Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 122451
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica parcialmente el decisorio apelado de fs. 84 vta, que fuera aclarado a fs. 86, y ampliado a fs. 106/107 y se decreta con carácter de medida cautelar anticipada (arg. art. 207 y conc. del C.P.C.C.) y sin que sea necesario prestar contracautela (arg. arts. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133; art. 202 inc. 2 del C.P.C.C.), la suspensión del cobro del “cargo por envío” que comenzó a cobrar el Banco de la Provincia de Buenos Aires a todos sus clientes por la remisión de la información relacionadas con los servicios prestados, sean estos por caja de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito, etc; como así de requerirlo cualquier consumidor, remitir nuevamente la información pertinente mediante el uso del formato papel sin cargo económico alguno para el cliente. Dentro del plazo de 20 días, la actora deberá notificar la acción a la entidad bancaria demandada, bajo apercibimiento de caducidad de la medida. Instruméntese en la instancia de origen la efectivización de la presente. En cuanto a la medida cautelar solicitada en subsidio en el punto IV del escrito de fs. 157/163 deberá, de así estimarse por la actora, ser reiterada por el interesado y resuelta por el señor Juez de Grado (arg. arts. 266, 272 del C.P.C.C.).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXIV
Causa N° 122451; Juzgado En Lo Civil Y Comercial Nº16 - La Plata
Centro De Orientacion Defensa Y Educacion Del Consumidor - Codec C/ Banco De La Provincia De Buenos Aires S/ Nulidad De Contrato
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 22 de noviembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. La resolución de fs. 84 vta, que fuera aclarada a fs. 86, se apeló en forma subsidiaria por la actora a fs. 89/98, remedio que fuera concedido a fs. 107 (art. 238, 241, 148 del C.P.C.C.), obrando a fs. 108/113 ampliación de los fundamentos por parte del recurrente. En lo que aquí compete, fueron diversos los puntos de agravios los propuestos oportunamente ante esta Alzada, que se expidió en relación a varios en el resolutorio de fs. 135/144, declarando abstracto en esa oportunidad el tratamiento de la impugnación de la cautelar que viene, ahora, nuevamente a consideración.
II. 1. La Asociación actora inicia la presente demanda colectiva contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la que se peticiona la declaración de nulidad de cualquier modificación en la forma de envío de la información a los consumidores sin solicitud expresa de estos (y la consiguiente vuelta al sistema previo), así como de todo lo cobrado por el “cargo por envío postal” (tanto de las tarjetas de crédito, cajas de ahorro y cuentas corriente) desde el momento del inicio del cobro, hasta el momento de la sentencia (v. fs. 45/83; art. 330 y conc. del C.P.C.C.).
Solicitó la accionante como medida cautelar (v. fs. 75 vta/78 capítulo XII) el cese inmediato del cobro por el envío de la información en formato papel y por el otro la adhesión compulsiva al sistema electrónico, por lo que debe en su criterio volverse al “status quo” anterior; es decir, requiere que se ordene a la demanda que revierta las adhesiones que no hayan sido solicitadas previamente y en forma expresa por los consumidores.
2. El señor Juez de grado desestimó la medida cautelar solicitada, indicando que de accederse a lo solicitado, se abriría opinión sobre el fondo de la cuestión debatida (v. fs. 84).
3. Interpuso la actora contra aquél pronunciamiento recurso de reposición con apelación en subsidio a fs. 89/98, que fue desestimado a fs. 106/107, expidiéndose el Magistrado –entre otros cuestionamientos- respecto del rechazo de la cautelar. Amplió en ese decisorio sus fundamentos y concedió el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.
4. A fs. 108/113 el apelante, en virtud de que el Juez a fs. 106/107 se abocó, dirimió y amplió ciertas cuestiones en la aclaratoria interpuesta sosteniendo la desestimación de fs. 84 de la cautelar, delimitó entonces el primigenio recurso de fs. 89/98 por el rechazo de la medida cautelar peticionada.
III. 1. Esta Sala, al tratar a fs. 135/144 el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto contra la resoluciones del Juez a-quo, en lo que respecta a la cautelar, meritó un hecho sobreviniente que impedía resolver en esa oportunidad.
En efecto, se sostuvo que el apelante fundó la verosimilitud del derecho de la medida cautelar en el texto del artículo 4 de la ley 24.240 (v. fs. 76 vta), habiendo sido modificada esa norma luego por el artículo 169 del decreto nacional 27/2018, que ya se encontraba vigente a la fecha del fallo de Alzada.
La redacción del nuevo permite que la información que brinde el proveedor al consumidor –que debe ser siempre gratuita- sea proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. Asimismo, prevé que en caso de no encontrarse determinado el soporte, éste deba ser electrónico.
2. Conforme ello, concluyó este Tribunal en esa oportunidad –entonces- que la modificación sustancial al artículo 4 de la ley 24.240 establecida por el artículo 169 del decreto nacional 27/2018, tornaba en inoficioso que la Alzada se pronunciara sobre los agravios propuestos, dado que la mencionada circunstancia sobreviniente tornaba carente de contenido y significación actual el debate suscitado en el caso por estar referido a la interpretación y alcance de preceptos que al momento del fallo no se encontraban ya vigentes y cuyo contenido había sido redefinido por la nueva redacción de la norma.
3. Se ordenó entonces la remisión de las actuaciones a la instancia de origen para que el actor alegue al respecto y eventualmente volviera a fundar la procedencia de la medida cautelar requerida de considerarlo así necesario a tenor del régimen vigente, con las modificaciones del decreto nacional 27/2018. Que en su caso, debía darse vista al señor Agente Fiscal interviniente, lo que iba a motivar, entonces, un nuevo pronunciamiento del Juez a quo, cuya resolución anterior, conforme lo que allí se expresaba, se dejaba sin efecto.
IV. 1. Remitidas las actuaciones a primera instancia y sin resolverse la cuestión relativa a la medida cautelar conforme la nueva redacción del artículo 169 del decreto 27/2018 del P.E.N., sucede un nuevo hecho sobreviniente. La ley 27.444 (B.O. 18/06/2018), artículo 134, derogó, entre otros, el artículo 169 de decreto de necesidad y urgencia 27/18 del 10 de enero de 2018, recuperando –por ende- el artículo 4 de la ley 24.240 su redacción original vigente al momento de solicitarse en autos la medida cautelar.
2. La actora reiteró a fs. 157/163 la resolución de la cuestión propuesta, peticionado subsidiariamente, en el punto IV, el dictado de una cautelar alternativa.
El Juez de Primera Instancia a fs. 167 resolvió que de conformidad con el estado del trámite de las actuaciones y más allá de lo resuelto a fs. 144 por la Alzada acerca de la necesidad de un nuevo pronunciamiento cautelar, toda vez que las circunstancias fácticas sobre las que se sentara el criterio original de fs. 107 retomaron nueva virtualidad jurídica, debía el expediente elevarse a la Cámara interviniente a los efectos del oportuno tratamiento del agravio introducido en la apelación concedida contra la original disposición.
V. En virtud de las implicancias que imbrica al caso el artículo 134 de la 27.444 que derogó el artículo 169 de decreto de necesidad y urgencia 27/18, el artículo 4 de la ley 24240 (T.O. Ley 27250) recuperó la redacción original vigente al momento de solicitarse en autos la medida cautelar.
Así, el artículo 4 de la ley 24.420 citado, en la redacción vigente prescribe: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Sólo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.”.
Cobra, entonces, nueva virtualidad el anterior resolutorio atacado y sus embates que han sido sometidos a decisión, que deben ser resueltos por esta Alzada (arg. arts. 163, 242, 246, 266, 272 y conc. del C.P.C.C.).
VI. Peticionó oportunamente la actora que en los términos del artículo 195 y conc. del C.P.C.C., se ordene a la demandada el cese del cobro “cargo por envío postal” a todos los consumidores a los que se les estuviera facturando al momento del dictado de la medida, ello hasta que recaiga sentencia definitiva.
Por otra parte, requirió que hasta tanto no demuestre la accionada de manera fehaciente que ha obtenido válidamente el consentimiento en forma individual, expresa y previa de los consumidores para adherirse al sistema electrónico, reinicie el envío gratuito de los resúmenes formato papel.
El señor Juez de grado resolvió denegar la medida porque a su criterio, de accederse a lo solicitado se abriría opinión sobre el fondo de la cuestión debatida.
Luego, amplió sus fundamentos al tratar la reposición contra la desestimación de la medida (v. fs. 107), indicando el apelante a fs. 110 vta/112 su postura al respecto.
VII. Es principio general que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un accesorio que se otorga en consideración al derecho invocado y que habrá de ser materia de resolución en la sentencia definitiva. Tienen por efecto asegurar el eventual derecho del acreedor, que pueda ser judicialmente reconocido, a fin de evitar que el mismo se torne abstracto en caso de que no pueda posteriormente ser satisfecho.
La fundabilidad de la pretensión que constituye el objeto de la cautela no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido (C.S.J.N. 24/7/91 L.L. suplemento del 30/1/92, fallo 90078).
Constituyendo este tipo de medidas un "anticipo de la garantía jurisdiccional", se otorgan sobre la base de la mera verosimilitud del derecho que se pretende garantizar -fumus bonis iuris-, el peligro en la demora y la contracautela, sirviendo a un proceso principal y siendo su existencia provisoria, al depender del litigio del cual derivan (arts. 195, 199, 202, y conc. del CPCC).
Respecto a la verosimilitud del derecho, cabe indicar que la misma significa que, para poder cumplir su función de prevención urgente, las providencias cautelares deben contentarse, en lugar de la certeza que solamente podría lograrse a través de largas investigaciones, con la apariencia del derecho que puede resultar a través de una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria. Debe ser apreciada con criterio amplio, ya que no puede requerirse la prueba terminante y plena del mismo, lo que sólo se logrará al agotarse el trámite.
No obstante ello, dentro del criterio amplio con que ha apreciarse el requisito en análisis, no puede caber duda al juzgador que aún en grado de apariencia el derecho puede llegar a consolidarse en la sentencia definitiva.
VIII. En la especie, frente a la disposición y la inteligencia de la interpretación del artículo 4 de la ley 24.240 reformado por la ley 27.250 y sus normas complementarias propias de legislación de defensa del consumidor, se solicita el cese del cobro “cargo por envío postal” a todos los consumidores a los que se les estuviera facturando al momento del dictado de la medida, ello hasta que recaiga sentencia definitiva; como así y hasta tanto no demuestre la demandada de manera fehaciente que ha obtenido válidamente el consentimiento, en forma individual, expresa y previa de los consumidores para adherirse al sistema electrónico, se reinicie el envío gratuito de los resúmenes formato papel.
En definitiva, se trata la primera de una medida suspensiva del cobro del cargo por envío; por otra parte, una medida innovativa para remitir los resúmenes en formato papel respecto de los consumidores a los que se les empezó a dar en formato informático sin demostrarse sus conformidades expresas.
En este último caso, ha de indicarse que la medida cautelar innovativa o tutela anticipada, tiende a satisfaccer en forma previa lo que constituye el objeto motivo del pleito. Mediante la medida cautelar innovativa se busca alterar el estado de hecho o derecho existente al tiempo de su dictado, configurando un anticipo de la jurisdicción respecto del fallo final, por lo que requiere una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Conf. CSJN, Fallos 316:1833; causa P. 489-XXV del 25/6/1996).
Los presupuestos de la cautela innovativa son los comunes a todas las medidas precautorias, a saber: a) verosimilitud del derecho invocado, b) el peligro en la demora o la irreparabilidad del perjuicio y c) el otorgamiento de una contracautela.-
En principio, no resulta posible a través de una medida cautelar innovativa, procurar y obtener la satisfacción anticipada de lo que constituye el objeto concreto del pleito, ya que implica un adelanto en el cumplimiento de la pretensión, salvo situaciones especiales, en las cuales el paso del tiempo causará un perjuicio irreparable al requirente y/o tornará abstracta la cuestión, tal como emana de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C. 2348.XXXII; "Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf S.R.L. y otros").
En relación a la verosimilitud del derecho, cabe indicar que la real apariencia del derecho invocado conforma un requisito ineludible, cuya verificación se acentúa ante una eventual medida innovativa, dado que su hipotética admisión importa una verdadera alteración de la situación fáctica y procesal, fuera del tiempo propio y de las etapas del juicio.
El análisis de la cuestión de fondo a los efectos de la viabilidad de la medida, no importa prejuzgamiento, pues en ciertas ocasiones existen fundamentos de hecho o de derecho que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada. El anticipo de jurisdicción que incumbe a los Tribunales en el examen de ese tipo de medidas, no importa en modo alguno decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y llevaínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y el derecho de defensa en juicio del demandado (Cfme. CSJN, C. 2348.XXXII, ya citada).
IX. Frente a la disposición del artículo 4 de la ley de Defensa de Consumidor en cuanto a la gratuidad de la información que debe brindarse a los clientes, se advierte “prima facie” la posibilidad cierta de la configuración de la verosimilitud de toda medida cautelar. El peligro en la demora está dado en que los consumidores deberían seguir abonando compulsivamente cargos que pueden no encontrar sustento en el ordenamiento jurídico, situación que será definida recién en la sentencia definitiva.
Por ello, sin descuidar el resguardo que merece en la especie la situación subjetiva invocada en sustento de la pretensión cautelar y sin que implique esto un pronunciamiento del asunto, se estima pertinente dictarla con carácter de medida cautelar anticipada (arg. art. 207 y conc. del C.P.C.C.), en este caso, suspendiéndose el cobro del “cargo por envío” que comenzó a cobrar el Banco de la Provincia de Buenos Aires a todos sus clientes por la remisión de la información relacionadas con los servicios prestados, sean estos por caja de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de créditos, etc.
En vista a la incidencia en el patrimonio del demandado de la medida ahora dispuesta y a los fines de evitar dilaciones que perjudiquen al accionado indebidamente de no activarse el proceso, se fija la misma con un plazo de caducidad de 20 días, a los fines que la parte trabe la litis, por lo que deberá notificar la demanda, bajo apercibimiento de levantarla (art. 207, CPCC).
X. En cuanto a la restante medida peticionada, referido al restablecimiento del envío de la información en formato papel, no se advierte en este estado del proceso la configuración del peligro en la demora necesario y suficiente para admitir la misma con la amplitud requerida. No obstante ello, en tanto cualquier consumidor peticione volver al sistema de formato papel para el envío de la información, la demandada quedará obligada, por el alcance de lo aquí decidido en materia cautelar, a volver a remitir la información de esa forma, sin cargo económico alguno para aquél, conforme lo establece la manda legal, más allá de la interpretación que de ella se haga al momento del dictado de la sentencia definitiva.
XI. No se exige en el caso contracautela, atento el beneficio de gratuidad del que goza la parte actora de conformidad a lo dispuesto por los artículos 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, que ha sido otorgado por el Juez de grado a fs. 84 anteúltimo párrafo (art. 202 inc. 2 del C.P.C.C.).
XII. En cuanto la medida cautelar solicitada en subsidio en el punto IV del escrito de fs. 157/163 y más allá de los efectos de esta resolución, deberá -en su caso- ser reiterada por la actora y resuelta por el señor Juez de Grado (arg. arts. 266, 272 del C.P.C.C.).
POR ELLO, y en virtud de las consideraciones que anteceden, se modifica parcialmente el decisorio apelado de fs. 84 vta, que fuera aclarado a fs. 86, y ampliado a fs. 106/107 y se decreta con carácter de medida cautelar anticipada (arg. art. 207 y conc. del C.P.C.C.) y sin que sea necesario prestar contracautela (arg. arts. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133; art. 202 inc. 2 del C.P.C.C.), la suspensión del cobro del “cargo por envío” que comenzó a cobrar el Banco de la Provincia de Buenos Aires a todos sus clientes por la remisión de la información relacionadas con los servicios prestados, sean estos por caja de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito, etc; como así de requerirlo cualquier consumidor, remitir nuevamente la información pertinente mediante el uso del formato papel sin cargo económico alguno para el cliente. Dentro del plazo de 20 días, la actora deberá notificar la acción a la entidad bancaria demandada, bajo apercibimiento de caducidad de la medida. Instruméntese en la instancia de origen la efectivización de la presente. En cuanto a la medida cautelar solicitada en subsidio en el punto IV del escrito de fs. 157/163 deberá, de así estimarse por la actora, ser reiterada por el interesado y resuelta por el señor Juez de Grado (arg. arts. 266, 272 del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en el domicilio electrónico constituido a la parte actora (arg. art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos) y DEVUELVASE sin más trámite.
Fin de la sentencia