Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 127388
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 127.388 "MERLO ADRIANA Y OTROS C/ IRIBARREN CÉSAR LUJÁN Y OTROS S/ NULIDAD DE TESTAMENTO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de Junín, en el marco de una causa de nulidad de testamento, fijó la base regulatoria en $128.800.000 conforme las tasaciones de los cuatro inmuebles efectuadas por el perito martillero en esas actuaciones, reguló los honorarios de los profesionales actuantes y estableció la suma a integrar en concepto de tasa de justicia y su contribución (v. resol. de 27-VI-2023).
Apelada la decisión por los actores, la Cámara de Apelación del fuero departamental confirmó la base regulatoria tras señalar que en ese expediente media decisión firme por la que se ordenó -conforme al art. 27 inc. "a" de la ley 14.967- desinsacular un perito tasador, y por ello, el cuestionamiento que se pretende introducir sobre si el juicio tuvo o no contenido patrimonial deviene manifiestamente tardío por tratarse de una cuestión precluida. Sin perjuicio de recordar el Tribunal de Alzada, a fin de dar respuesta al planteo del recurrente, que el proceso de nulidad de testamento tiene naturaleza patrimonial susceptible de apreciación económica y, por lo tanto, es un juicio de monto determinado (v. resol. de 2-XI-2023 disponible en Mesa de Entradas Virtual -MEV-).
En la misma decisión la Cámara modificó los honorarios regulados, fijó los correspondientes a la actuación en esa instancia, y dejó sin efecto el monto a integrar por la tasa de justicia y contribución, intimando a la parte recurrente a que acredite la valuación actualizada de los inmuebles involucrados a los fines de su fijación conforme lo establecido en el art. 337 inc. "d" del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (v. resol. de 2-XI-2023, cit.).
Contra dicho pronunciamiento, los legitimados activos interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (escrito de 10-XI-2023 disponible en la MEV), el que fue denegado con fundamento en la falta de definitividad e irrecurribilidad de las decisiones en materia de honorarios (v. resol. de 23-XI-2023). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 29-XI-2023 y sus archivos adjuntos).
II. Al respecto, cabe señalar que este Tribunal en forma reiterada ha dicho que para cumplir con la exigencia del citado art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, el impugnante debe atacar los fundamentos que diera la Cámara al desestimar el remedio interpuesto, a fin de que la presentación tenga la suficiencia necesaria para ser considerada por este órgano (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; conf. doctr. causas C. 123.240, "Donadio", resol. de 8-V-2019; C. 124.019, "Hernández", resol. de 19-VIII-2020; C. 124.310, "Malaplat", resol. de 2-III-2021; C. 124.534, "Hoteles y Resorts International S.A", resol. de 23-IX-2021; C. 125.263, "Tillous", resol. de 23-XI-2022).
Asimismo corresponde recordar -como lo expone la Cámara- que esta Corte ha sostenido reiteradamente que, en principio, contra las decisiones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los remedios extraordinarios (art. 57 segundo párrafo, decreto ley 8.904/77 y ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.275, "Talpey Trading SA", resol. de 20-IX-2017; C. 123.642, "Israel Silicaro", resol. de 26-II-2020; C. 124.970, "Uria", resol. de 24-VIII-2021; C. 125.543, "Pichini", resol. de 10-VIII-2022).
En el presente caso, el impugnante no cumple cabalmente con la carga técnica mencionada en el primer párrafo de este acápite, desde que, frente a la afirmación del carácter irrecurrible del pronunciamiento -que confirmara la base regulatoria- se limita a alegar en líneas generales que el fallo le causa un gravamen irreparable, reiterando los agravios planteados en el recurso extraordinario denegado. Así, en su presentación ante esta instancia se ciñe a consignar citas doctrinarias y jurisprudenciales genéricas, sin relacionar las manifestaciones vertidas con el caso concreto (v. escrito electrónico de 10-XI-2023). De esta manera, las argumentaciones traídas devienen insuficientes a fin de evidenciar el desacierto de la decisión denegatoria cuestionada (conf. doctr. causas C. 101.743, "Bombicino", resol. de 23-III-2011; C. 118.965, "Gazzotti", resol. de 20-VIII-2014; C. 124.019; C. 124.310, C. 124.534 y C. 125.263, cits.) y determinan, en definitiva, el rechazo de la queja (art. 292, CPCC).
Por otra parte, y a mayor abundamiento, se aduna que, de acuerdo a los términos del fallo atacado y el marco procesal descripto, tampoco se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que no obstante denunciarse arbitrariedad y alegarse la supuesta afectación de garantías constitucionales, lo cierto es que no se observan argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017; C. 123.116, "Ortega", resol. de 5-VI-2019 y C. 125.363, "Bello", resol. de 24-VIII-2022).
De tal modo, en atención a la insuficiencia apuntada en relación a la queja traída se impone sin más su desestimación, reputándosela inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 292 y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 30, ley 14.967; doctr. causas cits.).
III. Así, y dada la forma en que se decide, no corresponde expedirse sobre lo peticionado en el punto VII del escrito de queja (v. present. de 29-XI-2023 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/10/2024 11:48:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2024 13:29:45 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2024 10:05:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:41:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 13:08:31 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/10/2024 12:51:06 hs. bajo el número RR-801-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia