Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76837
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.76.837 “BARBOZA INES EVELINA C/ INSTITUTO DE VIVIENDA Y OTRO/A S/ NULIDAD ESCRITURA PUBLICA - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La señora Inés Evelina Barboza promueve demanda de nulidad y redargución de falsedad de la escritura pública N°3877/10, traslativa de dominio de la unidad funcional sita en la Manzana 32, Torre K “3”, Planta Baja, Departamento “A”, del Complejo Habitacional “Don Orione” de la localidad de Claypole, Partido de Almirante Brown, e indemnización por los daños y perjuicios que dice haber padecido, contra el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
Relata que el 13 de mayo de 1998 adquirió el mencionado inmueble junto con el señor Mario Eduardo Soto -quien por entonces fuera su conviviente- del señor Jorge Juan Sousa, en su carácter de depositario, mediante instrumento de “cesión de derechos y acciones, incluidos los derechos posesorios”, habiéndose certificado las firmas del convenio ante la escribana Viviana Rita María Pellegrino de Scotto Lavina.
Sin embargo, alega que el Instituto demandado, a través del Departamento de Administración General autorizó mediante resolución N°4419 a la Escribanía General de Gobierno a extender el pertinente instrumento público a favor del señor Mario Eduardo Soto, como único adjudicatario. Asimismo, sostiene que, pese al reclamo efectuado ante el citado organismo, éste procedió a la entrega de la escritura definitiva aquí cuestionada.
Finalmente, solicita se cite a la Municipalidad de Almirante Brown como tercero, en razón de la presunta responsabilidad que le cabría en el marco del “Plan de Escrituración del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires”, conforme lo dispuesto en la ley 13.342.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuyo magistrado se inhibió de intervenir en el asunto. Para así decidir, sostuvo que los actos que motivan la presente acción importarían el ejercicio de funciones administrativas y por ello, el caso quedaría aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado (conf. arts. 166, último párrafo, Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4, CCA).
De esta manera las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada por considerar que el caso se encontraba regido por normas de derecho privado y que, en virtud de ello, se hallaría excluido del ámbito propio de su conocimiento (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
Devueltos los obrados al órgano que los había remitido, éste mantuvo su primigenia postura y, en consecuencia, planteó la contienda negativa ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es preciso recordar que el art. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada a las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquellas que involucren pretensiones posesorias (inc. 2).
Bajo tales premisas, esta Corte ha sostenido en términos generales que los juicios que versen sobre los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles son casos gobernados, de forma primaria, por el derecho privado y por ende, extraños al ámbito de competencia asignado al fuero especializado (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018 y B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018).
IV. En efecto, ya sea que mediante la acción instada se persiga la declaración de nulidad o bien, la redargución de falsedad de una escritura pública, es dable concluir que en ambos supuestos se trata de un caso regido primariamente por normas de derecho privado y que, por ende, la controversia se encuentra específicamente raleada del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (arts. 296, 309 y conc., Cód. Civ. y Com. y 4 inc. 1°, CCA; doctr. causas B. 71.703 "Bagnone", resol. de 18-IV-2012 y sus citas y B. 73.243, “Gutiérrez”, resol. de 5-XI-2014).
Para más, cabe señalar que pese a que la actora deduce un reclamo por los daños y perjuicios presuntamente ocasionados, circunstancia que prima facie podría ser encuadrable en los términos del art. 2 inc. 4 del código de rito -pues con la demanda entablada se pretende responsabilizar patrimonialmente a una de las personas alcanzadas por la mentada regla-, debe tenerse en cuenta que un eventual resarcimiento dependerá, ineludiblemente, de la suerte que vaya a correr la pretensión examinada en primer término (doctr. causa B. 73.243, cit.).
V. Por los fundamentos arriba expuestos, y atento la naturaleza del objeto principal del litigio, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 16:51:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 22:19:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:17:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:38:25 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 09:25:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia