Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122962
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"GARMENDIA MARIA CRISTINA Y OTROS C/ DILLON ROBERTO MIGUEL S/ NULIDAD DE TESTAMENTO"
La Plata, 18 de Septiembre de 2019.
I. El demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó las quejas presentadas frente a la declaración de inadmisibilidad de una solicitud de beneficio de litigar sin gastos -al sólo efecto de cumplir con el art. 280 CPCC- y ante la deserción del de inaplicabilidad de ley con base en el incumplimiento del depósito de ley. El rechazo de los recursos de hecho se sustentó en la omisión -por parte del recurrente- de acompañar copias del recurso extraordinario local (arts. 292, CPCC y Acordada 1.790; v. fs. 43/53 y 39/40 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó la decisión de la jueza de grado quien, a su turno, hizo lugar a la pretensión de la parte actora -herederos y albacea de la sucesión de Bernardo Alfonso Barraza- declarando la falsedad del testamento ológrafo que el accionado -beneficiario del mismo- le atribuyera al causante (v. fs. 4/6 vta. y 7/9).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de legalidad, propiedad, debido proceso y defensa en juicio (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22; Const. nac.; v. fs. 46 vta./47, 48 vta., 50, 51 y vta., y 52).
II.2. Afirma, que la sentencia cuestionada resulta arbitraria por carecer de fundamentación suficiente y sustentarse en meras afirmaciones de naturaleza dogmática, conforme los parámetros de la Corte Suprema nacional (v. fs. 47 vta.).
II.3. Sostiene, además, que el pronunciamiento en crisis, al rechazar la queja, omitió considerar la aplicación del art. 739 del Código Procesal Civil y Comercial en el caso concreto dejando caer -según su criterio- todo el juicio por la falta de un escrito en la presentación de la queja. Y agrega que se convalida así una interpretación desnaturalizadora del plexo normativo que regula las sucesiones testamentarias (v. fs. 48 y 51 vta./52).
II.4. Aduce que lo decidido por esta Suprema Corte concluyó intempestivamente el proceso por la ausencia de un escrito que podía ser consultado en el mismo expediente al encontrarse cargado en el sistema electrónico que este Tribunal adoptó para todos los organismos conforme lo establecido en los arts. 3 y 4 de la Ac. 3.886/2018. Ello configura -a su modo de ver- un supuesto de sentencia infundada o deficientemente fundada, lo que constituye una causal de arbitrariedad (v. fs. 48 vta.).
II.5. Manifiesta que no zanjar la ausencia de ese escrito por otros medios alternativos resultó violatorio de la garantía del debido proceso. En ese sentido, cuestiona que en la resolución que se impugna se le haya dado una trascendencia extrema al soporte papel, cuando en realidad todos los mecanismos tienden a la digitalización de las presentaciones (v. fs. 51 y vta.)
II.6. Por último, expone que -a su criterio- se configura un supuesto de gravedad institucional, dado que existe una virtual denegación de justicia. Y concluye que se trata de una formalidad subsanable mediante una intimación a agregar la pieza (v. fs. 50 y 51 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 54), el mismo no fue contestado.
IV.1. Liminarmente, corresponde señalar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la queja por denegatoria del carril de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. fs. 39/40 vta.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de exceso ritual manifiesto, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y dogmatismo, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, cabe tener en cuenta que -según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación- la mentada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 325:2192; 329:2206, 3761; 330:133, entre otros).
Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493). En ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía excepcional de la arbitrariedad.
En el caso, tales recaudos no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a plantear falta o insuficiencia de fundamentación de la decisión de este Tribunal que le exigió el cumplimiento del recaudo de acompañamiento de copia del recurso desierto. En ese sentido cabe aclarar que, sin perjuicio de la entrada en vigencia del sistema de presentaciones electrónicas que el demandado menciona, lo cierto es que el recurso de queja se rige por la Acordada 1.790/78 de esta Suprema Corte, que no ha sido derogada y cuyo cumplimiento resulta ineludible (v. art. 3, Ac. cit. y 292 inc. 1, CPCC).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de garantías constitucionales (legalidad, propiedad, debido proceso y defensa en juicio; arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22; Const. nac.; v. fs. 46 vta./48 vta.), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.500, "Denyszczuk", resol. de 3-V-2018; entre otros).
IV.4. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en la especie (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y archívese.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia