Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 128171
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a través de las presentaciones de fechas 26 de marzo de 2024 y 5 de abril de 2024 (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 128.171 "SIMONETTI MIRTA EDITH C/ DI VENTA S.A., PALAZZOLO HORACIO PABLO Y FOLGADO ANTONIO IGNACIO S/ NULIDAD ACTO JURÍDICO"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata dictó sentencia única en los autos caratulados "Diventa S.A. c/ Folgado, Antonio Ignacio s/ cumplimiento de contratos civiles/comerciales" y "Simonetti, Mirta Edith c/ Di Venta S.A.; Palazzolo, Horacio Pablo y Folgado, Antonio Ignacio s/ nulidad de acto jurídico" confirmando lo resuelto por la magistrada de grado quien, a su turno, rechazó la excepción de prescripción incoada por Horacio Pablo Palazzolo y Diventa S.A. e hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el primero; desestimó la demanda de nulidad de acto jurídico promovida por Mirta Edith Simonetti contra Horacio Pablo Palazzolo, Antonio Ignacio Folgado y Diventa S.A., con costas, y acogió la pretensión de cumplimiento de contrato promovida por Diventa S.A. contra el citado Folgado, condenó a este último a escriturar a favor de la actora el inmueble en cuestión, bajo apercibimiento de ejecución, y, finalmente, declaró operada la compensación entre el crédito de Diventa S.A. contra los mencionados Folgado y Simonetti, emanado del pago por subrogación de la hipoteca que gravaba el inmueble y la deuda por saldo de precio que mantenía contra estos últimos por la compra del bien (v. fallos de 5-VI-2023 y 8-III-2024).
Frente a dicho fallo, la señora Simonetti dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos de 26-III-2024 y 5-IV-2024), los que fueron concedidos (v. resolución de 19-IV-2024).
II. Con relación a la vía extraordinaria de nulidad, es oportuno recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, esta solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.775, "Acosta", resol. de 24-VIII-2021; C. 125.254, "Ferraris", resol. de 15-VII-2022; C. 126.056, "Belliure", resol. de 1-VIII-2023; C. 127.691, "Núñez", resol. de 9-VIII-2024 y C. 128.855, "Majdanski", resol. de 28-X-2024).
En el caso, de la lectura de los escritos recursivos surge que, no obstante mencionarse inicialmente que se deduce la vía anulatoria -y referirlo así en el título-, enunciando la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de dichos preceptos, exponiéndose en las presentaciones críticas únicamente en sustento de la de inaplicabilidad de ley. En tales condiciones, no es posible tener por fundado el carril nulitivo, del que sólo se anuncia su interposición en el título y del cual se hace una mera alusión en el apartado "Objeto" de la pieza recursiva (v. presentaciones de 26-III-2024 y 5-IV-2024), sin exponer luego argumento alguno que corresponda a ese medio revisor (art. 296, CPCC; conf. doctr. causas C. 121.764, "Fernández", resol. de 11-X-2017; C. 122.190, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 7-III-2018; C. 125.011, "Villanueva", resol. de 11-V-2022; C. 125.767, "Lasarte", resol. de 24-VIII-2022; C. 126.260, "Pacheco", resol. de 14-XI-2023 y C. 128.855, cit.).
A su vez, respecto de la pretensión de fundar el carril de nulidad con los mismos fundamentos del recurso de inaplicabilidad del ley, deviene oportuno señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que son de tal manera distintas las fuentes de los medios de impugnación a los que se refieren los arts. 161, 168 y 171 de la Constitución provincial y los arts. 279 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, que el hecho de pretender fundarlos en los idénticos argumentos o entrelazándolos -salvo supuestos excepcionales- es totalmente inadmisible (conf. doctr. causas C. 115.193, "Castillo Ullon", resol. de 12-X-2011; C. 117.143, "López", resol. de 12-XII-2012; C. 118.559, "Martínez", resol. de 19-III-2014; C. 121.164, "Navas", resol. de 28-XII-2016; C. 123.211, "Borgarelli", resol. de 14-VIII-2019 y C. 126.086, "Díaz", resol. de 1-VIII-2023 y C. 128.855, cit.).
III. Abordando el restante embate concedido, por medio del cual se denuncia absurdo, transgresión de doctrina legal, violación a los arts. 528, 539, 872, 857, 900, 944, 951, 953, 954, 1.277, 3.969 y 4.023 del Código Civil y 1, 2, 3 y concordantes. de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, se anticipa que este tampoco puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 125.681, "Trevisan", resol. de 19-XII-2022; C. 126.507, "Scampini", resol. de 29-IX-2023 y C. 129.015, "Donnari", resol. de 28-X-2024; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que, a la luz de las constancias obrantes le permitieran mantener lo resuelto en origen (v. págs. 18/30), no logran ser conmovidos por los reproches volcados en las págs. 11/27 del escrito de fecha 26 de marzo de-2024 y 2/12 del escrito de fecha 5 de abril de 2024, en tanto su detenida lectura deja advertir que aquellos (relacionados con el convenio de adjudicación y liquidación celebrado en el marco del juicio de separación de bienes y su falta de homologación, la improcedencia de la compensación, la revisión de las circunstancias fácticas del proceso y la valoración de la prueba) se desentienden de las razones expuestas por el sentenciante anterior, exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la suerte de lo decidido (conf. doctr. art. 279 y causas C. 125.863, "Aguado", resol. de 19-XII-2022; C. 126.906, "Machado", resol. de 29-IX-2023 y C. 127.754, "Dorrego", resol. de 28-XI-2024; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 125.550, "Louge", resol. de 19-XII-2022; C. 126.669, "Dulbecco", resol. de 14-XI-2023 y C. 127.726, "Romero", resol. de 28-XI-2024; entre tantas).
Lo dicho basta para descartar esta parcela revisora y permite, además, repeler las infracciones normativas indicadas en las págs. 2 y 4 del escrito electrónico del 26 de marzo de 2024 (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual déficit presenta la esgrimida violación a la doctrina legal expuesta a lo largo del embate, toda vez que, en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 125.677, "Corradi", resol. de 19-XII-2022; C. 125.659, "Guidozzolo", resol. de 9-VI-2023 y C. 128.617, "Sánchez", resol. de 28-X-2024; entre tantas), carga esta última no abastecida por la quejosa y que conlleva a desestimar este segmento de la protesta.
III.3. Finalmente, tampoco pueden ser admitidos los planteos que se hacen a lo largo de las piezas recursivas sobre la cuestión de género.
En este aspecto, cabe recordar el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces y las juezas, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 ley 26.485). Del mismo se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.
Esta mirada que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g" de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24 de la Convención Americana; Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28 de la CEDAW, párr. 18; Observaciones Finales de la CEDAW sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, puntos 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos tendientes a garantizar una vida libre de violencia.
Sin embargo, estas normas e instrumentos nacionales e internacionales, que robustecen el amparo hacia la mujer y permiten juzgar con perspectiva de género, no se evidencian vulneradas en el sentido que exponen la impugnante.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a través de las presentaciones de fechas 26 de marzo de 2024 y 5 de abril de 2024 (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2025 10:41:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/05/2025 15:08:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2025 15:47:23 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2025 14:20:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/06/2025 12:31:33 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/06/2025 13:34:10 hs. bajo el número RR-385-2025 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia