Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38455-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Admitir el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, modificar el pronunciamiento apelado en cuanto a las costas, las que se fijan en un 63% a cargo de la actora y en un 37% a cargo del Fisco Nacional y 2º) imponer las costas de esta instancia a la actora (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.).
NUMA PATAGONICA SA (TF 38455-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 24 de abril de 2026.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
del Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría- confirmó parcialmente la Resolución (DI VACD) N.º 44/17 (dictada en el expediente SIGEA 18000-12- 2016) y declaró que el monto a exigir a la actora ascendía a la suma de U$D 244.252,53, con los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero. Asimismo, distribuyó las costas conforme a los vencimientos, estimados en un 37% a cargo de la actora y en un 63% a cargo de la demandada (cfr. páginas 188/193 del PDF digitalizado en la causa). Para decidir de tal modo, reseñó los antecedentes del caso y el marco normativo aplicable. Luego, con relación a la vigencia temporal de la resolución n° 309/2014, señaló que, dicha norma dispuso su entrada en vigencia de la siguiente manera: “la presente resolución comenzará regir a partir del día de su firma y tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años” (art. 5 de la aludida resolución).
Expuso que, de lo expuesto se infería que, la firma de la referida resolución se hizo en fecha 2/7/14 -así lo indicaba el encabezado del instrumento mencionado-, no obstante, los despachos de importación en cuestión se registraron con posterioridad (11/7/14 y 6/8/14), por ende, no se estaba en presencia de la aplicación retroactiva de una norma, sino ante la aplicación de la vigencia de ella.
En consecuencia, precisó que, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 637 y 639 del C.A la mercadería cuestionada en autos se encontraba gravada por los derechos antidumping previstos en la mencionada norma. Por otra parte, en lo relativo al cálculo de los derechos antidumping, expresó que se advirtió que el servicio aduanero había aplicado una diferencia con ausencia de sustento metodológico. Así, indicó que: “[E]n vista a que la liquidación de los cargos no contaba con la forma del cálculo de los derechos^ antidumping, sino que solo establecía el monto por dumping USD 43.989,84 (por cada uno de los cargos), fue necesario a los fines de verificar la lógica aplicada para su determinación, ordenar una medida para mejor proveer a los efectos de que la Dirección de Valoración y Comprobación Documental informe el detalle del método/fórmula utilizado y la normativa involucrada que contenía el procedimiento para la liquidación de los cargos FI n° 233/16 al 238/16. En contestación a la medida, el servicio aduanero expresó “el cálculo realizado a efectos de computar el Derecho Específico conforme surge de la Resolución N° 309/14, utilizando la información, relacionada con la cantidad de metros cuadrados, contenida en las facturas comerciales internacionales (invoices) que como documentación complementaria acompañan cada operación' […]” (sic).
En esas condiciones consideró: “[e]vidente que su deducción no se ajustó con los textos normativos que establecen la técnica específica de su determinación […]” (sic). Así, refirió a los artículos 9º de acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT y 44 del decreto 1393/08 y al Anexo VIII de la Resolución 743/99, en conjunto con la Resolución 309/14.
De tal manera, sostuvo que: “[p]ara las destinaciones en cuestión resulta: DU= (3.466,80 m2 (3.852,00 m2 x 900 cantidad) x 11,42 m2 - USD 10.207,80) * (1 + 0,14 + 0,005), que tiene como resultado final el monto de USD 33.643,60 por cada operación importación, es decir, que la recurrente debe abonar por las seis destinaciones (14 001 IC04, 129254 P, 129269 V, 129289 A, 019190 N, 019189 Y y 19180 M) en concepto de derechos antidumping un total de USD 201.861,60. A dicho importe, debe agregársele el IVA, el cual asciende a un total de USD 42.390,93 […]” (sic).
Entendió que no correspondía exigir las percepciones del IVA Adicional y del Impuesto a la Ganancias, en virtud del precedente “Cladd” de la C.S.J.N. y concluyó que: ˝[e]n virtud de las operaciones de importación de marras, la importadora debe un total de USD 244.252,53 por derechos antidumping e IVA, ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794 y concordantes del C.A. […]” (sic).
II. Que, el 03/09/25 apeló la parte demandada, quien fundó su recurso el 24/09/25 y cuyo traslado fue contestado el 27/10/25 (cfr. páginas 204/205; 214/217 y 257/260 del PDF acompañado en la causa).
En síntesis, el Fisco se agravió de la distribución de las costas, sosteniendo que había resultado vencedor en el pleito, recordando el contenido de los accesorios y expresando que: “[i]mponer las costas en los porcentajes propuestos por el Tribunal Fiscal no halla lógica, cuando mi mandante no sólo ha sido vencedora en el pleito sino que, además, la cuestión en debate ha sido resuelta con los mismos argumentos sostenidos por ésta representación fiscal al contestar el recurso de apelación interpuesto ante el TFN […]” (sic).
Por ello, solicitó que se revocara la sentencia recurrida en ese aspecto y se impusieran las costas conforme a los respectivos vencimientos, en un 63% a cargo de la actora y en un 37% a cargo del Fisco.
III. Que, el 27/10/25, la parte actora interpuso un recurso de apelación, que fundó en el mismo acto. Sin embargo ese recurso fue rechazado por el Tribunal Fiscal, en virtud de su extemporaneidad (cfr. páginas 221/256 y 262 del PDF acompañado en la causa).
IV. Que, así las cosas, debe afirmarse que asiste razón a la demandada recurrente en cuanto cuestiona la distribución de costas efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
En efecto, si bien la instancia de origen expresó que ellas debían imponerse “conforme a los vencimientos”, las fijó en un 37% a cargo de la actora y en un 63% a cargo de la demandada, pese a que, al resolver el fondo de la controversia, confirmó parcialmente la resolución aduanera y estableció que el monto exigible a la importadora ascendía a U$D 244.252,53, frente al total reclamado en sede administrativa de U$D 387.990,39.
De tal modo, la propia solución adoptada por el Tribunal Fiscal revela que la pretensión fiscal prosperó en una medida sustancialmente mayor a aquella en la que fue desestimada, sin que se adviertan en el pronunciamiento fundamentos específicos que justifiquen apartarse del criterio de distribución de costas según los respectivos vencimientos que el mismo sentenciante dijo aplicar. Antes bien, el agravio articulado por el Fisco se limita, precisamente, a poner de resalto esa discordancia entre el criterio enunciado y la proporción finalmente establecida.
En tales condiciones, la proporción de vencimientos resultante no se compadece con los porcentajes fijados en la sentencia apelada, pues la pretensión fiscal prosperó en aproximadamente un 63% y fue desestimada en torno al 37%.
Por ello, corresponde modificar ese aspecto del pronunciamiento e imponer las costas en un 63% a cargo de la actora y en un 37% a cargo del Fisco Nacional.
V. Que las costas de esta instancia se imponen a la actora, por no advertirse razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º)
admitir el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, modificar el pronunciamiento apelado en cuanto a las costas, las que se fijan en un 63% a cargo de la actora y en un 37% a cargo del Fisco Nacional y 2º) imponer las costas de esta instancia a la actora (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N.). Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia