Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 127932
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC);
2Hacer lugar a la queja traída en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado, el que se concede (arts. 278, 280 y 292, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, desestimarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 127.932 "COLABELLA JORGE C/ CALIA MARISA Y OTRA EN CARÁCTER DE HEREDEROS DE ELENA MARÍA BARTOMIOLI S/ NULIDAD ESCRITURA PÚBLICA"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de Pergamino, en el marco del presente juicio iniciado por Jorge Colabella contra Elena María Bartomioli -hoy sus herederos-, Marisa Edith, Carina y Rene Calia y el Escribano Público Isidoro Martin Ruiz Moreno, hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta en relación a la nulidad de escritura pública, con costas a cargo de la parte accionante (v. sentencia de 18-V-2023).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero departamental rechazó el recurso interpuesto por la parte actora, confirmando la decisión recurrida (v. fallo de 10-X-2023).
Frente a tal pronunciamiento, el actor dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 31-X-2023).
El Tribunal de Alzada concedió ambos recursos y emplazó al impugnante a acreditar el beneficio de litigar sin gastos en el plazo de tres meses, bajo apercibimiento de declarar desierto el segundo de los remedios (v. interlocutoria de 7-XI-2023).
Cumplido el término acordado, se declaró desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, con sustento en que no se había acreditado dentro del término fijado la obtención definitiva del beneficio de gratuidad (v. resolución de 21-III-2024). Ello motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación de 4-IV-2024).
Recibidos los autos principales en virtud de la vía extraordinaria que fuera concedida, se agregó la queja a los mismos (v. proveído de 12-IV-2024).
II. Ingresando al análisis de la vía anulativa, a través de la cual se aduce preterición de tópicos esenciales, falta de fundamentación legal, absurdo y transgresión de normas procesales y constitucionales de carácter nacional que cita, se adelanta que ésta no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
II.1. Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la cuestión que se dice preterida, vinculada con la nulidad del fallo de origen, ha quedado desplazada por el razonamiento del sentenciante (v. págs. 3/4 de la sentencia en crisis). En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con su atendibilidad se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico del fallo, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. págs. 14/36 del escrito recursivo; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
II.2. Igual suerte adversa debe correr la mera denuncia de violación a la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial que se hace en la pág. 23 del embate, toda vez que ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, circunstancia que no se configura en el caso (v. págs. cits. de la sentencia cuestionada; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; e. v.).
II.3. Finalmente, tampoco pueden ser atendidos los agravios emparentados con la vulneración de las normas de fondo y el vicio de absurdo (v. págs. 23 y 36 del escrito electrónico), toda vez que los mismos se erigen en ataques impropios de este medio revisor y, por tanto, devienen inabordables (conf. doctr. causas C. 120.402, "Rodríguez", resol. de 2-III-2016; C. 121.186, "Ciolfi", resol. de 28-XII-2016; C. 121.765, "Unzué", resol. del 22-XI-2017; etc.).
Lo expuesto, basta para desestimar el intento revisor (arts. 31 bis y 298, cits.).
III. Con relación a la queja traída, es del caso señalar que el legitimado activo presentó ante la Cámara una revocatoria -a la que denominó "in extremis"- (v. escrito electrónico de 3-IV-2024) que fue desestimada (v. resolución de 9-IV-2024) y al día siguiente, acreditó ante dicho órgano la concesión del beneficio de litigar sin gastos mediante constancia que también adjuntó al presente recurso de hecho articulado en la misma fecha (v. presentaciones de 4-IV-2024 y sus archivos adjuntos).
Así, en el presente caso, se aprecia que si bien la concesión de la franquicia del art. 78 del Código Procesal Civil y Comercial se produjo luego de fenecido el plazo acordado por la Cámara, teniendo en cuenta el trámite del incidente que surge de la compulsa a través de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- del expediente caratulado "Colabella, Jorge c/ Bartomioli, Elena María y otro s/ Beneficio de litigar sin gastos" y los planteos efectuados en la queja, cabe admitir en el supuesto en análisis tal tardío cumplimiento, que no obedece a la evidente falta de diligencia o actividad de la parte interesada en su obtención. En consecuencia, corresponde receptar el recurso de hecho en relación a la vía de inaplicabilidad de ley declarada desierta, teniendo por cumplida la intimación oportunamente efectuada por el Tribunal de Alzada (conf. doctr. causas C. 122.253, "Yañez Barria", resol. de 8-VI-2021; C. 125.060, "V. K. N.", resol. de 5-XI-2021; C. 125.021 "Stradella", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.372 "De la Serna", resol. de 29-IX-2023) y, encontrándose reunidos los restantes requisitos legales, conceder tal vía impugnativa (arts. 278, 280 y 292, CPCC).
IV. Abordando el embate concedido, por medio del cual se denuncia absurdo e infracción de doctrina legal, se anticipa que este no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes en la especie- para confirmar la solución de origen, en torno a la irregularidad del fallo de origen, sostuvo "... no podré ingresar en el tratamiento medular del argumento articulado, por cuanto existe un impedimento procesal que obsta a ello, cuál es el principio de preclusión procesal.-" (v. pág. 3); sobre la excepción de prescripción, dijo "... el accionante tuvo posibilidad razonable de tomar conocimiento del acto que viene a impugnar, habida cuenta de la publicidad registral que tuvo lugar a escaso tiempo de la realización de la escritura pública. Publicidad que, por cierto, se prolongó durante años, lo cual no sólo refuerza la razonable presunción de que este conocimiento se hizo efectivo, sino que además torna inverosímil la hipótesis contraria dado que, siendo que la parte accionante ocupó de manera permanente el inmueble en ese período -tal y como refiere en su escrito de demanda de fecha 13/5/2022-, es por demás de improbable que en más de una década no haya tomado noticia de que el inmueble no estaba a su nombre, máxime cuando ello suele ventilarse como información relevante en diferentes tipos de trámites que atañen a la vida civil." (v. págs. 9/10); y, finalmente, en referencia a la oponibilidad del acto, manifestó "... ha perdido virtualidad en punto a la consideración del recurso. Ello así, por cuanto la dirección argumentativa sobre la que se edifica el razonamiento que aquí propicio termina afincando el punto temporal de anoticiamiento del acto impugnado no en la fecha de celebración de la escritura, sino en el de la inscripción registral y sus efectos consiguientes. De donde se sigue que, más allá de que el mandatario haya o no informado al accionante respecto a la actuación realizada, tal circunstancia pierde gravitación en tanto no ha sido ésta la razón en torno a la cual se justifica aquí el conocimiento del acto.-" (v. págs. 11/12).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento impugnado, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 37/53 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la valoración de las constancias, el vicio de la sentencia de primera instancia, la defensa de prescripción, la oponibilidad del acto, la demostración de los hechos y la revisión de las circunstancias fácticas del juicio) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el juzgador anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las cuestiones debatidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar los errores imputados.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Asimismo, debe adicionarse que el canal bajo estudio exhibe un absoluto desentendimiento sobre las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (v. págs. cits. de la sentencia en crisis). En esa dirección, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. Finalmente, tampoco puede atenderse el reproche vinculado con la violación de doctrina legal expuesta a lo largo del embate, toda vez que: a] en los casos en los cuales se endilga dicha conculcación, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación, carga esta última incumplida (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.) y b] para los efectos del carril extraordinario de inaplicabilidad de leyéstos no son otros que los emanados de este Tribunal. En suma, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código ritual (conf. doctr. causas C. 121.129, "G., A. V.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.556, "Muller", resol. de 28-VI-2017 y C. 121.984, "Cufré", resol. de 30-V-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC); 2) hacer lugar a la queja traída en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado, el que se concede (arts. 278, 280 y 292, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, desestimarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2024 13:32:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:48:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:42:02 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:01:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 13:22:16 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/09/2024 17:30:52 hs. bajo el número RR-598-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia