Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución, tanto en cuanto al el impuesto como los intereses resarcitorios intimados en ella que fueron calculados de acuerdo a lo previsto por el art. 37 de la ley 11.683. Con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 23.360 y por el patrocinio letrado, en la suma de $58.404, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-19968878-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 3 de Marzo de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 25.672-I caratulado “OBREGON, Jorge Angel s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Jorge Angel Obregón interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°40/05, dictada el 29 de abril de 2005 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se determinó su obligación frente al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales enero, febrero y septiembre a diciembre de 2002 y enero a junio de 2003, intimándole el ingreso de $463.474,54, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En dicho acto, además, se suspendió la aplicación de sanciones de acuerdo a lo dispuesto por el art. 20 de la ley N° 24.769 (t.v.).
Explica en su presentación ante esta instancia que durante la fiscalización se objetó la veracidad de las compras con los siguientes proveedores: José Norberto Torres, Miguel Angel Benzoini, Distribuidora La Unión SRL, Rosa del Valle Arrieta, Rafaela Irene Almirón, Antonio Guevara, María Ygnacia Sacerdotti, Rosa del Valle Abregu y Norma Beatriz Guevara y Elida Vergara, en virtud de diferentes inconsistencias a las resultas de las cuales se impugnaron los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado. Sostiene, en primer lugar, que existieron contradicciones entre los cargos formulados al conferírsele la vista en sede administrativa y los consignados en la Resolución, en la cual afirma que se agregaron nuevas conclusiones no expuestas en la vista.
Expone, a continuación, sus principales agravios:
a) dice que a pesar de que en la instancia administrativa aportó resúmenes del Banco de la Nación Argentina de los que surgía la existencia de los cheques con los que se pagó a los proveedores Norma Guevara, Ygnacia Sacerdotti y Antonio Guevara, el juez administrativo desestimó esa prueba porque consideró que “…el hecho de que los mismos se encuentren incluidos en los resúmenes de cuenta bancaria no es prueba suficiente para demostrar que con ellos se hayan cancelado las operaciones con los proveedores cuestionados…” . b) afirma que efectuó los debidos controles de inscripciones de sus proveedores y que los comprobantes que le extendieron cumplían los requisitos establecidos por las RG (AFIP) Nros. 3419 y 100, todo lo cual, según afirma, no constituyen elementos meramente formales, sino que son prueba suficiente de la existencia de las operaciones. c) en relación a las operaciones con Miguel Angel Benzoini, a quien dice haberle pagado con cheques, transferencias bancarias y LECOP, se agravia de que el juez administrativo desconociera los pagos porque de sus sistemas surgían transferencias y depósitos por sumas inferiores; sostiene que el movimiento de las cuentas bancarias de los proveedores es un hecho que le es totalmente ajeno y sobre el cual no debe ejercer control alguno.
d) no se tuvieron en cuenta las declaraciones de los proveedores que aportó en su descargo en sede administrativa, además de que, según dice, la fiscalización no arbitró todos los medios a su alcance para contactarse con ellos, sino que se limitó a enviarles un requerimiento.
e) los proveedores operaron, fundamentalmente, a través de un representante, de quien denuncia su nombre y domicilio.
Concluye así que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el art. 12 de la ley del gravamen para el cómputo de los créditos fiscales declarados.
A continuación, invoca un error en la liquidación ya que “ …de la planilla “Determinación del Crédito Fiscal Ajustado” surge que faltan las impugnaciones de los periodos 09/02, 10/02, 11/02 y 12/02. En consecuencia, se carece del detalle de las facturas impugnadas por dichos periodos en violación abierta al derecho de defensa…”. Impugna, por último, los intereses resarcitorios intimados por ser accesorios de una deuda a su juicio inexistente, adjunta prueba documental y ofrece la producción de prueba pericial caligráfica y solicita que se haga lugar a su recurso, con costas.
II. A fs. 220/228 contesta el traslado del recurso la representación fiscal, quien por las consideraciones que expone, pide que se confirme la Resolución, también con costas.
III. Por auto del 18 de abril de 2006, obrante a fs. 247, se abrió la causa prueba y a fs. 250 se ordenó la producción de la pericia caligráfica, pero luego de reiteradas intimaciones a fin de que instara su producción, que no fueron cumplidos, a fs. 288, el 30 de junio de 2008, se tuvo a la recurrente por desistida de dicha prueba. A fs. 304 se elevaron los autos a consideración de la Sala y a fs. 306 se hizo saber su integración a partir del 9 de abril de 2018. Por último, el 21 de febrero de 2022 quedan en estado para dictar la sentencia.
IV. Corresponde decidir si la Resolución apelada se ajusta a derecho, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Excma. Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
Surge de los Considerandos de dicho acto que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo al señor Jorge Angel Obregón -cuya actividad era la venta de artículos diversos, alimenticios, indumentaria, productos farmacéuticos, etc.- se impugnaron los comprobantes fiscales por las compras a los siguientes proveedores: José Norberto Torres, Miguel Angel Benzoini, Distribuidora La Unión SRL, Elida del Valle Vergara, Rosa del Valle Arrieta, Rafaela Irene Almirón, Antonio Guevara, María Ygnacia Sacerdoti, Rosa del Valle Abregu y Norma Beatriz Guevara, y, consecuentemente, se impugnaron los créditos fiscales computados en sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado.
Entre las inconsistencias más relevantes, la fiscalización tuvo en cuenta que: los proveedores no contestaron los requerimientos cursados o fueron devueltos por el correo con la leyenda “domicilio desconocido” o “inexistente”; la actividad para la que se encontraban inscriptos no coincidía con los conceptos facturados al recurrente; no declaraban empleados en relación de dependencia; no poseían bienes registrados; no tenían acreditaciones bancarias por montos significativos o directamente no tenían cuentas bancarias; no sufrieron retenciones ni percepciones; presentaban sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado con permanente saldo a favor y no presentaban declaraciones del impuesto a las ganancias; y, por último, el medio de pago empleado en las operaciones fue la entrega de cheques o con LECOP.
Asimismo, el Banco de la Nación Argentina informó que algunos de los cheques entregados por el Sr. Obregón no existían y/o fueron cobrados por personas diferentes a sus beneficiarios.
Además, los proveedores se encontraban incorporados a la base de contribuyentes apócrifos, por todo lo cual se concluyó en que no tenían capacidad operativa ni económica para realizar la actividad por la que emitieron las facturas al recurrente.
Frente a las objeciones formuladas, era al contribuyente al que le correspondía probar la real existencia de sus operaciones con los proveedores cuestionados porque así se encuentra diseñado el proceso en la ley de procedimiento tributario, corolario del régimen de autodeclaración de la obligación tributaria que rige en el orden nacional.
Ello, también por aplicación del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI” del 10 de marzo de 2015, y sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...". Resulta así claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de los bienes o prestadores de los servicios, extremos que no se cumplen en las presentes actuaciones, pues como ya se señaló, el recurrente no rindió ninguna prueba, ante este Tribunal tendiente a acreditar que a pesar de las inconsistencias detectadas a todos y cada uno de los proveedores que le extendieron los comprobantes fiscales registrados en su contabilidad las operaciones con éstos realmente existieron y con ello los créditos fiscales cumplen con el recaudo del art. 12 de la ley y, como tales, son legítimos para ser computados en las declaraciones juradas.
Aunque sobre decirlo, ni la sola existencia de las facturas, ni su registración, aunque sea correcta y oportuna, constituyen prueba suficiente a los fines antes indicados y exigidos en la jurisprudencia del Alto Tribunal antes citada. Es necesario que el contribuyente demuestre que los bienes y/o servicios enunciados en los comprobantes fueron efectivamente adquiridos y/o prestados, pero no por cualquier proveedor, sino por el que aparece allí identificado, y es esa la prueba que el Sr. Obregón no ha rendido, ni ha hecho esfuerzo alguno por producir, ya que solo se ha limitado a hacer consideraciones genéricas en relación a su falta de responsabilidad en el cumplimiento fiscal de sus proveedores, que no es lo que la ley y la jurisprudencia exigen que demuestre en este tipo de ajustes, ni en ningún otro.
En efecto, la única prueba ofrecida en esta instancia consistió en las fotocopias de facturas y listados de cheques emitidos, capturas de pantalla de las bases de datos del organismo fiscal, notas enviadas al Banco de la Nación Argentina, cuyos originales forman parte de las actuaciones administrativas y que fueron ponderadas por el juez administrativo al emitir la Resolución, por lo que nada nuevo aportaban para la decisión.
Asimismo, el Sr. Obregón ofreció en esta instancia prueba pericial caligráfica “con el objetivo de confirmar que el recurrente ha entregado tal valor a su proveedor Sacerdotti Ygnacia al portador, y que ha sido llenado con posterioridad por otra persona, distinta de él”, cuya producción fue admitida por el/la entonces Vocal instructor, que no se produjo por su propia inactividad procesal, relevando su manifiesto desinterés en dar respaldo a sus agravios en esta instancia.
Tampoco sirve con el mismo propósito referirse a la forma en que fueron canceladas las compras ya que ella misma informó a la fiscalización que fueron pagadas con LECOPS o con cheques, lo que impide identificar con certeza al receptor/a de los fondos.
Es evidente entonces que el Sr. Obregón se valió de los proveedores para facturar compras y así generar créditos fiscales ficticios con propósitos delictivos. Para ello tengo en cuenta que es el propio recurrente el que en su presentación afirma que los proveedores operaron a través de un representante, a quien identifica con nombre y apellido (raúl A. Andrada), y de quien supuestamente recibió los comprobantes fiscales objetados. Si bien a pesar del tiempo transcurrido no obra agregada al expediente el resultado de las actuaciones penales seguidas contra el Sr. Obregón por las mismas obligaciones que se determinan en la Resolución, y aunque ello era una carga del Fisco Nacional, surge de la consulta pública que fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de Catamarca a cumplir con una pena de 2 años de prisión en suspenso por el delito de falsificación de documentación en perjuicio de la Administración Pública -https://www.elancasti.com.ar/politicaeconomia/2012/4/20/condenan-aos-prisin-suspenso -proveedor-estado-178736.html-.
Surge de la Resolución apelada y de las constancias obrantes en las actuaciones administratvas que el Sr. Obregón, en los períodos que aquí importan por corresponder a la deuda fiscal reclamada en la Resolución recurrida y a la condena penal, era también empleado en relación de dependencia de la Tesorería General de la Provincia de Catamarca y uno de sus proveedores. No puede dejar de señalarse aquí que el uso de las facturas falsas o apócrifas constituye en nuestro país y en los países de la región en general no solamente una de las principales formas de cometer fraude fiscal, sino también instrumentos para la comisión y/o la ocultación de otros delitos de relevancia por la afectación que producen en la población y el interés general.
V. Por último, queda referirse al error que invoca el recurrente que, según dice, le habría impedido ejercer su derecho de defensa. Mas no se trata, como mal lo denomina, de un error en la liquidación de su obligación, sino en la omisión de incluir en la notificación una hoja con el detalle de facturas impugnadas que sí están incorporadas al legajo del cpo. IVA a fs. 417/420. La omisión, entonces, fue simple y formal y no causó ningún impedimento al ejercicio de ninguno de sus derechos ya que no obstaculizó que presentara su descargo y que ofreciera pruebas en cada una de las instancias que prevé la ley 11.683, inclusive ante este Tribunal.
VI. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución, tanto en cuanto al el impuesto como los intereses resarcitorios intimados en ella que fueron calculados de acuerdo a lo previsto por el art. 37 de la ley 11.683. Con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución, tanto en cuanto al el impuesto como los intereses resarcitorios intimados en ella que fueron calculados de acuerdo a lo previsto por el art. 37 de la ley 11.683. Con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 23.360 y por el patrocinio letrado, en la suma de $58.404, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y oportunamente archívese. Date: 2022.03.02 19:20:06 -03:00 Date: 2022.03.03 11:28:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.03 11:37:14 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.03 11:37:15 -03:00
Fin de la sentencia