Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127978
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución de fecha 12 de marzo de 2021. Con costas a la parte recurrente (art. 68, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 127978; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
QUIROGA LUIS ALBERTO C/ HAUSWAGEN OLAVARRIA S.A. Y OTROS S/ NULIDAD DE CONTRATO (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 18 de mayo de 2021.
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto el 18/03/2021 por la parte actora, el que fuera fundado en la misma presentación, contra el proveído de fecha 12 de marzo de 2021. El día 22/03/2021 se desestimó la reposición incoada y se concedió el recurso de apelación subsidiaria. Con fecha 23/04/2021 presentó su dictamen el señor Fiscal de Cámaras, hallándose la causa en estado de resolver.
2. La señora jueza de la instancia anterior desestimó la reiteración de la medida cautelar pedida por la parte accionante. Para así decidir consideró que con la documentación acompañada en la presentación del 25/02/2021 no se da cumplimiento con los recaudos mínimos indicados por esta Alzada con fecha 10/12/2020, y concluyó que de las constancias del expediente y del análisis de las copias acompañadas digitalmente no se observa la concurrencia de los presupuestos básicos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora para la procedencia de la medida (ver resolución del 12/03/2021, sistema Augusta).
3. En el caso particular, la parte actora amplió su demanda mediante escrito electrónico del 25/02/2021, denunció hechos nuevos y solicitó nueva medida cautelar consistente en que se retrotraiga el precio de la cuota al 20% de ingresos que percibe el accionante en su carácter de jubilado, hasta que se dicte sentencia definitiva. A dichos fines, adjuntaron -en copias digitales, parcialmente ilegibles- cuotas del plan de ahorro y recibo de haberes del actor (ver archivo en formato “.pdf” adjunto a la presentación del 25/02/2021, sist. Augusta).
4. En prieta síntesis, se agravia la apelante pues entiende que la señora jueza de grado no tuvo en cuenta toda la documental que ha aportado, incurriendo en un rigorismo extremo, pues -considera- que se le exige más de lo que debería, atendiendo al hecho de tratarse de un consumidor, requiriéndosele documentación que no posee y que no le ha sido suministrada por las demandadas.
Se duele pues la sentenciante de la instancia anterior no efectuó referencia alguna al hecho de que actualmente, la cuota del plan de ahorro abonado por el actor representa el 60% de sus ingresos, ni al aumento del valor de las cuotas y la variación de las canastas básicas.
Alega que el decisorio atacado la perjudica por apartarse de las leyes que amparan al consumidor, que las demandadas se encuentran en mejores condiciones de probar.
Expresa que el resolutorio apelado resulta contradictorio respecto del anterior de fecha 17/07/2020, porque necesitaría concretar la etapa probatoria, intimando a la parte contraria a que adjunte la documentación que posea en su poder.
Cita legislación, doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura (ver escrito electrónico del 18/03/2021, sist. Augusta).
5. En anterior resolución de fecha 10/12/2020 dictada en estos mismos obrados, esta Sala estableció que con los elementos probatorios acompañados devenía improcedente la medida pretendida (esto es, que se retrotraiga el precio de la cuota a valores vigentes a marzo de 2018, hasta que se dicte sentencia definitiva), ello sin perjuicio que salvadas las cuestiones allí aludidas se podría evaluar nuevamente la cuestión a requerimiento de la interesada.
Ahora bien, no sólo la petición en vista ha variado en cuanto a la medida solicitada (se retrotraiga el precio de la cuota al 20% de ingresos que percibe el accionante en su carácter de jubilado, hasta que se dicte sentencia) sino que además no se han cumplimentado ninguno de los extremos indicados en el aludido resolutorio del 10/12/2020.
Es decir, no se ha desplegado actividad alguna tendiente a obtener el contrato de adhesión invocado (pues lo acompañado, como se reseñó, carecía de firma de la concesionaria), ni se ha ofrecido ni producido la información sumaria de dos testigos, ni se ha acreditado el intercambio de cartas documento en donde pueda apreciarse el alcance de la relación contractual (arts. 195, 209 inc. 2°, Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-).
Únicamente se han adjuntado como nuevos documentos -en copias digitales, parcialmente ilegibles- cuotas del plan de ahorro y recibo de haberes del actor (ver archivo en formato “.pdf” adjunto a la presentación del 25/02/2021, sist. Augusta), desentendiéndose la parte accionante de la documentación anteriormente exigida a los fines de reevaluar el progreso de la medida cautelar peticionada.
Dicha situación implica que, habiendo sido oportunamente confirmada por esta Alzada la resolución que desestimó la medida cautelar requerida al demandar y no surgiendo que hayan variado las circunstancias fundantes de dicha decisión (pues no se han acreditado los extremos allí exigidos), con los elementos obrantes en estos actuados se impide tener por configurada la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora (conf. Eduardo De Lazzari, “Medidas Cautelares”, Librería Editora Platense, 2° edición, pág. 229, jur. allí cit.; conf. esta Sala, causa 125060, sent. int. del 30/9/19, RSI 330/19).
Es decir, la invocación de su carácter de consumidor (y, en la actualidad, jubilado), no releva al actor de acreditar los presupuestos necesarios para la procedencia de la medida cautelar que pretende, máxime en este temprano estado del proceso donde aún no se encuentra ordenado el traslado de la acción (ni se ha configurado la finalización de la etapa de mediación prejudicial), con el conocimiento limitado que la sola promoción de la demanda genera en esta etapa postulatoria. Asimismo, cabe referir que las cargas probatorias dinámicas previstas en el art. 53 de la ley 24.240 no implican una inversión de la carga de la prueba, sino que están fundadas en el principio de colaboración procesal para la concreción de la verdad jurídica objetiva. Igualmente, la regulación adjetiva prevé para el supuesto planteado por el apelante, instrumentos procesales idóneos a fin de lograr la documentación faltante como las diligencias preliminares (arts. 323 y 325 del CPCC) por lo que no aplica el exceso ritual manifiesto alegado.
En consecuencia, la resolución de fecha 12 de marzo de 2021 debe ser confirmada, imponiéndose las costas al recurrente en atención a la forma en la que se resuelve (art. 68, CPCC). Sin perjuicio de ello y reiterando lo ya dispuesto por esta Sala con fecha 10/12/2020, el decisorio que aquí se adopta no implica que salvadas que sean las cuestiones aquí aludidas y requerido que sea, se evalúe nuevamente la cuestión y se dicte resolución al respecto.
POR ELLO, y por los fundamentos aquí expuestos, se confirma la resolución de fecha 12 de marzo de 2021. Con costas a la parte recurrente (art. 68, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/20 SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia