Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 128602
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la apelada resolución del 29/12/2025, rechazándose el planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial formulado por el letrado Marcelo Víctor Szelagowski, y su consiguiente aplicación al presente caso; sin perjuicio de lo que oportunamente se disponga en torno al modo de practicarse el prorrateo -conceptos incluidos, valor del “Jus” aplicable, etc-. Costas de ambas instancias al aludido abogado recurrido.
En la ciudad de La Plata, a los 30 días del mes de Abril de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "DI PROFIO MONICA BEATRIZ C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO" (causa: 128602), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra ¿Es justa la apelada resolución del 29/12/2025?
2da ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Mediante la resolución del 29/12/2025, la Jueza subrogante de la anterior instancia declaró la inaplicabilidad del art. 730 del Código Civil y Comercial en el presente caso y, en consecuencia, desestimó el prorrateo que había sido solicitado por el demandado Banco de la Pcia. de Bs. As; y le impuso las costas.
Contra tal forma de decidir, se alzó el letrado Julián Edgardo Baraboglia como apoderado del aludido accionado, a través del recurso de apelación interpuesto el 05/02/2026 y fundado el 18/02/2026; cuyo traslado del memorial conferido el 23/02/2026, fue replicado por el abogado Marcelo Víctor Szelagowski, por derecho propio, en el escrito del 24/02/2026.
Con fecha 20/04/2026, el Fiscal de Cámaras omitió dictaminar sobre la cuestión debatida, en virtud de considerar que no se hallaban comprometidos los derechos de la actora Mónica Beatriz Di Profio como consumidora.
El apelante adujo que el pronunciamiento atacado carecía de fundamentación, por lo que resultaba arbitrario e injusto; a la par de que afectaba el derecho de propiedad de su mandante.
Sostuvo que el art. 730 del Código Civil y Comercial establecía un límite del 25% sobre el monto total de condena para la responsabilidad del condenado en costas.
Afirmó que dicho precepto era de carácter imperativo, por lo que debía ser aplicado de manera obligatoria por los jueces, salvo que existiera una declaración expresa de su inconstitucionalidad.
Agregó que la norma en cuestión respondía a una decisión de política legislativa orientada a morigerar el costo del litigio, a fin de evitar desmesuras en la incidencia económica de los honorarios sobre el resultado del pleito, y contribuir a la racionalización y previsibilidad de los gastos del proceso.
Refirió que en el presente caso la magistrada había optado por no aplicar la limitación legalmente prevista, sin haber fundado de forma suficiente su decisión en términos constitucionales.
Señaló que la mera invocación del beneficio de justicia gratuita previsto en el art. 53 de la ley 24.240, el carácter alimentario de los estipendios profesionales y la supuesta configuración de una obligación sin sujeto pasivo, no constituía fundamento suficiente para declarar la inaplicabilidad al presente supuesto de la limitación contemplada en el art. 730 del Digesto Civil y Comercial.
Refutó que la aplicación de la mencionada norma afectara el derecho de propiedad de los beneficiarios de los emolumentos fijados, dada la posibilidad de percepción del excedente del tope legal del 25% a la parte que resultó gananciosa en el juicio.
Asimismo, rechazó que el beneficio de gratuidad de la actora Di Profio convirtiera el remanente en una obligación sin sujeto pasivo, derivando en una reducción efectiva de los honorarios profesionales.
Expuso que el razonamiento de la juzgadora de grado había incurrido en un error conceptual, al haber asimilado la eventual dificultad de percepción del crédito con la inexistencia del sujeto pasivo.
Explicó que el ordenamiento prevé expresamente la posibilidad de revisar la subsistencia del beneficio de justicia gratuita ante la eventual solvencia de la consumidora.
Indicó que el letrado de la demandante se encontraba legitimado para promover dicho incidente, en virtud de su interés legítimo en percibir íntegramente su remuneración.
Argumentó que el daño punitivo no revestía naturaleza resarcitoria, por lo que la suma reconocida bajo dicho concepto en favor de la accionante importaba un incremento patrimonial que debía ser ponderado al evaluarse su capacidad económica.
Concluyó que la insolvencia de la actora no podía presumirse cuando el resultado del proceso le había reportado un ingreso significativo de carácter sancionatorio, y no reparatorio.
Finalmente, remarcó que la decisión adoptada produjo una fragmentación arbitraria del sistema legal, al haber excluido la aplicación del límite de responsabilidad determinado en el art. 730 del Código Civil y Comercial únicamente en los procesos de consumo.
Expresó que esta distinción no poseía sustento normativo y generaba un trato desigual y más gravoso para el vencido en esta materia, en comparación con los litigios civiles o laborales; por lo que la resolución impugnada vulneraba el principio constitucional de igualdad.
Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense.
Solicitó que se revocara la resolución del 29/12/2025 impugnada, y que se dispusiera la aplicación al caso de la limitación de responsabilidad establecida por el referido art. 730 del ordenamiento civil y comercial.
3.1. Inicialmente, cabe destacar que si bien no se encuentra previsto expresamente el momento procesal para efectuar el prorrateo contemplado en el art. 730 del Código Civil y Comercial; los planteos vinculados a su respecto deben ser abordados en la etapa de ejecución de sentencia, cuando se encuentren firmes la liquidación del crédito resarcitorio y los honorarios fijados a los profesionales intervinientes.
Ello así, toda vez que su aplicación no implica una revisión de los estipendios ya regulados, sino una adecuación de los emolumentos a percibir de conformidad con la normativa citada.
En función de lo antes expuesto y del estado procesal de las actuaciones, se observa que fueron introducidos en tiempo propio tanto el pedido de prorrateo del demandado Banco de la Provincia de Bs. As. (14/07/2025), como el planteo de inconstitucionalidad del abogado Marcelo Víctor Szelagowski (16/07/2025).
3.2. En segundo término, basta cotejar los honorarios regulados al letrado de la parte actora y a los peritos que intervinieron en la causa (ver resoluciones del 12/05/2025 y del 08/07/2025), para advertir que la suma total resultante -sin computar los aportes respectivos, ni los restantes rubros que integran el concepto de costas-, supera ampliamente el 25% del monto de condena, cuya liquidación oportunamente aprobada asciende a $544.675,76 (21/04/2025).
3.3. En tercer lugar, se impone subrayar que resulta reprochable el decisorio criticado, toda vez que allí se declaró la inaplicabilidad al presente caso del aludido art. 730 del ordenamiento civil y comercial, sin que hubiera sido decretada su inconstitucionalidad.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla. De otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto (conf. CSJN, Fallos: 313:1007; 321:1434, 323:3139; 326:4909; 346:1501).
En síntesis, el Máximo Tribunal de Justicia Nacional ha encontrado arbitrarios aquellos pronunciamientos que omitieron aplicar alguna norma que resultaba pertinente sin declarar su inconstitucionalidad.
3.4. A su vez, debe señalarse que en el precedente “Latino” (Fallos: 342:1193) valoró -por remisión al dictamen del Procurador General de la Nación- que la cuestión vinculada con el referido art. 730 del Código Civil y Comercial era sustancialmente análoga y, por ende, encontraba adecuada respuesta en las decisiones adoptadas en los antecedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921), "Brambilla" (Fallos 332:1118) y ''Villalba'' (Fallos: 332:1276), donde se había expedido a favor de la constitucionalidad de la modificación introducida por la ley 24.432 a los arts. 505 del Código Civil entonces vigente, y del art. 277 de la ley 20.744.
Recordó que allí había precisado que "...esa regulación limita la responsabilidad del condenado en costas y no el quantum de los honorarios profesionales..."; y que esa solución constituía "...uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos…”.
También recalcó que "...la eventual posibilidad de que los profesionales intervinientes ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese resultar del prorrateo legal, no resulta violatoria del derecho de propiedad reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional...".
Por último, puntualizó que “...En el caso, el beneficiario de la regulación tiene la posibilidad de reclamarle a su patrocinada el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la norma en cuestión, de allí que no ha demostrado que resulte lesionado su derecho de propiedad ni comprometido su derecho a una retribución efectiva por su labor…”.
Este criterio fue ratificado posteriormente en “Scaglione” (CIV 87820/2009/1/RH1 del 29 de octubre de 2020), “Fernández” (CIV 60494/2011/CS1 del 11 de marzo de 2021), “Villalba” (CIV 88598/2013/CS1 del 17 de junio de 2021), “Damianoff” (CIV 114209/2000/1/RH1 del 17 de junio de 2021), “Aguirre” (CIV 31984/2008/1/RH1 del 8 de julio de 2021), “Soria”, (CIV 91650/2008/2/RH1 del 7 de octubre de 2021), “Peroni” (CIV 31868/2008/1/RH1 del 16 de junio de 2022), “Garro” (CIV 53397/2009/CS1 del 6 de septiembre de 2022), “Masciotra” (CIV 58953/1999/3/RH2 y otro del 6 de septiembre de 2022), “Denoy” (CIV 12102/2007/1/RH1 del 6 de septiembre de 2022), “Dangel” (CIV 100297/2010/CS1 del 23 de mayo de 2023), “Cisterna” (CIV 112968/2006/1/RH1 del 4 de julio de 2023) y “Álvarez” (CIV 30079/2015/3/1/RH2 del 29 de agosto de 2023), entre muchos otros.
La análoga postura fue tomada por la Suprema Corte de Justicia Provincial en los precedentes “Gentile” (conf. SCBA LP Ac 78984 S 30/06/2004), “Poggi” (conf. SCBA LP C 97539 S 13/05/2009) y “Martínez” (conf. SCBA LP C 118302 S 01/07/2015).
Bajo tales premisas, es lo cierto que en la especie no se verifica la configuración de los requisitos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.
En efecto, se observa que la condición de consumidora de la actora Mónica Beatriz Di Profio y el beneficio de gratuidad que le asiste (arts. 53 ley 24.240; 25 ley 13.133), no resulta óbice para la aplicación del citado art. 730 del Digesto Civil y Comercial.
Es que la gratuidad de la que goza la accionante no impide la eventual promoción por parte de los interesados del correspondiente incidente de solvencia, a fin de hacer cesar dicha franquicia, de conformidad con lo prescripto por el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.
En esa inteligencia, así como el beneficio de gratuidad consagrado por las normas protectoras de usuarios y consumidores (arts. 42 Const. Nac; 38 Const. Pcia. Bs. As; 53 y 55 ley 24.240; 25 ley 13.133), favorece al litigante que logre acreditar su carácter de consumidor, sin que corresponda discriminar el carácter en que interviene -actor o demandado- (conf. CC0201 LP 138879 RS 545/2024 S 17/12/2024, CC0201 LP 140159 RS 230/2025 S 01/07/2025); también es posible que cualquier profesional interviniente en la causa promueva el incidente de solvencia para la percepción integral de sus emolumentos, y no solamente el demandado, dado que la normativa no prevé la legitimación exclusiva de este último a tal fin (art. 19 Const. Nac.).
Ciertamente, el Cimero Tribunal de Justicia de la Nación sostuvo que: “...al hallarse en juego la interpretación de normas procesales -tal como ocurre en estas actuaciones a tenor de la naturaleza del beneficio de gratuidad-, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con los principios y garantías constitucionales, , en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso, incluso, en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas…” (conf. CSJN, Fallos: 310:933; 315:1738 -voto de los Ministros Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano-; 328:1108).
A su vez, cuadra resaltar que el art. 58 de la ley 14.967 regula la posibilidad de que los abogados reclamen sus honorarios regulados contra el condenado en costas; y solidariamente contra el beneficiario de las tareas, en función de tratarse de una obligación concurrente (art. 850 Cód. Civ. Com.).
O sea que efectivamente los letrados pueden perseguir el cobro del remanente de sus estipendios que exceda el margen legal (25%) por parte de su cliente no condenado en costas; más allá de que, en la especie, no se tenga certeza acerca de la posibilidad de lograr tal cometido, toda vez que deberá probarse previamente la solvencia de la consumidora demandante.
La misma suerte correrán los auxiliares de la justicia que hubieren actuado en la causa.
En suma, se colige que el indicado art. 730 del Código Civil y Comercial no excluye -sin más- el derecho de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia a la percepción total de sus emolumentos; por lo que no se aprecia la afectación constitucional de su derecho a la propiedad.
Precisamente, y tal como fuera indicado por la Juzgadora, la limitación contenida en la norma examinada no importa la restricción del derecho de propiedad; sino más bien una distribución equitativa del mayor costo en el litigio.
De ahí que se aprecia que el profesional Marcelo Víctor Szelagowski no demostró -siquiera mínimamente- en qué medida la aplicación de la norma impugnada resulta violatoria de la garantía constitucional a una retribución justa y efectiva por su labor y a su derecho de propiedad; ya que el límite porcentual establecido en el referido precepto no cercena su crédito, en tanto exista la posibilidad de reclamar el excedente a su cliente (art. 375 CPCC).
Desde otroángulo, se pondera que la normativa implicada no conculca el derecho de igualdad, ya que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas con el objetivo de disminuir los gastos procesales (conf. CSJN, Fallos 332:921; 332:1118; 332:1276; 342:1193).
Así entonces, es lo cierto que lo antes expuesto resulta suficiente para admitir los agravios, sin necesidad de formular otras consideraciones.
De tal modo, se concluye que el decisorio en crisis no se ajusta a derecho (arts. 14 bis, 17, 18, 19 y 31 Const. Nac; 1, 2, 3, 730 y cctes. Cód. Civ. Com; 163, 164, 260, 266, 270 y cctes. CPCC).
3.5. Empero se impone realizar las siguientes aclaraciones: a) el art. 730 del Código Civil y Comercial en cuanto establece un límite en la responsabilidad del condenado en costas es una norma imperativa, porque en principio excluye o suprime la voluntad privada, de modo tal que se impone a los interesados; b) dicha norma imperativa encuadra en la categoría de las prescriptivas, ya que si bien no pueden ser alteradas o dejadas de lado por una convención particular, puede ser renunciado por el interesado, tal como cuando se promueve la ejecución de los honorarios y éste no plantea el límite precitado dentro del plazo legal para oponer excepciones; c) por ello no corresponde que el juez aplique el prorrateo de oficio; d) si bien la posibilidad que tiene el letrado del ganancioso, o el perito, en su caso, de reclamarle al vencedor no condenado en costas el excedente que supere el 25% luego del pertinente prorrateo, no resultaría conculcatorio de su derecho de propiedad ni demás derechos que recalan en la Carta Magna -conforme lo han destacado los superiores tribunales en los precedentes señalados-, cuando ello se produce, el mencionado conflicto constitucional se hace efectivo (deja de ser una posibilidad), debiendo prevalecer el derecho a la reparación plena o integral -que tiene sustento constitucional (arts. 16, 17, 18, 31 y 75 inc. 22, Const. Nac; 2.3 PIDCP)- por sobre el derecho a un límite en el pago de las costas de un juicio -que no lo tiene- (arts. 1 y 2 Cód. Civ. Com; 384, CPCC), a lo cual se agrega la tutela constitucional del consumidor (art. 42 Const.Nac.).
Consecuentemente, con los alcances indicados voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, dejando a salvo mi postura sentada en la causa 132.730 (sent. del 28/11/2024), en cuanto a que el límite determinado por el art. 730 del Código Civil y Comercial importa un recorte de los derechos del acreedor, y no un límite a la responsabilidad del deudor principal, esto es del condenado en costas; adhiero a la solución propuesta y, por tanto, también voto por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la apelada resolución del 29/12/2025, rechazándose el planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial formulado por el letrado Marcelo Víctor Szelagowski, y su consiguiente aplicación al presente caso; sin perjuicio de lo que oportunamente se disponga en torno al modo de practicarse el prorrateo -conceptos incluidos, valor del “Jus” aplicable, etc- (arts. 14 bis, 17, 18, 19 y 31 Const. Nac; 1, 2, 3, 730 y cctes. Cód. Civ. Com; 163, 164, 260, 266, 270 y cctes. CPCC).
Postulo que las costas de ambas instancias se impongan al aludido recurrido Marcelo Víctor Szelagowski, dado que reviste la objetiva condición de vencido (arts. 68, 69 y 274 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Por idénticos motivos, voto en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, fundamentos expuestos, y oído el Fiscal de Cámara Departamental, se revoca la apelada resolución del 29/12/2025, rechazándose el planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial formulado por el letrado Marcelo Víctor Szelagowski, y su consiguiente aplicación al presente caso; sin perjuicio de lo que oportunamente se disponga en torno al modo de practicarse el prorrateo -conceptos incluidos, valor del “Jus” aplicable, etc-. Costas de ambas instancias al aludido abogado recurrido. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia