Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77512
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº4 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará ahí electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Mediante oficio, hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
B.77.512 “VALEIKA ADRIANA SILVINA C/ IBAÑEZ ANDREA AVELINA Y OTRO/A S/ NULIDAD DE CONTRATO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Adriana Silvina Valeika, por derecho propio, deduce la presente acción contra Andrea Avelina Ibañez, con miras a que se declare la nulidad del boleto de compraventa en relación al inmueble, del cual alega ser titular registral de parte indivisa, situado en la Avenida Félix Camet de la ciudad de Mar del Plata y que identifica catastralmente como Circunscripción VI, Sección B, Manzana 137-b, Parcela 8-a, por cuanto, según afirma, dicha operación traslativa de dominio no habría contado con su firma, requisito necesario para su validación.
Adicionalmente, solicita se declare la nulidad de la inscripción del acto impugnado que efectuara el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y, con ello, la cancelación de los asientos registrales generados a partir de dicha inscripción, ya que entiende esta actuación del organismo provincial contraría al artículo 4 de la hoy derogada Disposición Técnico Registral 2/2013. Por tal razón, requiere que el ente registral sea citado en estos actuados en calidad de tercero.
Manifiesta que, a raíz de ello y a los efectos de obtener la nulidad sobre la mentada operación, inició en el año 2017 un procedimiento de mediación, sin obtener los resultados esperados, puesto que ninguno de los dos, la señora Ibañez, en su carácter de demandada, y el organismo provincial, en su calidad de tercero, habrían comparecido a la instancia.
De igual manera en el mismo año, según relata, dio curso a las actuaciones "Ibañez, Andrea Avelina - Falsificación de instrumento - Dte. Valeika, Adriana", tramitadas por ante la Fiscalía N°10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, en cuya oportunidad también intervino el Juzgado de Garantías N°2 de aquella jurisdicción territorial. Remarca que en esos obrados se le otorgó el rol de particular damnificada.
Frente a ese contexto, sumado al hecho de encontrarse aún en trámite las actuaciones administrativas que se iniciaran -a través del expediente N°23070002823- ante la entidad registral demandada, es que peticiona, por un lado, la anotación de litis y, por el otro, se decrete el embargo sobre la porción indivisa del 50% que le correspondería respecto al bien inmueble en cuestión (fs. 184/194).
II. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo magistrado subrogante, en razón de lo expuesto por la actora en su presentación postulatoria (cfr. apdo. III in fine ) respecto a la conexidad que guardaban las presentes actuaciones con el expediente "Valeika, Adriana Silvina c/ Puente, Magdalena y otro s/ Escrituración", remitió los obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 departamental (v. despacho electrónico de fecha 20-III-2018).
El juez de este último, aceptando la competencia atribuida, ordenó, al tiempo de correr traslado de la demandada y de citar en calidad de tercero al organismo provincial en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial, decretar la anotación preventiva de litis , mas no el embargo preventivo solicitado (cfr. primer despacho electrónico de fecha 20-IV-2018).
Por su parte, en oportunidad de responder la citación, la Fiscalía de Estado opuso, juntamente con el pedido de nulidad de la notificación y de la adecuación de los plazos procesales, una excepción de incompetencia por considerar que, de acuerdo a la exposición de los hechos vertidos en la demanda, la materia sobre la que versaba el reclamo de autos era propia del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo. Para fundar esto adujo que, al endilgarse la aparente falta de servicio a la entidad registral, podría encontrarse comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado (art. 2 inc. 4, ley 12.008; v. presentación electrónica de fecha 28-XI-2018).
En lo que aquí interesa, es menester señalar que, con posterioridad a que se efectuaran diferentes actos procesales -de los que cabe destacar el rechazo de la nulidad planteada no así de la ampliación del plazo procesal (de fecha 3-IV-2019), la declaración de rebeldía (de fecha 30-IV-2019), la concesión del recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado (de fecha 23-V-2019) con la consecuente elevación del expediente a la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental y la concesión de la medida cautelar (de fecha 30-IX-2019)-, la magistrada por entonces interviniente acogió -aunque advirtiendo "...que las normas que resolverán la cuestión son las del Código Civil y Comercial que regulan el derecho real de dominio"- la defensa incoada por el apoderado fiscal y, en vista de ello, se declaró incompetente para seguir interviniendo en las actuaciones (sent. interlocutoria de fecha 3-IX-2021, obrante en el expediente electrónico).
A su turno, habiendo salido sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, el magistrado a su cargo también se rehusó a entender en el asunto.
Invocando doctrina de este Tribunal, estimó que la controversia planteada en el sub examine , en la que se persigue -según puntualizó- la "...nulidad de un contrato de compraventa que se tacha de apócrifo", correspondía, conforme la regla de exclusión prevista en el artículo 4 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo, al conocimiento del fuero civil y comercial
Por ello, en la consideración de que en autos debía continuar interviniendo el órgano preactuante, tuvo por configurada la contienda negativa de competencia y elevó las actuaciones a esta Suprema Corte para que la dirima (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; v. resol. electrónica de fecha 29-X-2021).
III. Cabe adelantar que en el caso, por la naturaleza de las pretensiones, la competencia para conocer y resolver corresponde al magistrado en lo civil y comercial que previno.
III.1. En lo tocante a la pretensión principal, mediante la cual se persigue la declaración de nulidad de un boleto de compraventa por carecer de requisitos esenciales, se trata -como bien apuntó el juez en lo contencioso administrativo- de un supuesto regido primariamente por normas del derecho privado (arts. 2247 y concs., Cód. Civ. y Com.) y que, en consecuencia, se halla excluido del ámbito del conocimiento asignado a los tribunales del fuero especializado (cfr. art. 4 inc. 1, CCA; doctr. causas B. 71.703, "Bagnone", resol. de 18-IV-2012; B. 73.243, "Gutierrez" y B. 73.390, "Rodríguez", ambas resol. de 5-XI-2014; B. 73.884, "Lachermeier", resol. de 22-XII-2015; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018; B. 76.725, "Municipalidad de Almirante Brown", resol. de 23-II-2021 y B. 76.674, "Fiscalía de Estado", resol. de 19-III-2021, e.o.).
III.2. A idéntica conclusión cabe arribar en relación al pedido adicional de la demandante con motivo de la actuación del organismo provincial.
Al respecto, esta Corte ha sostenido reiteradamente, en consonancia con la actual redacción del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que eran asuntos raleados del conocimiento de los jueces especializados, aquellas contiendas donde la pretensión se ceñía a cuestionar la validez de una inscripción registral, tal como sucede en la litis , en que la actora solicita se declare la nulidad de la formulada por el Registro de la Propiedad Inmueble en virtud del mentado boleto de compraventa como, así también, la cancelación de los asientos posteriores realizados en su consecuencia (doctr. causas B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y sus citas).
IV. En atención a la competencia material, y dado que la intervención en el proceso en calidad de tercero por parte del organismo provincial no deviene, por sí sola, un motivo dirimente para suponer que se halla afectado el ámbito competencial atribuido al fuero contencioso administrativo (doctr. causa B. 77.308, "Custiriano", resol. de 11-XI-2021 y sus citas), corresponde que los obrados sigan tramitando ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº4 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº4 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará ahí electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Mediante oficio, hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2021 19:09:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2021 21:17:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2021 07:46:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 09:46:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:38:58 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/12/2021 12:35:35 hs. bajo el número RR-1009-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia