Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa N-1.981/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 896/914 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: N-1.981/14-TSJ Otros Recursos N°: 362.-
Actor: NUÑEZ RAMÓN HUMBERTO Y OTRO Demandado: BOLLAND Y CÍA S.A Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 17-07-15 Texto: TOMO VII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 362 FOLIO Nº 1365/1368 PROT. ELECT. TSS1 008 O.151.-
Río Gallegos, 17 de julio de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “NÚÑEZ RAMÓN HUMBERTO Y OTRO C/ BOLLAND Y CÍA. S.A. S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº N-11.682/10 (Nº N-1981/14-TSJ) venidos al acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo, en virtud del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que articulara la demandada BOLLAND Y CÍA. S.A. a fs. 896/914 vta.-
Su tratamiento se efectuará a la luz de la doctrina sentada por el Alto Tribunal (Fallos: 310:1789; 313:934; 332:2813; 333:360) y por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo I -Otros Recursos-, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente por el Tribunal Superior de la causa si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que lo originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- El recurrente suscita la instancia extraordinaria federal alegando la arbitrariedad de la resolución dictada a fs. 890/894, mediante la cual se declaró mal concedido el recurso de casación que había planteado a fs. 853/874.-
Argumenta que lo resuelto por este Tribunal “...configura supuesto (sic) que habilita la tacha de arbitrariedad por estar frente a omisiones y desaciertos de extrema gravedad, por lo que es procedente la descalificación de tal pronunciamiento como acto judicial...” (cfr. fs. 908).-
Alega, como primer agravio, que las cuestiones de hecho y prueba se encuentran excluidas de la casación sólo en principio, pero no cuando se suministra fundamentación seria de que exista arbitrariedad o absurdo (conf. fs. 911). Abunda, a renglón seguido, en citas jurisprudenciales donde se habría hecho lugar a recursos extraordinarios, aun en cuestiones de hecho y prueba, aunque sin explicar debidamente cómo esas citas se aplicarían al concreto caso de autos.- Sostiene, para cerrar este punto, que “...El Excmo. Tribunal Superior se desentiende en verdad de toda la línea argumental desarrollada por mi parte, y en modo alguno la rebate, lo que es lo mismo que decir que como directa consecuencia de esa falta de valoración -y eventual refutación-, todas las aseveraciones del pronunciamiento en orden al supuesto déficit del recurso, devienen inatendibles.” (cfr. fs. 912 vta.).- Luego señala, como segundo agravio, que “La sentencia en crisis causa agravio constitucional a mi parte, toda vez que garantías reconocidas por la Ley Fundamental Nacional resultan conculcadas por un pronunciamiento cuya descalificación como acto jurisdiccional valido persigo a través del presente remedio extraordinario federal, en virtud de existir en autos cuestión federal bastante...” (cfr. fs. 913).
Seguidamente expresa que “...El hecho de haberse declarado inadmisible el recurso de casación, importa una ilegítima aplicación de las normas legales que rigen la materia, y afecta en forma directa e inmediata las garantías constitucionales de igualdad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso y legalidad consagradas en los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional.” (cfr. fs. cit.).- Por último afirma que “...La señalada configuración de cuestión federal suficiente es inevitable, habida cuenta que al desentenderse el Tribunal Superior de la causa de brindar adecuado tratamiento a los agravios expresados en el recurso de casación, ha dictado un pronunciamiento que por su alcance y efectos sobre el patrimonio de mi representada, redunda en menoscabo de los derechos y garantías de defensa en juicio y de propiedad...” (cfr. fs. 913 vta.); para concluir señalando que “...Han quedado precedentemente plasmados los argumentos en base a los cuales afirmo ante la Corte Suprema la configuración inequívoca del supuesto de sentencia susceptible de descalificación en los términos de la doctrina de la arbitrariedad…” (cfr. fs. 914).- A fs. 917 se ordenó correr vista al Sr.
Agente Fiscal ante este Cuerpo quien dictaminó a fs. 918/919. Allí expresó -sobre la base de los argumentos que esgrimió y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
II. Que, corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la parte demandada (conf. Tomo VI -Otros Recursos-, Reg. 351, Folio 1331/1335), tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/2012), y Nº 38/2011.- En ese orden debe destacarse, en primer lugar, que el recurso extraordinario federal ha sido interpuesto oportunamente y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo previsto en el artículo 257 del ordenamiento adjetivo citado se encuentra íntegramente cumplido.-
Se observa, asimismo, que el recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada Nº 38/2011, toda vez que la presentación se realizó en formato de hoja A 4, por lo tanto este recaudo formal también se encuentra satisfecho.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces realizar su estudio a la luz de las previsiones contenidas en el reglamento aprobado mediante la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que regula los requisitos formales que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se advierte que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible y cumple, además, con el recaudo de no superar los veintiséis (26) renglones en cada página (conf. artículo 1º de la Acordada Nº 4/2007 citada).-
Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada, aunque incumpliendo con el requisito de indicar las fojas en las cuales se encuentra la sentencia atacada (conf. fs. 896).-
De igual modo se advierte que si bien el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal (conf. artículo 2º, inciso d), de la Acordada Nº 4/2007), dicho requisito no se integró con el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012 (conf. fs. 908).-
No obstante lo expuesto, y pese a que las omisiones señaladas en los párrafos precedentes serían suficientes como para declarar inoficiosa la presentación en tratamiento (conf. artículo 11, segundo párrafo de la Acordada Nº 4/2007), a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal, dichas omisiones no serán tenidas como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado (Fallos: 334:196; v. asimismo: TSJ Santa Cruz, Tomo VI -Otros Recursos- Reg. 308, Folio 1187/1189; ídem: Reg. 310, Folio 1193/1196).- Ahora bien, continuando con el estudio del recurso vemos que, además, el escrito no cumple acabadamente con los recaudos previstos en los incisos c), d), y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007.-
Corresponde recordar que dicho artículo exige que el recurrente demuestre que la decisión apelada proviene del Superior Tribunal de la causa y que es definitiva, o equiparable a tal, según la jurisprudencia de la Corte Federal (inciso a), así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra cumplido -aunque no sin dificultad- en la presentación en estudio. Hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º.- En efecto, se observa que el recurrente no ha logrado demostrar cuál resulta ser el perjuicio personal, concreto y actual que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, y que tal menoscabo no haya derivado de su propia actuación (conf. inciso c) del artículo 3º de la Acordada 4/2007).-
De igual modo, no se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del mencionado artículo 3º, ni del artículo 14 de la ley Nº 48 (Fallos: 148:62; 306:1740; 307:129), ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este Tribunal atañen exclusivamente al orden local.-
En el ‘sub lite’ el recurso de casación se declaró mal concedido porque, además de no evidenciarse en la sentencia de Cámara arbitrariedad o errores graves, groseros y manifiestos que condujeran a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso (conf. fs. 891 vta.), las materias traídas a juzgamiento de este Tribunal eran ajenas a la casación, se trataba, en definitiva, de cuestiones reservadas a las instancias ordinarias. Por lo demás, en el pronunciamiento atacado se citó copiosa jurisprudencia que avalaba la solución propiciada y, además, se señaló puntualmente que el fallo atacado recogía la doctrina legal sentada por este Excmo. Tribunal sobre la materia litigiosa (conf. fs. 893).- En ese orden, tampoco se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (conf. inciso d) del artículo 3º), como así tampoco la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el apelante debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:2421; 311:499; 331:2149).- No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una critica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (Fallos: 323:1261; 331:809). El recurrente reedita agravios que ya han tenido correcto tratamiento en el decisorio atacado, no consiguiendo en ningún momento despojar a su presentación del dogmatismo y de la abstracción de la que adolece.- Por último no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas…” (conf. inciso e), del artículo 3º).-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro, Silvia B. “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432).-
III. Con relación al carril por el que pretende encauzar el recurrente su agravio, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la ‘sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:3265 y sus citas).- En consonancia con lo arriba señalado, la Corte Federal ha establecido reiteradamente que esa doctrina no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos: 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos: 237:74).- La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, procede sólo frente a “...desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional” (cfr. el dictamen del Procurador General al cual remitió la Corte Suprema en Fallos: 311:1950; v. asimismo Fallos: 323:3139 y el voto de la Dra. Highton de Nolasco en Fallos: 329:646).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el decisorio aquí impugnado se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface los requisitos exigidos para la validez de los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103 y 321:1909; v. asimismo: TSJ Santa Cruz, Tomo VII -Otros Recursos-, Reg. 358, Folio 1351/1355, entre muchos otros).- Por lo demás las críticas que el demandado dirige contra la sentencia de este Excmo. Tribunal Superior son insuficientes para demostrar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la sentencia recurrida, que se hayan violado “...las garantías constitucionales de igualdad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso y legalidad...” (cfr. fs. 913) y que esa lesión le cause un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.- En esa inteligencia, se aprecia que los reparos invocados trasuntan una mera disconformidad con aspectos que, por regla, constituyen materia ajena a la instancia extraordinaria federal, pues se vinculan a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que han sido oportunamente desechados sobre la base de argumentos que, al margen de su acierto o error, no compete al Máximo Tribunal de la Nación revisar (conf. el dictamen de la Procuración General a cuyos fundamentos remitió la Corte Suprema en Fallos: 326:1877). Todo lo cual lleva al rechazo del remedio federal pretendido.- A mayor abundamiento cabe agregar, sobre la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (en el caso los artículos 16, 17, 18 y 19), que tales dichos constituyen una mera enunciación incapaz de habilitar la vía extraordinaria si no se logra demostrar de qué manera han sido vulnerados tales principios.-
En efecto, la Corte Suprema ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62; 266:135; 295:335; entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarde para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos: 310:2306).- Nótese que en autos el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
Por otro lado corresponde recordar que, en principio, las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal-, tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado. A ello cabe agregar que el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad, es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de provincia cuando deciden, como en el caso, recursos extraordinarios de orden local (conf. el dictamen de la Procuración General que la Corte hizo suyo en Fallos: 326:621 y sus numerosas citas; v. en igual sentido Fallos: 329:4783, entre muchos otros).- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio extraordinario federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado cumplimiento con los recaudos previstos en los incisos c), d), y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, y en el artículo 15 de la Ley Nº 48, aquellos no demuestran la arbitrariedad de la decisión recurrida, carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio, y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 896/914 vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal A/C Presidencia, Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008O.151 Tomo: VII Otros Recursos: 362.-
Folio N°: 1.365/1.368 Secretaría: 1
Fin de la sentencia