Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 122775
En la ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de Agosto de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “CENTRO DE ORIENTACION DEFENSA Y EDUCACION DEL CONSUMIDOR - CODEC C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO 2020", (causa nº 122775), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:1ra.
¿Es justo el apelado decisorio de fs. 243/244 vta.?2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO: I. La Sra. Juez de la primera instancia rechazó la excepción de falta de legitimación activa que había opuesto el Banco de la Provincia de Buenos Aires; las costas las impuso por su orden por tratarse de una cuestión dudosa de derecho (fs. 243/244 vta., 5/4/19). Contra esa decisión apeló dicha entidad (fs. 246, 25/4/19). Su recurso le fue concedido mediante el proveído del 29 de abril de 2019 y lo fundó mediante el memorial de agravios del 8 de mayo de 2019. La actora lo respondió mediante la presentación del 21 de mayo de 2019. El Sr. Fiscal de Cámaras emitió su dictamen mediante la presentación del 4 de julio de 2019, proponiendo la confirmación de lo decidido.
II. Para resolver en el sentido indicado más arriba, la Sra. Juez a quo recordó que la demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de todo lo cobrado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los consumidores receptores de transferencias de dinero por el concepto denominado "Comisión Datanet" y, a su vez, que se lo condene a reintegrar a todos los consumidores los importes cobrados por esa comisión. Agregó la a quo que el banco demandado al plantear la excepción se fundó en que el instrumento constitutivo de la actora no la habilita para asumir representación de un colectivo de "consumidores". Y en que las asociaciones habilitadas constitucionalmente para demandar ejercen una representación especial en favor de terceros colectivizados a partir de su intervención, siendo requisito (constitucional y legal) que las mismas tengan por objeto su defensa, representación y el ejercicio de estas acciones, de la que la actora carecería.
Seguidamente, dijo que la defensa de los derechos de consumidores y usuarios tiene reconocimiento constitucional expreso en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Que su artículo 43 inciso 2 reconoce a las asociaciones de consumidores registradas conforme a la ley que podrán interponer acción contra cualquier accionar que perjudique a los mismos. Señaló que esas garantías constitucionales resultan operativas, aun cuando también existe un marco normativo que dispone que esas asociaciones deben registrarse en los registros pertinentes conforme a los artículos 52, 56, 57 de la ley 24.240, modificada por la ley 26.361, y el artículo 26 de la ley 13.133. Que, entonces, en relación a la protección del interés individual, existen otros legitimados además del titular directo (consumidor); la ley les confiere ella a las entidades de defensa de consumidores que actúen por representación legal, en la medida que hayan cumplido con las registraciones pertinentes.
En función de ese esquema legal, entendió la a quo que la actora se encuentra legitimada para accionar en contra de la demandada en resguardo de los consumidores que habrían sido perjudicados. Ello en virtud de lo que surge de la foja 29, que ilustra una publicación del Boletín Oficial de la Resolución 363-E/2016 del Ministerio de Producción, Secretaria de Comercio, por la que se ordenó reinscribir a la asociación civil "Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor" como consecuencia de haber cumplimentado los requisitos previstos legalmente. Además, consideró que la actora, al solicitar al Ministerio de Producción ser reinscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, ha sido evaluada por el órgano citado para poder acceder a dicha categoría y, en consecuencia, el hecho de haberse dictado un acto jurídico válido, el que ha sido dado a debida publicidad y ha tenido como fundamento el artículo 56 de la ley 24.240, la llevaba al convencimiento de que, prima facie, la actora se encontraría con legitimación suficiente en este juicio colectivo, ya que de no haber cumplido con los requisitos formales necesarios se le hubiera negado la reinscripción.
III. En sus agravios, expuestos aquí sintéticamente, la demandada alega que quedaron huérfanos de respuesta los argumentos sostenidos por su parte al plantear la excepción, como es la carencia de inscripción en la Provincia de Buenos Aires. Además, la negativa respecto de que la actora posea en su estatuto constitutivo, que es el límite y alcance de su personalidad y capacidad jurídica, un objeto que la habilite para demandar en este juicio. Sostiene que esa negativa la habilita a exigir el debido contralor del estatuto en el juicio, el que no fue acompañado. Agrega que resulta necesario que el actor en este tipo de procesos colectivos posea un objeto social acorde con la demanda que entabla, tal como señalara la Corte Suprema de Justicia en el en el fallo "Padec c.
Swiss Medical S.A.". Y que la idoneidad de quien pretende asumir la representación del supuesto colectivo afectado es un requisito de procedencia de la acción en el marco de la legitimación activa, conforme ha expresado la misma Corte Suprema en el fallo "Halabi, Ernesto c/P.E.N. -Ley 25.873-Dec. 1563/04 s/Amparo Ley 16.986". Resalta que no se trata aquí de una mera alusión a una carencia de legitimatio ad processum, subsanable a partir de la acreditación de personería suficiente en el apoderado, sino de una verdadera ausencia de legitimatio ad causam, pues en los procesos colectivos, donde las asociaciones habilitadas constitucionalmente para demandar ejercen una representación especial en favor de terceros colectivizados a partir de su intervención, es requisito fondal (constitucional y legal) que las mismas tengan por objeto su defensa, representación y el ejercicio de estas acciones, circunstancia de la cual, entiende, la actora carece.
Y que la presente resulta una legitimación especial para excitar la justicia en representación de terceros; y, por su carácter excepcional, debe estar prevista en su contrato constitutivo, ya que como reza el artículo 56 de la ley 24.240 las asociaciones legitimadas deberán tener como "...finalidad la defensa, información del consumidor... cuando sus fines sean.. d) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia...". Es decir, que la propia ley establece los requisitos que debe contener el estatuto social para conceder la legitimación. Agrega la apelante que la posibilidad de controlar el estatuto de quien se arroga la representación colectiva para demandar no puede suplirse por la existencia de alguna autoridad que autorice o registre tales asociaciones.
Que ese control es necesario, pero formal y a priori. En el marco de un proceso con estas características el control estatutario se torna sustancial y le compete exclusivamente a la parte a quien se le opone. Puntualiza, también, que la inscripción en un registro no hace a la existencia del estatuto social en el caso concreto ni en ningún otro, y tampoco configura la legitimación ad causam de quien lo invoca. Y que su parte ha desconocido la copia de la constancia de inscripción acompañada por la actora como prueba documental. En síntesis, alega la demandada que: a) la inscripción en el Registro es un recaudo legal para la legitimación activa con carácter general, y b) la existencia de aptitud jurídica suficiente (capacidad jurídica) presente en el estatuto para demandar en un proceso particular es un requisito para la legitimación activa en una causa, controlable por la demandada en el juicio.
Y en autos se ha tenido por cumplido el primer recaudo, más no el segundo. Por otro lado, la apelante se agravia de que no se haya tratado lo denunciado por su parte de la ausencia de registración de la actora de acuerdo a lo normado por el artículo 26 inc. b) de la Ley 13.133, y eventualmente del artículo 7 de la Ley 12.460. Argumenta que se la demanda sin cumplir con el requisito de legitimación imperativamente establecido en el inciso citado, que tampoco puede suplirse por una registración a nivel nacional -si existiera- para actuar en el ámbito de nuestra jurisdicción. Que esa registración provincial no resulta disponible para las partes, sino que opera como requisito legal de legitimación.
Que en el fallo atacado se da cuenta de la necesaria registración en los términos del citado artículo 26, pero luego se omite esa carencia. IV. Comienzo el tratamiento de esta apelación destacando que no escapa a mi análisis el arduo trabajo doctrinario que viene desarrollándose en cuanto a la legitimación de las asociaciones como la aquí actora, lo que impone dejar sentado aquí que el tema requiere ser evaluado exorbitando el molde clásico de la legitimación. En este sentido, se ha dicho que en el proceso colectivo "… el criterio de que se vale el Derecho para atribuir legitimación a este o a aquel ente no está basado en la titularidad del derecho material, sino en la capacidad del actor colectivo para representar adecuadamente el derecho metaindividual.
La justa parte, en materia de derechos colectivos latu sensu, no se encuentra a partir de la pertinencia subjetiva en la litis, sino, a partir del análisis de la aptitud, de la idoneidad social, de la capacidad técnica, en fin, de elementos que demuestren al legislador la posibilidad de que el "candidato" para ser parte ideológica será un adecuado representante para la defensa judicial de los nuevos derechos metaindividuales." Y que "En el proceso colectivo la legitimidad del actor es una legitimidad sui generis, propia de la defensa de los derechos metaindividuales, que no se confunde con la legitimidad del proceso civil … un tertium genus de legitimación ad causam, orientada específicamente hacia las particularidades de la realidad procesal colectiva." (conf.
Vargas, Abraham Luis. "La legitimación activa en los procesos colectivos". En Oteiza, Eduardo (coordinador). "Procesos Colectivos", ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 236). V. Como reseñé más arriba, luego de citar las normas de la ley 24.240 y 13.133 que contemplan la actuación de las asociaciones de consumidores, la Sra. Juez a quo entendió que la asociación actora se encuentra legitimada para accionar en el presente proceso. Ello en función de haber tomado en cuenta lo que surge de la foja 29, que es una copia de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución por la que se ordenó reinscribir a la asociación civil actora en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores por haber cumplido los requisitos legales.
Al respecto, cabe recordar que de acuerdo a lo que establecen los artículos 4 y 5 del Código Civil y Comercial, las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio argentino, y rigen luego de su publicación oficial. Luego de esa publicación, esa ley se presume conocida por todos. En consonancia con ese efecto, el artículo 8 del mismo código dispone que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. Conforme a esos preceptos, no puede considerarse con virtualidad jurídica el argumento de la apelante referido a que desconoció esa copia, ya que tal publicación no lo permite. A mayor abundamiento, agrego con anterioridad a esta decisión el resultado de la consulta en la página oficial www.boletinoficial.gob.ar (primera sección: legislación y avisos oficiales).
Ella arroja como resultado la publicación íntegra de la Resolución 363 - E/2016 del Ministerio de Producción. Por otro lado, en cuanto al argumento de la a quo de que al solicitar la actora su reinscripción ha sido evaluada y que de no haber cumplido con los requisitos formales necesarios se le hubiera negado la reinscripción, del que también la apelante disiente, destaco que coincido con aquél, pues aquella reinscripción permite presumir que el objeto social es acorde a la finalidad que se persigue con esta acción. Más allá, claro, del resultado final en cuanto al fondo. Además, cabe tener en cuenta que la normativa impone una serie de requisitos para acceder a la autorización, entre los cuales se halla el de acompañar copia de los estatutos.
En relación a la inscripción en el Registro Provincial de Asociaciones de Consumidores, cabe decir que la ley provincial 12.460, y su decreto reglamentario 1191/02 son los que establecen los requisitos para la registración de las asociaciones con actuación exclusiva dentro del territorio de la provincia. En el caso, no hay indicios que indiquen que la asociación actora tenga actividad sólo en el ámbito de la provincia, de modo que esta circunstancia, unida a las apreciaciones realizadas más arriba, me llevan al convencimiento de que la apelación debe ser desestimada. Así lo propongo a mi distinguida colega de Sala (arts. 242, 246, 270 del Cód. Procesal; 42, 43 párrafo segundo, de la Constitución Nacional; 38 de la Constitución de Buenos Aires; 4, 5, 8 y 1094 del Cód.
Civil y Comercial; 52, 55, 56 inc. e) de la ley 24.240; 26 inc. b) de la ley 13.133; 2, 5 de la ley 12.460; 1 del Anexo I del Decreto 1191/02). VI. Las costas por la intervención en la Alzada se imponen a la apelante en su calidad de vencida (art. 68 del Cód. Procesal). Voto por la AFIRMATIVAPor los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO: Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) Confirmar la resolución de fs. 243/244 vta. 2) Imponer las costas por la intervención en la Alzada a la apelante en su calidad de vencida. 3) Las regulaciones de honorarios se practicarán en su oportunidad.ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:S E N T E N C I A La Plata, 20 de Agosto de 2019AUTOS
CONSIDERANDO: Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 243/244 vta. es justo (arts. 242, 246, 270 del Cód. Procesal; 42, 43 párrafo segundo, de la Constitución Nacional; 38 de la Constitución de Buenos Aires; 4, 5, 8 y 1094 del Cód. Civil y Comercial; 52, 55, 56 inc. e) de la ley 24.240; 26 inc. b) de la ley 13.133; 2, 5 de la ley 12.460; 1 del Anexo I del Decreto 1191/02).POR ELLO: 1) Se confirma la resolución de fs. 243/244 vta. 2) Se imponen las costas por la intervención en la Alzada a la apelante en su calidad de vencida. 3) Las regulaciones de honorarios se practicarán en su oportunidad. 4) REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia