Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135272
En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes de Diciembre de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "EZQUERRA GRACIELA BEATRIZ C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO " (causa: 135272), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 7 de julio de 2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. La sentencia de primera instancia, de fecha 7 de julio del 2023, RESOLVIÓ: 1) Admitir la demanda por nulidad de contrato y daños promovida por Graciela Beatriz Ezquerra contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires; 2) Decretar la nulidad de los contratos de préstamo por la suma de $ 219.000 y adelanto de haberes por la de $ 19.700, cesando los efectos y las consecuencias generadas en función de esos negocios; 3) Condenar a la accionada a pagar a Graciela Beatriz Ezquerra la suma de $ 126.000 en concepto de daño material -por cuotas descontadas- con más las sumas que se adicionarán en la etapa de ejecución de sentencia por las cuotas debitadas en razón del préstamo personal declarado nulo y la suma de $ 500.000 por daño moral y punitivo; 4) Impuso las costas a la demandada en su condición de vencida.
1.2. Esta forma de decidir es apelada por ambos contendientes, quienes expresaron agravios (el 10/8/2023 la actora, y el 23/8/2023 la demandada), los cuales fueron contestados.
1.3. El Fiscal de Cámara emitió su dictamen (14/9/2023), considerando ajustada a derecho la sentencia dictada, en tanto declara la nulidad de las transacciones efectuadas sin que mediara el real consentimiento del actor y manda restituir las sumas indebidamente percibidas. Además considera procedente la multa fijada como daño punitivo.
1. 4. Se llamaron “autos para sentencia” (15/9/2023), providencia que esta firme y consentida.
II. Los agravios.
2.1. El actor como PRIMER AGRAVIO pone en crisis el rechazo del daño psicológico, por considerar que ha sido acreditado con el certificado médico acompañado, con base en que no fue objetado por la contraria y que es la demandada quien debió probar la inexistencia de dicho daño.
Como SEGUNDO AGRAVIO solicita que la reparación por daño punitivo sea elevada mínimamente a la suma de $ 2.000.000 o lo que en más se determine en esta sentencia.
Sostiene que el monto indemnizatorio fijado en concepto de daño punitivo ($ 300.000) es ínfimo para el banco demandado y esta muy lejos de provocar un cambio de conducta y la realización de las inversiones necesarias en materia de ciber seguridad. Considera que la suma fijada no respeta el espíritu de la norma, y que los fundamentos del pronunciamiento apelado no se condicen con el “quantum” de la multa civil.
Asimismo como TERCER AGRAVIO, cuestiona el monto otorgado por daño moral, considerando que se ha otorgado una suma insignificante ($ 300.000 -en realidad se otorgó $ 200.000-), que se disocia de los fundamentos dados al otorgarlo. Pide su elevación a $ 2.000.000 o que en más se determine.
2.2. Por su parte, la entidad bancaria se agravia PRIMERAMENTE de la omisión y errónea valoración de la prueba producida y de la violación del derecho de defensa.
Sostiene que se le endilga una responsabilidad objetiva con una irrazonable aplicación de la ley de defensa del consumidor, y en especial del art. 1729 del C.C.C.N. en cuanto a la culpa de la víctima como interruptiva del nexo causal.
Alega que el fraude y/o el hecho ilícito alegado por la actora no ha sido demostrado. Ello por cuanto la causa penal no ha sido resuelta ni se ha comprobado la comisión de un supuesto ilícito, ni la causa penal tiene a la fecha en que se expresaron agravios el grado de certeza necesario como para tener por acreditada la materialidad ilícita de la manera en la que fue descripta en la demanda, pese a lo cual se tuvo por probada la maniobra, que tampoco considera probada a través de la prueba informática producida en autos. Cuestiona la posibilidad de determinar la existencia de un ilícito en sede civil, sobre la base de una investigación en curso en sede penal, y sostiene que por ello la arbitrariedad resulta palmaria.
Sostiene que tanto el juez como el perito han reconocido que el banco cumple con el deber de información a sus clientes en orden a las consecuencias de ceder usuario y claves a terceros, conducta de la cual la actora no puede válidamente desentenderse.
Cuestiona la referencia a las “bondades” de otros sistemas de seguridad, sin especificar cuáles serían las mismas. Alega que el perito omite analizar correctamente la normativa dispuesta por el BCRA en relación al segundo factor de autenticación y la utilización por el sistema para convalidar la identidad del usuario, tal como se establece en la normativa dispuesta por el BCRA; que no se indicó cuál ha sido la norma incumplida, qué parte, sección, capítulo o apartado de la misma el Banco habría vulnerado; que cumplió con todas las medidas de control de acceso que disponía por entonces el BCRA -aunque no indica cuáles eran- y que no se le pueden exigir mayores medidas que las dispuestas por el BCRA, en especial el mecanismo de doble autenticación.
Dice que se declara la nulidad de un acto jurídico sin describir siquiera someramente cuáles son los elementos o vicios que llevan a tomar tal decisión. Considera que el contrato electrónico se ha perfeccionado válidamente por lo que no corresponde su anulación y que en la sentencia no se han valorado adecuadamente las particularidades de los contratos electrónicos, la formación del consentimiento y demás características.
Agrega que en la sentencia se convalidó la aplicación retroactiva de la comunicación A 7319 del BCRA del 1/7/2021 -vigente a partir del 9/7/2021- la cual considera que no es aplicable al caso en análisis -aunque no indica cuál sería la normativa aplicable- sobre la base de que los hechos ocurrieron en septiembre del 2020, momento en que la circulación de las personas estaba limitada, al igual que la concurrencia para trámite personales, por lo que no era posible agregar recaudos de imposible cumplimiento. Sostiene que el hecho de que otras entidades financieras hayan observado dicho mecanismo de seguridad no justifica su aplicación al banco y que dicha forma de razonar es ilógica. Tampoco considera aplicable la Comunicación A-5320 del 26/9/2021, ya que la misma corresponde a un tema ajeno al discutido en autos.
Expresa que los mecanismos de seguridad del banco no comprenden la enajenación o divulgación que el cliente realice de sus credenciales de acceso (claves) a los distintos canales electrónicos, hecho que esta explícitamente vedado en los términos y condiciones del servicio y que es un incumplimiento contractual de la actora que se desnaturalizo en autos, donde no se ha valorado en lo mas mínimo que la propia accionante reconoce de haber brindado las claves de su cuenta a terceros y que ello es lo que ha permitido la maniobra en que se funda la demanda. Este hecho de la victima -entrega de claves a terceros para cobrar un premio por un supuesto sorteo del cual no había participado-, que considera un factor de interrupción del nexo causal, es invocado en forma reiterada con cita del art. 1729 del C.C.C.N. Dice que no se pueden imputar exclusivamente las consecuencias al banco.
Considera que ello amerita la nulidad de la sentencia, por arbitrariedad manifiesta y su revocación.
Como SEGUNDO AGRAVIO, cuestiona la omisión de valorar la conducta del banco demandado a la luz de la normativa específica, en tanto se trata de una entidad financiera.
Si bien no se agravia de la aplicación de la normativa consumeril, cuestiona que no se tuvo en cuenta la adopción por el banco de la regulación del BCRA y aplicación de la sección 6 “Canales Electrónicos” de la Com. A 4609 del citado organismo y complementarias.
Dice que el art. 1094 del C.C.C.N. ha sido erróneamente aplicado.
En relación al análisis efectuado en la sentencia de la actuación del Banco, dice que se apoyó en la pericia informática al decir que no cumple en su totalidad el monitoreo y control, el cual es un proceso relacionado con la recolección, análisis y control de eventos ante fallas, indisponibilidad, intrusiones y otras situaciones que afecten los servicios ofrecidos por los canales electrónicos, y que puedan generar un daño eventual sobre la infraestructura y la información, pero no explica (como tampoco lo ha hecho la experticia) de qué manera se incumple con los mecanismos descriptos. Ello fue tema de oportuna impugnación, lo cual no ha sido debidamente valorado.
Cuestiona el fundamento del sentenciante que “considerando la información relevada del log de transacciones, el sistema informático utilizado por la demandada permite en menos de 24 horas obtener una clave, contraer préstamos, transferir a cuentas no vinculadas y con las que antes no se han efectuado transacciones, realizar constantes recargas de créditos a teléfonos celulares, todo por sumas importantes de dinero…”, con base en que no se brinda fundamento alguno respecto de cuál sería la supuesta falencia del sistema.
También hay que contextualizar que existen miles de operaciones por múltiples motivos en los que los fondos acreditados producto de un préstamo son destinados inmediatamente a pagar productos o servicios adquiridos y la necesidad de realizar ese pago es la razón de la toma del préstamo. Entonces desde este punto de vista, también es posible que los montos abandonen la cuenta de origen de manera inmediata. Ello no implica incumplimiento de esta parte. En primer lugar, porque a la fecha de los acontecimientos no había norma que obligara al Banco a adoptar mecanismos de reacción positiva para identificar a los tomadores de préstamos mediante canales electrónicos. Ello así, la identidad del usuario estaba verificada por dos factores de autenticación (identificación de usuario y token), conforme a las disposiciones del BCRA. En segundo lugar y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la entrega de las claves a terceros por parte del usuario, generó la causa del hecho, puesto que, de no haber entregado sus credenciales, no se hubiera perfeccionado la maniobra de la manera en que fue descripta por la actora.
Advierte que de la pericia informática no surge DE NINGUNA MANERA, que la maniobra fuera perfeccionada por sistemas intrusivos ni imperfecciones en el funcionamiento en los sistemas sin intervención del usuario.
Como TERCER AGRAVIO cuestiona el reconocimiento del daño moral y su cuantificación. Pone en crisis los fundamentos del fallo, que aluden al trato digno que debió recibir la actora, y de una de sus manifestaciones que es la espera o el tiempo de espera, sumado al contexto de aislamiento social imperante en la época en que sucedieron los hechos y considera que no hay relación de causalidad y que el monto otorgado es arbitrario e irrazonable. Sostiene que no hay hecho antijurídico atribuible al banco y que las meras incomodidades o padecimientos no son resarcibles a título de daño moral.
POR ULTIMO, cuestiona la aplicación del daño punitivo y su monto.
Al respecto sostiene que no ha incumplido un deber contractual ni comunicación alguna del B.C.R.A., vuelve a insistir en la conducta de la actora como generadora del hecho dañoso, en la ausencia de beneficio por parte del banco en el hecho ilícito cuestionado -con base en que el ilícito fue cometido por terceros ajenos al banco-.
Señala que al cliente se lo atendió y tomó su reclamo, se procedió al bloqueo de la cuenta en el momento en el que se solicitó y que no hay conductas reprochables al banco; que el daño punitivo sólo procede en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado, lo que no se da en autos.
Concluye que no existe justificación alguna para la procedencia del daño punitivo ni mucho menos para su cuantificación.
III. Análisis de los agravios.
3.1. Abordando la tarea revisora, es menester destacar que en autos se acciona a raíz de una estafa y/o engaño que habría sufrido la actora, por medio de la cual ésta había proporcionado sus claves a terceros ajenos al banco, lo cual permitió el vaciamiento de sus cuentas y la toma de préstamos y adelanto de haberes que, una vez acreditados, fueron inmediatamente transferidos a terceras personas.
3.2. En la sentencia se consideró acreditado (conforme movimientos de cuenta del actor), que se está ante una relación de consumo y que en las cuentas de la actora se realizaron operaciones por montos que resultaban inusuales respecto de los movimientos mensuales registrados, ya que en un muy corto período de tiempo se generó la clave bip token, se pidió y obtuvo un préstamo por la suma de $ 219.000, se otorgó un adelanto de haberes por la suma de $ 19.700 y se transfirió casi la totalidad del dinero existente en su caja de ahorro, que registraba un saldo de $106.393,2 y se transfirió la suma de $ 106.300. Todo el dinero recibido fue transferido a tres cuentas en forma casi inmediata, tal como corrobora la pericia contable, de la que surgen realizadas en favor de FALCON LUCAS E. TRANSFERENCIA POR $ 100.000 en fecha 23/09/2020 (provenientes del préstamo acreditado por $ 219.000 en la caja de ahorro 535375/0; SOSA MARCELO J. TRANSFERENCIA POR $ 100.000 en fecha 23/09/2020 (provenientes del préstamo acreditado por $ 219.000 en la caja de ahorro 535375/0; EVELYN AGUSTINA PUCHETA LOPEZ TRANSFERENCIA POR $ 22.000 en fecha 23/09/2020 (provenientes del préstamo acreditado por $ 219.000 en la caja de ahorro 535375/0 y destinataria de los fondos transferidos por DEBINES (5 x $ 25.000) con fecha 23/09/2020, provenientes del saldo más el adelanto de haberes por $ 19.700 acreditado en cuenta 5361087.
Frente a la operatoria descripta, no se generó ningún tipo de alerta para detectar este tipo de actos irregulares e infrecuentes, sea por la entidad que ellos tienen o por la movilización de fondos en un periodo de tiempo muy reducido.
Tales conclusiones, arriban firmes a esta instancia ya que no han sido idóneamente cuestionadas -salvo en orden a la existencia del delito informático- (ver pericia informática y lo actuado en sede penal que ha sido remitido en forma digitalizada) (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
3.3. Si bien de lo actuado en sede penal surge la existencia de la estafa que motiva la demanda -lo cual diluye la crítica de la demandada referida en el punto anterior-, la respuesta del fuero represivo en el delito denunciado por la actora ha sido escasa o nula, sobre todo en el presente caso, en que, acaecido el hecho, la incautación de las cuentas de destino no fue rápida, y no se avanzó en la medida de lo esperado, por lo que la respuesta que ha de brindar el fuero civil es decisiva para el cliente consumidor (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
A fin de facilitar la investigación, fundamentalmente por el valor que podría tener la pericia realizada, facilítense las piezas digitales de estos actuados a fin de ser arrimadas como prueba al expediente penal (art. 34 inc. 5, C.P.C.C.).
3.4. Tal como se expresa en la sentencia, la maniobra realizada es un delito cibernético que se denomina “phishing”, que es una práctica fraudulenta que consiste en enviar correos o comunicaciones electrónicas, incluso a través de llamados telefónicos, que pretenden ser de empresas de renombre o instituciones legítimas, para inducir a las personas a revelar información personal y confidencial, como datos bancarios y de tarjetas de crédito o débito y contraseñas. Luego, la información se utiliza para acceder a las cuentas, y simulando ser su titular generan operaciones de vaciamiento de cuentas y/o toma de fondos.
Esta estafa informática se comete mediante el uso de trucos de ingeniería social para obtener datos privados de sus víctimas, en la que existe algún tipo de manipulación con un anzuelo -premio en el caso que nos ocupa- y una pesca -entrega de información confidencial como claves de seguridad y validaciones-.
La adquisición de esa información confidencial se realiza por algún tipo de comunicación electrónica que tiene apariencia de normalidad y a través de la cual la víctima entrega voluntariamente esos datos personales y códigos (Pose, Lucía V., “Nuevas modalidades de estafa en el mundo digitalizado: el phishing”, L.L. AR/DOC/3711/2013; Miller, Christian H., “Cuentas bancarias: ordenan restituir dinero a víctima de phishing”, L.L. 2021-C, 5, citados en la sentencia). Tal como se expresa en la sentencia, una de las características de este tipo de maniobra radica en aquello que el banco menciona como elemento que rompe la relación de causalidad: la voluntaria entrega de las claves por parte de quien ahora demanda. Esta característica es de la esencia del phishing en tanto se ejercen técnicas de ingeniería social que involucran correos electrónicos, sitios web o perfiles en redes sociales engañosos, en los que los autores se hacen pasar por terceros y obtienen los datos necesarios para franquear el ingreso a las cuentas. Es el propio ser humano quien se transforma en el eslabón más débil de esta cadena de información.
Además, destacó el sentenciante de origen que en el marco del aislamiento social impuesto por la pandemia de COVID-19, la indefensión de los consumidores se vió incrementada, ante la imposibilidad de realizar los trámites que usualmente se efectuaban de manera presencial en las sucursales bancarias.
Se trata de una estafa cuya difusión hoy día es de conocimiento público, pero que en la época en que ocurrieron los hechos no estaba tan difundida (al menos para el común de las personas).
Sin perjuicio de ello, si las denuncias de fraudes o estafas bancarias crecieron exponencialmente, resultaría inexplicable la pasividad de los bancos, de no buscar remedios adecuados en la prevención del daño, más allá de la reglamentación del B.C.R.A. (arg. art 1725, C.C.C.N.).
3.5. Lo que se debe analizar previamente en estos casos, es si el cliente (la actora) ha aceptado que se le otorguen préstamos electrónicos preaprobados y sus características, ya que de otra forma el banco no tendría sustento contractual alguno para reclamar este tipo de préstamos u operatorias (arts. 288, 1381 y 1389, C.C.C.N.; 1, 2, 36 y 65, ley 24.240), situación que no se discute en autos.
3.6. Despejada dicha temática, queda por analizar hasta dónde llega el deber de seguridad del banco y si la conducta del cliente-consumidor como víctima del ciberdelito analizado permite interrumpir total o parcialmente el nexo causal.
En primer lugar tengo presente que la responsabilidad del banco, en lo que respecta al deber de seguridad para con el cliente, es objetiva, razón por la cual responde más allá de su culpa, por lo que el hecho de que el banco demandado haya cumplido con la normativa del B.C.R.A. es irrelevante para exonerarlo de responsabilidad si razonablemente pudo tomar recaudos mayores, lo cual diluye gran parte de los agravios vertidos por la demandada (arts. 1, 2, 7, 1709, 1716, 1717, 1721, 1722, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729 y 1757, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Cabe agregar que la obligación de seguridad, como principio general del derecho, protege todas las relaciones jurídicas y tiene su fundamento en los arts. 19, 41, 42, 3 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como en la solidaridad social y el principio de buena fe, inscribiéndose dentro de los horizontes preventivos
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