Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-2710/26-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar bien concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE2188585-2026.-
2Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por el término allí establecido.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2710/26-TSJ Interlocutorio N°: 3928 Actor: OBELAR PABLO DANIEL Demandada: PATAGONIA EXPRESS S.A. Y OTROS Objeto: LABORAL Fecha: 02-07-2026 Texto: TOMO XXXVII-INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3928 FOLIO Nº 7316/7320 PROT. ELECT. TSS1 019 I.261
Río Gallegos 2 de julio de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “OBELAR PABLO DANIEL C/ PATAGONIA EXPRESS S.A. Y OTROS S/ LABORAL", Expte. N° O-21.125/21 (2710/2026-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. José Antonio González Nora:
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada con Patagonia Express S.A. por intermedio de su letrada apoderada, Dra. María Belén Almirón, con el patrocinio letrado de los Dres. Mario Paradelo y Alejandro Ángel García (cfr. PE2188585-2026), contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la mencionada empresa (cfr. PE2168714-2026).-
II. La parte demandada recurre el fallo de Segunda Instancia en los términos de los artículos 2° y 3° de la Sección 6ª del CPCyC -Recurso de Casación- aduciendo aplicación errónea de la normativa aplicable, violación de la doctrina legal y prescindencia de prueba esencial (lo que a su criterio constituiría un claro caso de arbitrariedad). Ello según PE2188585-2026, MAN00021084.pdf., pág. 3).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE2277508- 2026).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE 2316055-
2026).-
III. Que, se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, por lo que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, por los mismos fundamentos, adhieren al voto del Dr. González Nora.-
Voto del Dr. Fernando Miguel Basanta:
I. Que, disiento con la solución propuesta por los distinguidos Vocales preopinantes pues, en mi criterio, el recurso de casación articulado por la demandada Patagonia Express S.A. (cfr. PE2188585-2026), contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE2168714-2026, no reúne los extremos formales que habilitan la admisibilidad de la vía intentada.-
II. El pronunciamiento dictado por el Tribunal de Alzada confirmó, en lo sustancial, la sentencia de Primera Instancia que había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Pablo Daniel Obelar contra Patagonia Express S.A., condenando a esta última al pago de diversos rubros laborales derivados del distracto, y rechazó la solidaridad pretendida respecto de Represas Patagonia UTE, conformada por CGGC, ELING y HCSA.-
Para así decidir, la Cámara ponderó las constancias de la causa, el intercambio telegráfico mantenido entre las partes, las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral, la procedencia de los rubros reconocidos y la improcedencia de aquellos que fueron desestimados, así como también la ausencia de presupuestos suficientes para extender la responsabilidad solidaria a las restantes codemandadas.-
En lo que aquí interesa, la Alzada consideró que la sentencia de grado había efectuado una valoración razonable del material probatorio incorporado al proceso y que las críticas formuladas por la recurrente no lograban conmover los fundamentos centrales del pronunciamiento apelado.-
III. Frente a esta forma de decidir, la demandada Patagonia Express S.A. articula recurso de casación, invocando que la sentencia dictada por la Cámara sería susceptible de revocación casatoria en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto aduce quebrantamiento de formas, violación o errónea aplicación de la ley y doctrina legal; acusando también la trasgresión al principio de congruencia y denunciando arbitrariedad (cfr. PE2188585-2026, MAN00021084.pdf, págs. 1/3).-
Expresa que se encontrarían cumplidos los recaudos de admisibilidad del recurso por cuanto la decisión impugnada emana de un Tribunal de justicia, versaría sobre una cuestión justiciable, tendría carácter definitivo, ocasionaría gravamen irreparable, mantendría subsistentes los motivos que la justifican, estaría fundada y habría decidido aplicando erróneamente la normativa aplicable, violando doctrina legal y prescindiendo de prueba esencial, lo que, a su entender, configuraría un claro supuesto de arbitrariedad (cfr. PE y pdf cits., pág. 3).- Sostiene también que la sentencia recurrida le causa gravamen porque, según su criterio, afectaría en forma directa el derecho de defensa, generaría una interpretación de los hechos por fuera del estándar del recurso y de los agravios de las partes, y habría creado un fallo a medida de lo que se quería resolver, concretamente, rechazar la demanda (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- Dice la casacionista que la Cámara, al resolver, habría omitido ponderar las circunstancias objetivas del juicio, limitándose -según afirma- a transcribir disposiciones normativas conocidas, sin valorar adecuadamente las particularidades concretas del caso (cfr. PE y pdf cits., pág. 4).-
Agrega que la Cámara habría confundido cuál fue la causal del despido, pues se refirieron al abandono de tareas y a las condiciones propias de esa figura, cuando -según la recurrente- en realidad la empleadora despidió directamente al trabajador por su conducta, sin invocar el abandono de trabajo en los términos que exige ese instituto (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
En esa línea, afirma que nunca se despidió al actor por incurrir en abandono de tareas y que, de haber sido esa la intención de la empleadora, se lo habría compelido previamente a retomar labores; sostiene, en cambio, que no pretendía que el trabajador regresara a sus tareas porque su conducta no era tolerable (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
La recurrente expresa que la conducta probada en autos consistiría en el abandono del vehículo de titularidad de la firma, exponiendo su patrimonio, y que ello configuró una conducta gravísima que justificó el despido del trabajador por razones disciplinarias (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Añade que le causa agravio, que la Cámara fundamente la sentencia invocando el incumplimiento de las condiciones propias del abandono de tareas, cuando -a su entenderdesde la contestación de demanda, la producción probatoria y el recurso de apelación, la demandada habría sido clara en calificar el despido como causado por la conducta del trabajador, la cual considera probada y reconocida (cfr. PE y pdf cits., págs. 4/5).- Sostiene que, frente a una conducta disvaliosa e injuriosa, la empleadora posee poder disciplinario y, dentro de la escala de sanciones posibles, puede disponer el despido con causa cuando entiende que el hecho tiene entidad suficiente para adoptar tal decisión (cfr. PE y pdf cits., pág. 5).-
Afirma que su proceder se adecuó a lo exigido por la ley laboral y que no correspondía imponerle otro procedimiento o conducta, calificando como ajena al derecho laboral la mirada judicial adoptada por la Cámara (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- En suma, expresa que el fallo se funda en un yerro y en una aplicación incorrecta de los hechos probados en autos, y que ese tipo de transgresión constituye motivo suficiente para su tacha o, cuanto menos, para que el Tribunal Superior de Justicia pueda analizarlo (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Finalmente, manifiesta que en autos se configuró una injuria laboral grave y que, como consecuencia de ello, el despido se encuentra debidamente fundado y comunicado. En ese marco, desarrolla consideraciones vinculadas con los deberes éticos o de conducta, la confianza como elemento relevante de la relación laboral y la pérdida de confianza como causal justificante del distracto (cfr. PE y pdf cits., págs. 5/8).-
La Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE2277508-2026).- Los presentes pasan al Acuerdo en PE1355733-
2026.-
IV. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde efectuar en esta etapa el examen preliminar del recurso deducido a fin de decidir si ha sido bien o mal concedido.-
Esa tarea, cabe señalar -tal como se ha adelantadoque el remedio intentado no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que habilitan el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que tal como reiteradamente lo ha sostenido este Alto Cuerpo “...la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. N° 3385, Folio N° 5667/5670, entre muchos otros).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador del recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquella que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. A la luz de estas premisas, corresponde advertir, como punto de partida, que los fundamentos del recurso de casación constituyen, en lo sustancial, una reproducción de los argumentos ya esbozados al fundar el recurso de apelación (cfr. PE1150931-2023), circunstancia que denota una deficiente técnica recursiva.-
Al respecto, se ha sostenido que: “...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...” (cfr. SCBA, “Álvarez Sosa, María c/ Valero, Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Álvarez Sosa, María c/ Valero, Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios s/ Incumplimiento contractual (exc. estado)”, causa LPC. 119753 S, del 25/10/2017).-
Tal déficit se verifica en la especie, desde que la parte recurrente insiste en sostener que la sentencia habría confundido el fundamento del despido, que no se habría tratado de un abandono de tareas sino de una decisión extintiva fundada en una conducta injuriosa, y que la Cámara habría valorado de manera incorrecta las constancias de la causa. Sin embargo, tales cuestionamientos no logran evidenciar un error jurídico autónomo y concreto, sino que traducen una reedición de planteos ya sometidos a consideración de los jueces de grado.-
En efecto, la mera reiteración de argumentos ya tratados en la instancia ordinaria, sin hacerse cargo de manera concreta, razonada y autosuficiente de los fundamentos dirimentes del pronunciamiento recurrido, no satisface las exigencias propias de esta vía extraordinaria.-
VI. Sin perjuicio de lo anterior, también se verifica que los agravios formulados remiten, ineludiblemente, al examen de típicas cuestiones de hecho y prueba, tales como la interpretación del intercambio telegráfico, la determinación de la causal del distracto, la valoración de la conducta asumida por el trabajador, la ponderación de las circunstancias que rodearon la extinción del vínculo laboral y la suficiencia o insuficiencia de la injuria laboral invocada por la empleadora.-
Dichas materias, por regla, resultan ajenas a la instancia casatoria, salvo que se invoque e intente demostrar de manera cabal un supuesto de absurdo o arbitrariedad, extremo que no se advierte configurado en el caso bajo estudio.-
En este sentido, se ha dicho que: “...en la justificación de un despido, la determinación de la existencia o no de injuria laboral es, en principio, una cuestión de hecho y valoración de la prueba que compete a los jueces de grado y, por lo tanto, ajena a la instancia casatoria, y se convierte en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre perspícuamente absurdo o arbitrariedad...” (cfr. STJ, Santiago del Estero, “Santillán Ramón Horacio y Otros c/ Panificadora García y/u Otros”, del 19/10/2009, www.informaciónlegal.com.ar., Cita Online:
AR/JUR/56855/2009).-
Asimismo, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “…'Evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido remite a típicas cuestiones de hecho inabordables en casación, salvo absurdo.' (cfr. SCBA, sum. 'Pucheta Luis B. c/ Royal Group Technologies del Sur S.A. y otros s/ Despido', causa L89160 S, del 08/07/2008).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3810, Folio 6931/6935, entre varios).-
Desde igual perspectiva, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “Tanto la interpretación del intercambio telegráfico, así como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia -o no- de injuria, la apreciación de la entidad de las causales invocadas para disponer un despido y la valoración de las pruebas adunadas a la causa para su demostración; constituyen cuestiones reservadas a la ponderación de los jueces de la instancia de grado. Sus conclusiones no son revisables en casación, salvo que se acredite la existencia de absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas producidas...” (cfr. SCBA, sum. “Segovia José c/ Finexcor S.A. s/ Despido”. LPL. 124992 S 30/09/2021. En igual sentido: “Marchetti, Roberto Guido c/ L´Oreal Argentina S.A. y otro/a. s/ Despido”, LPL 117899 S del 20/09/2017).- A la luz de tales pautas, se observa que la casacionista pretende que este Alto Cuerpo reexamine la conducta atribuida al trabajador, determine nuevamente si existió o no injuria laboral suficiente, revise la interpretación asignada por la Cámara a las comunicaciones cursadas y revalore los hechos que rodearon el distracto. Ello evidencia que el recurso procura obtener una tercera revisión de la plataforma fáctica y probatoria, finalidad incompatible con la naturaleza extraordinaria del remedio intentado.-
VII. Tampoco prospera la pretensa denuncia de absurdo o arbitrariedad formulada por la casacionista.-
En cuanto al absurdo en la valoración de la prueba, corresponde precisar que este se produce cuando se materializa: “…'…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984, entre otros).-
En ese orden de ideas, este Alto Cuerpo ha considerado que: “…'…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…' (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).-
Así, la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas adunadas a la causa, hizo la Cámara constituye una materia privativa de los jueces de grado, que no puede ser revisada en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio.-
En efecto, la recurrente acusa el presunto absurdo a partir de su particular valoración de los elementos de juicio agregados a la causa, pero no intenta demostrar, nítidamente, un manifiesto desvío lógico por parte de la Cámara al momento de ponderar las piezas probatorias sobre las que se apoya la sentencia atacada.-
La sentencia recurrida exhibe fundamentos suficientes, se apoya en las constancias de la causa y brinda razones para sostener la solución adoptada. Que la parte recurrente no comparta la valoración efectuada por los jueces de grado no transforma, por sí solo, al pronunciamiento en arbitrario ni habilita la apertura de esta instancia excepcional.-
En rigor, la casacionista no procura argumentar la existencia de un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, una carencia absoluta de fundamentación, una afirmación meramente dogmática o una omisión decisiva que torne descalificable el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.-
VIII. En lo tocante a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, debemos reiterar que resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, lo que no ha acontecido en el caso.- Desde esa misma óptica, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “...ha omitido, la recurrente, efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios del casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno -como ya hemos dicho- a esta instancia.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016, entre varios otros).- En el caso, bajo el ropaje de una presunta violación de la ley, la recurrente procura reeditar el debate acerca de la interpretación de la conducta del trabajador, la calificación del distracto, la valoración del intercambio epistolar y la entidad de los hechos que, a su criterio, habrían justificado la decisión extintiva. Todo ello remite, nuevamente, al examen de cuestiones de neto corte fáctico y probatorio, en principio vedadas en esta instancia extraordinaria.-
De tal modo, no surge del libelo bajo estudio la argumentación que sostenga el error jurídico autónomo que se le atribuye a la sentencia recurrida, quedando los agravios reducidos a una discrepancia con la valoración realizada por el Tribunal de Alzada.-
IX. Por último, la invocación genérica de garantías constitucionales presuntamente vulneradas tampoco resulta suficiente para habilitar la presente instancia.-
Como reiteradamente ha sostenido este Máximo Tribunal, no basta la mera invocación de normas y principios constitucionales, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión concreta a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido. Así, se ha dicho que: “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
En autos, la recurrente invoca la afectación de garantías constitucionales, pero no logra demostrar de qué modo concreto el pronunciamiento de Cámara habría lesionado los derechos que dice vulnerados, limitándose a exteriorizar una discrepancia con la solución adoptada.-
X. Que, en virtud de todo lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada Patagonia Express S.A. en PE2188585-2026, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE2277508-2026, de acuerdo con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.
Las Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, adhiere por los mismos fundamentos al voto del Dr. Basanta.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayoritario de los Sres. Vocales, Dres. José Antonio González Nora, Daniel Mauricio Mariani, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio Ramón de la Vega y del Sr. Presidente, Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero; y el voto minoritario en disidencia de los Sres. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y Dr. Fernando Miguel Basanta, el Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar bien concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE2188585-2026.-
2. Ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por el término allí establecido.-
La presente resolución se dicta con la firma de siete miembros del Tribunal y por la existencia de mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales Dras. Paula Ernestina Ludueña Campos y Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero -Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dr. José Antonio González Nora –Vocal-; Dr. Sergio Edgardo Acevedo –Vocal-; Dr. Juan Lucio Ramón de la Vega –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.- Protocolización: TSS1019I.261 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3928 Folio N°: 7316/7320 Secretaría: 1
Fin de la sentencia