Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 178894
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 178894. JUZGADO N ° 15.
"PROTEGIENDO AL CONSUMIDOR C/ BANCO COMAFI S.A. S/ NULIDAD DE CONTRATO".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las actuaciones son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la demandada el 8-9-2023, contra lo resuelto el 11-7-2023.
I. En lo que aquí interesa del auto cuestionado, el Juez proveyó el escrito inaugural, tuvo por acreditada la identificación del grupo afectado de la acción colectiva, ordenó la publicación de "banners" por tres días en la página web de la parte demandada, le imprimió tramite sumario al proceso y corrió traslado de la demanda.
II. Contra dicho pronunciamiento, el 8-9-2023 el demandado interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que fue contestado por la actora el 22-9-2023. Desestimado el primero, se concedió la apelación el 1-11-2023.
Se agravió de que se omitiera la instancia de mediación pre-judicial obligatoria. Explicó que el art. 2° de la ley 13.951 regula los casos en los que se exime la mediación y que las acciones colectivas no encuadra en ninguno de ellos.
Se quejó, a su vez, del trámite sumario impreso al proceso y solicitó su ordinarización. Advirtió que se trata de una acción iniciada por una asociación de consumidores con pretendidos efectos colectivos y que la temática en juego excede el interés de un consumidor individual y trasciende a la totalidad de la clase que la accionante representa. Concluyó, que ello configura un litigio complejo que justifica la aplicación del artículo 53 de la ley N° 24.240 y 23 de la Ley 13.133.
También cuestionó que se haya tenido por acreditado el grupo afectado y reputó de prematura dicha decisión sin la participación del demandado.
Por último, cuestionó la publicación de "banners" en su sitio web en atención a que el procedimiento implementado por la acordada 12 de la CSJN establece que ello recién debe hacerse luego de contestada la demanda y resueltas las excepciones previas.
III. Mediación previa obligatoria.
1. La materia de autos no es mediable (v. causas nº 158.481 RSI 248 del 18-5-2015, 173.255 RS 72 del 28-3-2023).
En los antecedentes citados se explicó que existen dos plexos normativos que en un punto entran en contradicción. Por un lado, la mediación previa obligatoria instruida por la ley 13.951 de la Provincia de Buenos Aires que apunta a brindar una oportunidad para resolver los litigios en forma temprana evitando la sobrecarga del Poder Judicial y, por el otro, las acciones de incidencia colectiva previstas por los arts. 43 de la CN y 52, 54 y 55 de la Ley de Defensa del Consumidor, las cuales abarcan institutos sustanciales y procesales con vigencia en el ámbito nacional y local.
El régimen del consumidor ha venido a atravesar en sentido transversal el derecho privado y el derecho procesal de un modo particular, a raíz de la preeminencia impuesta por su jerarquía constitucional (arts. 42 y 43 C.N.), obligando a reformular algunas bases del proceso en pos de un procedimiento más eficaz que garantice y proteja de la manera más adecuada a los consumidores y usuarios (José I. Ondarcuhu, "Aspectos procesales relevantes de la nueva ley de defensa del consumidor (ley 26.361) y su implicancia en el proceso judicial de daños", en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, p. 116, Abril de 2011, Ed. La Ley, Buenos Aires).
2. En virtud de ello, y si bien la ley 13.951 en su art. 2 dispone la mediación previa obligatoria a todo juicio -con las exclusiones efectuadas en el artículo 4º y que dentro de éstos supuestos no se encuentran las acciones de incidencia colectiva de consumo-, no podemos desconocer lo decidido en el trascendente fallo de la Sala I de ésta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en autos "ACUBA C/ AMX S/ Materia a categorizar" (RSD 761-5045 del 22/12/2009) que adoptó los extremos emanados del fallo "Halabi" dictado por la CSJN (JA, 2009-II-608 del 24/02/2009) elaborando la postulación de reglas especiales aplicables a los nuevos procesos colectivos (una especie de microsistema), como consecuencia de la imperiosa necesidad de dar respuesta jurisdiccional a la evolución de las instituciones y exigencias actuales de la sociedad.
En aquél precedente citado, con voto preopinante del Dr. Alfredo Méndez, se estableció que antes de dar curso a una "acción de clase" debe superarse una suerte de etapa previa orientada a la "certificación de clase" en la que -como mínimo- el Juez interviniente dilucide: i) la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procura; ii) la categoría de derechos involucrados y iii) la existencia de un "caso", ya que no se podría admitir una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición.
Entonces, cumplido el paso previo (caso y categoría de los derechos) sintéticamente debe: a) verificar la identificación precisa del grupo o colectivo afectado; b) la idoneidad de quien pretenda asumir su representación; c) la existencia de un planteo que supere los aspectos individuales e involucre a todo el colectivo; d) la implementación de adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto; e) arbitrar en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de las personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio; f) disponer los medios necesarios para que otras Asociaciones de Consumidores y Usuarios participen en el procedimiento y g) garantizar la intervención del Ministerio Público como fiscal de ley (tratamiento de la primera cuestión, apartado V del fallo local).
Estos requisitos de admisibilidad y procedencia examinados por el Máximo Tribunal en "Halabi" y adoptados por la jurisprudencia local resultan esenciales, dado que las asociaciones representan -tal como se invoca en el caso de autos- intereses individuales homogéneos que no son propios, o al menos no exclusivamente propios, sino de otras personas insertas en una relación de consumo. Y en rigor, en ese contexto, cuando la asociación de consumidores promueve una acción colectiva lo hace en representación de intereses individuales homogéneos de cierto grupo de consumidores y usuarios afectados. De allí que aquéllas no resultan perjudicadas directas de los actos reprochados por no ser, justamente, titulares de esos derechos (Ondarcuhu José Ignacio "La mediación en los procesos colectivos de consumo", publicado en La Ley 10/07/2014, LL 2014-D, 174 en igual sentido Bersten Horacio en "La mediación previa y las acciones colectivas de consumo" publicado en LL 04/05/2009, LL2009-C, 232).
3. En ese contexto, es viable la posibilidad transaccional, a condición de que tales recaudos se encuentren efectivamente cumplidos con anterioridad y analizados cuidadosamente a fin de brindar seriedad al acuerdo, un debido resguardo a los intereses de los consumidores e incluso del propio demandado a fin que éste pueda apreciar con claridad la extensión subjetiva del acuerdo. Lo contrario, nos llevaría a desconocer el propio espíritu de la ley (arg. arts. 54 y 65 según ley 24.240 modif. por ley 26.361).
En efecto, pese a que en la Provincia de Buenos Aires el régimen de mediación asegura la participación de la jurisdicción en el control de regularidad del acuerdo, consideramos que las modalidades que demanda dicho examen en el ámbito de los procesos colectivos torna inconveniente hacer transitar esta clase de asuntos por el trámite de autocomposición aludido. En litigios de esta índole, es ante el juez (art. 36 inc. 4° del CPCC), una vez deducida la pretensión y con un panorama más amplio de los antecedentes de la litis y de las condiciones subjetivas y objetivas de la negociación, donde pueden desplegarse con más tino fórmulas eficientes y equilibradas de autocomposición (Giannini J. Leandro "Transacción y mediación en los procesos colectivos", Publicado en Revista de Processo, Ed. Revista dos Tribunais, Sao Paulo, n° 201, Noviembre de 2011, pág. 149/9) y, por tal motivo, no luce acertado hacer obligar a las partes a una mediación previa.
Repárese, que si el demandado pretende acudir a una instancia de mediación a fin de lograr una conciliación con el grupo afectado, no existe obstáculo alguno para realizarlo ante el Juez que entiende en el proceso.
4. Por lo dicho, corresponde rechazar el recurso en lo que ha sido objeto de análisis y confirmar la resolución apelada con costas (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
IV. Trámite sumario.
1. La acción promovida tiene por objeto la declaración de nulidad de los contratos prendarios celebrados por consumidores y usuarios de Banco Comafi a fin de impedir a la demandada aplicar la facultad de secuestrar el automotor prendado en los términos del art. 39 del dec. ley 15.348/46 (ley 12.962).
Al proveer la demanda el juez dispuso su trámite bajo las normas del proceso sumario (11-7-2023), lo que motivó el recurso bajo análisis de demandado en el que solicito su ordinarización.
2. En primer lugar es preciso señalar que la naturaleza de los derechos comprometidos y el marco normativo de orden público que los regula, justifica un juicio de admisibilidad favorable del recurso (esta Sala en causa nro. 159.034 del 21/03/2017, 148693 del 29/8/2011).
Consideramos que no corresponde en casos como el presente la aplicación de la regla de irrecurribilidad del art 321 último párrafo del C.P.C.C., prevista para aquellas providencias en las cuáles el juez decide la clase de proceso que corresponde aplicar a la acción sometida a su jurisdicción pues, para la consagración de derechos sustanciales, es menester garantizar mecanismos para su tutela efectiva.
Este criterio, favorable a la admisión del recurso, ha sido sostenido por la C Nac Fed. CC Sala I al disponer que "la resolución con fundamento en el atr 53 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que imprime a la acción el trámite del juicio sumarísimo, no se encuentra alcanzada por la regla de la inapelabilidad dispuesta en el artículo 498, inciso 5º del Código Procesal" (citado por Lorenzetti, Ricardo Luis en "Consumidores" Segunda Edición Actualizada, Ed. Rubinzal-Culzoni, p.607, Santa Fe 2009).
3. El art. 53 de la ley 24.240 (t.o. según ley 26.361) prevé un proceso especial para las cuestiones de consumo al prescribir que " se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado " (la cursiva y el subrayado nos pertenecen).
Esa disposición es de índole federal, destinada no sólo a regir respecto de las acciones a promover en jurisdicción nacional, sino también en los fueros locales, en razón de su finalidad tuitiva consistente en proporcionar una mayor protección a los consumidores y usuarios, por ello la norma no prescribe expresamente que el procedimiento a seguir sea el sumarísimo (Bersten Horacio, "El procedimiento sumarísimo es el que corresponde aplicar a las acciones de consumo", La Ley, 05/08/2007, pág. 3; Cám. Nac. Com., Sala C, "Martínez Carlos c/ HSBC BAnk Argentina SA" fallo del 29/06/2010).
Por su parte el art. 23 de la ley 13.133 (texto según Ley 14.514) establece: " ...Las pretensiones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios derivadas de las relaciones de consumo tramitarán por el proceso sumarísimo previsto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, a menos que a solicitud de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más eficaz... ".
Cabe concluir entonces que es posible para el juez otorgar un trámite que permita un debate más amplio, siempre y cuando ello sea a pedido de parte y mediante una resolución fundada basada en la complejidad de la pretensión.
Ante la ausencia de consenso entra las partes, cabe analizar la complejidad de la causa y, en tal tarea, estimamos que el tipo de proceso sumario resulta suficiente para garantizar el acceso real y efectivo a la prevención y solución del conflicto, el que, en principio, no presenta un grado de complejidad tal que justifique la necesidad de transitar una vía de mayor amplitud (argto. art. 23 de la ley 13.133 -texto según ley 14514- arts. 42 y 43 Const. Nac.; 38 de la Const. pcial., 242, 246 y concs. CPCC; . 53, 65 y conc. ley 24.240 -modif. por ley 26.361-; art. 23 de la ley 13.133 -texto según Ley 14514-).
El marco de conocimiento que da el juicio sumario conjuga de manera adecuada la cuestión ventilada (y la prueba que a tal fin deberá producirse) y con la directriz de celeridad que exige la naturaleza consumerista (esta Sala en causa nro.148.693 del 29/8/2011); y ello resulta concordante con la solución que contempla el art. 53 de la ley 24.240 al aludir a las normas del proceso de conocimiento más abreviado, pues entre el trámite sumario y el ordinario el primero resulta más expedito.
4. A su vez, todas las alegaciones formuladas por la accionada se presentan como generales e hipotéticas y no logran demostrar de manera concreta y certera la conveniencia de un tipo de trámite sobre otro.
Particularmente, se cuestiona el plazo de 10 días para contestar la demanda cuando lo cierto es que dicho plazo se encuentra suspendido desde el 15-9-2023.
Ninguna mención se realizó en cuanto a la necesidad de contar con un mayor número de testigos, ni se indicó el eventual beneficio que significaría la posibilidad ofrecer una prueba pericial de parte (arts. 428, 459, 489, 492 y concds. del CPCC).
Tampoco se advierte de qué manera el trámite sumario vulnera el derecho a la igualdad, en tanto sus reglas son aplicables a ambos litigantes.
En lo concerniente a la violación al derecho de defensa, no se observa de qué forma dicho trámite puede afectar a la demandada en el ejercicio de sus derechos, ya que la mera alegación genérica acerca de la diferencia en algunos plazos procesales o la inexistencia de ciertos actos procesales no resulta demostrativa de tal vulneración (arts. 34, 484, y ccdts. del CPCC; arts. 11 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 16, 18, 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, argto. este Tribunal, Sala I en causa nro. 174.532 R. 532 del 29/09/2022).
5. Por las razones dadas, y en atención a la complejidad de la pretensión y a los medios probatorios hasta ahora ofrecidos, arribamos a la conclusión de que debe rechazarse el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar lo resuelto en la instancia anterior (arts. 34, 242, 484, y ccdts. del CPCC; 23 de la ley 13.133; 53 de la ley 24.240; 38 de la Constitución Provincial; 42 de la Constitución Nacional).
V. Publicación de "banners".
1. La controversia resulta análoga a lo resuelto por esta Sala en la causa nro. 172.681 (RS 118 del 24-5-2022) y 172.680 (RS 188 del 2-8-2022), por lo que transcribiemos en lo pertinente la doctrina que allí se estableciera.
2. La demandada solicita que se deje sin efecto la publicación de un banner en su sitio web a fin de comunicar la acción entablada a sus clientes con fundamento en que ello resulta prematuro y debe efectuarse luego de contestada la demanda y resolverse las excepciones previas.
Sin embargo, el fundamento citado por el colega de primera instancia para enmarcar la orden apelada es el juego de los arts. 34 y 36 del CPC.
El ordenamiento procesal confiere a los jueces ciertas atribuciones dentro de las cuales se encuentran las facultades ordenatorias e instructorias, que otorgan -dentro de un marco de discrecionalidad- la posibilidad de dictar medidas que amplían su radio de acción (argto. arts. 34 y 36 del CPC).
Si bien las decisiones que dictan ellos en uso de tales facultades son por regla inapelables, lo cierto es que en situaciones excepcionales se admite el recurso de apelación, si se causa un gravamen a las partes o se altera el derecho de defensa (conf. HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios , Librería Editora Platense, La Plata, 2000, p. 325; esta Sala, causa N° 161.475 RSI 260 del 7-6-2016; entre otras).
A su vez, atento a la naturaleza de la cuestión planteada y las características excepcionales de los procesos colectivos, podemos ponderar que ciertas limitaciones formales no son convenientes en estos casos, pues en el contexto actual es necesario ampliar el número de sentencias que contribuyen al robustecimiento de la seguridad jurídica.
3. Los cauces procesales de las acciones colectivas han sido elaborados originariamente por la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (" Halabi , Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986", sent 24-2-2009), dado que la legislación sobre el tema es meramente referencial (v.gr. arts. 54 Ley 24.240, 26 de la ley 13.133, 34/37 Ley Provincial del Ambiente, nro. 11.723, o algo más específica en los arts. 4, 7 y 8 de la Ley de Amparo local, nro. 13.928 según ley 14.192), de allí que sigue siendo el Máximo Tribunal quien delineó el régimen aplicable a este tipo de procesos a través de sus pronunciamientos (" PADEC c/ Swiss Medical S.A . s/ nulidad de cláusulas contractuales", del 21/8/2013; "Unión de Usuarios y consumidores c. Telefónica de Argentina S.A.", del 6/3/2014; "Unión de Usuarios y consumidores c. Estado Nacional y Secretaria de Comunicaciones", del 6/3/2014; "Consumidores financieros Asociación Civil s. su defensa c. La Meridional Cía. Argentina de Seguros", del 24/6/14; Consumidores Financieros Asociación Civil c. Banco Itau Buen Ayre Argentina S.A." del 24/6/2014; "Consumidores Financieros Asociación Civil c. Prudentia Cía. Argentina de Seguros civiles s. ordinario", del 27/11/2014; "Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo", del 10/02/15; "Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur vs. Loma Negra Compañía Industrial Argentina y otros s. Ordinario", del 10/02/15).
Vale aclarar, ante todo, que los pronunciamientos de la Corte Federal no pretenden reglar los procesos colectivos, ni podrían hacerlo so pena de violar el principio republicano de la división de poderes, sino que de lo que se trata es de atenuar la falta de previsión normativa expresa a los fines de evitar que los derechos de nuestra Constitución queden sin posibilidad de defensa en los hechos, dado que las pocas referencias legales que existen tienen como peculiaridad su carácter parcelado y asistemático, y que antes de partir de una regulación integral previendo los diferentes intereses cuya tutela puede procurarse en su ámbito establecen referencias solapadas en marcos sectoriales (vg. ambiente, defensa del consumidor, etc.), por ello la doctrina legal es trascendente en estos supuestos estableciendo ciertas herramientas pretorianas para paliar dicha coyuntura (Rosales Cuello, Ramiro y ot., "Finalidades del proceso colectivo. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema", en: LA LEY 16/06/2015, 16/06/2015, 1 - LA LEY2015-C, 1103; online: AR/DOC/1463/2015; esta Sala, causa nro. 171131, sent 22-4-2021 "ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DEFENDETE SIN FINES DE LUCRO C/ CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES").
En particular, en el considerando "20" de "Halabi", estima esencial, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. El Máximo Tribunal llama a que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a
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