Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 3882
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de deserción del recurso incoado por los demandados a fs. 635/636;
2Revocar en todas sus partes la sentencia apelada, debiendo en su consecuencia rechazarse la demanda de simulación incoada por la Sra. Beatriz Nuñez contra todos los demandados y declararse válido el acto jurídico de compraventa realizado entre Riobó y los Sres. Mariano Gabriel Adesso y Sandra Estela Romero de Adesso.
3ENCOMENDAR al Sr. Juez de trámite, que una vez que se encuentre firme y consentida la sentencia dictada por éste Tribunal remita las presentes actuaciones a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a fin de que proceda a liquidar el impuesto de sellos que grava el acto de compraventa, celebrado entre la Sra. Riobó y el matrimonio Adesso;
4Imponer las costas generadas en ambas Instancias a la Accionante que resulta vencida (art. 68 del C.P.C.C.);
5Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad, (art. 31. Decreto Ley 8904/77).REGISTRESE.
NUÑEZ BEATRIZ C/ RIOBO ALBA Y OTRA S/ SIMULACION CAUSA NRO. 3882/1 JUZ CIV. NRO. 3 RSD NRO.:282/16 FOLIO NRO.: 2026
En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Primera de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza, para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “NUÑEZ RIOBO C/ RIOBO ALBA VIRGINIA Y OTRO/A S/ SIMULACION” (Causa nro. 3882/1), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Taraborrelli- Dr. Posca; resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ª cuestión: ¿Corresponde decretar la deserción del recurso incoado a fs. 579?
2ª cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
3ª cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso.
A fs. 562/577 vta. la Sra. Juez de grado hizo lugar a la demanda por simulación promovida por Beatriz Nuñez contra Alba Virginia Riobo, Mariano Adesso y Sandra Estela Romero de Adesso y en su consecuencia declaró nula la Escritura Pública n°215 del primero de noviembre de 1999 y la Escritura Pública número 20 de fecha 5 de enero de 2006, ambas respecto del inmueble unidad funcional número 84, sita en el décimo tercer piso, de la calle Guemes, Nro. 46/48/50/52/54/56, nomenclatura catastral circunscripción II, Sección A, Manzana 27/84, partida Nro. 309469 de La Matanza. Ello, con especial imposición de costas a la demandada que resulta vencida.
Contra dicha resolución, a fs.579 interpuso recurso de apelación la Sra. Beatriz Núñez, recurso que fuera concedido libremente a fs. 580.
Por su parte, a fs.584 apelaron la sentencia los Sres. Mariano Gabriel Adesso y la Sra. Sandra Romero de Adesso, recurso que fuera concedido libremente a fs. 585.
Radicadas las presentes actuaciones por ante ésta Sala Primera (véase fs.617), a fs.618 se pusieron los autos en Secretaría y se llamó a expresar agravios a los apelantes. A fs. 624/629 vta. fundaron su recurso los demandados –matrimonio Adessocircunscribiéndose sus críticas esencialmente en torno a lo siguiente: 1) La atribución de mala fe a los terceros adquirentes. Se quejan los apelantes de la atribución de mala fe a su parte que efectuó la sentenciante de grado, pues -a su ver- en el caso no se cumplen ninguno de los requisitos exigidos por la ley para considerar el acto como simulado. Que el pretendido "precio vil" no fue tal porque el precio abonado fue de U$S 40.000, conforme surge del recibo firmado de puño y letra de la demandada Riobo que confirma en su declaración en sede penal.
Que sin perjuicio de ello, si la operación hubiera sido por $40.000, habría sido verdadera toda vez que era moneda corriente en la época en que se llevó a cabo la escrituración del inmueble (enero 2006) consignar como precio de venta el valor que superara en algo más del 20% de la valuación fiscal del inmueble que estaba en un monto de $31.507; 2) La errónea valoración de la prueba. Sostienen que S.S. yerra en cuanto califica su conducta como omisiva en aportar datos precisos de la operación de compraventa llevada a cabo con la Sra. Riobo, cuando en realidad ello fue expuesto y especificado en el escrito de responde, donde explicaron las circunstancias que la llevaron a buscar una vivienda para constituir su hogar conyugal.
Critican además, la interpretación deficiente que realiza la sentenciante, como apoyatura fáctica de sus presunciones, para imputar falta de diligencia en la compra a su parte, a las declaraciones de los testigos Fernández Cueto, Enriquez y Suarez; 3) Desigual tratamiento de "la causa simulandi": Sostiene que la sentenciante omite considerar la "causa simulandi", determinar sin más, que los terceros adquirentes obraron con mala fe, olvidando que la indagación de la misma es determinante para establecer el móvil que condujo a las partes a realizar el acto. Sostiene que de la prueba producida por la contraria y evaluada por la sentenciante no ha logrado atribuir complicidad o connivencia entre Riobo y el matrimonio Adesso, para llevar a cabo el acto supuestamente simulado, 4) La imposición de costas.
La Sra. Jueza "a quo" determinó en su sentencia dos nulidades de actos jurídicos: una es la nulidad impuesta a la venta de Nuñez a Riobo, por calificarla de una simulación ilícita, y otra la venta de Riobo al matrimonio Adesso. Agrega que sosteniendo esta línea de pensamiento, la actora Nuñez, cuya venta a Riobo queda invalidada por haber sido tildada de simulada, se convertiría en una actora carente de legitimidad para obrar, lo que privaría de la posibilidad de entablar una acción contra los terceros adquirentes, pues de resultar ganadora en ésta última contienda, estaría obteniendo un beneficio que el art. 959 prohíbe. Si la accionante no resulta ganadora respecto de su pretensión de que el departamento vuelva a su patrimonio, no se entiende por qué el matrimonio Adesso debería ser condenado en costas, ya que la actora no es la ganadora del litigio.
Estima que - a su ver- debería ser condenada solidariamente también al pago de las costas en lo relativo a la nulidad que se le impone ya que a ese respecto, reviste calidad de vencida. Finalmente, cita jurisprudencia.
Por su parte, a fs. 630/631 vta. fundó su recurso la actora, girando sus agravios en torno a lo siguiente: 1) Primer agravio: Se agravia respecto a la situación jurídica del inmueble transferido bajo esa modalidad irregular regresa a su estado anterior quedando bajo la titularidad del dominio de quien detentara esa condición en su caso, es decir, el Sr. Longo. Señala que éste había entregado la posesión a la accionante a través del documento que le confiriera la facultad de disponer del bien concediéndole pacíficamente la posesión que la actora ejerciera en forma pública hasta que fuera despojada de la misma en forma ilegal por los demandados, motivando el ejercicio de la acción triunfante que reconociera el Tribunal. En su consecuencia entiende - a su parecer- que al haberse anulado por simulación las falsas operaciones registrales sobre la titularidad del bien, éste debe ser restituido a la actora quien lo detentará pacíficamente hasta el despojo, y quien acreditó bajo esa condición la legitimación activa como facultad jurídica concedida por el ordenamiento jurídico para demandar su evolución la cual nunca fue cuestionada; 2) Segundo Agravio: Se queja en cuanto S.S. consideró que la declaración de simulación de la operación de venta entre la accionante y la codemandada Alba Riobó impida el reclamo por los perjuicios ocasionados. Entiende que reconocida la acción principal, el rubro de los daños y perjuicios deberá ser admitido para determinarse en un proceso sumarísimo como lo dispone el art. 165 del C.P.C.C., lo que así solicita.
Corrido el traslado de ley a fs.632 pto III, el mismo fue contestado por los accionados a fs. 635/637 y por la actora a fs. 638/642.
Finalmente a fs. 645, se llamaron los Autos para Sentencia (art. 263 del C.P.C.C.).
LA SOLUCION
II. La deserción del recurso de apelación interpuesto por los demandados.
Previamente, por una cuestión metodológica, corresponde resolver el planteo que formulan los demandados a fs. 635/636, solicitando la deserción del recurso incoado por la accionante Nuñez, toda vez que –según su opinión- no se ajusta a las prescripciones legales del artículo 260 y 261 del Cód. Proc.. En efecto, de la atenta lectura de la pieza de agravios que luce glosada a fs. 630/631 vta., surge a todas luces y prima facie, desde la óptica puramente formal que dicho escrito que impugna el pronunciamiento de Primera Instancia, constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante –desde su ángulo de visión subjetivo- considera equivocado. Por lo tanto, corresponde decretar el rechazo del pedido de deserción del recurso, por ajustarse la pieza cuestionada, desde la óptica técnicoformal y “prima facie” a las prescripciones legales del art. 260 y 261 del C.P.C.C. Por las consideraciones legales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA Por análogos fundamentos el Doctor Posca también VOTA POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DR. JOSE NICOLAS TARABORRELLI dijo:
III. Falta de legitimación “ad-causam” o falta de legitimación activa en la persona de la actora.
Ha resuelto la Suprema Corte de Justicia Provincial que: los planteos vinculados a la legitimación constituyen un requisito esencial de la acción y pueden ser abordados aún de oficio sin que ello puedan afectar derechos de rango supralegal o violentar los precedentes de ésta Corte…” (SCBA, 21/03/2012, Molina, Hugo G. y otro c/ Pan Mar S.R.L. y otros s/ Rendición de Cuentas. Desalojo).
La legitimación “ad-causam” puede y debe ser examinada oficiosamente por el juez de la instancia y puede que sea considerada y resuelta en cualquier instancia en la oportunidad de dictar sentencia, toda vez que la legitimación activa en la causa es una elemento esencial de la acción que presupone e implica la necesidad de que la demanda sea entablada por aquella persona que la ley considere idónea o habilitada para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional; por lo tanto, tal cuestión en el momento de pronunciar o dictar la sentencia puede y debe ser examinada por el Juez, por tratársete de una cuestión de fondo. En consecuencia, cuando la actora no es titular del derecho litigioso, carece de acción, que tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por lo que tal cuestión debe examinarse en la sentencia que pronuncio con mi primer Voto en esta instancia recursiva. Por lo tanto, carece de falta de legitimación activa o “ad- causam”, el que no es titular de ningún derecho subjetivo –ya sea personal, creditorio o real- que es la causa o base jurídica, en la que se origina la relación jurídica sustancial, por ende carece de interés, por cuanto “el interés es la medida de la acción”.
Se ha dicho que la legitimación “ad-causam” es la aptitud del sujeto para iniciar la acción directa, con la pretensión y que se basa en la relación jurídica controvertida, siendo preciso que el interés juridico deriva de la relación juridica contenciosa. De allí que cuando la falta de legitimación es evidente cabe estimarla en esta segunda instancia, pudiendo conocerse de la misma de oficio.
Para que la actora goce de legitimación activa, es menester que sea titular de un derecho subjetivo, siendo insuficiente la subsistencia de una simple expectativa o apariencia de un interés subjetivo – que no lo es- de tal manera que el hecho de que la actora aparece vendiendo y transfiriendo el dominio –como apoderada de Longo y/o en nombre y representación del mismo (titular registral) según poder especial irrevocable que obra en fs. 16/17 (aclarándose por otra parte que tiene validez o valor jurídico como poder especial simple, como más abajo se demuestra), ello no la legitima –a la parte actora- activamente o “ad-causam” para promover la presente acción de simulación de actos jurídicos, por más que en el contra documento de fs. 18 la propiedad de la cosa inmueble tendrá que volver a nombre de ella o a nombre de quien ella indique. Además, por otra parte este contradocumento tendría validez y/o efectos jurídicos entre partes y no frente a terceros (arts. 503 y 1195 del Cód.- Civ.), careciendo el mismo de la fecha y lugar en que fue creado, redactado y firmado.
Ahora bien, corresponde examinar –a esta altura del desarrollo del presente voto- el supuesto poder irrevocable. En tal sentido, dispone el art. 1977 del Cód. Civ. que el mandato puede ser irrevocable siempre que sea para negocios especiales, limitado en el tiempo y en razón de un interés legítimo de los contratantes o de un tercero. Se señala que para que el mandato sea irrevocable es menester que así se lo hubiera convenido como condición de un contrato bilateral en el cual aquél y éste se hallasen tan íntimamente vinculados que su separación resultara imposible o que hubiese sido otorgado en interés del mandatario. Analizando detenidamente este mandato objeto de estudio, advierto que de su atenta lectura, no surge el acto o negocio jurídico que le sirve de base a los efectos de otorgar tal tipo de mandato irrevocable, es decir que en el mismo no se enuncia el negocio especial por el cual se otorga el mandato irrevocable, en este caso podría ser un boleto de compraventa entre Longo y Núñez, que demás está decir es inexistente. Dice Borda que el mandato irrevocable se otorgue en razón de un interés legítimo de los contratantes o de un tercero. Cuando la ley alude a los contratantes, alude sin duda al caso de que la irrevocabilidad responda a un interés de los dos contratantes o a un interés del mandatario; en cambio, no se concibe una irrevocabilidad en favor del mandante. Para que el mandato sea irrevocable no basta un interés cualquiera; es necesario que el interés asuma una jerarquía tal que autorice apartarse del principio de irrevocabilidad del mandato; es necesario que la ejecución de éste no sea más que un medio de cumplimiento de otra obligación o contrato, que es el que se tiene fundamentalmente en mira al dar poder, como por ej.: cuando el mandatario obra como procurator “in rem suam”. (Borda Guillermo, Contratos, Ed. Perrot, Bs. As., año 1987, pág. 755).
Precisamente, el acto jurídico, obligación o contrato entre Longo y Núñez no existe, es inexistente– pues de haber existido este, resulta que el mandato irrevocable se hubiera otorgado como medio de cumplimiento de una obligación, contrato o negocio jurídico pre-existente, como ocurriría si un propietario da poder para vender un inmueble. Sin perjuicio de que el apoderado debe ser procurador o abogado, tampoco Longo le otorgó mandato judicial a Núñez para promover esta acción judicial de simulación de actos jurídicos, lo cual nos conduce a calificar la cuestión, además, como una falta de legitimación “ad procesum” en cabeza de la actora.
Observo además la inexistencia de una relación contractual (por ej.: en este supuesto sería un boleto de compraventa entre Longo y Núñez que en hipótesis los vincularía), de modo que le otorgaría a esta última derechos personales o creditorios sobre la cosa material (el inmueble). De modo tal, que la actora no ha acreditado documentalmente y en forma debida su derecho subjetivo, que la legitimaría de modo activo o “ad- causam” para accionar por simulación, es decir demostrar cual es la causa en que funda y es la base u origen del cual emana su legitimación invocada.
A mayor abundamiento u “obiter dicta”, subsidiariamente y sin perjuicio de lo expuesto y desarrollado “ut supra”, tampoco tendría legitimación activa o “ad-causam” la parte actora, pues la correcta interpretación y aplicación de la doctrina legal que emana del art. 959 del Cód. Civ., que se refiere a la acción de simulación entre partes, es la elaborada por Zannoni que parafraseando al mismo nos dice que: “Recuerda Camara que en la obra de Chandon, citada por el Codificador en la nota al articulo que se comenta, se parte de la premisa de que las partes pueden accionar por simulación ilícita, siempre que no traten de exigirse el cumplimiento de lo realmente pactado, la ejecución del plan ilícito.
Sin embargo, en su redacción original el art. 959 era exponente de la tesis negatoria absoluta, lo cual suscito diversos reparos. Es claro, que en principio, como razona Salvat, tal sistema de nuestra ley se inspira en la antigua máxima propiun turpitudinem, agregando que seria inmoral, en efecto, que la justicia prestara su protección al mismo autor del fraude contra la ley o contra los terceros. Pero ya Bibiloni, Orgaz, Acuña Anzorena, Cortes, el propio Cámara, alzaron su voz para mostrar que la perspectiva del art. 959 iba mas lejos que su fuente, pues si bien es razonable que la ley niegue a quienes fueron protagonistas del negocio lícito, encubierto por el acto simulado, acción para consumar el proceso simulatorio y lograr, por ende su fin contrario a derecho, no es lógico que la niegue si la acción tiende a dejar sin efecto el acto ilícito.
Esta era la tesis intermedia de Chandon, que no se tradujo en el texto literal del art. 959 en su redacción primigenia. Señalaban Bibiloni u Orgaz, que esta norma debía interpretarse así: la regla general que impide a las partes la acción de simulación ilícita, reconoce como excepción el supuesto en que dicha acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto ilícito. Continua exponiendo Zannoni que Bibiloni en el Anteproyecto, proponía que se agregase al art. 959 el siguiente párrafo: “Podrán las partes sin embargo, pedir la declaración de nulidad del acto simulado, y la repetición de los bienes entregados a la parte que esta hubiera adquirido en virtud de él. La jurisprudencia admitió en algunos casos la acción entre partes, cuando tienen por efecto dejar el acto simulado o sea cuando el otorgante se arrepiente de su conducta contraria a derecho y con ello no logra una ventaja patrimonial a costa de terceros.
La ley 17.711, recoge, con acierto la doctrina que a partir de Bibiloni, y de los aportes de Orgaz, había mostrado la inconsecuencia del texto del artículo con su fuente y la inspiración del Códificador, dejando a salvo el caso de que “la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación”. Para comprender el principio general y la excepción o salvedad, puede recurrirse a éste ejemplo: si el deudor, en vísperas de la ejecución de sus bienes por los acreedores los enajena simuladamente, no podrá ejercer luego acción para que se le restituyan cuando, prescriptos los créditos, haya logrado su propósito fraudulento. Pero si el simulador ejerciera la acción para reintegrar los bienes a su patrimonio, a fin de que sus acreedores se cobren, sería ella admisible en cuanto tendería a hacer cesar la maniobra fraudulenta (Conf.
Rivera, Acción de Simulación, ED, 60/896,7 A, P, 905; CNCiv. Sala E. 21/05/81, JA, 1982-I, Fallo 31.223). Como lo ha señalado Lambías si los simuladores no se proponen consumar el acto ilícito realizado mediante la simulación ni aprovechar de él sino repararlo, destruyendo las apariencias lesivas de los derechos ajenos, no hay impedimento para la promoción de una acción tendiente a dejar sin efecto el acto simulado” (Lambías, Estudio de la Reforma, P. 65) (Zannoni, Eduardo; comentario al art. 956 en la Obra Colectiva Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado y Anotado, Tomo IV, Buenos Aires, Editorial Astrea, año 2001, págs.. 414/415).
En efecto, aplicando por analogía a éste caso bajo examen en la Alzada, la doctrina y la doctrina legal elaborada precedentemente por el autor Zannoni y que es objeto de transcripción, valoro judicialmente la conducta y el comportamiento fraudulento de la actora Nuñez que ella misma confiesa en sede Penal al declarar que: “…el Sr. Rey estaba inhibido, se labró un poder especial irrevocable de fecha 3/11/98, ante el escribano Alejandro Gabriel Sajmin, a su favor y cree que respecto de Rey también –en referencia al depto.-, que como la deponente para el año 1999 en virtud que se encontraba en juicio con su ex marido quien se llamaba Osvaldo Pugliese –fallecido a la fecha- no podía escriturar el bien a su nombre, por lo que Rey convino con Alba Riobo en escriturar a favor de Riobo el departamento de referencia, con el poder que la dicente tenía a su favor realizado por Longo…”
En efecto, surge expresamente de lo declarado por Nuñez en sede penal, que el acto simulado se llevó a cabo para sustraer el bien de su patrimonio, al no poder escriturarlo a su nombre, por cuanto se encontraba en juicio con su ex marido y con el objeto de causarle un perjuicio patrimonial al mismo. Y es cuando su ex cónyuge Pugliese fallece que quedaría la situación despejada –a su modo de ver- y en condiciones de accionar por simulación ilícita para que el bien ingrese a su patrimonio. Y es aquí donde reside la cuestión de su conducta ilícita, que al producirse el fallecimiento de su ex cónyuge (la muerte como un hecho lícito), lo utiliza ese hecho jurídico con fines ilícitos, y con la agravante puesta de manifiesto en su escrito de expresión de agravios al criticar la sentencia de Primera Instancia en la parcela en donde la Sra. Jueza sentencia que el bien debe ingresar nuevamente al patrimonio del titular registral Longo; alzándose ella, en contra de la parte de ésta sentencia donde expresamente dice: “… en consecuencia anuladas por simulación las falsas operaciones registrales sobre la titularidad del bien, éste debe ser restituido a la actora quien lo detentara pacíficamente hasta el despojo, y quien acreditó bajo esa condición la legitimación activa como facultad jurídica concedida por el ordenamiento jurídico para demandar su devolución la cual nunca fue cuestionada”. Cómo podemos observar en el presente caso bajo examen se da el mismo ejemplo suministrado por el laureado y recordado Dr. Lambías al decir que “si el deudor en vísperas de la ejecución de sus bienes los enajena simuladamente no podrá ejercer luego acción para que se le restituyan cuando, prescriptos los créditos hayan logrado su propósito fraudulento”.
Como puede apreciarse la actora carece de legitimación activa como para demandar a Riobó y menos aún se encuentra legitimada activamente o “ad causam” para demandar al matrimonio Adesso por simulación, cuando como se demostrará jurídicamente en la parcela de éste Voto, bajo el subtítulo “Enajenación a un subadquirente de buena fe y a título oneroso”, precisamente a éstos terceros les resulta inoponible el acto anterior o precedente, y no están afectados por la acción de simulación que Nuñez haya ejercitado contra Riobó, quien carece de acción y de legitimación para obrar en contra de ésta última; siendo el acto jurídico realizado entre Riobó y el matrimonio Adesso autónomo por sí mismo, y con independencia del anterior.
IV. Enajenación a un subadquirente de buena fe y a título oneroso Referente al tema de la enajenación a un subadquirente de buena fe y a título oneroso, se ocupó de desarrollarlo el Dr. Raimundo M. Salvat quien expuso que: Puede ocurrir que efectuada una venta simulada, el propietario aparente de los bienes los enajene real y sinceramente a un subadquirente de buena fe. El recordado tratadista se preguntaba: “¿Esta enajenación será válida?”- En otros términos, declarada la simulación de la primera venta “¿la enajenación al subadquirente de buena fe deberá ser también anulada, o por el contrario, será válida?”. En tal sentido, el parafraseado jurista desarrolla la cuestión expresando como fundamentos jurídicos los siguientes: Observemos, desde luego, que la cuestión no se plantea sino respecto a un subadquirente de buena fe, es decir, que hubiese ignorado la simulación.
Si, por el contrario, el subadquirente hubiera procedido de mala fe, si hubiese tenido conocimiento de la simulación o de la existencia de un contradocumento y esto fuera probado, es evidente que la venta que le hubiese hecho el propietario aparente podría también anularse (arg. Art. 996 y 1051). Ahora bien, suponiendo que se trate de un subadquirente de buena fe, se ha sostenido que anulada la venta simulada, debería ser también anulada la venta que el propietario aparente le hubiese hecho. Un acto simulado –dice Laurent en apoyo de ésta doctrina –no da ningún derecho a aquel en cuyo provecho es suscripto; y ¿cómo aquel que no tiene ningún derecho sobre una cosa podría transmitir a terceros derechos que no tiene?
El mismo argumento suele expresarse diciendo que anulado el derecho del propietario aparente, deben anularse también los derechos conferidos por él; resolvitur jure dantis, resolvitur jus accipientis. Agregaremos dos observaciones sobre ésta doctrina: 1ra. según ella no debe hacerse ninguna distinción entre un subadquirente de buena fe y un subadquirente de mala fe; la solución es siempre la misma y anulada la venta simulada, su derecho cae; 2da esta doctrina parecería estar de acuerdo con el texto literal de los artículos 1051, 3270 y 3277. La doctrina precedente, sin embargo, debe ser rechazada. En nuestra opinión, la enajenación realizada por el propietario aparente a favor de un subadquirente de buena fe, es perfectamente válida y no puede ser anulada, aun cuando se demuestre la simulación de la primera venta, por las siguientes razones: a) En primer lugar, pensamos que el caso está regido por el artículo 996, en cuanto establece que el contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular.
El espíritu de ésta disposición es perfectamente perceptible; ella habla del contradocumento por el cual se deja sin efecto el contenido de un instrumento público; pero el contradocumento no es sino el medio de constatar la simulación, de manera que en el fondo ese artículo debe ser leído como si dijera: la simulación probada con un contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular. Ahora bien, si la ley le niega todo efecto a la simulación demostrada con un contradocumento privado con mayor razón debe negársela en el caso de ser con prueba de testigos o presunciones, aun cuando existiera un principio de prueba por escrito; por consiguiente, ya sea que se trate de simulación demandada por las partes, ya de simulación demandada por los acreedores, es evidente que ella no puede tener efecto contra un subadquirente de buena fe de los bienes simuladamente vendidos; b) En segundo lugar, como veremos oportunamente, ni los principios invocados en apoyo de la doctrina contraria, ni los artículos 1051 y 3270 consagran reglas tan absolutas como parecen desprenderse del texto literal de esto últimos.
Son reglas generales susceptibles de ciertas limitaciones y que en el caso que discutimos no tienen aplicación. C) En tercer lugar, en cuanto al artículo 3277, cabe observar que éste artículo al lado de la violencia, error y dolo no enumera la simulación, que es también un vicio de los actos jurídicos. Esta circunstancia autoriza a pensar que en el concepto del legislador no podía incluir este caso en la enumeración del artículo 3277 por estar regido por el artículo 996, así como tampoco podría hablar en el del caso de fraude, por estar regido por el art. 970. La simulación repetimos, no puede ser invocada para anular la enajenación a favor de un tercero de buena fe. La doctrina expuesta se aplica, como hemos dicho tanto en el caso de ser demanda la simulación por las partes, como en el de serlo por los acreedores.
En éste último caso se presentará un conflicto de intereses entre los acreedores y los terceros de buena fe, conflicto que se resolvería a favor de estos últimos. Se dirá quizá en contra de ésta doctrina, que el interés de los acreedores es tan respetable como el de los terceros de buena fe que han contratado con el propietario aparente, tanto más cuanto que ellos, tienen una acción en nombre propio y directa para demandar la simulación. Se dirá también que el art. 996 puede ser invocado por el tercer adquirente contra la parte misma que otorgó el acto simulado, no contra sus acreedores. Pero con todo nosotros creemos que nuestra doctrina debe prevalecer por una parte, es necesario tener en cuenta que el tercero adquirente de buena fe ha contratado con quien aparecía investido de un derecho legítimamente constituido, que ese derecho fuera solo aparente, es cierto, pero existía a nombre de quien lo transmitió al tercero de buena fe.
La seguridad de las relaciones sociales y jurídicas y la fe debida a los instrumentos públicos, exigían entonces que el derecho del tercer adquirente de buena fe fuera amparado; por otra parte, el tercero subadquirente de buena fe se encuentra en posesión de los bienes y, por consiguiente, su derecho debe prevalecer de acuerdo con la máxima Impari causa melior est condictio possidentis. La doctrina expuesta se aplica no solo en el caso de enajenación hecha por el propietario aparente sino también en el caso de que hubiera constituido sobre los bienes vendidos simuladamente cualquier otro derecho real. Los derechos constituidos a favor de terceros de buena fe, por ejemplo: las hipotecas, serían perfectamente válidas, no obstante la simulación de la venta hecha al propietario aparente.
(Salvat, Raymundo M, Tratado de Derecho Civil (Parte General), Buenos Aires, año 1928, Librería y Casa Editora de José Menendez, págs.. 1076/1079).
Contemporáneamente los juristas Alterini, Ameal y Lopez Cabana, adoctrinaron respecto a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, que el Código no regula la cuestión de manera expresa, sin embargo el art. 996 del Código Civil, que –como sabemos- quiere que el contenido del contradocumento pueda ser conocido por ellos para serles oponible; da pie para interpretar que los terceros de buena fe no son afectados por la sentencia que haga lugar a la acción de simulación; (por ejemplo: vendo simuladamente mi casa y el adquirente simulado la vende a un tercero de buena fe, caso en el cual la acción que promueva contra aquel no afecta a éste tercero de buena fe – véase nota al art. 996 del Código Civil-) (Alterini Atilio A., Ameal, Oscar J. y Lopez Cabana, Roberto M, Curso de Obligaciones, Tomo I, Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 378; Borda Guillermo A., Tratado de Derecho Civil, Tomo II, bajo el subtítulo “Protección de los sucesores singulares de buena fe contra la impugnación del acto por las partes, Edit. Perrot, Buenos Aires, año 1959, págs. 324 y 325; Véanse además Zannoni, Eduardo A. en la obra colectiva de Beluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, Tomo 4, Edit. Astrea, 1988, pág 427, Muller, Enrique C., comentario a los art. 960 y 996 en Bueres–Higthon, Código Civil, Anotado, Tomo 2B, Editorial Hammurabi, año 1998, págs. 670/671).
En tal sentido dice la nota del codificador Velez Sarsfield al artículo 996 del Código Civil que: “El contra-documento es un acto destinado a quedar secreto, que modifica las disposiciones de un acto ostensible. En presencia de éstas dos disposiciones contrarias, la una verdadera pero ignorada, y la otra falsa pero la única conocida, la ley debe declarar que los efectos del acto ostensible podrán siempre ser invocados por los sucesores singulares. Cuando yo he comprado la casa de Pablo, y reconozco por un acto que queda reservado, que la venta ha sido fingida, esta declaración no podrá tener efecto contra mis sucesores singulares en aquella casa; y si deslealmente la vendo o la hipoteco, el que la hubiese adquirido de mí, conservaría a pesar del contra-documento, el derecho que habría adquirido como si mi dominio aparente en la cosa hubiese sido positivo. Marcadé, sobre el art. 1321.- Bonnier, Des Preuves, desde el n°396 trata extensamente de los contra-documentos, y de su importancia jurídica.”
Los terceros subadquirentes de buena fe y a título oneroso, en consecuencia no son afectados porque judicialmente se declare la simulación del acto que confirió título aparente a aquel de quien adquirieron el bien (doctrina arts. 996 y 1051 del Código Civil), distinguiendo este último artículo que “quedan a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, sea el acto nulo o anulable”.
Sentadas las premisas legales aplicables al presente caso bajo examen, someteré a estudio la prueba rendida en autos con el objeto de escudriñar si se han dado los presupuestos legales requeridos para declarar válida y con eficacia jurídica la venta y la transferencia del dominio a favor de los demandados matrimonio Adesso en su calidad de adquirentes de buena fe y a título oneroso.
Comenzaré en primer lugar a destacar que las partes otorgantes del acto jurídico celebrado entre Riobo y los cónyuges Adesso al suscribir la escritura traslativa del inmueble, consignaron un precio menor al real de venta que fue de U$S 40.000, como se demuestra y prueba con el recibo que se encuentra glosado a fs. 463, de la copia certificada de la IPP 05-00-279021-05 (que corre agregada por cuerda al principal y tengo ante mí vista), cuya fotocopia de la mentada foja también fuera oportunamente certificada por el Actuario su autenticidad; en el cual se lee que: Virginia Riobo recibió la cantidad de U$S 2000 a cuenta del precio por la venta del departamento de autos. El precio de venta se estipuló según reza en el mismo en la suma de U$S 40.000 cuyo saldo de pesos U$S38.000 será abonado en el acto de la escrituración. Dicho elemento probatorio lo declaro auténtico, con validez jurídica y fuerza probatoria al ser incorporado dicho instrumento privado como elemento probatorio y sobre el fundamento y la base del principio de adquisición procesal y que es apreciado judicialmente en base a la sana crítica, por no haber sido controvertido ni observado por las partes. El mismo, fue agregado a la causa penal por Adesso al prestar declaración a fs. 457/459 donde expone: que dan U$S 2.000 de adelanto de precio (…) y realizan la operación entregando los U$S38.000 restantes, con la escritura traslativa de dominio”.
Además, dicho instrumento fotocopiado, se encuentra incorporado a fs. 177 de los autos homónimos s/ Medidas cautelares que tengo ante mí vista.
Además, declara que refaccionaron el inmueble, quedando ello corroborado, con la declaración testimonial obrante a fs. 319/320, prestada por Enriquez, que a la quinta repregunta, contesta que: “cuando la gente vino si empezaron a refaccionar todo. Albañiles por el tiempo de un mes para arreglar todo”; lo que justificaría el menor precio de venta de dólares cuarenta mil, con relación a la tasación obrante en autos de dólares cincuenta mil, tasado una vez realizada las mejoras (véanse fs. 505/516 vta. y escrito en el cual solicita explicaciones Mariano Adesso que corre a fs. 556/558) En tal sentido, conforme redacción de los arts. 472 y 474 del C.P.C.C. el Juzgador se halla facultado para la evaluación y valoración de la prueba pericial al momento de sentenciar, y así lo resuelvo con la aplicación de las reglas de la sana críticas y demás pruebas y elementos antes aludidos y que forman convicción judicial y que la causa ofrece.
Además, observo que a fs. 175 y 175 vta. la actora Beatriz Nuñez presenta un escrito titulado “Promueve denuncia” en el cual expone textualmente: “la suscripta tomó conocimiento de la compraventa que efectuara la demandada Alba Riobó (…) a favor de Mariano Gabriel Adesso y de Sandra Estela Romero de Adesso (…) por la suma de $40.000 en efectivo, como da cuenta la escritura que acompaño…”, “…la denuncia se formula por cuanto se ha evadido el impuesto a la transmisión de inmuebles…”. Más abajo continua su denuncia exponiendo: “...a más de la evasión tributaria que afecta al erario provincial por denunciar falsamente el valor de venta por la operación requerida…”.
De la lectura y estudio de esta denuncia formulada por la actora, está reconociendo tácita y expresamente en dicha causa penal con el escrito que corre a fs. 175 que la compraventa a favor del matrimonio Adesso fue realizada por el valor real de la suma de U$S40.000. Además agrego que el inmueble fue tasado judicialmente en el importe de U$S 50.000 en fecha 6 de enero de 2006 según pericia de tasación que corre agregada a fs. 516, con lo cual se deduce y se aprecia con convicción judicial de que la operación objeto de estudio realizada en la suma de U$S 40.000 no constituye de ninguna manera un precio vil.
Por otra parte analizando las consideraciones esbozadas por la Sra. Jueza de Primera Instancia respecto a la prueba testimonial, de la atenta lectura y estudio de las mismas que corren glosadas, según dan cuenta las actas de la declaración testimonial labradas desde fs. 310 a fs. 324, de los testimonios de Fernandez Pulvirenti, Enriquez y Suarez, no surgen de los mismos indicios, graves, precisos y concordantes como para presumir, “pro homine”, que los cónyuges Adesso eran o fueron adquirentes de mala fe. Además, no se probó que el matrimonio Adesso conocía el contenido o existencia del contradocumento antes aludido suscripto por Riobó. Tampoco constituye un elemento indiciario, expresado por la Sra.
Juez sentenciante al calificar como conducta omisiva de los subadquirentes quienes -según S.S.- estaban en condiciones de aportar datos precisos sobre las circunstancias fácticas de la operación de compraventa con la Sra. Riobó. No hubo tal parquedad (véase fs. 75 vta. del escrito de responde). En tal sentido, el demandado Adesso al prestar declaración a fs. 457 de la Causa Penal expuso que: “el dicente (…) se encontraba alquilando un departamento, que decidieron mudarse porque ambos querían tener un hijo (…). Que es así que empezaron a buscar departamento en la zona de Ramos Mejía (…) el departamento de la calle Guemes, su actual domicilio, lo encontraron publicado en una página de internet (corroborado ello por la propia actora al formular la posición sexta a fs. 306 vta., que dice: “que adquirió el inmueble por internet”.
Y que por aplicación del art. 409 del C.P.C.C. cada posición importará para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refiere, repitiendo la misma el ponente como reconocimiento a la sexta posición, según se desprende de fs. 307). Continúa declarando Adesso: que es así que se contactaron primeramente por teléfono, siendo atendido por quien se identificó como la dueña, Sra. Riobó. que ella lo citó en el edificio y ella lo llevó hasta el departamento. Ella abrió el departamento lo mostró, hicieron la recorrida por el mismo (…) al precio de U$S 45.000 pedido por Riobo el dicente oferta U$S 40.000 (…) ella dice que aceptaba la oferta (…), la operación la realizaron ante la escribanía Bonsembiante de Castelar .(…), por recomendación de su padre.
Que dan U$S2.000 de adelanto de precio lo cual se realizó el instrumento en la escribanía (…) entregando los U$S 38.000 restantes con la escritura traslativa de dominio (…) respaldando sus afirmaciones exhibe recibo que por U$S 2.000 que menciona más arriba. Que después de la firma de la escritura y con la llave en mano ingresaron al departamento y finalizada la refacción del inmueble en cuatro meses lo habitan (véase fs. 457/459 vta. de la Causa Penal).
Como puede apreciarse, el demandado Adesso brindó y explicitó todas las circunstancias que previo y concomitantemente rodearon a la operación de compraventa, colaborando el mismo con la justicia penal –en búsqueda de la verdad objetiva- suministrando datos y circunstancias atinentes al acto de compraventa y agregando a la Causa Penal antes mencionada toda la documentación referente a la cuestión suscitada según dan cuenta los instrumentos y documentos (en fotocopia) que corren glosadas a fs. 460 a 476, como elementos probatorios.
Por ello, resulta inaplicable el artículo 163 inc. 5 del C.P.C.C., en el cual funda su sentencia S.S. en ésta parcela de su fallo.
Referente a la simulación en el precio, ha dicho Mosset Iturraspe que la simulación en el precio conforme afirma Duricchio: Es un antiguo dato de la experiencia hoy completamente adquirido por la costumbre comercial, donde la fijación de un precio ficticio en el contrato si bien puede obedecer a la más variada motivaciones figuran entre las más comunes el perjuicio del fisco con la disminución del monto imponible (Muller, Enrique C., comentario al art. 955 en Bueres– Higthon, Código Civil, Anotado, Tomo 2B, Editorial Hammurabi, año 1998, pág. 641). Sin perjuicio de todo lo expuesto precedentemente, se ha sentenciado por el Superior Tribunal Provincial que: “B) Materia Tributaria. La simulación del valor o del precio en las transmisiones con referencia exclusiva al Derecho Tributario no opera fatalmente para nulificar el acto de que se trate. Debe determinarse ante todo la posición jurídica del fisco y si la simulación es descubierta posteriormente por efecto de una sentencia, aquel queda en la posición de un tercero que conculca el alcance de su derecho de crédito, en relación con la índole de los actos realizados según lo que de ellos aparezca o resulte demostrado, en contra de la apariencia (Ferrrara: “La simulación de los negocios jurídicos”, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1960, págs.. 443/447, parágrafo 43.). Sentado lo expuesto el interés jurídico del fisco queda resguardado en éste supuesto porque advertida o declarada de un modo objetivo –esto es por sentencia- una simulación de precio en el negocio, la remisión de las actuaciones a la Dirección General de Rentas dispuesta a fs. 410 vta. tiende a sanear la lesión impositiva producida por el menor tipo o monto tributario. Hay aquí una práctica aplicación de la máxima “plus valere quod agitur quam quod simulate concepitur”, relativa ahora al derecho fiscal. (Acuerdos y Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Tomo II, 1973, Acuerdo 19.871, Luccini y Llanos de G., María T. y otra c/ Campaña, Nestor Nabel s/ Nulidad de acto Jurídico, 18/12/1973).
Como se advierte en éste fallo del Superior Tribunal la simulación del valor o del precio en las transmisiones del dominio con referencia exclusiva al derecho tributario, no opera fatalmente para nulificar el acto de que se trate. En síntesis, la buena fe de los terceros adquirentes se presume legalmente – “iuris tantum”- por estar así establecido en la doctrina legal del art. 1198 del Código Civil, enunciada como principio general del derecho, y en nada afecta al acto de escrituración por menor precio, pues lo que produce como consecuencia es la violación a las normas del Código Fiscal.
De lo cual se deduce que los demandados Adesso han sido adquirentes de buena fe y a título oneroso, debiéndose revocar la parcela del fallo que declara la nulidad del acto jurídico realizado entre Riobó y el matrimonio Adesso.
V. Los daños y perjuicios reclamados por Nuñez.
Sin perjuicio de que los agravios expuestos por la actora Nuñez que giran en torno al rechazo de los daños y perjuicios reclamados por la misma, -según da cuenta su escrito de agravios que corre agregado a fs. 630/631 vta.-, su tratamiento resulta ser inoficiosos por cuanto la misma carece de legitimación activa para obrar o demandar, la pretensión del resarcimiento de los hipotéticos daños que ella invoca, siguen la misma suerte de una falta de legitimación “ad causam”.
En suma, en atención al modo en cómo se resuelve la presente causa, devienen inoficiosos el tratamiento del resto de los agravios expuestos por la actora.
VI. Las costas de Primera y Segunda Instancia.
Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, estimo justo, razonable y equitativo que las costas generadas en ambas Instancias sean soportadas por la accionante. Ello, por estricta aplicación del criterio objetivo de la derrota. (art. 68 del C.P.C.C.) Por todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos, el Dr. Posca también VOTA POR LA NEGATIVA.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE NICOLAS TARABORRELLI
dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mi distinguido colega: 1°) SE RECHACE el planteo de deserción del recurso incoado por los demandados a fs. 635/636; 2°) SE REVOQUE en todas sus partes la sentencia apelada, debiendo en su consecuencia rechazarse la demanda de simulación incoada por la Sra. Beatriz Nuñez contra todos los demandados y declararse válido el acto jurídico de compraventa realizado entre Riobó y los Sres. Mariano Gabriel Adesso y Sandra Estela Romero de Adesso. 3°) SE ENCOMIENDE al Sr. Juez de trámite, que una vez que se encuentre firme y consentida la sentencia dictada por éste Tribunal remita las presentes actuaciones a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a fin de que proceda a liquidar el impuesto de sellos que grava el acto de compraventa, celebrado entre la Sra. Riobó y el matrimonio Adesso; 4°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas Instancias a la Accionante que resulta vencida (art. 68 del C.P.C.C.); 5º) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad, (art. 31. Decreto Ley 8904/77).
ASI LO VOTO
Por análogos motivos y fundamentos el Dr. Posca adhiere y vota en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: el resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, este Tribunal
1. RECHAZAR el planteo de deserción del recurso incoado por los demandados a fs. 635/636; 2°) REVOCAR en todas sus partes la sentencia apelada, debiendo en su consecuencia rechazarse la demanda de simulación incoada por la Sra. Beatriz Nuñez contra todos los demandados y declararse válido el acto jurídico de compraventa realizado entre Riobó y los Sres. Mariano Gabriel Adesso y Sandra Estela Romero de Adesso. 3°) ENCOMENDAR al Sr. Juez de trámite, que una vez que se encuentre firme y consentida la sentencia dictada por éste Tribunal remita las presentes actuaciones a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a fin de que proceda a liquidar el impuesto de sellos que grava el acto de compraventa, celebrado entre la Sra. Riobó y el matrimonio Adesso;
4. IMPONER las costas generadas en ambas Instancias a la Accionante que resulta vencida (art. 68 del C.P.C.C.); 5º) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad, (art. 31. Decreto Ley 8904/77).REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.- Fdo.. Dr. José Nicolas Taraborrelli, Ramón Domingo Posca –Jueces- Ante mí: Dr. Gabriel Enrique Marot –Secretario- .
Fin de la sentencia