Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 153608
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 115 por la actora y, por ende, revocar la sentencia de fs. 106/110 (arts. 242, 246, 270, 310, 315, 316 y conc. del C.P.C.C.).
II. Imponer las costas en ambas instancias al demandado vencido (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N ° 39-S FOLIO N° 187/9
EXPEDIENTE N° 153.608. JUZGADO N° 7.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 5días del mes de marzo de 2020 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "GONZALEZ GRACIELA BEATRIZ C/ MUÑOZ MIGUEL ANGEL S/NULIDAD ACTO JURIDICO " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 106/110?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento atacado se decretó la caducidad de la instancia, con costas a la actora.
Para arribar a dicha decisión destacó que la denegación del préstamo a fs. 81 (11-12-2015) por falta de fundamentación en alguno de los supuestos del art. 127, no tuvo la entidad suficiente como para impulsar el procedimiento al no ser seguido de una presentación posterior por el interesado en tal sentido.
Agregó que la intimación cursada a fs. 85 en los términos del art. 315 del C.P.C.C. fue contestada en forma tardía el 6-2-2018, si bien realizó un acto impulsorio esa misma fecha al notificarse personalmente del traslado dispuesto a fs. 73 de la excepción opuesta por el demandado.
Afirmó que luego de dictado el proveído de fs. 81 (11/12/2015), el expediente fue paralizado con fecha 13-1-2017 y desparalizado el 15-9-2017 conforme petición de la actora de fecha 13-9-2017 (fs. 82), lo que denotaba una inactividad procesal útil por un plazo mayor a los tres meses, desde el último proveído dictado a fs. 81.
Expuso que el último acto procesal efectuado por la accionante fue realizado el 13-9-2017 (fs. 82), que mereciera proveído del 15-9-2017 (fs. 83) ordenándose la desparalización de las actuaciones.
Concluyó, en suma, que por haber transcurrido el plazo de tres meses sin que se efectuara actividad procesal útil, en tanto la presentación efectuada por la accionante de fecha 6-2-2018 fue posterior a la intimación que no contestó tempestivamente, correspondía hacer lugar a la caducidad de instancia de este proceso.
II. Síntesis de los agravios.
La actora apeló a fs. 115 y presentó el memorial a fs. 117/122. La réplica de la parte contraria tuvo lugar a través del escrito electrónico 26-12-2019..
Manifestó, en líneas generales, la contradicción en la que se incurría en la resolución al reputar como interruptivo el escrito por el cual se solicitó la desparalización del expediente (v. fs. 82 del 13-9-2017), y al mismo tiempo dar curso a la intimación del art. 315 del C.P.C.C. a instancias de la demandada tan sólo nueve días después de aquél.
Expresó, en consecuencia, que el planteo de caducidad debió ser rechazado in limine .
Puso de resalto que la decisión violó el principio de congruencia al decretarse la caducidad por un plazo de tiempo transcurrido que no fue por el que se peticionó la medida. Ya que el accionado solicitó este medio anormal de terminación del proceso por el tiempo transcurrido antes de la paralización de la causa y no por el posterior.
Impugnó, finalmente, que no se encontraba cumplido el plazo de seis meses previsto en el art. 310 inc. 1ro. del C.P.C.C. para los procesos ordinarios como el presente, incurriendo la jueza en una confusión al aplicar el plazo de tres meses previsto para los juicios sumarios.
III. Antecedentes.
a) A fs. 85 (22-9-2017) se ordenó la intimación prevista en el art. 315 del C.P.C.C.
b) A fs. 93 se agregó la cédula debidamente diligenciada el 21-12-2017.
c) A fs. 98 (6-2-2018) se presentó la actora manifestando su intención de continuar el proceso.
d) A fs. 100 (15-2-2018) la jueza tuvo por extemporánea la presentación.
e) A fs. 101/103 (16-2-2018) la actora contestó la excepción de prescripción opuesta por la contraria.
f) A fs. 104 (16-3-2018) la jueza tuvo por contestado el traslado ordenado a fs. 73 y difirió el tratamiento de la prescripción por no tratarse de una cuestión de puro derecho.
g) A fs. 105 (16-2-2018) el demandado solicitó la caducidad de la instancia.
h) A fs. 106/110 (16-3-2018) se dictó la resolución que viene apelada.
IV. Consideración de los agravios.
IV.1. El código de rito contempla la posibilidad que la caducidad de la instancia sea decretada de oficio o a pedido de parte, pero en uno u otro caso deben cumplirse tres requisitos, a saber: a) que medie una intimación previa al accionante, b) la comprobación del vencimiento del pazo pertinente y c) la decisión debe dictarse antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento (arts. 315 y 316).
Respecto de este último recaudo, se ha interpretado que supone una prohibición al juez de decretar la caducidad si alguna de las partes realiza actos impulsorios después de vencido el plazo correspondiente, pero antes de que aquélla sea declarada (Loutayf Ranea-Ovejero López, "Caducidad de la instancia", p. 446, Astrea, Buenos Aires, 1986).
En este sentido se ha resuelto que el juez no puede prescindir de la existencia de actos interruptivos realizados por las partes, lo que se condice con la hermenéutica restrictiva que impera en esta materia (C.S.J.N., 26-10-2004, La Ley 2005-265; López Mesa-Rosales Cuello, "Código...", p. 556, t. III, La Ley, Buenos Aires, 2012).
IV.2. Previo a ingresar en el análisis del caso, advierto que si bien la demandada al contestar el memorial sostiene que la sentencia en crisis resulta inapelable para la actora por aplicación del art. 150 del CPCC, lo cierto es que este prevé de manera expresa un régimen específico de apelación en el art. 317, por lo que tal planteo no es de recibo.
IV.3. Hecha esta salvedad, adelanto que el embate merece prosperar, aunque por otros fundamentos a los esbozados por la quejosa.
Repárese que la pieza de fs. 101/103, en la que la actora contesta la excepción de prescripción opuesta por la contraria, es presentada con fecha 16-2-2018, esto es, un mes antes del dictado de la resolución que decreta la caducidad de la instancia (16-3-2018, v. fs. 106/110).
Es más, no puedo dejar de observar que de manera simultánea a dicha sentencia, pero en auto por separado, la jueza tuvo por contestado el traslado ordenado a fs. 73 y difirió el tratamiento de la prescripción por no tratarse de una cuestión de puro derecho (v. fs. 104, 16-3-2018).
De allí que tratándose de un proceso sujeto al trámite del juicio ordinario (v. fs. 51/52) y habiendo la accionante realizado un acto impulsorio a fs. 101/103, el que, por cierto, fue positivamente receptado por la jueza a fs. 104, mal puede ésta dictar en la misma fecha la resolución en crisis (fs. 106/110), pues los términos y alcances del art. 316 del código de rito resultan claros en el sentido de impedir este modo anormal de terminación del proceso cuando el impulso aludido tuvo lugar -como en el caso- con anterioridad al dictado de aquélla.
En suma, el embate merece prosperar y, en consecuencia, la sentencia debe dejarse sin efecto (arts. 242, 246, 270, 316 y conc. del C.P.C.C.).
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 115 por la actora y, por ende, revocar la sentencia de fs. 106/110, con costas en ambas instancias al demandado vencido (arts. 68, 242, 246, 270, 274, 310, 315, 316 y conc. del C.P.C.C.).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 115 por la actora y, por ende, revocar la sentencia de fs. 106/110 (arts. 242, 246, 270, 310, 315, 316 y conc. del C.P.C.C.). II) Imponer las costas en ambas instancias al demandado vencido (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.C.). Pasar a resolver la apelación contra el monto de los honorarios por auto por separado (art. 34 inc. 5to del C.P.C.C).
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia