Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 21772
San Isidro, 12 de Diciembre de 2019.
I. La resolución del 17-5-2019 hizo lugar a la excepción de defecto legal interpuesta por la demandada Decurgez en cuanto le otorgó a la parte actora el plazo de diez días para que cuantifique estimativamente el reclamo, acompañe una autorización para promover este proceso en nombre del sucesorio de su hermana y aclare la acción que dirige contra la letrada mencionada. Difiere el tratamiento del resto de las defensas para la oportunidad en que se cumpla con las aclaraciones requeridas. Impone costas en el orden causado.
Esta decisión es apelada por el apoderado de la actora el 3-6-2019, por la demandada Decurgez a fs. 344 y por los demandados Norberto, Omar y Fernando Rivero mediante escrito electrónico del 18-7-2019.
II. Primeramente, y luego de observar la actividad recursiva desplegada por los litigantes, cabe analizar la temporaneidad del recurso interpuesto por los demandados Norberto, Omar y Fernando Rivero mediante escrito electrónico del 18-7-2019.
Es atribución de esta Alzada examinar la procedencia del recurso de apelación concedido en la primera instancia, lo que debe hacerse oficiosamente y con prioridad respecto del análisis de la cuestión a decidir, en virtud del orden público de las reglas que gobiernan la materia, sin estar obligada ni por la voluntad de las partes ni por la concesión hecha por el juez de primera instancia (art. 271 del CPCC; Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Buenos Aires y de la Nación"; Abeledo-Perrot, 1996, 2 ed. T III, pág. 392). Ello legitima la actuación de oficio de las facultades indicadas y por lo tanto puede determinar, si quien interpuso el recurso de apelación es parte, tiene interés en su interposición y si ha sido deducido en término (SCBA. Ac. y Sent. 1971, v.II, p, 166; 1976, v.III, p. 454 o DJBA, v. 111, p. 57; v. 126, p. 185; Morello, op. cit. p. 393; causas de esta Sala I, 2.643, reg. sent. int. nº 371 del 18/8/2016; 64.094, reg. int. nº 494 del 13/10/2015, 62.908, reg. sent. int. 441 del 17/10/2014; AI-SI-47917-8, 02/8/2012 entre otras; Morello, obra cit. pág. 395).
En virtud de ello, el Tribunal de Alzada, como juez del recurso de apelación, puede rever el trámite seguido en primera instancia, tanto en lo relacionado con su concesión, como en lo referente a la presentación de los memoriales (causas citadas).
En ese sentido, esta Sala ha dicho que la notificación tácita de resoluciones no se opera solamente cuando se retira el expediente (art. 134 del CPCC), sino también aquellos casos en que las peticiones formuladas demuestren sin lugar a dudas el conocimiento de aquéllas, desde que no debe tolerarse la pretensión de que existan desconocimientos fictos, cuando la realidad hace presumir lo contrario (conf. Morello, Augusto M; Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto Morello; Códigos Procesales En Lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, 2ª ed. T° II-B, págs. 719/720; SCBA, Ac. 54024 I 12-3-2008; causas de esta Sala nº 59.4657, reg. sent. int. 289 del 27-6-2017; 3.282 reg. sent. int. 358 del 139-2012; 44.932 r.i. 251/87; 56.046 r.i. 320/89; 60.472 r.i. 169/93; 62.136 r.i. 822/93; 62.916 r.i. 76/94).
Bajo esta hipótesis, no puede soslayarse que en el escrito presentado el 4-7-2019 (fs. 349) por la Dra. Yanina Carrera, ejerciendo la representación de los demandados conforme poder que luce a fs. 350/352, se hacía clara mención a la providencia del 17-5-2019 (fs. 327/330). Si bien dice que sus mandantes no estaban debidamente notificados de la resolución ahora apelada, menciona tal pronunciamiento en tres oportunidades. Surge evidente que tales manifestaciones implican una notificación tácita de aquellos a quienes representa pues, dado el rol que desempeña, no puede invocar que desconocían lo oportunamente resuelto.
Así pues, habiendo finalmente recurrido la providencia interlocutoria el 18-7-2019, tal actividad resultó extemporánea (art. 244 del CPCC).
En consecuencia, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto el 18-7-2019 por los demandados Rivero.
a. La parte actora presenta un extenso agravio mediante escrito electrónico del 17-6-2019.
Comienza haciendo un pormenorizado relato de las circunstancias fácticas que dieron origen a este proceso, así como de las actuaciones procesales cumplidas hasta la resolución en crisis.
Así pues, explica todo aquello que aconteció antes de firmar el convenio cuya nulidad aquí persigue y lo que motiva la controversia judicial. Además, detalló los antecedentes relativos a la cuantificación de la demanda, la precisión de la cosa demandada y la personería invocada.
Ahora bien, con respecto a la falta de cuantificación que se le achaca (al menos a modo estimativo) so pretexto de inequidad, destaca que es la propia parte demandada la que –mediante un obrar fraudulento- le impidió determinar el monto de la acción. La excepción de defecto legal procede solo cuando se impide al demandado el ejercicio del derecho de defensa. Sostiene que conocer una cifra certera no altera la réplica de sus adversarios. Por otro lado, refiere que el único fin perseguido es obligarla a pagar el tributo judicial. Tampoco comprende por qué se le exige una estimación si ello no tendrá efectos sobre la cuantificación al momento de sentenciar. Se le reclama una mera formalidad sin destino procesal.
Luego, en punto a la presunta indeterminación de la acción deducida, dice que los demandados comprendieron el objeto del libelo inicial. Se defendieron por nulidad, fraude y daños y perjuicios, no pudiendo imputársele ninguna orfandad. Agrega que si la propia Decurgez se defiende invocando que no puede demandársela por nulidad de un acto que no firmó, ello es prueba suficiente que comprendió el objeto del juicio.
Por último, se refiere a la autorización expresa que se le requiere para demandar en nombre de su hermana. Destaca dos cuestiones: los bienes de la fallecida (con capacidad cuestionada) no pueden ser habidos sin la promoción de la demanda y su designación como administradora tiene la finalidad de promover tales acciones. Sostiene que no hay bienes susceptibles de ser administrados a raíz de una indebida apropiación por parte de los demandados, esbozando que es un acto típicamente conservatorio el de demandar a sus apropiadores, evitando convalidar el hecho y la configuración de prescripciones.
Sustanciados los agravios, la demandada Decurgez responde a fs. 355/357. Cuestiona los términos empleados por quien se agravia y la utilización del memorial como un encubrimiento para ampliar hechos relativos a los que aquí se debaten.
Respecto de la cuantificación, alude a una denuncia penal donde la actora habría hecho referencia a que pretende recuperar “decenas de millones de dólares estadounidenses”. También le cuestiona que critique la equidad, puesto que no es lo mismo para una persona ser demandada por 1.000 $ o 20.000.000 $.
En cuanto a la determinación del objeto de la demanda, dice nunca haber sido citada a mediación por nulidad; tampoco cabe dicha figura para quién no suscribió el documento. De todos modos, la acción estaría prescripta.
Por último, frente a la falta de personería, sostiene que nunca se le otorgaron facultades ad litem para litigar como aquí intenta.
b. Sentado ello, corresponde analizar el memorial presentado por la demandada Decurgez a fs. 348.
Se agravia por las costas impuestas por su orden bajo el argumento de haber merituado los “matices y particularidades del caso”. Expone que todos sus planteos defensivos fueron admitidos, resultando clara vencedora en lo que aquí se dirime.
Sustanciado el fundamento, el apoderado de la parte actora propicia su deserción, explicando que -en su propio memorial- detalló los yerros que tal pronunciamiento padece (escrito 4-7-2019).
El apoderado de la actora pide la deserción de los agravios vertidos por la demandada Decurgez en torno a las costas impuestas por su orden. Entiende que la fundamentación no cumple con los recaudos que exige la norma procesal local.
Se ha de recordar que expresar agravios es, conceptualmente, ejercitar el control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del juez y, por ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que causara (CACC San Isidro, Sala 1º, causas nº 68.165, 68.667, entre otras).
Ello así, el Tribunal de Alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que meramente denotan disconformidad subjetiva con la sentencia y que por eso son insuficientes como fundamentación del recurso (doc. arts. 246 y 260 del CPCC).
Sin embargo, de la simple lectura del memorial obrante a fs. 348, se observa que la demandada brinda fundamentos por los cuales considera que la imposición de costas debe revertirse, refiriéndose en forma concreta a las circunstancias y normas que determinarían tal modificación.
En consecuencia, no advierto que haya una crítica genérica que no respete los lineamientos que signa el art. 261 del CPCC. Por lo cual, corresponde desestimar el pedido de deserción de agravios formulado en el escrito del 4-7-2019.
Ahora bien, adentrándonos en la excepción de defecto legal que prosperó, cabe hacer un análisis por separado de las dos cuestiones que se le exige subsanar a la actora, tal la cuantificación de la demanda así como la designación precisa del objeto litigioso respecto de la co-demandada Decurgez.
La excepción de defecto legal prevista en el artículo 345 inc. 5° del CPCC consiste en la falta de determinación clara y precisa del alcance cualitativo y cuantitativo de lo que se pide, o en no exponer sucintamente los hechos alegados a punto tal que la defensa en juicio del contrario sufre menoscabo al ignorar a ciencia cierta cuál es la “cosa demandada” de modo que no pueda ejercer u ofrecer las pruebas conducentes (causas n° 99.587, 95.247, 67.573 reg.660 del 13-10-1995, 68.767 reg.15 del 2-2-1996, 68.915 reg.100 del 14-3-1996, 69.791 reg. 292 del 6-6-1996 y 74.741 reg. 664 del 7-10-1997, entre muchas otras de la anterior Sala I).
En otras palabras, esta defensa es procedente si en el escrito inicial o de reconvención no se establece con precisión quién demanda; o en su caso, cuál es el objeto demandado y para qué se demanda (causas nº 99.361, 76.430 r.i. 198 del 6-3-1998 y 74.448 de la anterior Sala 1 –Arazi y Medina-).
Este impedimento procesal reposa en la función tuitiva de evitar que la contraparte se encuentre inmersa en una verdadera indefensión, al no permitírsele oponer las defensas adecuadas; pero ello no habilita, sin más, para exagerar el rigorismo de las formas, pues de esta manera se convertiría en un instrumento de denegación de justicia y se incurriría en un exceso ritual manifiesto (Morello, Augusto Mario, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, Tº IV-B, segunda edición, Editorial Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, pág. 282; causas n° 24.582, “Latorre c/ Kryksman s/ Rendición de cuentas”, reg. n° 40 del 27-2-2014 y n° 9192/11 “Nicolai c/ Tarnosky s/ Reivindicación”, reg. n° 227 del 27-5-2015).
El principio que sustenta esta excepción cede en dos supuestos: a) cuando las circunstancias del caso no permitan fijar el quantum de la obligación, por requerir una actividad probatoria aún no realizada; b) cuando la estimación dependa de elementos no definitivamente fijados, pues cuando la determinación fuere teóricamente posible con anterioridad a la interposición de la demanda, el actor no puede esperar ante la inminencia de que se opere la prescripción de la acción (Morello, Augusto Mario, ob.cit., pág. 51).
Además, se ha sostenido que no procederá la excepción planteada en los casos en que las partes, no se hayan visto impedidas de formular su responde ejerciendo eficazmente el derecho de defensa, lo que revela la inexistencia de una incertidumbre que le permita conocer lo que pretende la contraparte; ello pues, desde que ha demostrado conocer acabadamente y en toda su magnitud la pretensión, contestando la acción con todos los recaudos que le permitieran asegurar la efectiva defensa de su derecho (CACC, La Plata, Sala II, causa 62.323, “Scaserra, Juan Ángel c/ Asociación del Fútbol Argentino s/ Daños y Perjuicios”, r.s.i. 171/87; causa de esta Sala n° 108.251, "Acuña, Carlos Alberto c/ Banco Santander Rio S.A. s/ Ordinario").
Corresponde en este estadío analizar cada situación en que se fundó el defecto legal que –en la instancia de origen- prosperó.
a. Como primera cuestión, se encuentra controvertido si la demanda instaurada pudo cuantificarse con los elementos disponibles al momento de entablar la acción. También se analizaron las implicancias que puede tener dicha omisión, tanto desde el derecho de defensa en juicio como de las cargas por tributos judiciales. En definitiva, se le exige a la actora una cuantificación estimativa del reclamo.
El defecto legal comprende no sólo la omisión del cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 330 del CPCC, sino también las ambigüedades de su texto que impidan se establezca con precisión quien demanda o a quien se demanda; o, en su caso, qué se demanda y para qué se demanda (conf. CACC San Isidro, Sala 1, causa n° 68.767 r.i. 15/95). Establecer si una demanda es confusa es siempre una cuestión de hecho que debe examinarse prudente y cautelosamente, para evitar que mediante el uso indebido de este impedimento se logre una innecesaria dilación del proceso (Alsina “Tratado Teórico-Práctico de Derecho civil y comercial”, T° III, pág. 110; Morello, Augusto, obra citada, T° IV, pág. 320), y en el caso específico de los montos de la demanda cabe recordar que expresamente el inc. 6 del art. 330 del CPCC faculta al demandante para estimar provisionalmente la pretensión, supeditando el monto final al dictamen de peritos o “a lo que en más o en menos resulte de la prueba” (conf. causa n° 49.453 r.i. 37/89; 69.791 r.i. 292/96 entre muchas otras de esta Sala).
En el caso, si bien es cierto que la demandada ha podido ejercer su defensa oponiendo las excepciones señaladas, lo cierto es que no se ha estimado –siquiera provisoriamente- el monto de lo que pretende recuperar mediante la nulidad del convenio celebrado, daños y perjuicios, colación y la restitución de las hijuelas a un parámetro de equidad; tampoco supeditó la cuestión a lo que resulte de las pruebas ofrecidas.
De la simple lectura de los escritos que conforman la demanda notificada a sus adversarios, es decir de fs. 21/28, 75/81, 99/102 y 225/228; en ninguno de ellos se ha expresado en un apartado autónomo cuál es el monto (aun estimativamente) que pretende obtener con estas múltiples acciones, si aquel debe quedar librado al prudente arbitrio del juez conforme probanzas a producir o alguna precisión concreta que arroje certezas; máxime considerando que los demandados tienen derecho a ejercer una tutela integral de lo que se le reclama (Art. 330 inc. 6º, 354 y conc. del CPCC; Art. 18 CN).
Por consiguiente, entendemos propicio confirmar la admisión de la excepción de defecto legal, debiendo subsanarse en Primera Instancia la omisión señalada (arts. 330 inc. 6º y 354 inc. 4 del CPCC).
b. Como segundo punto, se le requirió a la actora –bajo la figura del defecto legal- que aclare qué acciones dirigía contra la demandada Decurgez.
La demandante, al agraviarse, adujo que no había concepto oscuro por clarificar. Dijo haber accionado por nulidad de convenio (al haber mediado vicio de la voluntad en una maniobra de tipo fraudulenta), a la par que requirió colación y una indemnización por daños y perjuicios. Sostiene que su adversaria comprendió acabadamente la extensión del reclamo y, con sus argumentos, se defendió in totum de cada acción instaurada.
Como fue referido, bajo la excepción de defecto legal se intenta subsanar aquellos conceptos confusos con el fin de obtener certezas acerca del derecho cuyo reconocimiento se persigue. Tanto la demandada Decurgez como la Magistrada interviniente parecen no tener en claro qué acción (o acciones) se interpone contra quien fuere la letrada que representó a los herederos en el sucesorio que tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial nro. 11; pues advierten un relato desordenado y extenso en el que no quedó específicamente determinado el objeto litigioso.
Así pues, cabe revisar los términos de la demanda para verificar la viabilidad de la defensa articulada y la necesidad de efectuar aclaraciones.
Analizando las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda y sus respectivas ampliaciones, se advierten determinadas expresiones y reclamos que pueden generar controversia.
Observando el escrito inicial de fs. 21/28, interpuesto a los fines de interrumpir la prescripción, se mencionan las acciones de nulidad, inoponibilidad, colación, reducción, fraude, daños y perjuicios y otras que pudieran surgir –sic-; todas ellas presuntamente contra múltiples demandados, sin especificarse contra quién iba direccionada cada cual.
Luego, a fs. 75/81 amplía demanda, acompaña denuncia penal y aporta hechos con mayor detalle. A fs. 99/102 amplía prueba y, finalmente, a fs. 225/228 presenta un escrito titulado “formula precisiones”, aunque tampoco parece cumplir con el cometido bajo análisis. Adúnese a ello que en un apartado expone que la acción de nulidad por dolo “prima sobre reducción o colación” (sic) para luego finalizar diciendo que “en subsidio y a todo evento, desde ahora, se deja interpuesta la acción de colación” (ver f. 226).
Bajo este panorama, no se encuentran cumplidos los recaudos del art. 330, incs. 3 y 6, donde se afincan los requisitos de “la cosa demandada, designándola con total exactitud” y “la petición en términos claros y positivos”. En la sucesión de escritos presentados, se narran varios hechos y se ofrece cuantiosa prueba para demostrar sus asertos pero, en nuestra opinión, los diversos objetos que persigue con la promoción de esta demanda no están suficientemente claros, menos aún si se considera que hay multiplicidad de demandados.
Por consiguiente, compartimos el criterio signado en la instancia de origen, debiendo la actora aclarar en forma inequívoca cuáles son las acciones que mantiene, bajo qué norma legal se ampara y contra quién (o quienes) las dirige (Art. 330 del CPCC).
En virtud de lo expuesto, se rechaza el recurso intentado, confirmándose la decisión apelada.
VI. Representación de María A. Margarita Rivero El pronunciamiento recurrido decide otorgar el plazo de diez días a la parte actora para que subsane el defecto de personería apuntado, toda vez que no contaría con autorización judicial suficiente para promover este proceso como administradora del sucesorio de María Alejandra Margarita Rivero.
La actora apela tal decisión y sostiene ostentar facultades suficientes para accionar en nombre de su hermana fallecida, a la que atribuye una pública y notoria discapacidad no dictaminada por el trámite judicial correspondiente.
Comenta que, por consejo de la demandada Decurgez, su hermana quedó fuera del sucesorio de sus padres, aunque se resguardaron bienes por una porción que -por ese entonces- consideraban ecuánime. Dicho patrimonio permaneció bajo la administración de sus hermanos y, al momento de su fallecimiento, la herencia se vio sensiblemente reducida mediante un ardid de aquellos. Por ende, persigue ahora la recomposición de la situación patrimonial de la causante, explicando que es el único acto conservatorio que puede realizar, dado que su patrimonio hoy sería “virtual”.
Analizando la crítica de la recurrente, cabe recordar lo que dice la norma específica al respecto. El art. 747 del CPCC señala, en su parte pertinente, que “cuando no mediare acuerdo entre los herederos, el administrador podrá ser autorizado por el juez para promover, proseguir o
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