Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC y Acordada 1.790) y 2) ante su insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 125.026 "RANZINI CARLOS RODOLFO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea confirmó la sentencia de origen que, a su turno, rechazó la demanda de nulidad de contrato instaurada por Carlos Rodolfo Ranzini contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, imponiendo las costas del juicio a la parte actora vencida, con excepción de los gastos y honorarios del perito informático que el Tribunal de Alzada impuso a cargo de la demandada (v. sentencias de 27-V-2021 y 31-III-2021, respectivamente).
Contra dicho pronunciamiento el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 10-VI-2021). La Cámara intimó al recurrente a estimar el valor de su agravio a los fines del cumplimiento del requisito del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resolución de 15-VI-2021).
Frente a ello, el impugnante realizó una estimación, señalando no obstante lo dificultoso del cálculo y reiterando el planteo ya efectuado en el recurso extraordinario de que se considere como de monto indeterminado (v. presentación electrónica de 16-VI-2021). El Tribunal de Alzada consideró insuficiente dicha estimación a los fines requeridos y en consecuencia denegó la vía extraordinaria deducida (v. resol. de 23-VI-2021). Esta última decisión, motivó la articulación de la presente queja (art. 292 del CPCC; v. escrito electrónico de 5-VII-2021).
II. Recibidos los autos principales, es pertinente recordar que, a los fines de lo establecido en el citado art. 278 del código adjetivo, el valor del agravio está representado, para el recurrente que impugna el rechazo de su demanda, por el reclamo que fuera desestimado (conf. doctr. causas C. 120.046, "Acevedo", resol. de 2-IX-2015; C. 121.192, "Sosa", resol. de 28-XII-2016; C. 121.418, "Resquin", resol. de 21-VI-2017).
Así, en el caso, tal como menciona el demandado en la queja traída, en su pretensión inicial peticionó la nulidad del contrato de préstamo bancario para la compra de automotores, ajustable mediante cláusula UVA, cuyo monto de capital originario asciende a $534.600. A su vez, solicitó que se ordene al banco a que reimpute los montos descontados indebidamente en exceso, a la cancelación del saldo deudor del segundo préstamo acordado y, para el caso de que se hayan debitado sumas que superen el mencionado saldo deudor, se ordene su inmediata restitución. Además, demandó indemnización por daño moral, el cual sujetó a determinación judicial y la aplicación del daño punitivo previsto en la ley 24.240 cuya cuantificación requirió que se realice aplicando la fórmula que indicó (v. escrito electrónico de 22-VI-2020 y recurso de queja del 5-VII-2021)
En tales condiciones, más allá de los términos en que se realizara la intimación por el Tribunal de Alzada y su posterior respuesta para denegar el recurso, en atención a la índole de los agravios expuestos y de acuerdo a los elementos obrantes en autos, resulta pertinente estimar el valor -a los fines previstos en el art. 278 citado- como de monto indeterminado (conf. doctr. causas Ac. 93.542, "Rackauskas", resol. de 21-XII-2005; C. 122.412, "Torres", resol. de 9-V-2018; C. 123.117, "Lvga Internacional S.R.L.", resol. de 25-IX-2019 y C. 123.277, "Tornaroli", resol. de 6-XI-2019; C. 123.441, "Campostrini", resol. de 23-IX-2021).
En consecuencia, encontrándose reunidos los demás requisitos legales, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada (arts. 278 y 292, Cód. cit. y Acordada 1.790).
III. Abordando la impugnación concedida, a través de la cual se aduce absurdo e infracción a los arts. 4, 8 bis, 36, 37, 52 bis y 53 de la ley 24.240; 1094, 1095 y 1100 del Código Civil y Comercial; 7, 18 y 42 de la Constitución nacional y 15 y 38 de su par local, se anticipa que no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 31 de marzo de 2021 -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- para confirmar la decisión de grado sostuvo que "No puede entonces alegarse incumplimiento del proveedor de una oferta, o más ampliamente de un contrato, pues no ha existido en verdad una declaración de voluntad válida que lo obligue jurídicamente. Tampoco ha existido una defraudación en las expectativas del consumidor o un abuso de su situación desigual pues nunca el negocio consistió en ese contrato utilizado únicamente para la registración en el sistema interno del Banco sin gravamen para el recurrente quien en definitiva recibe el mismo trato que quienes contrataron por el sistema de préstamos bancarios UVA." (v. pág. 11).
Tal fundamento, que se constituye en el eje central de la sentencia en crisis, no logra ser conmovido por los reproches volcados en las págs. 4/14 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con la congruencia de la decisión, el principio protectorio del consumidor, el deber agravado de información y cooperación y los absurdos valorativos respecto a los indicios oficiosamente introducidos) se desentienden de las razones expuestas por el sentenciante, exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo expuesto, basta para repeler este fragmento impugnativo y permite, además, descartar las infracciones legales indicadas en la pág. 2 del conducto bajo análisis (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Finalmente, igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la referida pág. 2 del canal impetrado, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC y Acordada 1.790) y 2) ante su insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:34:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 10:26:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/07/2022 16:52:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 14:33:28 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/08/2022 12:21:51 hs. bajo el número RR-342-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia