Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-15163586-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y aplican multas, estas últimas reducidas al mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la cual se imponen por su orden.-
Regístres, notifiquese y oportunamente archivese.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-103557415-APN-VOCV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 4 de Septiembre de 2023 El Expediente Nº EX-2021-15163586-APN-SGAI#TFN caratulado: “NUTRIBRAS SA S/ Recurso de Apelación”; y sus acumulados EX-2021-15167256-APN-SGAI#TFN y EX-2021-15171007-APN-SGAI#TFN a resolución de los miembros que integran la Sala “B” de este Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante RE-2021-15161859-APN-SGAI#TFN, RE-2021-15166027-APN-SGAI#TFN y RE-2021-
15169704-APN-SGAI#TFN la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nº 67/2020; 68/2020 y 69/2020, todas de fecha 23/12/2020, dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Centro II de la A.F.I.P.
La apelante impugna las mencionadas resoluciones mediante las cuales:
1. Se impugnan las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2015 a 2018, intimando al ingreso de la obligación tributaria por la suma de $63.894,70 por el período fiscal 2015 y $99.968,70 por el período fiscal 2016, con más intereses resarcitorios calculados a la fecha del concurso preventivo (29/10/2018) por $67.792,28 por el período fiscal 2015 y $70.178,03 por el período fiscal 2016 y se le aplican multas por $191.684,10 por el período fiscal 2015 y $299.906,10 por el período fiscal 2016 equivalente a tres (03) veces el monto del tributo dejado de ingresar conforme los arts. 46 y 47 inciso c) de la ley 11.683.
2. Impuesto a las Ganancias ‐ Salidas No Documentadas, estableciendo la obligación de ingresar a la AFIP en la suma de $1.603.822,76 por el período fiscal 2016, la suma de $298.972,86 por el período fiscal 2017 y la suma de $701.286,00 por el período fiscal 2018, más la obligación de ingresar intereses resarcitorios calculados a la fecha del concurso preventivo (29/10/2018) en la suma de $1.548.390,62 período 2016, $232.637,90 período 2017 y $111.149,85 período 2018 y multas equivalentes a tres veces el impuesto dejado de ingresar en las sumas de $896.918,59 período fiscal 2017 y $2.103.858 período 2018 conforme los arts. 46 y 47 inciso c) de la Ley 11.683, dejando en suspenso el sumario por el período 2016.
3. Impuesto al Valor Agregado, se impugnaron las declaraciones juradas presentadas por los períodos fiscales 01/2015 a 5/2018 determinándose la materia imponible por dichos períodos, surgiendo un impuesto a ingresar a favor de la AFIP de $690.168,10 por el período fiscal 06/2017, con más intereses resarcitorios calculados a la fecha del concurso preventivo (29/10/2018) en la suma de $314.026,49; dejando en suspenso el sumario instruido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Régimen Penal Tributario.
Atento contener los tres recursos agravios análogos, éstos, se detallan en forma conjunta a continuación: Plantea la nulidad de las tres determinaciones de oficio por violación de los procedimientos y dice que las resoluciones determinativas recurridas denegaron infundada y arbitrariamente las pruebas ofrecidas so pretexto de no ser conducentes.
Agrega que se vulneró el artículo 7, incisos b) y d) de la ley 19.549, aplicando al caso el artículo 14, inciso b) de la misma ley. Asimismo, alega la nulidad por falta de causa y arbitrariedad y dice que el fundamento de los actos que se impugnan se han basado en pruebas y circunstancias inexistentes.
Sostiene que el contribuyente resulta obligado únicamente, a cumplir con aquellas disposiciones que surgen del art. 33 de la Ley 11.683 (el cual faculta al Fisco a establecer que los responsables otorguen determinados comprobantes y conserven los duplicados por las operaciones que realizan, potestad que es reglamentada a través de toda la batería de Resoluciones Generales) y de toda aquella Resolución General vinculada con la emisión instrumental, registración y archivos de la actividad comercial cuyo dictado responde a facultades específicamente otorgadas a la entidad recaudadora, en especial la referida a regímenes de facturación, que se le imponen a través de estas vías.
En cuanto a la veracidad de las operaciones manifiesta que el hecho de deducir un gasto o computar un crédito fiscal se legitima cuando concurren dos circunstancias concomitantemente: la realización efectiva de la venta o prestación respectiva y su instrumentación documental investida celosamente de todos los requisitos formales que ha dispuesto la Administración fiscal.
Sostiene que la Res. General 100, establece la mecánica a seguir por el contribuyente para que obtenga la Clave de Autorización de Impresión (CAI), que debe estar pre-impresa en los talonarios de facturas, y que se otorga una vez que la AFIP ha verificado los siguientes aspectos: encontrarse inscripto en el Impuesto al Valor Agregado contando por supuesto con la CUIT del caso, que se hayan presentado las últimas doce declaraciones juradas del IVA y de los recursos de la Seguridad Social o las vencidas en el caso de haberse iniciado actividades antes de haber transcurrido un año calendario y tener actualizado el domicilio fiscal (art. 21 Res. general 100). Agrega que la confección de los talonarios queda supeditada al permiso que disponga el Ente recaudador, luego de haber practicado la revisión fáctica reseñada y la CAI otorgada, debe estar impresa en las facturas, especificando el vencimiento de la misma, y dándole a su vez al adquirente, la señal de que su proveedor ha logrado la aprobación de determinados controles tributarios.
Entiende que entre el momento en que le permite a un contribuyente, imprimir y emitir facturas, hasta aquel en que ocurre la realidad de las operaciones, transcurre algún tiempo y existe la probabilidad cierta, de que hayan cambiado situaciones que originalmente fueron declaradas y corroboradas por el Ente fiscal.
Indica que la base de datos de facturas apócrifas carece de reconocimiento legal y, solo se encuentra receptada en una instrucción general y que el alcance de las instrucciones generales lo es respecto de los funcionarios y personal del Organismo Fiscal, pero de ninguna manera obliga a los contribuyentes.
Añade que quien adquiere un bien o servicio y recibe una factura que se sujeta a todos los requisitos extrínsecos que se imponen, incluyendo la pertinente CAI, es un sujeto que no tiene ningún justificativo legal para dudar de la habilidad del instrumento recibido que formaliza la operación.
Por otro lado, destaca que el impuesto especial del art. 37 de la ley de impuesto a las ganancias, no debería ser aplicable en los supuestos de documentación falsa o apócrifa sino en los casos de inexistencia de documentación respaldatoria de las disposiciones de fondos. Agrega que una documentación falsa no implica necesariamente una salida de dinero y que cuando no se verifica salida alguna de dinero, no se puede pretender un tributo que alcance a la situación contraria.
Sostiene que extender el objeto del tributo a supuestos no previstos en el texto positivo, representa una peligrosa aplicación analógica en el ámbito tributario, lo cual es de dudosa constitucionalidad, incluso al amparo del criterio de la realidad económica regulado por la ley 11.683.
En cuanto a las multas manifiesta que la calificación de la conducta del contribuyente, como presunta infracción dolosa fiscal, no repara en el más mínimo razonamiento de lógica jurídica, que sea aceptado, y agrega que se lanza sin análisis profundo de la materia, y sin siquiera, haber podido probar la supuesta figura dolosa. Asimismo considera necesario se proceda a reencuadrar la calificación del accionar prevista en el artículo 45 de la Ley Procedimental. Acompaña documental. Ofrece prueba informativa, testimonial y pericial contable, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar a los recursos de apelación en todas sus partes y se revoquen las determinaciones de oficio. Con costas.
II. Que por IF-2021-41345212-APN-DTD#JGM, IF-2021-38700524-APN-DTD#JGM y por IF-2021-62840865-
APN-DTD#JGM, contesta los recursos la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y, en consecuencia, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Señala que las presentes actuaciones se originaron en la fiscalización iniciada a la contribuyente con el objeto de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones en el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales 01/2015 a 05/2018, Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2015 al 2018 inclusive y del Impuesto a las Ganancias Salidas no Documentadas periodos 2016 al 2018.
Refiere que se trata de una contribuyente constituida como sociedad anónima y que la misma declara como actividad principal la "Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas, preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres", cerrando sus ejercicios fiscales el 30 de junio de cada año.
Agrega que la sociedad se presentó en concurso preventivo el 29/10/2018, en el marco de la causa que tramita ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial N° 03, Secretaría N° 06.
Sostiene que como consecuencia de las tareas de verificación desarrolladas por el Organismo, se detectó que la actora, durante los períodos fiscales 2015 a 2018 registró compras y/o gastos, créditos fiscales y pagos vinculados a supuestas operaciones concertadas entre la firma del asunto y los proveedores TRANSBAY S.A. (CUIT NO 30- 71239661-6), WALTER OSCAR MEDINA (CUIT NO 20-205855182), MAYER GROUP S.A. (CUIT NO 30-
71461521-8), MEDIOS Y MARKETING S.A. (CUIT NO 30-71558662-9), LOGÍSTICA FOX S.A. (CUIT NO 30-71 157184-8), ISOMAX TRADING S.A. (CUIT NO 30-71442865-5), GÓMEZ BERTARELLI FAUSTO AMADEO (CUIT NO 23-22372382-9), FATTORI SILVIA ESTHER (CUIT NO 2712931837-1), ESCALERA IVÁN GABRIEL (CUIT NO 27-36787057-0), AREVACOS S.A. (CUIT NO 30-71244522-6), EL ALGARROBO S.R.L. (CUIT N O 30-71041 166-9), AEB SERVICIOS S.R.L. (CUIT NO 30-71552879-3), PEREYRA ROSA ALEJANDRA(CUIT NO 23-22720662-4), PRADO CRISTIAN SEBASTIÁN (CUIT NO 20-
268192787) y ROYA ÁNGEL (CUIT NO 20-06388655-7), los cuales se encuentran incluidos en la base de contribuyentes apócrifos por carecer de capacidad operativa, económica y/o financiera, resistencia a la fiscalización, tener irregularidades en la cadena de comercialización o haber sido desconocidos por sus titulares y/o responsables, ello a partir de la investigación realizada por las diferentes Direcciones Regionales del Organismo.
Considera que no resulta procedente que el Fisco convalide el cómputo de crédito fiscales o la deducción de gastos en el Impuesto a las Ganancias provenientes de operaciones que la Administración, en uso de sus atribuciones ha detectado que no se encuentran probadas en cuanto a su existencia y dice que el hecho que las operaciones impugnadas fueran abonadas, no dota necesariamente de veracidad las operaciones cuestionadas. Expresa que el hecho que dichos proveedores al momento de las operaciones se encontraran habilitados por la AFIP para emitir los comprobantes válidos, sólo implica la verificación del cumplimiento dado a las normas de facturación en lo atinente a los requisitos que deben contener los distintos formularios que deben utilizar los contribuyentes para reflejar sus operaciones comerciales, pero –dice- no puede entenderse que esa autorización deviene en un otorgamiento de validez del contenido de los mismos.
Indica que las irregularidades detectadas permiten concluir que las operaciones declaradas con los proveedores observados son ficticias y/o simuladas, por lo que cabe la impugnación del gasto originado en éstas según lo previsto en el artículo 37 y 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Sostiene que corresponde la “inversión de la carga de la prueba”, siendo la responsable quien debe probar suficiente y fehacientemente la veracidad de sus argumentos, así como respaldarlos mediante la documentación correspondiente.
Expresa que conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa, las tareas de fiscalización desarrolladas por el personal de la A.F.I.P., así como el procedimiento determinativo que desembocó en el dictado de las tres resoluciones cuestionadas, se han ajustado en un todo a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa de la contribuyente. En cuanto a la nulidad, la representación fiscal señala que en el caso no solo se han merituado correctamente las circunstancias que confluyeron en la imposición del ajuste sub examine, sino que el mismo cuenta con el correspondiente fundamento y motivación, corolario de un proceso ajustado a derecho.
Agrega que el agraviado ha tenido a su disposición la totalidad de las actuaciones administrativas desde el momento mismo del inicio de su verificación, y que respecto de la supuesta afectación de la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio y del debido proceso, manifiesta que del cotejo de las actuaciones administrativas no se vislumbra en qué medida la recurrente ha visto menoscabada dichas garantía, ya que ha podido presentar su descargo en tiempo y forma, ofreció prueba y pudo presentar el recurso de apelación ante esta instancia jurisdiccional.
Respecto a la cuestión de fondo, destaca que del análisis de los elementos obtenidos surgieron indicios con relación a los citados proveedores que por su gravedad, permitieron confirmar su carácter de apócrifos, lo que motivó su impugnación. Agrega que el Fisco desarrolló adecuadamente sus tareas, ya que, para admitir el cómputo del crédito fiscal o del gasto debe existir un hecho o acto que haga nacer la obligación del pago del impuesto, un hecho imponible y ese hecho debe hallarse documentado de acuerdo con las normas vigentes, cumplir con todas las formalidades y la factura debe ser emitida por quien realizó el hecho imponible. Aclara que la responsable no puede alegar que las inconsistencias verificadas son ajenas a la esfera de su responsabilidad, desconociendo el accionar de sus presuntos proveedores, pues dicha afirmación –dice- confronta con la diligencia mínima exigible a todo hombre de negocios.
Sostiene en relación a los presuntos proveedores, que los elementos acompañados por la encartada (facturas, órdenes de pago) resultan inconducentes para dilucidar la cuestión debatida, ya que se trata de documentación relacionada con las operaciones cuestionadas que hacen a la cuestión formal de las mismas, pero nada aportan a los fines de probar la real existencia de las operaciones efectuadas.
Añade que los proveedores cuestionados por el Fisco no cumplían con el requisito de poseer vehículos para poder desarrollar la actividad de transportistas.
Expresa que en el procedimiento no se persigue a los supuestos proveedores por sus comportamientos, sino que se dirige a la responsable por haber computado créditos fiscales y deducido en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, gastos fiscales considerados improcedentes, atento la falta de acreditación de las operaciones presuntamente celebradas con los proveedores impugnados.
Indica sobre lo alegado por la actora, que el proveedor no se hallaba supuestamente incorporado a la Base Apoc del Fisco, que este proveedor carecía de veracidad antes de su inclusión en la mencionada base y que las razones por las cuales se concluyó acerca de la falsedad del crédito fiscal se encuentran perfectamente detalladas en la imputación; y dice que la inclusión en la Base Apoc no es la circunstancia constitutiva de su condición de apócrifo. Añade que cada proveedor antes de su inclusión en la Base APOC ha sido debidamente fiscalizado. Manifiesta que el Fisco nacional no actuó con arbitrariedad durante el proceso de fiscalización y en la instancia administrativa, siempre dio estricto cumplimiento a las normas vigentes.
Respecto a las Salidas no documentadas, sostiene que la contribuyente no aportó al Fisco la documentación necesaria adicional que permita establecer la autenticidad de las operaciones impugnadas y de la realidad económica de las mismas, lo que hubiera permitido establecer que los gastos y las compras que se dedujeron surgen de efectivas adquisiciones de bienes y/o servicios. Agrega que -los egresos fueron considerados como “Salidas no documentadas “sujeta a la tasa del Art. 37° de la Ley del Impuesto a las Ganancias.- Además agrega que la no identificación adecuada, correcta, positiva, bien probada del destino de la salida de dinero, hace recaer en cabeza del contribuyente la obligación de abonar como propio el tributo que debió ingresar el beneficiario, y para evitar que en el marco de la actividad comercial los contribuyentes puedan sostener que reciben algo por nada, y dice que se trata de evitar la existencia de desembolsos sin causa valedera, no puede aceptarse la gratuidad en la actividad comercial.
Con respecto a las multas, la representación fiscal manifiesta que el art. 46 corresponde a una defraudación, por evasión genérica, es una transgresión dolosa de relaciones jurídicas tributarias sustanciales, que se configura cuando existen declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas que perjudican al Fisco, con liquidaciones de impuestos ardidosas.
Añade que las conductas analizadas en autos llevan a entender que nos hallamos ante maniobras directamente encaminadas a ingresar el impuesto en menor medida; y que no puede subsumirse la conducta de la contribuyente como dentro de un actuar culposo, puesto que las actuaciones y los elementos detectados demuestran la existencia de una serie de extremos cuyos resultados repercuten en perjuicio de las arcas fiscales.
Sostiene que en el caso, el contribuyente ha actuado intencionalmente y en un marco de libertad, que permite llegar a concluir que existió intención dolosa con la consecuente previsión del resultado disvalioso. Asimismo, destaca que la recurrente no ha expresado agravios concretos en cuanto a los intereses aplicados en las resoluciones recurridas.
Acompaña documental y se opone a la prueba solicitada por la recurrente por innecesario, dilatoria y redundante, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas. Con costas.
III. El Tribunal resuelve por IF-2021-53579287-APN-VOCV#TFN elevar los presentes actuados al Tribunal en Pleno a fin de tratar la acumulación a los mismos de los expedientes EX-2021-15167256-APN-SGAI"TFN, en trámite por ante la Sala "D" Vocalía de la 11° Nominación y EX-2021-15171007-APN-SGAI#TFN, en trámite por ante la Sala "A" Vocalía de la 2° Nominación.
En consecuencia, por IF-2022-126449538-APN-VOCIV#TFN el Tribunal en Pleno resuelve acumular los expedientes N° EX -2021-15171007-APN-SGAI#TFN y EX -2021-15167256-APN-SGAI#TFN al EX -2021-
15163586-APN-SGAI#TFN, y que pasen los autos a la Sala “B”, Vocalía de la 5a Nominación para la prosecución de su trámite.
La parte recurrente por IF-2021-106223871-APN-DTD#JGM informa sobre la declaración de quiebra de Nutribras CUIT 33-70804425-9 y presenta el decreto de quiebra.
El Tribunal resuelve por PV-2022-132331653-APN-VOCV#TFN citar a tomar intervención en los presentes actuados al Síndico de la quiebra, conforme lo informado por la actora en IF-2021-106223871-APN-DTD#JGM. Mediante PV-2023-12467817-APN-VOCV#TFN se ordenó librar oficio al Juzgado Comercial Nº 3 Secretaría Nº 6 (Expte Nº 26248/2018) a fin de poner en conocimiento la existencia de la presente causa. Atento no haberse presentado, el Tribunal resuelve por PV-2023-50470733-APN-VOCV#TFN declarar al citado síndico en rebeldía disponiendo practicar las sucesivas notificaciones en los términos del art.12 del R.P.T.F.N.
Por otro lado, el Tribunal por PV-2023-65787787-APN-VOCV#TFN (08/06/23) resolvió correr traslado a la recurrente de la oposición articulada por la representación fiscal a las medidas probatorias ofrecidas en autos. Mediante PV-2023-74565299-APN-VOCV#TFN se requiere a las partes que manifiesten, si consideran que la audiencia prevista por el artículo 173 de la Ley 11683 deviene inoficiosa en atención a las presentaciones ya efectuadas, quedando en consecuencia este Tribunal, en caso de silencio, en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Dicha intimación fue contestada sólo por la representación fiscal en la cual ratifica su oposición respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora realizada al momento de contestar el recurso de apelación. Así ello, habida cuenta los argumentos respecto de los hechos sobre los que versa la presente causa y respecto de las medidas probatorias ofrecidas se encuentran debidamente desarrollados en los escritos de inicio y de responde producidos por la actora y la representación fiscal, respectivamente y toda vez que la actora sin perjuicio de haber tenido la posibilidad de contestar la oposición formulada por su contraria a la prueba por su parte ofrecida, no hizo uso de su derecho; se concluye, de conformidad con la facultad establecida en el artículo 35 del Reglamento de Procedimiento (IF-2023-74067906-APN-TFN#MEC, publicado por Resolución TFN 91/2023 en el B.O. del 3/7/2023), que la audiencia preliminar de prueba deviene inoficiosa. Asmismo, se hace lugar a la oposición articulada por el Fisco Nacional en punto a la prueba informativa ofrecida por la actora atento que la misma se encuentra acompañada en las actuaciones administrativas acompañadas por éste, también respecto de la prueba testimonial, como la producción de la pericia contable propuesta toda vez, y como manifiesta la representación fiscal al oponerse a la misma, que las circunstancias que por dichas medidas probatorias se pretende demostrar, no se encuentra controvertida en autos.
IV. Que en atención al estado de la causa por PV-2023-96469345-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2023-100037965-APN-VOCV#TFN los llama para sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada. El presente cargo, conforme se desprende del informe final de inspección, fue generado por la División Investigación con motivo de detectarse operaciones comerciales con Medina Walter Oscar, contribuyente incluido en la Base Apoc.
A partir de allí, dicha dependencia procedió a efectuar consultas en Cruce Citi Compras –eApoc, Cruce SicoreeApoc y Cruce Facturación Electrónica vs eApoc referidas al contribuyente del asunto por operaciones con proveedores incluidos en la Base Apoc. Luego la División Investigación dispuso la generación de una orden de intervención.
La actuante se constituyó en el domicilio fiscal de la rubrada, no localizando persona alguna por lo que procedió a notificar el inicio de inspección solicitándole algunos elementos como, original y fotocopia del estatuto social, libros IVA Compras e IVA Ventas, documentación respaldatoria de las operaciones realizadas con los proveedores. Al vencimiento de dicho requerimiento, -surge de las actuaciones que- no se presentó ningún responsable de la firma a cumplimentar el mismo.
El Organismo fiscal señala que obtuvo información obrante de sus bases de datos (AFIP), pudiendo visualizar que la contribuyente se presentó en concurso preventivo en octubre 2018 a raíz de problemas financieros. El 19/9/2019 se presenta la apoderada de Nutribras SA aportando multinota y solicitando prórroga para aportar lo requerido.
El 22/10/2019 la actuante se constituye en el domicilio del estudio contable de Nutribras SA donde es atendido por un contador quien aporta varios elementos (estatuto, libros IVA compras e IVA ventas, libro diario Nº4, libro inventarios y balances Nº2, comprobantes de operaciones con proveedores).
Seguidamente la fiscalización llevó adelante tareas de auditoria y fueron verificadas las presentaciones de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado periodos 01/2015 a 05/2018 y se relevaron las rúbricas de los libros aportados por la empresa confeccionándose papel de trabajo.
De la información aportada por la firma, se observó: que Walter Oscar Medina le factura servicios de fletes a Nutribras SA, en tanto que M&M Marketing SA factura publicidad. La consulta de comprobantes aportada por el proveedor Walter Oscar Medina si bien informa número de orden de pago y fecha, en la misma no puede identificarse fehacientemente qué documento se cancela y de qué forma, las cuentas de los proveedores Cristian Prado, Silvia Fattori, AEB Servicios SRL y Fausto Gómez Bertarelli mencionan un solo comprobante y sus respectivas órdenes de pago.
De la consulta a las bases de AFIP-DGI surge que los proveedores, Transbay SA, Walter Oscar Medina, Mayer Group SA, M&M Medios y Marketing SA, Logística Fox SA, Isomax Trading SA, Gómez Bertarelli Fausto, Fattori Silvia, Escalera Iván, Arevacos SA, El Algarrobo SRL, AEB Servicios SRL, Pereyra Rosa Alejandra, Prado Cristian Sebastián, Roya Ángel, son proveedores incluidos en la Base eApoc bajo la condición “sin capacidad económica – sin capacidad financiera”.
En cuanto al proveedor Transbay SA, se procedió a su fiscalización debido a que se presumió que se estaba en presencia de un contribuyente generador de crédito fiscal por operaciones inexistentes. Declara desarrollar diversas actividades (servicios de transporte automotor urbano de carga, servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías, servicio de transporte por camión cisterna). Visitado el domicilio fiscal no fue posible ubicar al contribuyente. Se observó que la única empleada declarada desde el 11/2012 al 09/2016 es Fleitas María Elena destacándose que además es accionista y Presidente de la empresa con una remuneración de $3.500. Respecto al IVA la relación débito crédito fiscal es cercana a 1 respecto de las presentaciones por los periodos fiscales 11/2012 a 08/2016. La última declaración jurada presentada por el Impuesto a las Ganancias corresponde al periodo fiscal 2015. No posee bienes registrables bajo su titularidad. No actuó como agente de retención. Respecto a Medina Walter Oscar, se le generó el cargo a fin de evaluar la carga en la base EApoc. Posee tres rodados sin bienes inmuebles. Surge que habría realizado compras Ventas y Compras siendo la relación de las mismas y del débito crédito igual a 1. El contribuyente no posee presentaciones de Ganancias. En el IVA con anterioridad al 06/2015 presentaba declaraciones juradas en IVA en cero y a partir de julio 2015 presenta sus declaraciones juradas informando un importe débito fiscal siendo la relación débito crédito fiscal igual a 1. Declara haber tenido un empleado en relación de dependencia solo en el periodo enero y abril 2016. Surgen pagos a favor de la AFIP de escasa relevancia en función de las ventas informadas por el contribuyente. Acreditaciones bancarias por importes inferiores a las ventas informadas.
El proveedor Mayer Group SA, se encuentra habilitado como Importador / Exportador con fecha vigencia 18/01/2015. No surgen informadas Cartas de Porte. Se verifica la existencia de escasas retenciones sufridas por exportación definitiva para consumo. No surgen bienes registrables de su titularidad. Respecto al IVA, no exterioriza saldo del impuesto a favor de la AFIP en ningún periodo. Consultado el sistema registral se pudo detectar que la firma no acredita solvencia para actuar como importador exportador por cuanto declara un monto de venta bruta de cero pesos, tampoco cuenta con patrimonio neto alguno. Consultado el sistema Efisco se pudo detectar que la firma no posee automotores, tampoco registra propiedades y no registra contratos de alquiler de propiedades. No posee CBU habilitada, situación que no se condice con la facturación y las exportaciones realizadas. El organismo fiscal considera que la firma es un operador de riesgo (presta firma).
El proveedor M&M Medios y Marketing SA, se concurrió al domicilio fiscal no logrando su localización, y a través del portero eléctrico del edificio la portera (suplente) informó que dicho departamento tenía acumulada la correspondencia en la puerta de acceso desde hace tiempo y no los conoce. Se circularizó a los socios en los domicilios fiscales en la que se solicitó información mediante nota externa y no se obtuvieron resultados. De la base Factuweb no surge información de haber facturado en forma manual. De la base Efisco surge que la firma fue inscripta en 2017 y no posee bienes. La firma Siter A no posee cuentas bancarias. La escasa relación débito crédito fiscal de IVA se ve reflejada en la ausencia de saldos de impuesto a ingresar de importancia. No registra movimientos de actividades bancarias en cuentas de titularidad de la firma. Los componentes de la sociedad no poseen movimientos financieros, no registran presentaciones de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del IVA y/o pagos efectuados al Monotributo.
El proveedor Logística Fox SA, la última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias corresponde al ejercicio 2017 con saldo a favor del contribuyente. En el Impuesto al Valor Agregado ha presentado declaraciones juradas con relación débito crédito igual a 1 desde enero 2017 a abril 2018. No posee propiedades. No posee camiones a su nombre. No registra información Citi compras Citi ventas.
El proveedor Isomax Trading SA no posee empleados en relación de dependencia. Según la consulta Efisco no registra pagos, registra acogimientos a planes de pago pero todos se encuentran caducos. No posee bienes registrables. No hay datos de retenciones efectuadas. Sistema de percepción de riesgo (Siper) E muy alto riesgo. Se visualizó un resultado negativo en la declaración jurada de Ganancias 2014. No se encuentra activo en el registro dispuesto por la RG2300, ni existe información de la consulta en Efisco de movimientos de granos, cartas de porte, stock por depositario informado y silo bolsa, siendo que sus actividades se encuentran relacionadas con dichos registros. No registra declaraciones juradas de IVA desde 02/2018 y desde 11/2017 hasta 01/2018 las presentó en cero.
El proveedor Gómez Bertarelli Fausto, se encuentra inscripto en IVA presentando sus declaraciones juradas desde por lo menos el 01/2015 sin movimientos. Se encuentra inscripto en Impuesto a las Ganancias desde el 10/2016. Informa actividades relacionadas a la producción agrícola no encontrándose inscripto en el Registro Fiscal de Operadores de Granos. No declara bienes muebles y registra titularidad sobre un vehículo marca Fiat modelo Duna con fecha de adquisición 13/04/2012. De la consulta realizada a Efisco RG 3421 no registra acreditaciones bancarias desde el año 2013 siendo las últimas informadas de baja magnitud. No presenta indicios de capacidad patrimonial, económica ni financiera acorde a la actividad económica declarada.
El proveedor, Fattori Silvia, no posee domicilio alternativo. Existe un solo domicilio y se trata de una vivienda familiar. La contribuyente tiene alta en ocho actividades. No es titular de inmuebles. Es titular de un automotor de baja valuación. En las declaraciones juradas de IVA desde enero 2015 los montos de débitos y créditos fiscales sus montos son iguales. No presenta declaraciones juradas de Ganancias desde el ejercicio 2014. No tiene acreditaciones bancarias. No posee empleados declarados en relación de dependencia.
El proveedor, Escalera Iván, no declara personal a su cargo ni se encuentra registrado como trabajador en relación de dependencia. Posee dos automotores a su nombre Peugeot Furgon Boxer y Peugeot 206 3 puertas. No posee bienes inmuebles a su nombre. No ha presentado las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. En el IVA surgen movimientos entre los meses 08/2014 y 03/2017 y una relación débito crédito fiscal igual o cercana a cero.
El proveedor Arevacos SA, con domicilio inexistente o desconocido. Declara crédito fiscal de escasa significatividad. Posee dos automotores registrados. Surgen un total de dieciséis inmuebles informados desde 2014 observándose que algunos de ellos se encuentran duplicados visualizándose que registraría al menos nueve propiedades con diferente nomenclatura catastral. Factuweb se informan solicitudes de impresión de facturas manuales operando el último vencimiento con fecha 21/12/2017. BCRA, no surge información de operaciones de compraventa de divisas.
El proveedor El Algarrobo SRL, no efectuó ningún pago impositivo durante todo el 2017. No declara empleados en relación de dependencia cuando realizó distintas actividades (agricultura, ganadería y servicios de transporte). Nunca actuó como agente de retención bajo ningún régimen desde el año 2016. Figura en Siper E muy alto riesgo. Dentro de los bienes registrables declara únicamente automotores, cinco camiones. Las cartas de porte autorizadas en 2015 fueron 13; en el año 2016 no existen registros en las bases de que la firma haya solicitado cartas de porte observándose catorce cartas de porte – flete corto con movimientos de soja por un total de 344,880kgs con destino a la firma Cooperativa Agrícola Ganadera de Monte Buey Ltda y en el año 2017 solicitó y le autorizaron un total de 823 cartas de porte. Según facturación electrónica no existe información registrada en el sistema relacionada con ventas en el año 2015. Las del año 2016 ascendieron a $226.119,26 y en 2017 fueron de $7.246.890,72.
El proveedor, AEB Servicios SRL, en cuanto a los pagos de AFIP no existe información registrada en el sistema. No existe información de automotores en el sistema Efisco y tampoco existe información de propiedades. Sobre Factuweb no existe información registrada en el sistema Efisco. La relación débito crédito es menor o igual a 1. Existen acreditaciones bancarias solo en el año 2018 por $15.831. Está inscripto en varias y diversas actividades. En cuanto al domicilio legal informado por el contribuyente no se pudo visitar por ser en otra provincia (La Rioja).
El proveedor Pereyra Rosa Alejandra, los fiscalizadores fueron al domicilio fiscal de la contribuyente donde fueron atendidos por su hija quien manifestó que la titular no se encontraba en el domicilio porque estaba trabajando de masajista y fisioterapia en forma ambulante no teniendo conocimiento del horario de regreso siendo el mismo variable. No declara personal a su cargo. No cumplimenta con el requerimiento confeccionado. Posee dos automotores y una motocicleta, ninguno de ellos un camión. No posee domicilios alternativos. No posee cuentas bancarias.
Proveedor, Prado Cristian Sebastián, la actividad declarada por el contribuyente es de servicio de transporte automotor de cargas y no posee automotores a su nombre. No posee pagos desde 2011 a la fecha. Las declaraciones juradas de Ganancias se encuentran todas presentadas sin movimiento. Las declaraciones juradas de IVA a partir del periodo 2011 a la fecha se encuentran casi todas sin movimiento. No posee bienes registrables a su nombre. No posee adhesión al domicilio fiscal electrónico y registra caracterización de Siper categoría D riesgo alto. El domicilio fiscal corresponde a una casa humilde en un barrio muy humilde de Claypole. No registra titularidad de propiedades. No posee empleados en relación de dependencia.
Proveedor, Roya Ángel, se inscribe ante la AFIP el 01/05/1994 revistiendo calidad de IVA inscripto a partir de 07/2015. No resulta propietario de bienes inmuebles. Reviste calidad de jubilado desde 10/2006. No se registran pagos bancarios correspondientes al IVA y a partir de 2017.
En otro orden, respecto al Impuesto al Valor Agregado, a partir de los créditos fiscales declarados por la empresa fueron detraídos los importes de IVA no validados, arribando a los créditos fiscales que debería declarar Nutribras SA.
En cuanto al Impuesto a las Ganancias, teniendo en cuenta los montos de los comprobantes observados se arriba a un total de gastos que no pueden validarse.
En el Impuesto Salidas no documentadas, a partir de los datos obtenidos se confeccionó la salida de fondos que se pudieron verificar a partir de la información exhibida por las operaciones no validadas.
Que en definitiva, la fiscalización concluyó que los proveedores impugnados carecen de capacidad económica para realizar las prestaciones de servicios y/o las ventas de bienes facturados, como tampoco cuentan con bienes que permitan suponer que poseen capacidad de vender o prestar servicios, concluyendo en la inexistencia de las operaciones, impugnando en consecuencia el cómputo del crédito fiscal en el IVA, el gasto en el Impuesto a las Ganancias y calculando el importe de Salidas No Documentadas en función de las salidas de dinero detectadas y consideradas carentes de respaldo.
VI. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones administrativas por vicios en su motivación y finalidad.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que, por otra parte, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
Que, en cuanto a la no admisión de una prueba la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada, por lo que procede rechazar el planteo de nulidad.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si las resoluciones se ajustan o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifos de los proveedores cuestionados.
Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los bienes involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el Impuesto a las Ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes han sido efectivamente recibidos o prestados, no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin las compras impugnadas no se hubiera podido producir los bienes vendidos por la recurrente, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.”
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, con costas. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que resta tratar el aspecto sancionatorio con relación a las multas por defraudación aplicadas en el Impuesto a las Ganancias y en Salidas No Documentadas.
En lo que respecta a esta última cabe dejar sentado, en primer término, que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio.
En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683. Que, por otra parte, la cuestión ha sido recientemente tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello y entrando al análisis de ambas sanciones aplicadas en autos, corresponde señalar que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no solo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que, en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en los actos recurridos una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Las costas en este aspecto se imponen a la vencida, salvo en la parte en que se reducen las multas, en la cual se imponen por su orden.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Pérez.
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pérez y a la solución que propone, confirmando en su integridad los actos apelados. Sin perjuicio de ello y con respecto a la multa aplicada en el impuesto sobre las salidas no documentadas, entiendo conveniente dejar aclarado que, a diferencia de otros supuestos en los que he votado por la revocación de la imputación defraudatoria, en el presente caso dicha imputación no se basa -exclusivamente- en la falta de presentación de declaraciones juradas del impuesto sobre las salidas no documentadas -como ocurría en aquellos precedentes- sino en la existencia de una ocultación maliciosa de materia imponible, situación fáctica contemplada en el texto del art. 46 a partir de la reforma introducida por la Ley 25.795.
Esta relevante diferencia que señalo, a la que se adiciona la verificación en el sub lite de los presupuestos de hecho que tornan viable la aplicación de las presunciones de los incs. a) y b) del art. 47 de la ley procedimental, abona la confirmación del acto sancionatorio y la atribución de costas que propone el Sr. Vocal Instructor. Que, por ello, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y aplican multas, estas últimas reducidas al mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la parte en que se reduce la multa, en la cual se imponen por su orden.-
Regístres, notifiquese y oportunamente archivese.
Date: 2023.09.01 16:48:09 ART Date: 2023.09.04 16:15:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.04 16:46:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.04 16:46:42 -03:00
Fin de la sentencia