Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 121973
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 121.973 "CENTRO DE ORIENTACIÓN DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR - CODEC C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO"
I. El apoderado del banco demandado deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que, de conformidad con lo propuesto por el señor Procurador General, hizo lugar al remedio de inaplicabilidad de ley interpuesto por la asociación accionante. En consecuencia, por un lado, revocó la sentencia apelada en cuanto impuso las costas de ambas instancias de grado a la actora, dejándolas sin efecto, en virtud de lo normado por el art. 55 de la ley 24.240. Y por el otro, fijó las costas de esta sede extraordinaria -por el recurso de queja y el de inaplicabilidad de ley- en un 30%, sólo al demandado (v. "PROCURADOR DICTAMINA" de fecha 26-XII-2019; sent. de 29-IX-2023 y trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 24-X-2023 y su archivo adjunto identificado como "ref+codec.pdf").
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio, propiedad y razonabilidad (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 12, Const. nac.; v. págs. 2, 7, 10, 12/13 y 18/19, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, revocó -sin dar fundamentos suficientes- la decisión del Tribunal de Alzada, vulnerando -de ese modo- los derechos constitucionales mencionados. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN Fallos: 341:1443; 341:770; 338:1347; 246:87, entre otros).
II.3. Alega que, contrariamente a lo expresado en la sentencia atacada, no correspondía eximir de costas a la entidad accionante. Denuncia que tal yerro deriva de ponderar -erróneamente, según su entender- que la actora es una asociación de consumidores y usuarios constituida como persona jurídica y reconocida por la autoridad de aplicación, lo cual resulta -a su modo de ver- un requisito para encuadrar en el beneficio de gratuidad que otorga el art. 55 de la ley 24.240.
En tal sentido, aduce que no basta con invocar la legitimación colectiva para gozar de tal prerrogativa, sino que es necesaria su acreditación, lo que afirma que no aconteció en autos. Y, en razón de lo antedicho, asevera que este Tribunal fundó su postura en antecedentes de la Corte Suprema que no guardan relación con las circunstancias fácticas aquí denunciadas, en tanto en ninguno de los casos allí citados se trató de asociaciones que no se encontrasen debidamente reconocidas por la Autoridad de Aplicación (v. págs. 7/17, adjunto cit.).
II.4. Cuestiona, finalmente, la forma en que fueron impuestas las costas por el progreso parcial del remedio local, en tanto su parte fue vencedora en todas las instancias y solicitó la imposición en el orden causado, atento a la falta de precedentes en la temática debatida (v. págs. 18/19, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 27-X-2023), el mismo no fue contestado.
IV.1. En lo que atañe al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico probatorias, la aplicación del art. 55 de la ley 24.240 al caso y la imposición de las costas en sede extraordinaria), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 324:4349; 325:703; 2219; 326:2682; 330:133; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de irrazonable valoración del material probatorio, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para declarar procedente el remedio de inaplicabilidad de ley deducido por la asociación actora (v. págs. 5/9 y 25/38, adjunto cit. y sent. objetada).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 12, Const. nac.; v. págs. 2, 7, 10, 12/13 y 18/19, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 121.754, "Toledo Juan Antonio", resol. de 11-V-2022; C. 122.544, "Crimson Investment S.A.", resol. de 23-XI-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:59:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:44:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 13:04:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:48:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:04:55 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:58:18 hs. bajo el número RR-444-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia