Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128864
Sentencia Definitiva
Causa N°128864; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
SUAREZ DANIEL RICARDO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO (DIGITAL)
En la ciudad de La Plata, a los cinco días del mes de Mayo de Dos mil veintidós, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128864, caratulada: "SUAREZ DANIEL RICARDO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO (DIGITAL)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 14 de febrero de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de grado admitió la demanda que por nulidad de contrato y daños promovió Daniel Ricardo Suarez contra Banco de la Provincia de Buenos Aires; decretó la nulidad de los contratos de préstamo y adelanto de haberes, cesando los efectos y las consecuencias generadas en función de esos negocios, ordenando reintegrar a la cuenta del actor cualquier suma que haya sido debitada en razón de ellos; condenó a la demandada a pagar al actor en el plazo de diez días de que el decisorio adquiera firmeza, en concepto de daño punitivo la suma de $600.000 con más los intereses a la tasa pasiva más alta que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires a liquidarse desde que la sentencia se encuentre firme y se haya vencido el plazo otorgado para su cumplimiento; impuso las costas al legitimado pasivo, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad lo resuelto adquiera firmeza y se encuentre establecida la cuantía económica del proceso (v. proveído del 14 de febrero de 2022).
2. Esta forma de decidir es apelada por ambos contendientes (presentación electrónica del 16 de febrero de 2022 Suárez y 17 de febrero de 2022 Banco Provincia) remedios que, previamente concedidos (proveídos del 18 de febrero y 4 de marzo de 2022 respectivamente), fueron debidamente fundados (presentaciones electrónicas del 22 de febrero de 2022 el actor y 11 de marzo de 2022 la demandada); corrido el pertinente traslado (proveídos del 24 de febrero y 14 de marzo de 2022), éste fue contestado por ambas partes (presentaciones electrónicas del 9 de marzo de 2022 el legitimado pasivo y 18 de marzo de 2022 la legitimada activa); luego de correrse vista al señor Fiscal de Cámaras Departamental (presentación del 7 de abril de 2022), se llamó autos para sentencia (proveído del 8 de abril de 2022).
3. El actor pone en crisis el monto indemnizatorio fijado en concepto de daño punitivo por considerarlo reducido, en función a la entidad de los incumplimientos en los que incurrió la demandada que -en su opinión- desatendió lo que a su parte le estaba sucediendo, no tomando las medidas necesarias para impedir que la acción de phishing se produzca.
Alega que el banco lo mantuvo persistentemente en un rango de “alto riesgo de insolvencia”.
Concluye sus agravios solicitando que la reparación por daño punitivo a otorgarse coincida con el monto por él peticionado en su demanda.
Por su parte, la entidad bancaria se agravia primeramente de la omisión de valorar su conducta a la luz de la normativa específica, en tanto se trata de una entidad financiera.
Enfatiza que debe aplicársele el marco que emana del BCRA (Banco Central de la República Argentina) en particular la sección 6 “Canales electrónicos” de la Com “A” 4609, sus complementarias y modificatorias.
Alega que se le imputa el incumplimiento de una normativa del BCRA que no se encontraba vigente al momento de los hechos y que no se analizó debidamente la reglamentación sobre el uso de cajeros automáticos y canales electrónicos.
La disconforma que se haya decretado la nulidad de un acto jurídico sin describir siquiera someramente cuáles son los elementos o vicios que llevan a tomar tal decisión dado que a los ojos de los sistemas del banco quien operaba las transacciones era el actor y la introducción de las claves no arrojó error alguno.
Da cuenta que hasta aquí no se observa falla en los sistemas como se colige en el impugnado decisorio.
Insiste en que la Juez de grado no valoro adecuadamente los argumentos expuestos por su parte al contestar demanda en relación a las particularidades de los contratos electrónicos, la formación del consentimiento y demás características.
Describe las particularidades de la oferta y la aceptación haciendo mención a los arts. 971, 974 y 983 del Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante denominado CCyC-.
Concluye al respecto que, conforme a lo expuesto, la flexibilidad de las normas citadas permite inferir que los contratos celebrados por medios electrónicos pueden perfeccionarse de acuerdo a las reglas de los contratos entre presentes -siempre y cuando exista una comunicación interactiva que permita manifestar la voluntad de manera instantánea- como es el caso en estudio.
Se duele asimismo de que la sentencia apelada no haya valorado adecuadamente el hecho que sin la entrega de claves efectuada por el actor no hubiera existido el daño que éste alega, adunando que no se ha probado una intrusión externa o hackeo del sistema informático sino una consecuencia derivada del propio incumplimiento contractual de quien asume el rol de víctima. Manifiesta que Suarez violó el deber de seguridad a través de haber vulnerado la confidencialidad de las claves.
Reclama que las condiciones dadas por la Jueza para que se originen hechos como este -la pandemia Covid19 y las medidas de aislamiento adoptadas-, no son imputables al Banco.
No observa, desde su óptica, cuál es la responsabilidad de la Institución en relación al “caldo de cultivo” para la realización de las maniobras de phishing.
Se queja que la sentencia transcriba la pericia de manera textual sin explicar de qué manera se incumple con los mecanismos de monitoreo y control respecto de las medidas de concientización, capacitación, integridad, registro y gestión de accidentes.
La agravia que la Juez considere obligatoria una normativa no vigente al momento de los hechos y que, a la vez, contradictoriamente, diga que le asiste razón a su parte en cuanto a que esa misma comunicación no era obligatoria.
Agrega que el fallo argumentó que lo que la comunicación A 7319 del BCRA del 1/7/2021 dispuso como obligatorio ya había formado parte de otras resoluciones y recomendaciones del BCRA anteriores.
Da cuenta que la Comunicación 6878 del 24/01/2020 a la que hizo mención el decisorio apelado no guarda relación con los hechos ventilados en la demanda y no hace referencia a delitos de ingeniería social, sino que aborda los recaudos que se deben tener en cuenta para la apertura y funcionamiento de cuentas en lo relativo a la prevención y lavado de activos de origen delictivo y a su control en lo tocante con el origen de los fondos que reciben las cuentas a partir de su apertura, en arreglo con la Res. 4/17 de la UIF -Unidad de Información Financiera-.
Tilda como razonable, conforme la normativa vigente en ese momento, la entrega de un crédito pre aprobado a un solo click.
Insiste en que los mecanismos de control reactivo para efectuar una identificación positiva de los tomadores de créditos a través de canales electrónicos, fueron tomadas un año después del suceso de estas actuaciones lo que se traduce en que antes de éstos la entrega de créditos vía web era como lo hizo el Banco demandado.
Aduna que la pandemia del Covid19 a la que se hace referencia no sólo afectó a los particulares sino también a las instituciones bancarias y demás organismos y que esa circunstancia no ha sido valorada por la sentencia.
Destaca como causa generadora del hecho la entrega de las claves a terceros por parte del usuario y no la condición tal como lo alega la sentenciante, puesto que, de no haber entregado sus credenciales, no se hubiera perfeccionado la maniobra.
Insiste que de la pericia informática no surge que la maniobra fuera perfeccionada por sistemas intrusivos ni imperfecciones en el funcionamiento en los sistemas sin intervención del usuario, sino que la conducta que tuvo el actor implicó su participación consciente y deliberada en la entrega de su claves personales e intransferibles y quebró con ello el nexo de causalidad que el daño pudo tener con el servicio que presta el banco.
Se agravian de la progresión del daño punitivo, asegurando que no se dan los requisitos para ello, además que para fundamentarlo el fallo indica de modo general una supuesta desatención al cliente por parte de la entidad y que no se le brindaron las respuestas por él requeridas, sin realizar ponderaciones específicas en ese sentido.
Agrega que la afectación producida sobre la cuenta del actor es relativa, dado que, si se analiza sustancialmente este punto, se llevaron de la cuenta dinero que no era de su propiedad según lo denunciado en la demanda, sino que eran fondos provenientes de préstamos otorgados por el propio Banco.
Discurre que la bancarización obligatoria asignada como agravante de la situación, tampoco puede ser un hecho que deba imputarse al Banco, dado que no resulta el ente pagador de los fondos que se le acreditan en cuenta al beneficiario.
En punto a las gestiones administrativas que debió realizar en relación a su reclamo y la denuncia penal de los hechos, tilda absurdo que sean consideradas a los fines de imponer una sanción dado que es el modo de tramitar los reclamos y la denuncia por parte de quien fue víctima de un delito.
Realza que de parte del Banco no existió mala fe ni conductas abusivas.
Reclama que no puede en manera alguna endilgársele demora que justifique la aplicación del daño punitivo cuestionado, en la atención al cliente y que esa demora generara la necesidad del inicio de las presentes acciones por cuanto entre la denuncia administrativa efectuada en la Sucursal Berisso del Banco y la interposición de la demanda, transcurrieron solo cuatro días hábiles.
Concluye que no existe justificación alguna para la procedencia del daño punitivo ni mucho menos para su cuantificación.
4. Abordando la tarea revisora noto liminarmente que el concepto de phishing, sus caracteres y aplicación en la práctica han sido desarrollados de modo correcto y completo por la señora Juez de grado, por lo que -en ese sentido- cabe remitirse a lo allí descripto en honor de brevedad.
Asimismo, llega firme e indiscutida la mecánica de los hechos y la participación involuntaria del actor en la maniobra de estafa por lo que tampoco esa cuestión se encuentra en debate.
Se ha dicho que el phishing es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño y el timo para manipular a sus víctimas y hacer que revelen información personal confidencial (conf. https://www.avast.com/es-es/c-phishing).
De la lectura de esta definición se desprende que ésta ha sido la práctica delictual de la que ha sido víctima el legitimado activo. Se trata de una de las estafas más antiguas y mejor conocidas de Internet. Es un tipo de fraude en las telecomunicaciones que emplea trucos de ingeniería social para obtener datos privados de sus víctimas, que se vale del factor más falible de la cadena de seguridad que es, precisamente, el factor humano.
Es que mediante la utilización de ardid o engaños de distinta índole logran que las personas usuarias del sistema bancario accedan a entregar los datos de su cuenta, sus claves de seguridad y validaciones como token o similar.
Ante este fenómeno se impone cuestionarse si ante este escenario resulta adecuado -tal como reclama la entidad demandada- endilgar la totalidad de la responsabilidad y culpa en el factor humano (en el caso en estudio la entrega de las claves) o si, contrariamente, la entidad cuenta con su grado de responsabilidad.
La respuesta negativa es la que se impone. Resulta evidente a la luz de las normas específicas y el plexo consumeril que los bancos cargan con el indelegable deber de seguridad a los fines de evitar este tipo de delitos.
No basta con ampararse en el cumplimiento de las normas bancarias predispuestas para librarse de su responsabilidad, sino que por el contrario, deben ultimar los recursos y técnicas suficientes para mantener al cliente a salvo de las maniobras ciberdelictuales pergeñadas por terceros.
Nótese al respecto que la comunicación del Banco Central de la República Argentina que cita la demandada en sus agravios como la aplicable -A 4609- resalta en su apartado 6.4 que “Dada la naturaleza de la exposición de Internet, éste es uno de los canales que representa mayor nivel de riesgo. Por ello, es relevante que las entidades financieras consideren políticas y prácticas adecuadas para la gestión del mismo” y agrega “En este apartado se detalla un conjunto de medidas mínimas de seguridad y control…” (el subrayado me pertenece).
De la sola lectura de esos puntos surge que el banco tiene que tomar las medidas necesarias para evitar el phishing, tomado como parámetro mínimo (sic) las pautas sugeridas por la citada comunicación. No basta para desentenderse de la responsabilidad el amparo en la inexistencia normativa de mayores requisitos.
Y es aquí donde ha de terciar el dictamen pericial practicado en autos por el Lic. en Informática Martín Sebastián Correa.
Allí el experto indica que “…de acuerdo a la respuesta suministrada por la Gerencia de Seguridad Lógica, las medidas de seguridad adoptadas por la entidad para el otorgamiento de créditos vía electrónica, cumplirían con lo dispuesto en las normativas vigentes emanadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su carácter de ente rector, el perito procedió a verificar dicha normativa, resultando en su análisis y opinión que: La demandada cumple con el requisito relativo a Concientización y capacitación… Cumple también la Integridad y registro, el cual es un proceso destinado a la utilización de técnicas de control de la integridad y registro de los datos y las transacciones, así como el manejo de información sensible de los canales electrónicos y las técnicas que brinden trazabilidad y permitan su verificación.
Incluye transacciones, registros de auditoría y esquemas de validación. El perito pudo constatarlo a través del log de transacciones entregado por la demandada; cumple la Gestión de incidentes, el cual es un proceso relacionado con el tratamiento de los eventos e incidentes de seguridad en canales electrónicos. El perito pudo verificar que la demandada ofrece la denuncia de incidentes de seguridad a través de las redes sociales, formulario de contacto en el sitio web, telefónicamente al Centro de Atención y Servicios (CAS): 0810-22-22776 y en los Cajeros automáticos (ATM); por otro lado se pudo determinar que no cumple el Monitoreo y control, el cual es un proceso relacionado con la recolección, análisis y control de eventos ante fallas, indisponibilidad, intrusiones y otras situaciones que afecten los servicios ofrecidos por los canales electrónicos, y que puedan generar un daño eventual sobre la infraestructura y la información.
En este sentido el perito puede determinar que surgen del log de transacciones operaciones en las que se involucran montos importantes, las cuales de acuerdo a lo vertido en autos no recibieron el tratamiento que correspondía por su carácter de sospechosas o potencialmente fraudulentas. Tampoco cumple el Control de acceso, el cual es un proceso relacionado con la evaluación, desarrollo e implementación de medidas de seguridad para la protección de la identidad, mecanismos de autenticación, segregación de roles y funciones y demás características del acceso de los usuarios internos y externos a los canales electrónicos. En este sentido los hechos controversiales manifestados en autos, plantean una clara vulnerabilidad a este acceso, dejando abierta la posibilidad al ardid que se ha suscitado” (v. presentación electrónica del 11/07/2021, respuesta a punto 4).
Luego, hace referencia a la normativa dictada posteriormente a los hechos debatidos cuestión que, tal como lo reclama la demandada, no ha de ser considerada en estas actuaciones en virtud al principio de la irretroactividad de la ley.
Posteriormente, en sus conclusiones, el Licenciado Correa observa “una falta de medidas de seguridad como aquellas que poseen las grandes compañías tecnológicas y, dentro del rubro de la demandada, las entidades financieras importantes o mundialmente reconocidas. Cita este perito por ejemplo Mercado Libre, la red social Facebook o las aplicaciones de Google Incorporated, en donde los sistemas informáticos al identificar direcciones ip de acceso fuera de las acostumbradas por el usuario o múltiples operaciones sucesivas, endurecen los mecanismos de acceso, por ejemplo: envío de un código por SMS, confirmación de un código por mail, e incluso rechaza el ingreso si se encuentra fuera del país origen… A prima facie y considerando la información relevada del log de transacciones, el sistema informático utilizado por la demandada permite en 24 horas obtener una clave, contraer préstamos, transferir a cuentas no vinculadas y con las que antes no se han efectuado transacciones, requerir un adelanto de haberes y todo por sumas importantes de dinero, lo cual a criterio de este perito no constituye un sistema seguro, o al menos carece de las medidas de seguridad esperables y que garanticen un vínculo de confianza con sus clientes” (v. presentación electrónica referida, apartado “conclusiones”).
Ante los pedidos de explicaciones de la demandada, el experto reafirma las conclusiones a las que arribó en su pericia originaria (v. presentación electrónica 10/08/2021).
Llegado a este punto, dable es precisar que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/07/1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007).
Incluso, al apreciarlos los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 05/071996; Ac. 61475, sent. del 03/03/1998).
En suma, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que, para apartarse de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del CPCC; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22/07/2008; 115.940, sent. del 30/06/2015; 124091, sent. del 23/04/2019, entre muchas otras).
Conforme lo desarrollado, no encuentro motivos suficientes para apartarme de lo dictaminado por el experto, no advirtiendo respuestas incompletas o injustificadas como lo desliza la apelante. Muy por el contrario, evidencio de la experticia una justificación técnica, práctica y bibliográfica en cada una de sus respuestas.
De allí es que la responsabilidad del banco se impone y por ende no sea de recibo la queja relativa a que la sentencia transcribe pasajes de aquella de forma injustificada.
Asimismo, noto que, más allá de la nueva normativa que no he tenido en cuenta para la solución de este conflicto, el experto deja en evidencia la insuficiente plataforma de segu
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.