Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98155
En la ciudad de Dolores, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.155, caratulada: "SAVAL, ABEL ALFREDO C/ MUNICIPALIDAD DE DOLORES S/ NULIDAD DE CONTRATO", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. María R. Dabadie y Santiago Cremonte.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. Que contra la sentencia definitiva de fs. 299/302 vta., en cuanto hizo lugar a la demanda promovida por Abel Alfredo Saval contra la Municipalidad de esta ciudad de Dolores, declarando la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre su esposa –Angela O. Pirali- y la demandada, en fecha 04-01-2005, respecto del inmueble ubicado entre las calles Bassi, Robles, Kennedy y Monseñor de Andrea, designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 100 de este partido, al carecer la operación efectuada de su “asentimiento” –en los términos del art. 1277 del Código Civil [ley 340]- en su carácter de cónyuge de la vendedora, ostentando dicho bien el carácter de ganancial, interpone recurso de apelación el Municipio accionado en fecha 15-07-2019.
a. La sentencia.
En dicha decisión, la iudex desestimó las excepciones de prescripción y falta de legitimación opuestas por la demandada. Respecto de ésta última –en atención a las quejas interpuestas- señaló –en lo pertinente- que si bien es cierto que el esposo de la enajenante solo debe prestar su “consentimiento”, según la norma legal de aplicación –art. 1277, C.C. –ley 340-, o su “asentamiento” según la doctrina prevalecente no lo es menos que dicha intervención del cónyuge en el otorgamiento del acto resulta necesaria, más aun imprescindible, para el perfeccionamiento del negocio jurídico celebrado sin ella. Ello a punto tal que cuando como en el caso falta la intervención del esposo no titular del bien queda expedita la vía judicial de anulación de la compra-venta que aquí se ejercita y, para el adquiriente el pedido de que sea prestada que solicita la Municipalidad vía reconvención.
Concluye la magistrada que no alberga duda respecto que el esposo cuya intervención se omitiera se halla plenamente legitimado para oponer la acción nulificativa. Aún cuando no se le reconozca la calidad de “parte” en la celebración del contrato no puede desconocerse su condición de “tercero interesado” en él y como tal legitimado pretender su anulación.
Luego, teniendo por acreditado la falta de consentimiento señalado, hace lugar a la acción interpuesta, resaltando que ninguna de las partes intervinientes podía obviar el cumplimiento de tal requisito impuesto por ley.
Finalmente, desestima la pretensión por daños y perjuicios opuesta por el accionante y la reconvención por otorgamiento de consentimiento judicial ante la negativa infundada de brindarla el aquí accionante incoada por la demandada.
b. Los agravios.
En principio se queja la recurrente en cuento la sentenciante sostiene expresamente: “Se hallan en efecto marginados de este proceso el tema relativo a la regularidad o no del acto administrativo del Municipio relativo a la compra… cuyo análisis resulta impropio de este fuero y solo propio del …fuero contencioso administrativo …”.
Al respecto sostiene que el fuero contencioso administrativo resulta ser de jurisdicción ordinaria –no Federal- por lo que abordar solo una arista del planteo lleva inexorablemente a una solución injusta, como la resolución puesta en crisis.
En este punto resalta que el obrar de la administración municipal no ha violentado normativas legales o apartado del marco de competencias y atribuciones de la administración.
En segundo lugar, expresa que la acción está prescripta; que conforme el art. 954 CC (ley 340) señala que “…solo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción operará a los cinco años de otorgado el acto…”, agregando que cuando la norma es clara no requiere ni posibilita interpretación alguna.
Que el actor no resulta ser titular del bien cuya operación intenta nulificar, tampoco reviste la calidad de lesionado, y mucho menos heredero, atento que la titular dominial vive actualmente.
Luego, señala que el actor carece de legitimación; ello en tanto no formó parte de la operación que intenta invalidar, y se atribuye potestad para nulificarla en base a la falta de su asentimiento, el que no resulta necesario ni requisito para convalidar el acto que resulta ser absolutamente valido.
Que es clara su falta de acción, en tanto de realizarse un ejercicio de hipótesis de pensar en la posibilidad de que apareciera en estos autos la vendedora ratificando su accionar todo su reclamo devendría en abstracto.
Ante este certero planteo la a quo se limita a decir: “…al no haberse integrado adecuadamente la litis … la reconvención no puede sino ser desestimada. …”.
Respecto de tal afirmación manifiesta que la reconvención se dirige expresamente al actor y no a la vendedora –quien vendió y suscribió cada documentación que le fue requerida-, por lo que considera que una vez más la Sra. Jueza resuelve incorrectamente.
Agrega que Saval (cónyuge de la Sra. Pirali) intenta obtener la nulidad contractual de dicha operación, basándose en que él no dio el asentimiento conyugal, cuestión que debe rechazarse simplemente por el hecho de que aquel se requiere al momento de realizarse la escritura traslativa de dominio, no así a la firma del boleto. Y la escritura nunca se hizo porque la Sra. Pirali incumplió sus obligaciones al no regularizar la deuda del impuesto municipal que pesaba (deuda que a la fecha asciende a $ 589.400,08 aproximadamente) sobre el inmueble en cuestión, además de estar inhibida. Que así lo informó el Escribano Macchi a su hora, y pesar un embargo sobre el inmueble, todas éstas, circunstancias impidieron el otorgamiento de la escritura en tiempo. Cita al respecto doctrina de esta Alzada en apoyo de su postura -Causa Nº 93.237, sentencia del 6-3-2014, la que transcribe-.
Concluye señalando que la supuesta justa causa de oposición a otorgar el asentimiento por parte del actor debió ser acreditada, cuestión que no ha ocurrido en autos, siendo que la carga de la prueba pesa sobre él, por lo que corresponde que cargue con las consecuencias de su propio desinterés, rechazándose la demanda sin más trámite.
En razón de tales argumentos, expuestos resumidamente, solicita a esta Alzada que revoque la decisión que cuestiona y desestime la acción impetrada.
c. Responde.
La accionante contesta cada una de las quejas interpuestas solicitando su rechazo por resultar inadmisibles, pretendiendo que se confirme la decisión que se cuestiona.
Señala que se halla fuera de discusión que al celebrarse el boleto de compraventa entre el Municipio local y la Sra. Pirali no fue otorgado el consentimiento que la ley prescribe (ver boleto en el expediente administrativo) en su art. 1277 del Código Civil vigente a la fecha de celebración del contrato (art. 3 del CC y Art. 7 del CC y C).
Que el esposo cuya intervención se omitiera se encuentra plenamente legitimado para oponer la acción nulidicente.
Agrega que aún cuando no se le reconozca la calidad de "parte" en la celebración del contrato no puede desconocerse su condición de "tercero interesado” en él y como tal legitimado pretender su anulación.
Ello, en defensa del patrimonio ganancial de los esposos, que la propia accionante reconoce no están divorciados ni separados, siendo esa en definitiva la finalidad de la norma aplicable (art. 1277 del CC).
Desde otro vértice señala que la presente acción fue promovida dentro del plazo de los 10 años de celebrado el boleto de compraventa motivo del presente reclamo y que la acción entablada comprende el plazo decenal de prescripción y no quinquenal.
Que la contraria para justificar su planteo refiere al vicio de la lesión subjetiva prevista en el art. 954 del CC, cuestión esta impropia y que se haya vedada por lo dispuesto en el art 1277 del C. Civil que está ligado a la omisión del consentimiento, lo cual la cuestión ya deja de ser un acto nulo sino más bien anulable y que, por tanto, la acción idónea para procurarlo de validez y eficacia es precisamente la de nulidad de acto jurídico, tal como se ha ejercitado.
Finalmente expresa, en cuanto al rechazo de la reconvención opuesta, que más allá de la legitimación de la Municipalidad adquirente para solicitar el consentimiento, el accionante peticiono y obtuvo con anterioridad la anulación del contrato y más aún anticipó que no lo consentiría en razón de los argumentos que expuso en su demanda (art. 330 del CPCC).
Que en esta acción intentada y como principio elemental de un derecho constitucional se requiere la necesaria intervención de la Sra. Pirali como parte del negocio jurídico celebrado (art. 18 de la Constitución Nacional).
Sin su participación no se está en condiciones de saber de forma fehaciente si esta misma realmente celebró el contrato aludido o bien si la firma que se le imputa como de su autoría es original o falsa o bien de cualquier otra cuestión que esta última podría aclarar u objetar si se la hubiera hecho comparecer al proceso.
Que en este caso, el del eventual otorgamiento del consentimiento requerido por la Municipalidad de Dolores al Sr. Saval, media a entender por la Sra. Juez actuante un litis consorcio necesario (art. 89 del CPCC) pues como se reconoce en el responde de la acción la Sra. Pirali es, como titular y vendedora del inmueble "parte" no solo del contrato sino también de la controversia relativa al consentimiento de su esposo para la venta.
En ese camino, resulta imposible demandar una escrituración de un inmueble sin hacer comparecer al proceso precisamente a quien se la sindica como la vendedora en un boleto de compraventa.
Resalta que dicho planteo fue justamente rechazado por la razón precisa de no haberse integrado adecuadamente la litis, en lo que a la reconvención refiere, con la intención como tercera obligada (art. 94 y 96 del CPCC) la reconvención no puede sino ser desestimada.
Por tales fundamentos pretende que esta Alzada rechace las quejas interpuestas y confirme la decisión en cuestión.
II. Esta Alzada.
Respecto de los temas que debemos decidir, he de señalar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T. I, p. 825; Fenocchieto Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T. 1, p. 620). En su razón únicamente he de analizar aquellas cuestiones que han de definir la suerte del embate recursivo.
En ese camino, la verificación apelatoria será en principio respecto de las excepciones de prescripción y de falta de legitimación opuestas por la accionada reconviniente y que fueran desestimadas por la iudex a quo, en razón de las quejas dirigidas a tal conclusión, en tanto de prosperar sellarían la suerte del litigio; de corresponder su desestimación corresponderá analizar las restantes cuestiones planeadas.
Puesta en tal tarea revisora, en cuanto a la falta de legitimación activa, entiendo que los argumentos que la sustentan resultan insuficientes para modificar lo decidido, en tanto los dados por la sentenciante se ajustan a derecho.
Se advierte de tal argumentación una simple discrepancia con lo decidido reiterando únicamente un párrafo que fuera agregado al contestarse la demanda –v, fs. 146-, no exponiendo las razones del por qué lo decidido resulta incorrecto.
En su razón tal queja debe desestimarse (art. 261, CPCC), debiendo estarse a lo decidido al respecto.
No obstante ello, en relación a la falta de legitimación activa, considero que la razón le asiste a la recurrente; como ha de quedar expuesto.
Se halla fuera de discusión que al celebrarse el boleto de compraventa entre el Municipio local y la Sra Pirali no fue otorgado el consentimiento que la ley prescribe (ver boleto de fs. 15/16 del expediente administrativo n° 4032-55.074/04, agregado por cuerda) conforme art. 1277 del Código Civil vigente a la fecha de celebración del contrato (art. 3 del C.C. –ley 340- y art. 7 del CCyCN).
Que el inmueble en cuestión fue adquirido por Pirali encontrándose casada en primeras nupcias con el accionante –v, escritura de fs. 44/46, inf. de dominio de fs. 48, expte. cit.; copias de fs. 10/11, inf. de dominio de fs. 264 del presente), ostentando en su razón carácter ganancial.
En ese camino, la sentenciante señaló que el esposo cuya intervención se omitiera al momento de concertarse la venta se halla plenamente legitimado para oponer la acción nulidicente; ello en tanto aun cuando no se le reconozca la calidad de "parte" en la celebración del contrato no puede desconocerse su condición de "tercero interesado en él y como tal legitimado para pretender su anulación, en defensa del patrimonio ganancial de los esposos, siendo esa en definitiva la finalidad de la norma aplicable (art. 1277 del CC).
El meollo del sub judice se encuentra en establecer la calidad procesal del cónyuge que no prestó su consentimiento al suscribirse el boleto de compraventa que tiene por objeto un bien de naturaleza ganancial cuya administración se encuentra en cabeza del otro miembro de la sociedad conyugal (ver fs. 113), (art. 1276 Cód. Civil).
Al respecto cabe señalar que he sostenido anteriormente –v, causa n° 89.950, sent. del 1-2-2011, y n° 93.237, sent. del 6-3-2014, que cita y transcribe la recurrente-, con fundamento en la doctrina de la Corte Suprema Provincial, que luego de la sanción de la ley 17.711, que modificara el art. 1276 del Código Civil, no puede ya considerarse al marido administrador de la sociedad conyugal puesto que conforme al régimen establecido de gestión separada, cada cónyuge administra y en principio dispone de sus bienes propios y de los gananciales por él adquiridos (conf. Ac. 42.296, sent. del 28-XI-89, "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-305); y que los bienes gananciales, son propiedad exclusiva del cónyuge que los ha adquirido ya que, mientras dura la sociedad conyugal, el otro cónyuge no tiene sobre ellos ninguno de los derechos de propiedad (Belluscio, A.C., "Manual de Derecho de Familia", 5ª edición actualizada, t. II, pág. 49, nº 324; Cód. Civil y leyes complem., com., anot. y conc. ed. Astrea, t. 6, nº 21 a), p. 26, Bs. As. 1986; Ac. 44.814, sent. del 27-XII-91, D.J.B.A., 143-65, y demás citas formuladas en Ac. C64403, sent. del 10-XI-1998).
El carácter propio o ganancial de un bien –agregó el Tribunal- no afecta la propiedad exclusiva de su dueño salvo en cuanto hace a la limitación establecida por el art. 1277 del Código Civil mientras la sociedad conyugal subsista (art. 1276 cit.), sin que esto convierta al cónyuge del propietario en parte en el acto de disposición, quien no deja de ser un tercero por más que se exija su asentimiento (Cód. Civil cit., nº 16, p. 173). Dicho de otra manera, "la ganancialidad es simplemente una calidad de cada bien, que define su destino en caso de permanecer en el patrimonio de su titular al tiempo de disolver el régimen; y ocasiona en ciertas hipótesis una limitación en el poder dispositivo del cónyuge propietario del bien" (conf. fallo citado).
Asimismo, cabe recordar que el asentimiento del cónyuge no titular no tiene por objeto completar la voluntad de disposición, sino el acto mismo de disposición para borrar una relativa ineficacia; en esencia, el titular se compromete u obliga a obtener oportunamente el consentimiento del consorte. No obstante el texto del art. 1277, Cód. Civ., lo que se pretende del cónyuge no es en realidad el consentimiento respecto del acto de disposición que se celebra, sino simplemente el asentimiento, lo cual tiene importancia porque éste sólo implica una declaración de conformidad con un acto jurídico ajeno, es decir, concluido por otro; se trata de una declaración de voluntad que no forma parte del supuesto de hecho del acto o negocio principal, sino condición jurídica para la validez u oponibilidad de éste.
En el acto de enajenación, quien dispone del bien es el cónyuge administrador, el otro no hace sino prestar su asentimiento al acto; en otras palabras, mientras que el primero dispone, el segundo asiente, admite con su venia.
En la hipótesis del primer apartado del art. 1277 del Cód. Civ., no hay acto de codisposición; quien dispone es el cónyuge titular del dominio, ejerciendo una facultad jurídica que le compete, por lo cual la necesidad de asentimiento del otro cónyuge no significa una limitación a la capacidad del primero, cuya declaración de voluntad es suficiente por sí misma para producir un acto jurídico válido, aunque inidóneo respecto del cónyuge omitido.
La concurrencia del cónyuge no titular en los términos del art. 1277, es a título de asentimiento o conformidad, no de codisposición, como se desprendería si lo hiciera con su "consentimiento".
Cuando el cónyuge no se opone al acto de disposición del bien su asentimiento, tal manifestación de voluntad, no implica que codispone del bien. Ello resulta claro cuando la concurrencia se refiere al acto de disposición del bien propio del otro consorte, cuando ese bien es asiento del hogar con hijos menores o incapaces. Aunque el art. 1277 determina la necesidad del consentimiento de ambos cónyuges para disponer de los bienes inmuebles gananciales, lo cierto es que tal necesario asentimiento del otro cónyuge no lo convierte a éste en parte del acto de disposición y por lo cual entonces no deja de ser un tercero en referencia a éste.
La circunstancia de que la norma imponga el consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes inmuebles gananciales, no significa que se trasforme por esa sola circunstancia en deudores a ambos. El cónyuge que asiente no asume responsabilidad ni deuda alguna con motivo de ese acto, y, por tanto, no puede ser demandado por incumplimiento, ni responde por evicción.
El consentimiento o asentimiento exigido por el art. 1277 del Código citado, no es por ello una condición en los términos del art. 528 del mismo ordenamiento. El espíritu del art. 1277 es el de requerir la conformidad con cada acto en particular y con las condiciones de cada acto, instando a la actuación común de los esposos (Salas, Trigo Represas, López Mesa, CÓDIGO CIVIL ANOTADO, T. IV-A; LexisNexis–Depalma, 1999, comentario al art. 1277).
Sintetizando la cuestión puede seguirse el criterio esgrimido por Borda, en el sentido de que su intervención se limita a autorizar el acto de disposición, sin asumir el carácter de sujeto del negocio principal ni responsabilidad alguna respecto del mismo (Tratado de derecho civil, "Familia", t. I, nro. 389, págs. 309 y ss.) (v, mi voto en causa de esta Cámara n° 86.937 del 12-11-08).
De conformidad con los argumentos desarrollados, la accionante no resulta parte en el negocio jurídico celebrado, sino que simplemente su actuación se debe limitar a otorgar el asentimiento en los términos señalados.
Ahora bien, en cuanto su falta de intervención en el boleto de compraventa cabe decir que visto el texto del art. 1277 del Digesto Civil, se debe señalar que el titular o propietario es el único que tiene la iniciativa para disponer de sus bienes; su cónyuge únicamente deberá dar su conformidad con el acto u oponerse. Por otra parte, frente a la celebración de alguno de los actos que enumera la norma en análisis,
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