Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173255
EXPEDIENTE N ° 173.255 JUZGADO N° 2
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR P.A.C. C/ CONTAR S.A. S/ NULIDAD DE CONTRATO", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi, Roberto J. Loustaunau y Alfredo E. Méndez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la resolución del día 6-10-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento cuestionado la jueza rechazó el planteo de reapertura de mediación formulado por el demandado, con costas.
Explicó que la ley 13.951 y su decreto reglamentario 600/21 resultan aplicables a los procesos de incidencia colectiva por no encontrarse expresamente enumerados entre sus exclusiones, y que en caso de arribarse a un acuerdo que requiera homologación, debe intervenir el Ministerio Público Fiscal (art. 54 de la ley 24.240).
Consideró que en el caso concreto no correspondía reabrir la etapa de mediación como pretendió la demandada, por cuanto su incomparecencia respondió a una decisión expresa, precisa y puesta de manifiesto a la mediadora por carta documento.
Luego desestimó la excepción de falta de personería, con costas al demandado vencido.
Para ello consultó la página web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires correspondiente a la Autoridad de Aplicación y observó que a la fecha del dictado de la sentencia, la actora se encontraba válidamente inscripta en los términos de los arts. 55 y 56 de la ley 24.240, 22 de la Ley Provincial 13.133 y Ley 12.460.
Finalmente, difirió el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación activa y prescripción para el momento del dictado de la sentencia definitiva.
II. El día 17-10-2022 apeló la demandada. El memorial presentado el 4-11-2022 fue respondido por la mediadora el 14-11-2022 y por la actora el 16-11-2022.
Alegó que la sentencia debía anularse porque la jueza rechazó la reapertura del trámite de mediación pero no se expidió sobre el planteo principal que sostenía que la materia de autos no resulta mediable.
Afirmó que la decisión adoptada al respecto era contraria al criterio de esta Cámara en la causa nº 158.481 en cuanto a que el caso no resultaba mediable ante la imposibilidad de dar intervención al Ministerio Público Fiscal previa certificación de clase por parte de la jueza.
Se quejó de las costas impuestas por el rechazo de la excepción de falta de personería, porque a la fecha en que fue opuesta la defensa no se encontraba acreditado que la actora estuviera autorizada para funcionar, por lo que su parte tuvo razón fundada para litigar y merecía la eximición prevista en el art. 68 segundo párrafo del C.P.C.
III. Analizaré los agravios en el mismo orden en que fueron reseñados.
III.1. El primero no es de recibo.
De una lectura de la decisión impugnada encuentro que la jueza se expidió sobre todos los puntos planteados por el demandado.
Así, sobre el planteo principal, resolvió que la materia de autos es mediable y, sobre el subsidiario, que en el caso concreto no correspondía la reapertura de la etapa porque la incomparecencia del demandado se debió a una decisión expresa y precisa de su parte manifestada a la mediadora por carta documento (v. considerando "IV").
Aunque la parte resolutiva de la sentencia dispuso: “ Rechazar el planteo de reapertura de mediación solicitado por el demandado por los fundamentos dados en el considerando IV (…) ”, de su lectura surge sin hesitación el análisis, tratamiento y desestimación del planteo formulado en su totalidad.
Los argumentos de la magistrada se cimentaron en que ni la ley 13.951 ni el decreto reglamentario Nro. 600/2021 excluyen taxativamente a las acciones colectivas iniciadas por las Asociaciones de Consumidores; que el art. 54 de la Ley 24.240 prevé la posibilidad de transigir y conciliar en las acciones colectivas previa intervención del Ministerio Público Fiscal, sin realizar distingo alguno respecto del ámbito en que ello puede ser posible; citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y expresó que nada obstaba a que los intereses de los consumidores o usuarios involucrados puedan ser debidamente tutelados con la intervención ulterior del Ministerio Público cuando el eventual acuerdo deba ser homologado judicialmente.
Al decir: “ En conclusión, el planteo efectuado por la demandada referido al trámite de mediación prejudicial debe ser desestimado ”, no hay razones para entender que la decisión alcanza exclusivamente al planteo subsidiario (reapertura del trámite) como dice el apelante, y no a la procedencia de dicho trámite en esta clase de procesos.
En conclusión, no hay omisión alguna en la sentencia dictada, por lo que la pretensa nulidad no es procedente, y prueba de ello es -también- toda la argumentación que el recurrente formula para sostener el segundo agravio, cuyo tratamiento abordaré a continuación.
III.2. La materia de autos es mediable.
Justamente, en el precedente que cita el apelante plasmé mi voto en disidencia con lo que allí se resolvió (v. causa nº 158.481 RSI 248 del 18-5-2015)
Sin perjuicio de que la decisión de ordenar transitar la etapa previa de mediación prejudicial no ocasiona un gravamen irreparable en los términos del art. 242 inc. 3º del C.P.C., estimo pertinente exponer por qué motivos a mi modo de ver, la sentencia debe confirmarse
La instancia previa obligatoria otorga una oportunidad de diálogo para el avenimiento, no se trata de una carga procesal impuesta en interés de alguno de los sujetos procesales, sino por el contrario, en beneficio de toda la sociedad que se compromete responsablemente ante conflictos patrimoniales disponibles, al intentar resolverlos en forma previa (Dioguardi Juana "Mediación y los derechos del consumidor. Los derechos de incidencia colectiva en el marco de la ley 13.951" publicado en LLBA 2013 [noviembre],1039).
En este sentido, del memorial advierto que el quejoso alegó como obstáculo insoslayable para ocurrir a la mediación que la Ley de Defensa al Consumidor dispone que los acuerdos deben realizarse con presencia del juez o la jueza interviniente y del Ministerio Público Fiscal.
El art. 54 de la Ley 24.240 en su primera parte prevé expresamente la posibilidad de transigir y conciliar en las acciones colectivas, previa intervención del Ministerio Público Fiscal.
No resulta ocioso recordar que dada la naturaleza de la transacción no debe, precisamente, efectuarse ante la Judicatura interviniente, lo que sí ocurre en la conciliación (arg. arts. 308 y 309 del CPCC). En efecto, la posibilidad de transigir que prevé la norma nacional en nada disiente con el acuerdo al que puedan arribar las partes en la etapa de mediación prejudicial.
Aclarado ello, en caso de arribar a un acuerdo, el juez o la jueza deberá imperativamente, previo a proceder a su homologación, dar debida tutela a los derechos involucrados con la intervención al Ministerio Público Fiscal a fin de que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios afectados (arg. art. 54 Ley 24.240 texto según ley 26.361 y 27 de la Ley provincial 13.133), certificar la clase conforme la doctrina emanada del fallo "Halabi" (CSJN H. 270. XLII. del 24/02/2009) y brindar oportuna publicidad de la promoción de la acción a fin de que los afectados puedan ejercer la posibilidad prevista por el art. 54 in fine de la LCD (conf. Ac. 3360 y 3536 de la SCBA y doctrina citada).
Ello, sin perder de vista las facultades que otorga la propia ley provincial de mediación a los Juzgadores para controlar la legalidad del acuerdo, la debida protección de los intereses involucrados mediante la fundamentación del auto homologatorio pudiendo, en su caso, efectuar las observaciones que considere pertinentes y, más aún, denegar la venia judicial en caso de violación a las garantías brindadas a los consumidores y usuarios tanto por el ordenamiento provincial (ley 13.133) como por el nacional (ley 24.240 y art. 42 de la CN) (arg. arts. 19, 20, 21 y 22 de la ley 13.951 y principio "iuria novit curia").
En suma, no encuentro por tanto una imposibilidad de que las acciones colectivas promovidas con el objeto de tutelar los derechos de los consumidores transiten la etapa de mediación previa siempre y cuando el acuerdo al que eventualmente se arribe sea sometido a homologación judicial previo cumplimiento de las premisas que protegen a las acciones colectivas del consumidor (arts. y doct. cit.).
Por los argumentos vertidos, considero que de la fundamentación en estudio no surge, siquiera mínimamente, el agravio de insusceptible reparación posterior que le produjo al apelante transitar la etapa de mediación previa obligatoria prevista por la ley provincial 13.951 (art. 242 del CPCC), máxime cuando de la letra de la ley no surge que el legislador haya tenido en miras excluirlo (por no haberlo incorporado el art. 4°) y que de un análisis armónico de ambas legislaciones (24.240 y 13.951) se deduce que se encuentran efectivamente garantizados los procedimientos y requisitos previstos normativa y doctrinariamente.
De todos modos, cabe destacar que el demandado fue citado a la mediación y su incomparecencia se debió a su exclusiva voluntad (pudiendo haber asistido), por lo que tampoco advierto qué sentido tendría la pretensa reapertura del trámite sino darle una segunda oportunidad que no merece, en virtud del principio de preclusión procesal.
Por lo tanto, no es procedente el agravio en lo que a este punto concierne (art. 242 inc. 3º y cctes. del C.P.C.).
III.3. Finalmente, no encuentro razones para eximir de costas a la vencida ante el rechazo de la excepción de falta de personería que articuló.
De una armónica interpretación de lo dispuesto en los arts. 68 y 69 del C.P.C. se extrae que el criterio rector a fin de imponer las costas en el marco de un incidente es preferentemente objetivo, limitándose de cierto modo la aplicación del criterio subjetivo al supuesto en que lo debatido pueda ser calificado como una cuestión dudosa de derecho (arts. 68 y 69 del C.P.C.; LOUTAYF RANEA, Roberto; " Condena en costas en el proceso civil ", Astrea, Buenos Aires, 1998, ps. 276 y sstes.; esta Sala en causa n° 155.975 RSI 85 del 20-3-2014, 167.666 RSI 66 del 5-3-2020, entre otras).
En el caso, para el momento en que la demandada opuso la excepción de falta de personería (v. escrito del 12-8-2021), la Asociación actora se encontraba válidamente inscripta conforme se desprende del listado de las Asociaciones de Consumidores registradas en la provincia de Buenos Aires (página web del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en la sección correspondiente a la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de Consumidoras, Consumidores y Usuarios, gba.gob.ar/defensaconsumidores, última entrada 10-3-2023)
De la consulta a la página web indicada -a la que también hizo referencia la jueza en la decisión apelada y esta Alzada en oportunidad anterior de venir el expediente al tribunal- surge que Protegiendo al Consumidor (PAC) tiene inscripción vigente desde el 29-3-2021, renovada por disposición 6/21, expediente 22400-26999/14, lo que bien pudo ser cotejado por el demandado antes de oponer la defensa.
En consecuencia, considero que no concurren las circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 del C.P.C.)
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Disiento con el voto de mi colega preopinante en lo referido al segundo agravio, tal como se desprende del precedente que cita (v. causa nº 158.481 RSI 248 del 18-5-2015).
Allí expuse que existen dos plexos normativos que en un punto entran en contradicción. Por un lado, la mediación previa obligatoria instruida por la ley 13.951 de la Provincia de Buenos Aires que apunta a brindar una oportunidad para resolver los litigios en forma temprana evitando la sobrecarga del Poder Judicial y, por el otro, las acciones de incidencia colectiva previstas por los arts. 43 de la CN y 52, 54 y 55 de la Ley de Defensa del Consumidor, las cuales abarcan institutos sustanciales y procesales con vigencia en el ámbito nacional y local.
El régimen del consumidor ha venido a atravesar en sentido transversal el derecho privado y el derecho procesal de un modo particular, a raíz de la preeminencia impuesta por su jerarquía constitucional (arts. 42 y 43 C.N.), obligando a reformular algunas bases del proceso en pos de un procedimiento más eficaz que garantice y proteja de la manera más adecuada a los consumidores y usuarios (José I. Ondarcuhu, "Aspectos procesales relevantes de la nueva ley de defensa del consumidor (ley 26.361) y su implicancia en el proceso judicial de daños", en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, p. 116, Abril de 2011, Ed. La Ley, Buenos Aires).
En virtud de ello, y si bien la ley 13.951 en su art. 2 dispone la mediación previa obligatoria a todo juicio -con las exclusiones efectuadas en el artículo 4º y que dentro de éstos supuestos no se encuentran las acciones de incidencia colectiva de consumo-, no podemos desconocer lo decidido en el trascendente fallo de la Sala I de ésta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en autos "ACUBA C/ AMX S/ Materia a categorizar" (RSD 761-5045 del 22/12/2009) que adoptó los extremos emanados del fallo "Halabi" dictado por la CSJN (JA, 2009-II-608 del 24/02/2009) elaborando la postulación de reglas especiales aplicables a los nuevos procesos colectivos (una especie de microsistema), como consecuencia de la imperiosa necesidad de dar respuesta jurisdiccional a la evolución de las instituciones y exigencias actuales de la sociedad.
En aquél precedente citado, con voto preopinante del distinguido colega Dr. Alfredo Méndez, se estableció que antes de dar curso a una "acción de clase" debe superarse una suerte de etapa previa orientada a la "certificación de clase" en la que -como mínimo- el Juez interviniente dilucide: i) la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura; ii) la categoría de derechos involucrados y iii) la existencia de un "caso", ya que no se podría admitir una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición.
Entonces, cumplido el paso previo (caso y categoría de los derechos) sintéticamente debe: a) verificar la identificación precisa del grupo o colectivo afectado; b) la idoneidad de quien pretenda asumir su representación; c) la existencia de un planteo que supere los aspectos individuales e involucre a todo el colectivo; d) la implementación de adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto; e) arbitrar en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de las personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio; f) disponer los medios necesarios para que otras Asociaciones de Consumidores y Usuarios participen en el procedimiento y g) garantizar la intervención del Ministerio Público como fiscal de ley (tratamiento de la primera cuestión, apartado V del fallo local).
Estos requisitos de admisibilidad y procedencia examinados por el Máximo Tribunal en "Halabi" y adoptados por la jurisprudencia local resultan esenciales, dado que las asociaciones representan -tal como se invoca en el caso de autos- intereses individuales homogéneos que no son propios, o al menos no exclusivamente propios, sino de otras personas insertas en una relación de consumo. Y en rigor, en ese contexto, cuando la asociación de consumidores promueve una acción colectiva lo hace en representación de intereses individuales homogéneos de cierto grupo de consumidores y usuarios afectados. De allí que aquéllas no resultan perjudicadas directas de los actos reprochados por no ser, justamente, titulares de esos derechos (Ondarcuhu José Ignacio "La mediación en los procesos colectivos de consumo", publicado en La Ley 10/07/2014, LL 2014-D, 174 en igual sentido Bersten Horacio en "La mediación previa y las acciones colectivas de consumo" publicado en LL 04/05/2009, LL2009-C, 232).
En ese contexto, considero viable la posibilidad transaccional, a condición de que tales recaudos se encuentren efectivamente cumplidos con anterioridad y analizados cuidadosamente a fin de brindar seriedad al acuerdo, un debido resguardo a los intereses de los consumidores e incluso del propio demandado a fin que éste pueda apreciar con claridad la extensión subjetiva del acuerdo. Lo contrario, nos llevaría a desconocer el propio espíritu de la ley (arg. arts. 54 y 65 según ley 24.240 modif. por ley 26.361).
En efecto, pese a que en la Provincia de Buenos Aires el régimen de mediación asegura la participación de la jurisdicción en el control de regularidad del acuerdo, considero que las modalidades que demanda dicho examen en el ámbito de los procesos colectivos torna inconveniente hacer transitar esta clase de asuntos por el trámite de autocomposición aludido. En litigios de esta índole, es ante el juez (art. 36 inc. 4° del CPCC), una vez deducida la pretensión y con un panorama más amplio de los antecedentes de la litis y de las condiciones subjetivas y objetivas de la negociación, donde pueden desplegarse con más tino fórmulas eficientes y equilibradas de autocomposición (Giannini J. Leandro "Transacción y mediación en los procesos colectivos", Publicado en Revista de Processo, Ed. Revista dos Tribunais, Sao Paulo, n° 201, Noviembre de 2011, pág. 149/9).
Por todo ello, disponer la mediación previa obligatoria como instancia prejudicial, omitiendo la "certificación de la clase", importa desconocer las condiciones especiales de ejercicio de los derechos colectivos homogéneos impidiendo analizar su razonabilidad y el adecuado control de los aspectos propios que los caracterizan.
La crítica del demandado es razonable, sobre todo cuando en el caso la etapa de mediación fue abierta y la inasistencia de aquel se consideró un incumplimiento deliberado.
De todos modos -y como lo dije en oportunidad de venir los autos con anterioridad a esta Alzada (v. sent. del 24-2-2022) lo atinente a la calificación del cierre de la mediación a los fines regulatorios deberá ser meritado en la sentencia de fondo cuando recaiga decisión en materia de costas.
Por lo dicho, corresponde hacer lugar al agravio que cuestiona la obligatoriedad del trámite de mediación en el caso de autos y revocar la sentencia apelada, con costas al actor (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez dijo:
Mi intervención en el caso se limita al segundo agravio deducido, esto es si corresponde, o no, en los procesos de incidencia colectiva, transitar por el trámite de la mediación prejudicial obligatoria, en tanto es únicamente respecto de ello que existe divergencia de opiniones entre los magistrados preopinantes.
En tal tarea, de conformidad al criterio en el voto que me precede y tal como tuve oportunidad de exponer al resolver una cuestión de similares características a la aquí planteada (exp. n° 17.890 RR 16 del 13-10-2021) de trámite ante la Sala I de este Tribunal), adhiero íntegramente al voto y los fundamentos expuestos por el Dr. Roberto J. Loustaunau.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden a la votación precedente corresponde POR MAYORIA: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de fecha 17-10-2022 en el siguie
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