Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124745
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 124.745 "DARIA, DIANA POMPEYA C/ BCO. COMERCIAL DE TRES ARROYOS Y OTROS S/ NULIDAD ESCRITURA PUBLICA ESTADO)"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca modificó el pronunciamiento de origen que, a su turno, rechazara la acción de nulidad de acto jurídico incoada por Diana Pompeya Daria contra la firma Insuagro Tres Arroyos S.R.L., Alfredo José Pérez Hurtado y el Banco Comercial de Tres Arroyos. En tal sentido, desestimó el progreso de la excepción de prescripción opuesta y mantuvo el rechazo de la pretensión anulativa al no encontrar reunidos los extremos para su admisión (v. sentencias de fecha 30-XI-2018 y 14-V-2020).
II. Frente a ello, la accionante vencida -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 1071, 3452, 3570 y 3576 del Código Civil; 163 inc. 5, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional y 15 de su par local. Asimismo, alega el vicio de absurdo (v. escrito electrónico de fecha 8-VI-2020).
III. El remedio intentado no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz del material probatorio colectado en la especie- para revocar el fallo de primer grado sostuvo "... en este caso es la sucesión de don Rafael Daria el único marco posible para efectuar la partición y adjudicación de los bienes componentes del acervo, adjudicación que habrá de incluir obviamente a los gananciales tal como fuera expuesto, desde que el juez del sucesorio es el único que tiene potestad para mandar a inscribir dichos bienes, poniendo fin así a la indivisión postcomunitaria y hereditaria." (v. págs. 23/24); "Los derechos y acciones de la Sra. Durante comprometidos en el mentado sucesorio, sin exclusión alguna, fueron subastados para responder a la condena firme que se le impuso.
Es que si bien quedaba obligada la misma con todo su patrimonio frente al acreedor, sólo los derechos hereditarios (de existir bienes propios del causante) y los gananciales (por la disolución de la sociedad conyugal) se hallaban sujetos al juez de la sucesión. Y dado que, como se anticipara, la partición y adjudicación de los bienes gananciales debe realizarse en el marco del sucesorio, indudablemente es ese magistrado quien posee la potestad tanto para disponer la subasta de los derechos y acciones como la posterior adjudicación de los bienes que los integran. Conclusión de lo expuesto es que no existe el error que la actora imputa al juez del sucesorio, ni tampoco confusión inducida por una petición desencaminada.
Por el contrario, la providencia de fs. 315 fue dictada en el marco de las atribuciones del juez y a la luz de los actos cumplidos regularmente y pasados en autoridad de cosa juzgada. Esto último toda vez que nada se articuló en la demanda contra la subasta apuntando la actora su pretensión sólo a la interpretación posterior respecto de su alcance. Para peor, la quejosa se limitó a reiterar en la memoria que el juez incurrió en un error en cuanto al carácter propio o ganancial de los bienes comprendidos en los derechos y acciones subastados, sin emitir crítica alguna a la conclusión a que arribara el colega de grado anterior: que la acción le correspondía a la Sra. Durante de Daria y que la misma se encontraba en pleno conocimiento de la extensión de los derechos subastados desde mucho tiempo antes del dictado de la providencia atacada, más precisamente desde el diligenciamiento del mandamiento de clausura efectuado el 15/05/1998 (fs. 42/43 del incidente de calificación y clasificación de trabajos formado en los autos sucesorios de don Rafael Daria), lo que en consecuencia llega firme a esta instancia quitando legitimación a la actora para recoger una acción dirigida a nulificar lo que su madre ya había consentido." (v. págs. 24/25).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los escasos reproches expuestos en las págs. 4/6 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la violación de la doble instancia, la ponderación de la prueba, el análisis de las presunciones, el alcance de la compra y la titularidad del bien en disputa) se desentienden de aquél dado por el sentenciante de grado anterior, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Es sabido que para revisar cuestiones de hecho es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión de la aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.526, "Godoy", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.230, "Muñoz", resol. de 11-IV-2018).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela recursiva y permite, asimismo, descartar las infracciones normativas indicadas en las págs. 1/2 del escrito electrónico (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta el achaque vinculado con la transgresión al principio de congruencia expuesta en las págs. 4/5 del embate, ya que no se han desarrollado argumentos suficientes que permitan visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia en crisis atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. doctr. causas C. 120.313, "Espíndola", resol. de 13-VII-2016; C. 121.270, "Barbizan", resol. de 29-III-2017; C. 122.100, "Mendivil", resol. de 7-III-2018; e. o.).
III.3. Por último, igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 2 del escrito recursivo, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:00:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 13:01:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2022 14:30:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:30:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:39:39 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:10:33 hs. bajo el número RR-455-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia