Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo de Moreno · Causa 8224
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, en mérito de las citas y fundamentos legales vertidos en la presente el resultado de la votación que antecede EL TRIBUNAL DEL TRABAJO DE MORENO GENERAL RODRIGUEZ, fallando en definitiva en los autos "NUÑEZ GONZALO C/ SWISS MEDICAL ART SA S/ ACCION DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL " exp, 8224 R E S U E L V E
I. Hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor Nuñez Gonzalo contra SWISS MEDICAL ART SA , decretar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y del art. 7 de la ley 23.928 y condenar a la demandada a pagar al actor la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NJUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 90/100 CENTAVOS ($ 4.859,425,90) como importe de la prestación dineraria por la accidente de trabajo sufrido el 22-2-2018 encontrándose ajustada la prestación dineraria conforme la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables vigente desde la contingencia hasta la presente (arts. 2 inc. j, 31, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 54, 57, 89 y cctes. ley 15.057; arts. 354, 375, 394, 474 del CPCC, arts. 6 inc. 2, 12, 14 inc. 2 a) ley 24.557 leyes complementarias 26.773 y 27.348, SCBA. 129.800 "Muzychuk Claudio Rubén c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del trabajo S.A. s/ accidente de trabajo- acción especial", C 124096 "Barrios, Galarza, Vera). …
AUTOS: "NUÑEZ GONZALO C/SWISS MEDICAL ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL"8224
En Moreno, en la fecha de la firma digital el Tribunal de Trabajo de Moreno General Rodriguez integrado por los Dres. Claudia Nora Maestri, Javier Eduardo Ribó y Beatriz Alicia Maffia, procede a dictar sentencia en los presentes actuados, previo sorteo practicado de acuerdo a lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As del que resultó el siguiente orden de votación: DRES. RIBO-MAFFIA- MAESTRI
Se presenta el 9-12-2019 la actora por intermedio de su letrado apoderado Dr. Irale José Alberto e inicia acción contra SWISS MEDICAL ART SA, en revisión de lo actuado por la Comisión Médica 15 por el accidente de trabajo sufrido el 22-2-2018. Relata que trabaja en Curtiembres Paso del Rey SA y levantó una plancheta de cuero que pesa 30 kg aproximadamente y sintió un pinchazo en el hombro izquierdo. Es atendida por la ART otorgando alta médica 19-4-2018 y luego realizó el trámite de reclamo por ante la SRT. En instancia administrativa se determinó que el actor NO posee incapacidad. Reclama revisión y porcentaje de incapacidad psicofísica, plantea inconstitucionalidad, practica liquidación, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda con costas.
Se presenta el 8-6-2021 la Dra. Laura Cecilia Cetera y Vanesa Roxana Di Giacovo como apoderada de la demandada, niega todos y cada uno de los hechos denunciados en demanda. Reconoce afiliación del contrato con el empleador de la actora Curtiembres Paso del Rey SA y que recibió denuncia por el accidente de la actora otorgando la atención médica brindada con motivo del accidente de trabajo y que se tramitó la instancia administrativa por ante la S.R:T. Ofrece prueba y solicita se rechace la demanda con costas.
Se abre la causa a prueba. Se agrega informe de SRT. Se cumplimentan pericias médica y psicológica Se da traslado para alegar. Pasan los autos al dictado de sentencia.
UNICA : ¿Es procedente la acción de revisión interpuesta?
A LA UNICA CUESTION EL SR JUEZ DR. JAVIER EDUARDO RIBO DIJO:
I. De la postura de las partes, surge que no está controvertido el accidente de trabajo sufrido por la actora, su atención médica y la instancia administrativa por ante autoridad competente de CMJ.
La controversia radica en la determinación de incapacidad psicofísica que establece en CMJ que no hay incapacidad de la actora. Se solicita pericias judiciales a los fines de efectuar una nueva revisión.
II. Aclarado la plataforma fáctica, corresponde verificar de las pruebas aportadas por las partes aquellas que, exclusivamente, traten sobre hechos controvertidos (artículo 38 inc. 4 ley 15057). De lo expuesto se puede analizar:
a) Se agrega el 31-8-2022 expediente de Superintendencia de Riesgos del trabajo de la Comisión Médica Jurisdiccional N° 15, actuación N° 299489/19 y se determinó que el actor quedó sin secuelas incapacitantes del accidente de trabajo
b) Mediante presentación del 9-10-2023, se agrega pericial psicológica, cuyos fundamentos doy por reproducidos del informe, concluye que:" Debido a los indicadores observados a lo largo de la evaluación, el mismo es compatible con una R.V.A.N de carácter Depresivo de grado II, lo que otorga una incapacidad del 10%. Se observan limitaciones en los aspectos laborales y emocionales a raíz de las alteraciones del funcionamiento físico, lo que impacta psicológicamente en la posibilidad de llevar adelante sus roles tal como lo hacía anteriormente. A ello se suma un impacto económico, anímico y social que ha deteriorado la calidad de vida del actor".
La pericia es impugnada por la demandada y ratificada por la perito.
c) Mediante presentación del 24-5-2025 el perito médico acompaña informe cuyos fundamentos doy por reproducidos en su pericia y concluye:
Resulta de lo expuesto que el actor a raíz del accidente referido con fecha 22/02/2018, en base a la mecánica lesional, de acuerdo al examen clínico traumatológico, estudios complementarios (RX, TAC, EMG), y pruebas acreditadas en autos, estimo que el tipo de incapacidad que se determina es física, parcial y permanente Por Limitación funcional hombro izquierdo (no habil) que guarda en el caso de autos relación entre el accidente y el daño producido, de demostrarse este como cierto.
CORRESPONDE INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE DEL 3,58% DE LA TO.
DETERMINACION DE INCAPACIDAD
4% Limitación funcional hombro izquierdo Baremo Laboral, Dto. 49/2014 Presenta signos degenerativos, se descuenta el 20%
4% x 20% = 0,80% 4% - 0,80% = 3,20%
Factores ponderación:
Tipo actividad: 10% x 3,20% = 0,32%
Edad: 2% x 3,20% = 0,06%
Total: 0,38% Sumatoria total: 1 + 2 = Incapacidad 3,20% + 0,38% = 3,58%
Dicho informe se encuentra firme y consentido por las partes.
Del registro de SRT informado en el Dictamen médico de CMJ surge preexistencias que deben descontarse a fin de evaluar la incapacidad de las presentes actuaciones sobre su capacidad residual.
Agregado el 16-10-2026 expediente administrativo Homologado en SRT expediente 342827/18 se determina 4,9% de incapacidad por cuadro de menisectomia Rodilla Izquierda
Acuerdo judicial homologado por ante este tribunal en autos "NUÑEZ GONZALO C/ HORIZONTE CIA ARG DE SEGUROS SA S/ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL "exp N°3678 se determina limitación funcional hombre derecho 12%.
Readecuando el cálculo del perito médico se determina una capacidad residual del 83,1% x 3,20%= 2,65%, incluido los factores de ponderación totaliza 2,96% de incapacidad por limitación funcional hombro izquierdo
II -Valoración de los hechos y pruebas:
A los fines del tratamiento de las diversas afecciones reclamadas corresponde evaluarlas separadas para una mejor metodología de análisis
a) En relación a la prueba médica existe una controversia sobre la incapacidad establecida por Comisión Médica con la de la Pericia Médica.
El informe pericial judicial sobre las pruebas de movilidad informa: MOVILIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABDOELEVACIÓN: disminuida a 130º activa a 140º pasiva(V/N 0º A 150º)
ADUCCION: disminuida a 20º activa a 30º pasiva (V/N 0º A 30º)
ELEVACIÓN ANTERIOR: disminuida a 140º activa a 150º pasiva(V/N 0º A 150º)
ELEVACIÓN POSTERIOR: disminuida a 30º activa a 40º pasiva(V/N 0º A 40º)
ROTACIÓN INTERNA: conservada
ROTACIÓN EXTERNA: conservada
SENSIBILIDAD Y REFLEJOS: conservadas
TROFISMO MUSCULAR: conservada
Las pruebas judiciales indican una diferencia en los movimientos de Abdoelevación, aducción, elevación anterior y posterior comparado el informe de CMJ Sobre el mismo diagnóstico, advertimos diferencias de limitación funcional en las distintas pruebas de movimientos que conforme baremo 659/96 arroja un 3,58% de incapacidad, con los factores de ponderación.
En cuanto a la pericia médica tiene resuelto la SCBA: "La SCBA ha establecido: "La fuerza probatoria de la pericia médica debe ser estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden, junto con las demás pruebas y elementos de convicción obrantes en la causa" (SCBA LP L 102764 S 27/06/2012 Braga, Guillermo c/Azurix Buenos Aires S.A. y otros s/Daños y perjuicios)
El dictamen de CMJ sostiene que la actora no posee incapacidad por las mismas maniobras relacionadas con la fecha del accidente. Sobre el mismo diagnóstico, advertimos pequeñas diferencias de limitación funcional (grados de movilidad) en las distintas pruebas de movimientos del pie izquierdo, que el perito determina la relación causal con el accidente de trabajo sobre la base de estudios complementarios actualizados a la fecha de la pericia. El informe se encuentra firme y consentido por las partes y considero razonable las conclusiones arribadas por el perito, (que no fueron cuestionadas por las partes) y tiene entidad probatoria suficiente (artículo 474 CPCC)
En tal orden de ideas, considero que la incapacidad determinada por el experto médico es de 2,96%, incluido los factores de ponderación (art. 474 CPCC).
b) En relación a la prueba psicológica corresponde efectuar algunas consideraciones al respecto:
De la entrevista relata el actor: "luego de reincorporarse a trabajar, al no poder cumplir con los trabajos encomendados a razón de las dolencias derivadas del cuadro, debió llegar a un arreglo para salir de la firma. Posteriormente intentó volver al rubro de la pintura y las refacciones, pero su situación física no le permitía desenvolverse como lo hacía anteriormente. Con lo cual comenzó a trabajar con maderas livianas, realizar trabajos por cuenta propia. Aunque si debe realizar esfuerzos o movimientos bruscos, debe solicitar ayuda lo que atenta con la percepción final de los ingresos que puede adquirir por dicho trabajo. Eso ha deteriorado su calidad de vida ( no tener ingresos fijos) y la de su familia. A su vez, tiene una hija con un retraso madurativo la cual perdió la cobertura de su obra social, preocupando al actor ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. Por su situación expresó que no ha podido ingresar en trabajos similares ya que no podría cumplir con dicha demanda de trabajo. Dicha cuestión lo mantiene muy preocupado ya que le cuesta cumplir con los gastos respecto de sus propias necesidades y de la familia con la que convive.Determinadas tareas hogareñas y de distinta índole no ha podido realizar de forma normal tales como: jugar al pádel, realizar movimientos donde tenga que hacer fuerza y ciertos quehaceres hogareños que impliquen tener forzar la espalda y la cadera. Ha expresado cierto cambio en su humor invadiéndolo una fuerte sensación de desesperanza y negatividad: "me bajoneo, me irrito mucho. Discutimos mucho con mi señora a causa de esto." (SIC). Otros datos de interés El actor expresó una operación de meniscos y complicaciones en el hombro derecho, además de las quejas somáticas expresadas.
Ahora bien, el informe psicológico tiene un relato de hechos efectuados en primera persona por el actor sobre las secuelas físicas de su accidente que no fueron articulados en la demanda, ni se ofreció prueba para corroborar sus dichos en la situación laboral, social y familiar. Información de su vida relacionada con el trabajo, social, familiar y deportiva que resultan totalmente novedosas en la las actuaciones
Es importante remarcar que el proceso laboral la litis queda integrada con los escritos de demanda y contestación, y es en el marco de las peticiones allí articuladas y las pruebas por la que debe resolverse el litigio.
En ese orden mediante informe pericial se amplían hechos no articulados en la demanda e implica una violación a los principios de bilateralidad, contradicción y de preclusión de los actos procesales. No es posible modificar o transformar la demanda sin riesgo de alterar la congruencia y violar el derecho de defensa en juicio del accionado. Por tal razón sólo puede tener lugar con antelación a la traba de la litis (arts. 163 inc. 6º, 331 del C.P.C.C., y 18 C.N.). A partir de allí queda fijada la relación procesal.
El actor se ocupó personalmente de asignarle al accidente una serie de consecuencias, determinando la relación causal. Se procura unilateralmente su medio de prueba.
1. No está probado que el accidente la afectara en su trabajo, funciones asignadas, sociales o familiares. No hay prueba de ello, mas allá, de los propios dichos del accionante.-
2. Las secuelas incapacitantes de los accidentes preexistentes no fueron evaluados en la pericia a fin de evaluar la relación causal
3. Este tipo de situaciones en relación a la prueba psicológica fue señalada por la jurisprudencia: "En el caso, el diagnóstico está sustentado exclusivamente en los propios dichos de la demandante, lo cual enerva su validez probatoria, dado que el dictamen no puede apoyarse en el mero relato de la propia víctima, interesada en la obtención de rédito económico. No debe olvidarse que los principios generales en materia de prueba excluyen la posibilidad de que ésta pueda ser constituida por el propio interesado pues, como enseña Hugo Alsina, "es principio de derecho natural que, salvo el juramento decisorio, nadie puede establecer una prueba a su favor" (Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial"; t. Ill, pág. 309; pto.2 "b"). Es que las declaraciones de quién reviste calidad de actor, constituyen expresiones que no pasan de ser una declaración de parte que, por su naturaleza, no es idónea para probar en favor del propio deponente (Doctrina de la CSJN 24/10/89 en JA 1990-Il-127)."CC0002 QL 24007 RS-52-2022 S 02/05/2022 Carátula: CONTRERAS MARA FLORENCIA Y OTRO/A C/ TAVOLIERE TOMAS RAMON Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)?
"También la Suprema Corte de Justicia ha recordado en sus pronunciamientos el viejo canon del derecho civil: "nemo propria manu sibi debitorem adscribit", que establece la prohibición de procurarse un medio de prueba unilateralmente (SCBA Ac.33589; Ac.33944).- Más aún el Superior Tribunal Provincial ha establecido que cuando el perito se limita a explicar lo que una de las partes le ha referido, la pericia carece de todo efecto probatorio y por ende, el fallo de sustento, por lo que cabe calificarlo de absurdo... (SCBA Ac. Y Sent. 1962, v.III, citado por MORELLO en Códigos T.V págs.588/89, ed. 1973).
4 En ese orden me apartaré del informe pericial psicológico, la relación causal es incompleta y faltan elementos de prueba que lo sostengan. El informe se construyó sobre los exclusivos dichos del accionante de hechos no denunciados en la demanda y sin prueba (artículo 726 CPCC)
III. En atención a las conclusiones probatorias, corresponde expedirme en relación a la acción ordinaria en revisión de la instancia administrativa planteada mediante demanda por la actora ( art 2 inc. j ley 15057).
Atento las constancias periciales, corresponde apartarme de la disposición de alcance particular emitida en el expediente administrativo SRT 299489/19, y determinar que el actor posee secuelas incapacitantes por el accidente de trabajo sufrido el 22-2-2018 por limitación funcional hombro izquierdo, en un 2,96%, conforme Baremo 659/96 y procedimiento establecido en el artículo 6 ley 24557
Dentro de las variables de cálculo del sistema implementado por la ley 27348, el IBM se obtiene del informe de AFIP (actual ARCA) y tiene acreditada una edad a la fecha del accidente de trabajo de 44 años.-
Teniendo en cuenta todas las consideraciones que preceden corresponde que la demandada responda por la indemnización, prestación dineraria de pago único, que contempla el régimen sistémica la que debe acceder la actora como consecuencia de las secuelas incapacitantes por siniestro ocurrido de fecha 22-2-2018 del reclamo fundado en la Ley 24.557 y concordantes, determinadas por el art. 14 inc 2 a) que refiere cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al cincuenta por ciento (50%) una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a cincuenta y tres (53) veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número sesenta y cinco (65) por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.
a) Los elementos que componen la fórmula propuesta por la norma aplicados en autos son: coeficiente 53; valor Ingreso Mensual Base : $. 24.184,13; coeficiente edad 1,47 que resulta de dividir 65 y 44 años (edad del actor a la fecha del siniestro); incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva de 2,96% de la total obrera. La aplicación de la fórmula legal determina incluido el 20$ del artículo 3 de la ley 26773 en la suma de : $ 67.258,49.
b) Respecto de los intereses, la aplicación del RIPTE incorporado por el Decreto 669/19 debo adelantar que no es de aplicación al caso de autos. La doctrina legal de la SCBA (L.129800) y declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19, siguiendo los parámetros de los autos "Muzychuk, Claudio Rubén contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo acción especial"
En síntesis el superior tribunal estableció que dicho reglamento no cumple con los requisitos exigidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Entendió que no se verifican las circunstancias excepcionales que justifican su dictado, tanto en lo relativo a la configuración de la emergencia, como a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.
En tal orden de ideas para los intereses entiendo que no es aplicable el determinado por la ley 27348 artículo 11 inc. 2 (Tasa Activa), porque fue modificada y derogada por el DNU 699/19, que se declara inconstitucional.
c) La parte actora solicita la aplicación de la doctrina Barrios (16-7-2025) de la SCBA y la inconstitucionalidad de la ley 23928 que establece la prohibición de indexación de los créditos laborales. Se dio traslado a la parte demandada y respondió el 11-9-2025-
A los fines de resolver la petición efectuada efectuaré algunas aclaraciones previas a fin de poder ordenas los distintos argumentos sobrevinientes a la demanda:
En principio el fallo Barrios (SCBA 124096), no es doctrina legal aplicable al caso de autos. La SCBA estableció ciertos parámetros de cálculos en un fallo del fuero civil por una acción de daños y perjuicios; el caso de autos es un accidente de trabajo cuya responsabilidad de la demandada es sistémica derivada de la aplicación de la ley 24557.
Además, se puede complementar lo dicho con los precedentes "Galarza" y "Vera", estableciendo que no correspondía acudir a la doctrina de "Barrios". Había operado una recomposición del ingreso base y no se había acreditado, en las circunstancias concretas examinadas, que su aplicación resultara insuficiente para preservar el contenido económico de la prestación (SCBA, causa L. 132.729, "Galarza, Daniel Alejandro c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente in itinere", sentencia del 30 de marzo de 2026 y SCBA, causa L. 139.012, "Vera, Carlos Issac contra Empleador Autoasegurado Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Acción de revisión resolución Comisión Médica Jurisdiccional", sentencia del 24-9-2026).
En el caso particular, se procederá al cotejo que arroja la aplicación del mecanismo legal y la evolución económica del crédito. No se trata, entonces, de desplazar en abstracto el mecanismo previsto por la ley ni de acudir a otro parámetro por el solo hecho de que arroje un resultado cuantitativamente superior. La insuficiencia se verifica a partir de las circunstancias particulares de la causa
Asimismo, la utilización del índice RIPTE hasta la fecha del pronunciamiento no importa aplicar el mecanismo previsto por el DNU 669/19 -cuya inconstitucionalidad e inaplicabilidad ha sido declarada-, sino adoptar, una vez comprobada la insuficiencia de la solución legal ordinaria, una pauta de recomposición vinculada con la propia naturaleza salarial del ingreso que se procura preservar. Su elección responde, en las particulares circunstancias del caso, a la necesidad de evitar que la prestación quede reducida a una expresión nominal que no guarde razonable correspondencia con la pérdida de capacidad productiva efectivamente acreditada.
Indudablemente, que las consideraciones efectuadas del voto del Dr. Soria en el fallo "Barrios", son orientativas como guía de la función judicial, describiendo una serie de recaudos y parámetros que indiquen una desproporción entre la aplicación de la tarifa legal a la fecha del accidente con otra que se efectúa a la fecha de pronunciamiento a salarios actuales.
La inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 que prohibía la actualización por índices de los créditos ratificada por la ley 25.561 será analizada en la presente atento el planteo concreto efectuado.
De tal modo, resulta necesario analizar en forma previa si en el presente caso, en virtud del cambio de las condiciones económicas y el proceso inflacionario en nuestro país desde la fecha de la contingencia, la aplicación a la prestación dineraria de intereses a tasa pasiva del Banco Provincia de Bs. As. prevista por el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 resulta suficiente para compensar los perjuicios económicos sufridos por el accidente de trabajo ocurrido el 22-2-2018 y que hoy se liquida o si, por el contrario, el transcurso del tiempo impactó en forma negativa en el monto resultante, tornando en inadecuado el resarcimiento que le corresponde al actor a la fecha de la presente por las consecuencias de la contingencia de la que se derivó incapacidad, con la consiguiente vulneración de los derechos consagrados por la Constitución Nacional y la garantía de la tutela judicial efectiva de acuerdo con la Constitución de esta provincia (arts. 15, 39 inc. 3 y cc CPBA, 14 bis, 16, 17, 28, 33 y cc. CN).- ).-
En tal sentido y más allá de su determinación en dinero, la prestación dineraria por las consecuencias del accidente de trabajo padecida por el actor que afecta su integridad y del que se deriva incapacidad, constituye una obligación o deuda de valor en los términos que ha sido considerado por la doctrina y jurisprudencia y el actual art. 772 del CCCN. De acuerdo a ello su cuantificación en dinero debe observar el valor real de la prestación al momento que corresponda tomar en cuenta para su evaluación, siendo admisible a tales fines la aplicación de índices o instrumentos de corrección del capital que garanticen el mantenimiento del valor actual de la prestación que no arrojen resultados excesivos o superiores al mismo conforme lo expresa la SCBA en el fallo "Barrios" citado.
En los presentes actuados, aplicando a la prestación dineraria intereses a la tasa activa del Banco Nación prevista por el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557, importa a la fecha un total de $. 335.967,19 por capital e intereses. Por su parte, si a la prestación dineraria de autos -entre otros instrumentos de actualización conforme expresa el Superior Tribunal- se aplica el índice de Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) desde la fecha de la contingencia a la fecha de la presente conforme el último vigente (agosto/26), el resultado arroja a la fecha la suma de $ 4.859.425,90
De la comparación efectuada entre la aplicación a la prestación dineraria determinada en autos, de intereses conforme la tasa pasiva del Banco de la Pcia de Bs As con la resultante de aplicar el índice Ripte que refleja la evolución de los salarios registrados, se desprende que la aplicación de la primera no cumple la función de preservar el valor del crédito del trabajador importando una reducción inaceptable que lo hace insuficiente y por lo tanto injusto, teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 11 de la ley 24.557 que establece que las prestaciones previstas en dicha ley gozan de las garantías y privilegios de los créditos por alimentos.
En atención a ello, teniendo en cuenta lo expuesto por la SCBA y las pautas señaladas en la causa "Barrios" citada precedentemente (punto V.17.c), corresponderá hacer lugar al planteo efectuado y declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y a los fines de mantener el valor actual de la prestación dineraria debida al actor por la contingencia con fecha de accidente de trabajo el 28-2-2018 y la remuneración básica actual para su categoría y jornada del CCT 244/94 (industria de la alimentación) como parámetro de aplicación previsto por la ley 24283, disponer la actualización de la prestación dineraria que se eleva a la suma de $ 4.859,425,90 (arts. 772 del CCCN y ley 24.283).-
d) La demanda deberá prosperar por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NJUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 90/100 CENTAVOS ($ 4.859,425,90) en concepto de capital.-
e) El capital actualizado con RIPTE devengará intereses compensatorios a la tasa del 3% anual desde la fecha del accidente hasta la fecha de la presente conforme arts. 767 y 768 del CCCN. Los intereses compensatorios son aquellos que se establecen por la privación en el uso del capital por el acreedor en cierto periodo de tiempo sin incluir en su cálculo otros componentes del valor del dinero, encontrándose los jueces facultados a establecer la tasa correspondiente. No requieren para su procedencia que medie culpa, dolo u otro factor de atribución objetiva de responsabilidad imputable en la conducta del deudor. En tal sentido ha dicho el Superior Tribunal de esta provincia que "...siendo la indemnización estimada a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, resulta congruente con la realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando una tasa de interés puro, como tradicionalmente se ha establecido en relación con todas las modalidades de actualización; es decir, un accesorio destinado a la retribución por la privación del capital, despojado de otros componentes..." (SCBA C. 122.303, "Dadario, Rubén Oscar y otra contra Álvarez Antonio y otros. Daños y perjuicios", C. 120.536 del 18/04/18 y C. 121.134, del 03/05/18).-
De conformidad con el art. 17 de la ley 27.348, el pago del capital con más los intereses deberá ser efectuado por la demandada en el plazo de diez días de notificado de la presente mediante depósito/transferencia a la cuenta sueldo correspondiente al actor, debiendo acompañar en autos la constancia que acredite el cumplimiento, debiendo éste denunciar cuenta sueldo a su nombre, indicando entidad bancaria, CBU y/o ALIAS acompañando la constancia correspondiente y denunciar número de CUIT/CUIL. Corresponderá declarar abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 17.3 de la ley 26.773 respecto del pacto de cuota litis en virtud de no haber sido ratificado el mismo de conformidad con el art. 277 de la LCT.
f) En el supuesto de mora en el cumplimiento de pago de la sentencia en el plazo establecido, se aplicará sobre la suma total adeudada un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA desde la mora hasta la efectiva cancelación, acumulándose a los fines de su liquidación los intereses al capital según lo establecido en el artículo 770 inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 12 inc. 3º de la ley 24.557 t.o. ley 27.348).-
g) Deberá condenarse a la demandada al pago de las costas del proceso por resultar vencida difiriéndose la regulación de honorarios para cuando se haya practicado liquidación por Secretaria, con aplicación de lo normado por la ley 24.432 (art. 59 ley 15.057, art. 277 LCT to ley 24.432, art. 730 del CCCN).-
ASI LO VOTO
A LA MISMA CUESTION LA SRA. JUEZ DRA. BEATRIZ ALICIA MAFFIA DIJO :
Por compartir los fundamentos vota en el mismo sentido que el Dr. Ribó
A LA MISMA CUESTION LA SRA. JUEZ DRA. CLAUDIA NORA MAESTRI DIJO:
Comparto en lo principal el voto de mi colega preopinante Dr. Ribó. Disiento, en cambio, en cuanto dispone la aplicación de intereses sobre el capital desde la fecha del accidente hasta la sentencia, por adherir, al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa L. 132.729, "Galarza" (30/03/2026) y causa L. 139.012 "Vera" (24/09/2026), en cuanto determina la aplicación exclusiva de la normativa especial contenida en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, la inaplicabilidad de la doctrina sentada en el precedente Barrios, tal como lo he manifestado en reiterados fallos anteriores a dicho precedente. Sin perjuicio de dejar a salvo dicha posición y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, entiendo que en caso de efectuarse la actualización de la prestación mediante el índice RIPTE (u otro similar), dicho mecanismo resulta suficiente para preservar el valor del crédito reconocido, por lo que la aplicación adicional de una tasa de interés (6% o 3%) anual sobre un capital previamente actualizado puede derivar en una excesiva repotenciación del crédito y en una desproporción del resultado final de la condena, razón por la cual considero que no corresponde adicionar otros intereses hasta la fecha de la sentencia, lo que se aplica en las particulares circunstancias de autos. En consecuencia, estimo que los intereses deben devengarse únicamente en caso de mora en el pago de la presente sentencia, aplicándose desde entonces la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, conforme el art. 770 del CCCN.-
ASI LO VOTO
Por ello, en mérito de las citas y fundamentos legales vertidos en la presente el resultado de la votación que antecede EL TRIBUNAL DEL TRABAJO DE MORENO GENERAL RODRIGUEZ, fallando en definitiva en los autos "NUÑEZ GONZALO C/ SWISS MEDICAL ART SA S/ ACCION DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL " exp, 8224 R E S U E L V E
I. Hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor Nuñez Gonzalo contra SWISS MEDICAL ART SA , decretar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y del art. 7 de la ley 23.928 y condenar a la demandada a pagar al actor la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NJUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 90/100 CENTAVOS ($ 4.859,425,90) como importe de la prestación dineraria por la accidente de trabajo sufrido el 22-2-2018 encontrándose ajustada la prestación dineraria conforme la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables vigente desde la contingencia hasta la presente (arts. 2 inc. j, 31, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 54, 57, 89 y cctes. ley 15.057; arts. 354, 375, 394, 474 del CPCC, arts. 6 inc. 2, 12, 14 inc. 2 a) ley 24.557 leyes complementarias 26.773 y 27.348, SCBA. 129.800 "Muzychuk Claudio Rubén c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del trabajo S.A. s/ accidente de trabajo- acción especial", C 124096 "Barrios, Galarza, Vera). El pago del capital con más los intereses deberá ser efectuado por la demandada en el plazo de diez días de notificada de la presente mediante depósito en la cuenta sueldo correspondiente al actor, debiendo acompañar en autos la constancia que acredite el cumplimiento (art. 17 ley 27.348). A los fines del pago el actor deberá denunciar cuenta sueldo a su nombre, indicando entidad bancaria, CBU y/o ALIAS acompañando la constancia correspondiente y denunciar número de CUIT/CUIL.-
II. Por mayoría condenar a la demandada al pago de intereses sobre el capital actualizado por Ripte a la tasa del 3% anual desde la fecha del accidente hasta la presente (art. 767 del CCCN, SCBA C 124.096 C. 120.536, C. 121.134, C 122.303 y otros).-
III. En caso de mora en el cumplimiento de pago de la liquidación de sentencia, se acumularán los intereses al capital de conformidad con el artículo 770 inc. c) del Código Civil y Comercial, y al monto resultante se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde la mora hasta el efectivo pago (artículo 12 inc. 3 ley 24.557 según art. 11 ley 27.348, 768, 770 del CCCN).-
IV. Condenar a la demandada al pago de las costas del proceso por resultar vencida (art. 24 ley 15057) difiriéndose la regulación de los honorarios para el momento en que se haya practicado liquidación por Secretaría con aplicación de lo normado por la ley 24.432 (art. 59 ley 15.057, art. 277 LCT to ley 24.432, art. 730 del CCCN).-
V. Practíquese liquidación por Secretaría (art. 59 ley 15.057).
VI. Regístrese, notifíquese conforme AC. 3991/20 de la SCBA, cúmplase y oportunamente archívense las presentes actuaciones.
Firmas
Funcionario firmante: RIBO Javier Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: MAFFIA Beatriz Alicia - JUEZ
Funcionario firmante: MAESTRI Claudia Nora - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Maria Celeste - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 215-2026
Fin de la sentencia