Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127469
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
C. 127.469 "LÓPEZ GUIZARD WALTER FELIPE C/ HIPPENER MARIO RAÚL Y OTRO/A S/ NULIDAD DE CONTRATO"
I. El señor Walter Felipe López Guizard promovió, el 27 de junio de 2023 y ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, demanda de nulidad de contrato -por vicio de la voluntad y lesión- contra el señor Mario Raúl Hippener y la señora Ana María Rivero, ambos domiciliados en la localidad de Puan. Solicitó que se disponga la restitución de la posesión de los inmuebles objeto de autos, el reintegro de todos los arrendamientos sobre dichos bienes y, como medida cautelar, la anotación de la litis. En torno a la competencia, explicó que las partes acordaron en la cláusula séptima del boleto de compraventa cuya nulidad se pretende, someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Bahía Blanca. Detalló que el hecho que motivó la iniciación de estos obrados le produjo un ahogo financiero que derivó en un pedido de concurso preventivo -abierto el 28 de agosto de 2020- ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, presentándose el señor Hippener, quien insinuó dos créditos -por un contrato de mutuo y por el boleto de compraventa aquí objetado-. La primera de las acreencias fue desestimada por el Juez interviniente y, en relación a la segunda -que fue admitida- se planteó el incidente de revisión caratulado "López Guizard, Walter Felipe c/ Hippener, Mario s/ Incidente de Revisión" (v. trámite: "Demanda-se presenta", de fecha 27-VI-2023 y PDF adjs.).
Previo a proveer, se solicitó al Juzgado de Trenque Lauquen la remisión del incidente mencionado, informando el requerido que el citado expediente se encontraba en la Cámara de Apelaciones del fuero departamental (v. trámites: "Proveído" del 23-VIII-2023 y "Oficio recibido", de fecha 29-VIII-2023).
Así, previa consulta vía MEV del estado de los autos referenciados, el magistrado se declaró incompetente para intervenir. Fundó su postura en que allí se dictó sentencia respecto de la misma operación -compraventa celebrada el 6 de junio de 2018- rechazándose los planteos del señor López Guizard. Agregó que dicho acto no se encuentra firme, por estar impugnado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Argumentó que, frente a la posibilidad de emitir fallos contradictorios, por razones de conexidad deberá entender el juez que previno, ya que se trata -según su modo de ver- de una prolongación del mismo conflicto entre las partes. Finalmente, alegó motivos de unidad decisoria, accesoriedad de los planteos y economía procesal, sin perjuicio de que la señora Ana María Rivero -demandada en estos obrados- no lo fue en el incidente de revisión en cuestión (v. trámite: "Competencia-se resuelve", de fecha 8-IX-2023).
Recibidos, el juez de Trenque Lauquen no aceptó la atribución endilgada por considerar prematura la decisión de inicio. Ello, toda vez que el contrato fue revisado únicamente en cuanto a su oponibilidad al proceso universal. Adicionó que, al ser el concursado actor en estas actuaciones, no resultan atraídas por el proceso universal. Finalmente agregó que, al haberse expedido en relación al boleto objeto de la contienda, su nueva intervención podría suponer una causal de prejuzgamiento y devolvió los autos al preventor (v. tramite: "Competencia-se resuelve", de fecha 30-X-2023). Este último, atento al conflicto negativo de competencia suscitado, elevó los autos a esta Corte (v. trámites: "Escrito electrónico", de fecha 27-XI-2023 y "Remisión a SCBA-se ordena", de fecha 7-XII-2023).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2. Const. prov.).
II. Liminarmente cabe señalar que la ley admite la acumulación de procesos, siempre que procediere la acumulación subjetiva de acciones y que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pueda producir efectos de cosa juzgada en el otro, requiriendo además que los procesos acumulados se encuentren en la misma instancia y que puedan sustanciarse por los mismos trámites (arts. 188 inc. 1 y 3 y 87 inc. 3, CPCC; causas Ac. 107.345, "Rivero", resol. de 15-VII-2009 y C. 123.379, "Ferreyra", resol. de 29-VIII-2018 y C. 126.005, "Porreca Cismondi", de fecha 31-III-2023).
Además, la conexidad entre dos o más causas para incidir sobre la competencia de los órganos debe ser actual, es decir, darse entre procesos pendientes (conf. doctr. causas C. 113.017, "Perez Sanchez", resol. de 16-II-2011; C. 117.913 "García", resol. de 25-IX-2013 y causa C. 117.845, "Perez", resol. de 19-II-2014).
Sentado lo expuesto anteriormente y teniendo en consideración que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida (causas Ac. 105.909, "Frittayon,", resol. de 17-XII-2008; C. 104.260, "Álvarez", sent. de 9-II-2011 y C. 114.643, "Torres", resol. de 11-V-2011), se advierte que no se configura el supuesto suficiente de conexidad requerido. Ello pues, el objeto de la presente acción es la nulidad del contrato de compraventa acompañado, la consecuente restitución de la posesión de los inmuebles involucrados y el reintegro de los arrendamientos sobre los mismos, siendo demandados el señor Hippener y su cónyuge, la señora Rivero (v. trámite: "Demanda se presenta", de fecha 27-VI-2023 y PDF adjs.).
Por su parte, conforme consulta efectuada vía MEV de los autos "López Guizard, Walter Felipe C/ Hippener, Mario s/ Incidente de Revisión", se advierte que allí el concursado solicitó la revisión de la decisión que tuvo por admitido el crédito del acreedor, consistente en la obligación de escriturar los inmuebles objeto del contrato de compraventa aquí cuestionado. Ahora bien, la Cámara interviniente confirmó el rechazo de la demanda incoada, descartando -en el contexto de ese trámite concursal- realizar un juicio específico sobre la realidad de la simulación, el abuso del derecho o la desproporción de las prestaciones invocados. Frente a dicha decisión, el concursado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que peticiona -en prieta síntesis- que se resuelva sobre el reajuste equitativo o readecuación del precio fijado en el mencionado contrato (v. MEV, causa TL-3025-2021, trámites: "Sentencia definitiva" de 22-XII-2021; "Sentencia Interlocutoria" de 8-III-2023 y "Recurso extraordinario-interpone", de 20-III-2023).
De allí que, no se advierten -en el caso- los recaudos que caracterizan la conexidad para producir el desplazamiento de la competencia y la tramitación conjunta de ambos procesos. Ello, más allá de una posible vinculación instrumental entre las causas, que bien puede canalizarse en los términos del art. 374 del Código Procesal Civil y Comercial y dada la progresiva digitalización de las actuaciones implementada por este Tribunal (v. Ac. 3399/08 y reglamentaciones posteriores; art. 48, ley 25.506 y ley 13.666).
En consecuencia, descartada la posibilidad de pronunciamientos contradictorios, no presentándose el supuesto de conexidad que determinaría la acumulación de ambos procesos y conforme lo expuesto por el accionante en su escrito postulatorio, siendo la competencia territorial prorrogable en asuntos patrimoniales, debe continuar entendiendo el órgano ante el que ha sido articulada la demanda (arts. 1 y 2, CPCC; v. trámite: "Demanda se presenta", de fecha 27-VI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2024 13:19:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/06/2024 21:17:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2024 15:55:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:43:47 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:39:54 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 13:00:22 hs. bajo el número RR-512-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia