Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126928
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 4068). Con costas.
C. 126.928 "BALVERDI LUCIANO GERARDO C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO (DIGITAL)"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un reclamo por nulidad de contrato y daños y perjuicios promovido por Luciano Gerardo Balverdi contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, confirmó la sentencia que, a su turno, hiciera lugar a la demanda declarando la ineficacia de los actos que identificó y admitiendo el reclamo resarcitorio por daño material y punitivo en la suma un millón noventa y dos mil setecientos diecisiete pesos ($1.092.717), con más los intereses establecidos (v. sents. de 19-IX-2022 y 1-VIII-2023, en archivos adjuntos).
Frente a lo así resuelto el legitimado pasivo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. escrito de 16-VIII-2023 disponible en la Mesa de Entradas Virtual -MEV- y resol. de 22-VIII-2023). Ello motivó la presentación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; escrito electrónico de 4-IX-2023 y sus archivos adjuntos).
II. Ingresando en su estudio, se observa que en el caso el impugnante no desconoce que el valor del agravio -representado por el importe de la condena impuesta de la que se agravia- resulta inferior al monto mínimo contemplado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 y Acordada 4114/2023- para acceder a la revisión por la vía intentada, tal como fuera indicado en la resolución denegatoria (conf. doctr. causas C. 119.515, "Ciro", resol. de 11-III-2015; C. 121.666, "Sánchez Deliens", resol. de 5-VII-2017; C. 122.161, "Turismo Flecha S.R.L", resol. de 7-III-2018 y C. 124.921, "González", resol. de 9-XI-2021; C. 126.002,"Gonzáles", resol. de 29-XII-2022).
En su queja, pretende que no sea aplicada esa limitación. Invoca para ello las previsiones del art. 31 bis de la ley 5.827, por entender que la decisión adoptada en autos excede el interés particular, configurando así un supuesto de gravedad institucional con afectación a distintas garantías constitucionales. Asimismo, ante la que considera una sentencia arbitraria, plantea la existencia de cuestión federal (v. rec. de hecho).
En ese contexto, dado el reconocimiento expreso de la insuficiencia del valor del agravio por parte del recurrente (v. queja, apartado III. "Procedencia sustancial del recurso" A. "Agravio concreto"), la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar la atendibilidad de los planteos invocados para superar aquel valladar formal (conf. causas C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020; C. 124.422, "Toloza", resol. de 8-VI-2021; C. 125.182, "Tucci", resol. de 15-III-2022; C. 126.002, cit.).
Corresponde señalar, con referencia a la invocación del art. 31 bis de la ley 5.827 a fin de soslayar el requisito del monto mínimo para acceder a la revisión, que no se advierte que en el presente caso -en que la impugnación se sustenta en la causal de arbitrariedad y absurdo en la apreciación de la prueba- se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal diera trámite al recurso obviando tal limitación (conf. doctr. causas C. 121.246, "Cinematográfica Madero S.A.", resol. de 5-IV-2017; C. 123.678, "Israel Silicaro,", resol. de 19-IV-2021; C. 124.832, "Amadeo", resol. de 18-XI-2021, C. 125.561, "Quintana", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.002, cit. y C. 126.421, "Municipalidad de Trenque Lauquen", resol. de 14-XI-2023).
Por otra parte, en cuanto a la gravedad institucional alegada, reiteradamente se ha sostenido que esta se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso bajo análisis, de conformidad con los agravios expuestos, la presencia de una situación de las características aludidas. En esta línea de pensamiento, se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de interés público si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre, de manera indudable, la concurrencia de aquella circunstancia, resultando deficientes los motivos brindados por el impugnante, lo que conduce al rechazo de tal pretensión (conf. CSJN, Fallos: 303:221; conf. doctr. C. 120.938, "Contin", resol. de 22-II-2017; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 124.767, "Japas", resol. de 23-IX-2021; C. 125.561, "Quintana", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.002, cit.).
Finalmente, tampoco se aprecia la existencia -en principio- de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que si bien se alega la supuesta arbitrariedad y la transgresión de garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven temas concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.704, "Bressan", resol. de 27-VIII-2020; C. 125.162, "Heidel", resol. de 23-V-2022; C. 126.002, cit.).
En tales condiciones, el carril impugnativo incoado resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja articulada (arts. 278 y 292 cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 4068). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2024 11:40:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2024 13:26:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 13:04:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:51:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 10:41:21 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 12:14:34 hs. bajo el número RR-327-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia