso", resol. de 14-X-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016 y C. 121.680, "Córdoba", resol. de 6-IX-2017; e. o.), yerro valorativo que, si bien ha sido esbozado, no se avizora configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de los elementos fácticos habidos en la especie- para revocar el pronunciamiento de origen, sostuvo "Conclusión. Todos los análisis precedentes conducen con claridad a poner de relieve que no están cumplimentados los requisitos que la ley exige para que se pueda impugnar la validez de un acto, fundado en la falta de capacidad de hecho de un demente no interdicto que haya fallecido ... Ya vimos que la actora no logró probar que el precio de venta fuera vil, ridículo o irrisorio, como indicativo de locura del vendedor. Pudo ser un precio bajo, barato, pero situado dentro de los cánones de la justicia distributiva. Los testigos traídos para confirmar la demencia no fueron asertivos ni dieron precisiones que lo hicieran siquiera sospechar. Y la pericia psiquiátrica que se le hizo en vida a Baldomá en la denuncia de insanía promovida por la aquí actora (casualmente -o no- iniciada a los 7 días que se le notificó la demanda de división de condominio que le promovieron los aquí demandados) no situó la fecha de la escritura dentro de la época del comienzo de la crisis psiquiátrica del causante. En cuanto a la prueba de la mala fe de los demandados, en la medida que fracasó como indicio la invocación del precio vil, y también el de la notoriedad de la demencia por defección de la testimonial, brilló por su ausencia" (v. pág. 26).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 16/25 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la valoración de la prueba, especialmente la pericial, la ponderación de las circunstancias que rodearon la compraventa, la incapacidad del vendedor, la incongruencia procesal y el exceso ritual) se desentienden de aquél dado por el sentenciante de grado anterior, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Es sabido que para revisar cuestiones de hecho es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión del aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.526, "Godoy", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.230, "Muñoz", resol. de 11-IV-2018).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela recursiva y permite, además, descartar las infracciones legales indicadas en las págs. 16 y sigs. del recurso (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco cabe atender la alegada violación a la doctrina legal que se expresa a lo largo del embate, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por la quejosa que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
III.3. Por último, igual suerte adversa debe seguir la denuncia de transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 16 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:38:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:32:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:57:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:53:33 hs. bajo el número RR-9-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia