Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121234
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.234, "Iparraguirre, Néstor Horacio y otros contra Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate. Nulidad de sanciones", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud , de Lázzari , Kogan , Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó la demanda interpuesta, con costas del modo que especificó (v. fs. 428/436).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 492/495, presentación electrónica y ratificado a fs. 496/504).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Los señores Néstor Horacio Iparraguirre, Sergio Pasinato, Oscar Mario Martínez, Mario Aldo Intendente, Carlos Isidoro Mansilla, Rito José Leguizamón, Omar Ernesto Jungheim, Sebastián Jeremías Mercado y Marcelo Justo Peralta iniciaron demanda contra la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate procurando la declaración de nulidad de las sanciones disciplinarias que les impusiera la accionada, por considerarlas una manifestación de conducta discriminatoria, arbitraria, desleal y antisindical (v. fs. 143/159).
Individualizando distintos expedientes, alegaron que un grupo de trabajadores de la demandada que fueron compulsivamente afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, descontentos con la "nula" respuesta a diversos reclamos y el escaso interés demostrado por la patronal y el sindicato en tratar las justas reivindicaciones, y especialmente motivados por el fallecimiento en ocasión del trabajo del señor Rodrigo Magallanes, hecho que puso de manifiesto las precarias condiciones de trabajo y el grave incumplimiento por parte de la empleadora a normas laborales y convencionales, decidieron, representados por dos de sus compañeros de trabajo, señores Altamirano y Funes, desafiliarse de la aludida entidad sindical y afiliarse al Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, notificando esa circunstancia a la empleadora el día 11 de abril de 2012. Señalaron que ello generó el descontento de las autoridades de la principal, quienes presionaron y amenazaron con el despido de los "flamantes afiliados", amenaza que concretaron el día 16 de abril de 2012 al disponer la cesantía de los señores Altamirano y Funes; explicaron que entonces denunciaron ese hecho ante la Delegación de Zárate del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a la vez que decidieron -los actores- iniciar medidas de acción directa consistentes en el quite de colaboración en sus lugares de trabajo por turno y por sector, primero por tres horas y desde el día 23 de abril de 2012 en razón de cuatro horas, comunicando esa decisión a la demandada. Destacaron que luego de haber sido intimados por la empleadora a aclarar la situación laboral, lo que fue rechazado, la accionada notificó los días 21 y 22 de mayo de 2012 la aplicación de una sanción de suspensión de tres días por falta de contracción al trabajo y violación a la buena fe, siendo esa medida impugnada por los demandantes.
Finalmente, luego de describir otras comunicaciones, expusieron los motivos por los cuales cuestionan en autos las suspensiones aplicadas, fundamentalmente basados en la arbitrariedad e ilegalidad que le atribuyen a la decisión adoptada por la empleadora, a la que además califican de antisindical y discriminatoria (v. fs. 143/153 vta.).
I.2. Al responder a la acción deducida, la parte demandada admitió el intercambio telegráfico y el hecho de haber aplicado las sanciones, en cambio, controvirtió al respecto la calificación que le asignaron los actores y rechazó los demás extremos invocados por éstos. En lo fundamental, negó que las aludidas sanciones tuvieran un motivo discriminatorio y alegó cumplidos los recaudos previstos en el art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 220/231).
I.3. En el pronunciamiento recurrido el órgano de grado consideró que, en tanto habían sido negadas por la contraria, la actora tenía a su cargo la prueba de las circunstancias expuestas al demandar. En ese marco, por cuanto la causa "Altamirano, Christian Javier y otro c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate s/ amparo sindical" (expte. 28.703/13) se encontraba en trámite por ante ese tribunal, juzgó prima facie acreditado que los trabajadores Altamirano y Funes habían sido despedidos (v. vered., fs. 428 vta. y 429).
En cambio, juzgó que no había sido demostrado el "método de compulsión" de afiliación de trabajadores al Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, ni que se hubieran efectivizado reclamos ante dicho sindicato por precarias condiciones de trabajo e incumplimiento de normas laborales y convencionales, como tampoco que los aludidos señores Altamirano y Funes hubiesen sido convocados para representar a trabajadores afectados y lograran la desafiliación de doce de ellos y la afiliación al Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, ni que los flamantes afiliados hubieran sido amenazados con ser despedidos; tampoco -continuó- que los actores denunciaran el hecho del despido de sus compañeros de trabajo ante la Delegación de Zárate del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ni que transitaran la instancia de conciliación obligatoria prevista en la ley 14.786 (v. vered., fs. 429 y vta.).
Por otro lado, valorando los escritos constitutivos del proceso y la prueba documental, consideró demostrado que el día 18 de abril de 2012 el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate comunicó a la accionada la implementación de medidas de acción directa consistentes en el paro de actividades en los lugares de trabajo de tres horas por turno y por sector, a partir de las 9:00 hs. de ese mismo día por tiempo indeterminado y que se declaraban en estado de alerta y movilización hasta tanto se reincorporara a los trabajadores arbitrariamente despedidos; asimismo, que el día 23 de abril de 2012 el sindicato resolvió incrementar las aludidas medidas y disponer un paro de actividades en los lugares de trabajo de cuatro horas por turno y por sector, a partir de las 12:00 hs. de ese día por tiempo indeterminado, y la continuidad del ya declarado estado de alerta y movilización hasta la reincorporación de los compañeros cesanteados, no habiéndose mencionado quiénes eran estos trabajadores ni la calificación del despido (v. vered., fs. 429 vta.).
Concluyó que las medidas adoptadas por los accionantes fueron solo y exclusivamente por el despido de dos trabajadores que ni siquiera individualizaron. Afirmó que cuando los actores adoptaron la medida de suspensión de tareas no se hizo mención ni se argumentó como causal ningún incumplimiento de condiciones laborales o normativas que hubiese generado un conflicto que afecte a un grupo de trabajadores, ni se le reprochó a la Cooperativa un accionar antisindical (v. vered., fs. 430).
Luego, ya evaluando el intercambio telegráfico habido entre las partes, señaló que la demandada comunicó a los actores su decisión sancionatoria indicando causa y extensión de la sanción de suspensión (art. 218, LCT) y que los actores rechazaron la medida en tiempo (v. vered., fs. 430/431).
Concretamente en la sentencia, expresó que la cuestión a decidir estaba afincada en la procedencia de la acción intentada por los demandantes en procura de obtener la nulidad de la sanción impuesta, amparándoseéstos en que las medidas de acción directa implementadas poseen raigambre constitucional, no implican falta de contracción al trabajo y no son violatorias del principio de buena fe. Explicó que por su parte, la accionada solicitó el rechazo de la pretensión argumentando haber ejercido legítimamente sus derechos al sancionar la conducta de los actores en tanto incumplieron con la debida prestación laboral provocando serias dificultades en la provisión del servicio eléctrico, que si bien pudieron soslayarse, trasparentaron una actitud de los trabajadores reñida con la buena fe, considerando que las sanciones impuestas fueron razonables y cumplieron con los requisitos del art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 434).
Sostuvo el tribunal que, planteada de ese modo la litis, debían precisarse los alcances y extensión de los derechos que la ley confiere a las partes en el marco del contrato de trabajo y la relación laboral, el carácter relativo o absoluto que poseen tales derechos, aun cuando tengan rango constitucional, para luego definir la legitimidad del acto sancionatorio o, por el contrario, su nulidad (v. sent., fs. cit.).
Puntualizó que al momento del inicio de las medidas adoptadas por los actores a partir del día 18 de abril de 2012 no existía un conflicto en ciernes dirigido al mejoramiento de las condiciones de trabajo adversas, ni tampoco conflicto de intereses entre los afiliados a uno u otro de los sindicatos que coexistían dentro de la Cooperativa, marco en el que trató de introducirlo la actora sin apoyo en pruebas y que en su alegato procuró profundizar con invocación de causas judiciales ajenas al contexto que se trata (v. sent., fs. 434 y vta.).
Refirió que el hecho que dio origen al tema decidendum no era otro que el despido de dos trabajadores dispuesto por la demandada, quienes tenían y utilizaron a su tiempo los remedios legales procesales y de fondo en defensa de sus derechos particulares, tal como daba cuenta la tramitación por ante el órgano de grado del expediente 28.703/13, "Altamirano, Christian Javier y otro c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. De Zárate s/ amparo sindical" (sent., fs. 434 vta.).
Expuso que ante el ejercicio por la empleadora de una de sus facultades (arts. 64, 67, 68 y concs., LCT) los actores decidieron, solidarizándose con aquellos compañeros a los que consideraron excluidos de la empresa arbitrariamente sin justificar tal calificación (agregó: cuestión no resuelta por la vía judicial elegida por los despedidos), adoptar medidas de acción directa sin formalizar el trámite previo de la instancia obligatoria de conciliación prevista en la ley 14.786, lo cual evidencia la carencia de voluntad de los accionantes de encontrar una eventual resolución de sus pretensiones en un ámbito ajeno a la empresa y legalmente instituido, soslayando la conflictividad laboral y atendiendo, además, al resguardo de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, ya que, tal como surge del art. 24 de la ley 25.877 y del decreto 272/06, la producción y distribución de energía eléctrica se considera un servicio esencial, calificación que importa ciertas limitaciones al ejercicio de los derechos, ello en consonancia con la tesis de la relatividad de los derechos que justifica en determinadas circunstancias, limitaciones razonablemente impuestas (v. sent., fs. cit.).
En ese marco, consideró que las medidas implementadas por los actores, indudablemente, por su amplitud horaria, afectación sectorial y turnos y extensión por tiempo indeterminado, aparecían como respuesta exorbitante, confrontadas con el hecho generador, que provocaron disminución deliberada y concertada del rendimiento como ejecución deficiente de la prestación debida de trabajo, en franca violación del deber de diligencia que recae sobre el dependiente conforme el art. 84 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 435).
Por otra parte, consideró que la postura adoptada por los demandantes denotaba una clara vulneración de los comportamientos que exige nuestra legislación (arts. 62 y 63, LCT) y que cabe extender a la actividad que despliegan las organizaciones sindicales, lo cual en absoluto importaba la conculcación del derecho de huelga (art. 14, Const. nac.), sino el resguardo de principios esenciales, base de todos los demás derechos evitando que, tras la máscara del ejercicio de un derecho, se provoque una situación abusiva tendiente a desorganizar el funcionamiento normal de la empresa, sin llegar a una interrupción total de actividades.
Con todo, juzgó que la sanción impuesta por la accionada resultó justificada, razonable y legítima (arts. 67 y 218, LCT; v. sent., fs. cit.) y rechazó la demanda.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los actores denuncian que en el pronunciamiento se ha incurrido en absurdo en la valoración de la prueba y en la violación de doctrina legal, ello, sin perjuicio de individualizar ciertas normales legales que aducen incorrectamente aplicadas al caso (v. fs. 496/504).
Denunciando que lo resuelto por el tribunal de grado es inexacto, afirman que como debería surgir de las constancias anejas a la presente causa, el día 18 de abril de 2012 se denunció el hecho del despido arbitrario de los trabajadores Funes y Altamirano ante la Delegación Zárate del Ministerio de Trabajo, generándose el expediente 21-549-3008/12 que fuera remitido al tribunal de grado el día 11 de marzo de 2014, a la vez que los afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate decidieron iniciar medidas de acción directa de tres horas de quite de colaboración en los lugares de trabajo, por turno y sector.
Expresan que el referido expediente administrativo (21-549-3008/12) agregado por cuerda consta de seis fojas, existiendo un faltante de 292 hojas que lo conforman. Aducen que por un error del organismo oficiado aquéllas fueron agregadas en otras actuaciones tramitadas ante el tribunal, una de ellas caratulada "Iparraguirre, Néstor Horacio y otros c/ Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate s/ Diferencias Salariales", cuya sentencia fue recurrida y remitida a este Superior Tribunal, solicitando que se tenga en cuenta el trámite administrativo agregado en la citada causa al momento de la resolución del presente. Agregan que les causa agravio que el a quo no hubiera cotejado las referidas constancias documentales.
Consideran errónea la afirmación del a quo en orden a que los trabajadores no transitaron el trámite de conciliación obligatoria previsto en la ley 14.786, en tanto esta norma no es aplicable en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, dentro del cual resultan de aplicación las disposiciones de la ley provincial 10.149.
Con apoyo en las actuaciones administrativas ya individualizadas, postulan que los trabajadores despedidos Christian Javier Altamirano y Roberto Carlos Funes ratificaron ante la autoridad de aplicación el reclamo formulado por su distracto que consideraron arbitrario e incausado. Ponen de manifiesto haber intentado resolver la disputa en esa sede sin haber voluntad de la empleadora en igual sentido, puesto que no concurrió a la primera audiencia fijada, cuestionó la representación del sindicato al que pertenecen los actores y finalmente declinó la instancia administrativa.
Insisten en que no fue su parte sino la contraria la que no tuvo intención de resolver la disputa en un ámbito ajeno a la empresa y legalmente constituido, evidenciando una postura beligerante. Señalan que los actores cumplieron con lo normado por el art. 24 de la ley 25.877 y el decreto 272/06, en tanto informaron a la empresa y al Ministerio de Trabajo acerca del inicio de las medidas de acción directa, garantizando los servicios mínimos y consignando las modalidades de su ejecución y el personal asignado a la prestación de los servicios en cuestión. Agregan que no existió, antes o después de la suspensión de los accionantes, una calificación administrativa o judicial declarando la ilegalidad de las medidas de acción directa que llevaron adelante.
Por último, denuncian transgredido el art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto en la carta documento cursada por la empleadora se comunicó que la suspensión corría desde el día 22 de mayo de 2012 al 23 de mayo de 2012, debiendo reintegrarse a su puesto el día 24 de mayo de 2012, lo que implica que solo fueron dos días de suspensión y no tres, lo que fuera constatado por la pericia contable.
III. El recurso no prospera, atento a su insuficiente fundamentación e insustancialidad (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, según leyes 12.961 y 13.812).
III.1. El distinto enfoque del recurso deja sin réplica válida al razonamiento seguido por el tribunal de grado, según el cual, ponderando la postura asumida por los litigantes en sus escritos constitutivos y la actitud adoptada en el marco de la relación laboral, juzgó que las medidas dispuestas por los dependientes, por su amplitud horaria, afectación de turnos y sectores y extensión por tiempo indeterminado, lucieron como una respuesta exorbitante frente al hecho generador, en tanto provocaron una disminución deliberada y concertada del rendimiento como ejecución deficiente de la prestación debida de trabajo, en franca violación del deber de diligencia que tiene sobre el trabajador (art. 84, LCT) y del comportamiento exigido en el marco de los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 434/435).
Los argumentos de los interesados transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido por el juzgador y no constituyen una réplica eficaz. Resulta de aplicación entonces la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
Además, reiteradamente se ha señalado que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 107.351, "Baute", sent. de 23-XII-2013; L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017); tales extremos de suyo que no han sido acreditados.
III.2. Por otro lado, corresponde recordar que el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias (antes cit.) establece que si la Suprema Corte de Justicia, entre otros supuestos, considerare que la cuestión que se somete a su conocimiento a través de los recursos extraordinarios es insustancial o carece de trascendencia, puede rechazarlos con la sola invocación de esa norma y la referencia a esa circunstancia.
En la especie, el objeto de la controversia de autos, tocante a la impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el empleador, encuadra en el supuesto referido pues resulta claramente insustancial o carente de trascendencia. Por ello, con arreglo al art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias, corresponde desechar también por esta razón el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas C. 107.383, "Barigozzi", sent. de 22-VIII-2012; C. 107.335, "D'Alessio", resol. de 19-XII-2012 y C. 121.331, "Gouveia Mendes", sent. de 17-X-2018).
Finalmente, dable es aclarar que los recurrentes no han formulado ningún planteo en los términos prescriptos en el último párrafo del citado art. 31 bis la ley 5.827 y sus modificatorias con virtualidad para obtener un abordaje distinto del que aquí se efectúa.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.