Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.967-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución N° 450/2012 (AD SAJA) dictada en el marco del Sumario SC54 N° 273/12-3 (SIGEA N° 12352-74-2012), mediante la cual se condenó a DIEGO RENÉ OCAMPO por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A., al pago de la suma de $ 36.412,40 en concepto de multa.
2Costas a la vencida.
3Remitir por Secretaría General de Asuntos Aduaneros el Sumario SC54 N° 273/12-3 (SIGEA N° 12352-74- 2012) al Banco Central de la República Argentina a fin de que analice la conducta en el marco de su competencia.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-129119768-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Octubre de 2023 Reunidos los Señores vocales miembros de la Sala “G” Dres. Horacio Joaquín Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “OCAMPO, DIEGO RENE c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 32.967-A, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 450/2012 (AD SAJA), dictada en el sumario SC54 N° 273/12-3 (SIGEA N° 12352-74-2012), en cuanto condena a DIEGO RENÉ OCAMPO por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A., al pago de la suma de $ 36.412,40 en concepto de multa. En cuanto a dicho encuadre, resulta oportuno adelantar aquí que, si bien la parte resolutiva alude al inciso a), no caben dudas de que se trata de un error de tipeo y que en realidad se refiere al supuesto previsto en el inciso c) del artículo 954 del C.A.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 3/6vta. se presenta DIEGO RENE OCAMPO, con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la referida resolución. En primer lugar, efectúa una breve reseña de los hechos que dieran origen al sumario aduanero. Cita el texto del art. 954 ap. 1 del C.A. y jurisprudencia. Hace referencia a que en el régimen penal cambiario, el BCRA resulta ser la autoridad de aplicación para el control de ingreso y egreso de divisas, y alude a la Instrucción N° 2/12. Considera que la falta de liquidación de las divisas por parte del exportador no resulta encuadrable en el art. 954 inc. a) del C.A. Sostiene que la declaración no se torna inexacta por un acontecimiento posterior, como puede ser la falta de ingreso de divisas, la cual constituye –a su entender- una obligación derivada de la vigencia de normas de naturaleza cambiaria y no aduanera. Hace referencia al mecanismo de control que estableció la RG AFIP N° 1281/2002 para la consulta y seguimiento de las destinaciones de exportación con embarques cumplidos, y también a la Comunicación “A” 3493 que habilitó la consulta al sistema SECOEXPO mediante el cual se informan al BCRA las operaciones incumplidas. Arguye que en el caso no existe infracción ya que los datos aportados en la declaración aduanera coinciden con la realidad de la operación en lo referente a calidad, cantidad y peso, y que se abonaron los tributos que gravaban la exportación de manera correcta. Finalmente solicita se desestime la imputación aduanera.
III. Contestación del traslado: A fs. 21/29 se presenta la representante del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto. En primer lugar efectúa un breve relato de los hechos acontecidos en sede aduanera y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Hace referencia a los distintos periodos de implementación y cese del mercado único de cambios. Cita jurisprudencia. Sostiene que las exportaciones suponen la negociación de las divisas en el mercado de cambios. Vuelve a citar jurisprudencia que considera aplicable al caso de autos. Manifiesta que debe mediar coincidencia entre los importes declarados y los ingresados y que el supuesto del inciso c) de la figura de declaración inexacta se encuentra estrechamente relacionado con el poder de policía del Estado, reflejando la esencia misma del control aduanero. Considera que la falta de ingreso de divisas afecta negativamente el nivel de actividad económica, repercutiendo en los niveles de recaudación de los que depende el funcionamiento mismo del Estado. Asegura que la Aduana no sanciona la mera falta de ingreso de divisas, sino que coadyuva dentro de la esfera de su competencia a velar por la veracidad de lo declarado en función de lo ingresado, producto de un acto de contralor ex post exportación. Analizando el bien jurídico tutelado, sostiene que la figura en trato resguarda inmediatamente la veracidad y exactitud de las declaraciones aduaneras, tratándose de determinar que, conforme a lo declarado y lo que a la postre se comprobara, se ingresó un importe distinto del que correspondía. Vuelve a citar jurisprudencia. Alude a la IG DGA N° 2/2012. Finalmente, hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas objeto de la presente causa (SIGEA N° 12352-74-2012, Sumario SC54 N° 273-2012/3) se inician a fs. 1 con el Informe N° 058/2012 (Sec. “R” AD SAJA) de fecha 22/05/12 por el presunto incumplimiento de la obligación de ingreso y liquidación de divisas respecto de la destinación N° 07 054 EC01 000970 L. A fs, 4 luce la constancia SIM con el ingreso de la denuncia de fecha 22/05/12 por presunta infracción del art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. A fs. 5/6 luce constancia SIM de la destinación de exportación involucrada. A fs. 7 luce print de pantalla de la consulta efectuada al SIM respecto de la negociación de divisas relacionada al PE en trato. A fs. 10 se agrega el Acta de Denuncia con fecha 04/06/12. A fs. 11 se informa el importe de la multa mínima ($ 36.412,40). A fs. 12/14, con fecha 21/06/12, se dicta la Disposición N° 419/2012 (AD SAJA) mediante la cual se instruye sumario por la imputación antes referida y se corre vista de lo actuado al exportador. A fs. 16 luce la cédula de notificación (notif. 22/06/12). A fs. 20, con fecha 23/07/12 se declara la rebeldía del sumariado. A fs. 25/29 se agrega la consulta al registro de infractores. A fs. 30 luce constancia de AFIP por “Incumplido reportado, Vencido sin cumplido Reportado y Gestión de Cobro informado por BCRA”. A fs. 31/32 obra el dictamen N° 418/2012 (AD SAJA) y finalmente, a fs. 33/34 luce la resolución aduanera aquí apelada (Res. N° 450/12 AD SAJA).
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción de declaración inexacta prevista y penada por el artículo 954 inciso c) del Código Aduanero, en relación a la mercadería documentada por DIEGO RENE OCAMPO mediante la destinación N° 07 054 EC01 000970 L.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante informe N° 058/2012 la Aduana de San Javier informa que, tras efectuar una consulta en el SIM, se encuentra incumplida la obligación del ingreso y liquidación de divisas contraída al momento del registro de la operación de exportación aquí involucrada. De este modo, se propugna efectuar denuncia contra el exportador “… por la presunta infracción al art. 954 apartado 1, inc. c) del Código Aduanero, todo ello conforme a la unificación de criterio fijado mediante la Instrucción General N° 2/2012 (DGA). …” (ver fs. 1 de las act. adm.). En igual sentido, se emiten el dictamen jurídico y la resolución aduanera aquí apelada. Respecto de esta última resulta oportuno señalar que, si bien en su parte resolutiva alude al inciso a), en el cuerpo de la misma se refiere al inciso c) del artículo 954, concordantemente con la imputación efectuada al aperturar sumario y correr la vista respectiva. (ver fs. 17/19 de las act. adm.)
VI. Que el artículo 954 del C.A., tutela el principio de veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas. De este modo, la infracción descripta en el mencionado artículo requiere como elemento del tipo, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, que la misma resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incisos a), b) y/o c) del apartado 1 del referido artículo. En cuanto aquí interesa, el art. 954 del C.A. expresa que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: c) el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia.” Que, de las constancias de las actuaciones administrativas, surge que en el caso no se ha detectado una diferencia entre lo declarado en la destinación aduanera y el resultado de la comprobación, sino que la imputación se circunscribe a no haberse acreditado -a criterio del servicio aduanero- el ingreso de las divisas.
Así, la cuestión a dirimirse deriva en la interpretación del inc. c) del art. 954, debiendo dilucidarse si dicha sanción -además de corresponder su aplicación cuando la inexactitud de una declaración aduanera (sea dicha diferencia cualitativa o cuantitativa) haya producido o podido producir un ingreso o egreso de divisas desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar diferente al que correspondía- también resulta atribuible en aquéllos casos en los que no existiendo una inexactitud por parte del declarante, el precio de la mercadería allí establecido -aunque correcto y veraz- no fuera debidamente ingresado (como en este caso) o egresado, al o del mercado de divisas. Entiendo que, aparentemente, la expresión “ingreso o egreso desde o hacia el exterior” utilizada por la norma examinada, ha llevado a un error de interpretación semántico, en el que se tradujo, desacertadamente, al bien “divisa” como si se tratare de una mercadería, cuyo ingreso o egreso (por sí sólo) pudiere tipificar la infracción de autos participando de su tipo objetivo.
Muy por el contrario, acudiendo a una sana lógica, dicha expresión denota el precio que se obtiene por la exportación, resultando ello, asimismo, la ganancia del exportador. Por su parte, los egresos hacia el exterior -a los que refiere la norma- son los importes pagados o por pagar, como producto de la importación. Nótese que la sanción aquí estudiada no tiene como objeto la divisa en sí, sino que al efectuarse una exportación, la declaración bajo la cual se instrumenta ésta última, para el caso de ser inexacta -cuantitativa ó cualitativamente en cuanto a la mercadería cuya circulación se controla y allí se detalla-, pueda originar una diferencia en relación a ese precio pagado o por pagarse, cuya sobrefacturación o subfacturación pueda ocasionar una tributación aduanera distinta de las mercaderías y un errado control del tráfico internacional de mercaderías (bien jurídico primario de la norma ritual).
Dicha situación, si bien tendrá incidencia en el mercado de divisas, no toda operación aduanera con incidencia en aquél (el mercado de divisas) le será atribuible la infracción prevista en el art. 954, sino que, sólo y coincidentemente, en aquellos casos en que haya mediado una inexactitud en la declaración aduanera, no pudiendo sostenerse que toda declaración, aunque exacta y veraz, por una falta de ingreso en el mercado de divisas genere una pena aduanera. En dicho sentido resultan de aplicación la normas cambiarias que regulan en la especie.
Que el antecedente normativo del art. 954 ap. 1, inc. c), del CA se encuentra en la ley Nº 19.881, debiendo analizarse la Nota al Poder Ejecutivo que acompañó su proyecto, en la que expresaba que “uno de los problemas que han merecido principal preocupación es el de las sobrefacturaciones en las operaciones de importación y de las subfacturaciones en las de exportación, ello debido a que, en general, la repartición aduanera suele concentrar sus esfuerzos en detectar, justamente los fenómenos inversos (…) Las sobrevaloraciones en importación reconocen su causa en situaciones en que los valores reales no adquieren relevancia decisiva a los fines fiscales aduaneros en forma directa o para la aplicación de restricciones a dichas operaciones. Las situaciones más expuestas a estos comportamientos son aquellas en que el costo fiscal aduanero directo, por los restantes tributos, derivados de la sobrefacturación, es insuficiente para contrarrestar las ventajas ilegítimas que pueden proporcionar la diferencia de cotización de divisas entre el mercado oficial y los clandestinos, la evasión total o parcial de la aplicación de derechos antidumping o compensatorios y la evasión de la imposición interna directa, mediante el abultamiento ficticio de gastos con correlativa disminución de beneficios (...). Es decir, aparte del daño que se inflige en forma directa a la Nación en un momento dado en el mecanismo cambiario, también se produce un perjuicio directo en el sistema fiscal en el caso de los derechos antidumping y compensatorios y otro mediato en los restantes (...). Paralelamente, la misma clase de inquietudes motiva la revisión de las disposiciones que reprimen la falsa manifestación de exportación (…)”.
Que la ley Nº 19.88l modificó la Ley de Aduana en sus arts. 167 inc. b) y 171 inc. b), penando, de este modo, las declaraciones inexactas en cuanto a las subfacturaciones en las exportaciones y a la sobrefacturación en las importaciones, esto es, en definitiva, las diferencias existentes en los importes pagados o por pagar y en los importes percibidos o por percibir, respectivamente, y estableció la sanción sobre la base del “importe de la diferencia entre los importes declarados o documentados y los que se comprobare que efectivamente correspondieren”, encontrando su correlato en el art. 954 ap. 1 inc. c) del CA que consigna la expresión “ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”, sancionando con multa, la que será graduada sobre el “importe de la diferencia” (el destacado es mío).
Que, en consecuencia, a tenor de dicha interpretación normativa, la sanción bajo examen, tutela la necesaria veracidad de las declaraciones a efectos de impedir las maniobras de subfacturación en las exportaciones y la sobrefacturación en las importaciones.
En este sentido se ha pronunciado nuestra Alzada al entender, en un caso análogo al de autos, señalando que “del examen de las actuaciones no se advierte cuáles de los elementos exigibles de la declaración resultaron falsos o inexactos como para evidenciar la falta. Ello es así, en tanto el servicio aduanero no cuestionó el valor declarado o precio. Además, tampoco demostró la existencia del concreto efecto lesivo que exige la norma para que se verifique la acción típica” (“El Matrero S.A. c/EN-AFIP-Resol. 16-VIII (Expte. 14829-3/09) y otro s/ Dirección General de Aduanas”, CNACAF, Sala IV, sentencia de fecha 16/04/2015). Por ende, resulta clara la interpretación de la expresión “ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere” a que alude la figura bajo examen, en cuanto a que la misma es consecuencia de una inexactitud en la declaración aduanera.
Por otro lado, las funciones primordiales que el legislador asignó al servicio aduanero se encontraban detalladas en los tres primeros incisos del artículo 23 del Código Aduanero, actualmente artículo 3 del Decreto 618/1997, que establece: “La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS será el Ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación aplicando las normas legales correspondientes. Tendrá las funciones y facultades de los organismos fusionados mencionados en el artículo 1º del presente y en especial las detalladas en este artículo, sin perjuicio de las conferidas por otras normas: a) La aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de: (2) Los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras que le estén o le fueren encomendados. b) El control del tráfico internacional de mercaderías dispuesto por las normas legales respectivas. c) La clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías d) Todas aquellas funciones que surjan de su misión y las necesarias para su administración interna”. Mientras que la Carta Orgánica del BCRA aprobada mediante Ley Nº 24.144, establece en su Artículo 4 (según texto de la Ley Nº 26.739) que son funciones y facultades del BCRA: “...f) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación; g) Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria”.
En razón de ello, no puede sostenerse la competencia de la DGA para imponer infracciones en casos como el de autos, entender de otro modo conllevaría a una superposición normativa. En tal sentido, las operaciones de exportación, en cuanto a su manifestación en materia cambiaria, se encuentran reguladas por la Ley Penal Cambiaria Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), los Decretos Nros. 2581/64, 1606/2001, 1638/2001, la Ley de Emergencia Pública Nº 25.561, los Decretos Nros. 71/2002 y 260/2002 y la Comunicación A-3473 del BCRA y modifs. Mediante dicha normativa se tutela el bien jurídico que instituye el equilibrio de la balanza de pagos del país, y será el BCRA la entidad que controle el ingreso de las divisas correspondientes al precio de las mercaderías en las operaciones de exportación.
Por ende, existe, exegéticamente, una delimitación clara de los bienes jurídicos tutelados, siendo, en razón de ello, que bajo ningún punto de vista puede regir el criterio aduanero, ya que la ley punitiva no puede anteponerse al bien jurídico, toda vez que éste último es preexistente a aquélla (Cfr. Sarrabayrouse Bargallo, “El bien jurídico tutelado por el tipo penal de contrabando”, en J.P. Cotter, “Estudios de Derecho Aduanero”, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, págs. 285-289).
Resulta oportuno volver a citar al Tribunal de Alzada en otro caso análogo al de autos donde confirmó la sentencia de esta Sala estableciendo que “… sin perjuicio de que puede considerarse a la omisión de la liquidación de las divisas como una falta de ingreso del importe pagado que efectivamente correspondía a la operación de exportación en estudio, la Administración en modo alguno indicó qué elemento de la declaración aduanera resultaba inexacto y fue susceptible de afectar el control aduanero y la fiscalización de las operaciones a cargo de dicho órgano. (…) Ello, debido a que la imputación formulada por el servicio aduanero no se refiere de manera estricta a una deficiencia, omisión o vicio en la declaración, sino a la configuración de una circunstancia (la falta de ingreso de las divisas) cuyo control se encuentra a cargo del Banco Central de la República Argentina, como autoridad fiscalizadora del cumplimiento de la normativa reglamentaria del ingreso de divisas provenientes de las operaciones de comercio exterior restablecido por el Decreto N° 1606/01. (…) es posible considerar que la Aduana omitió acreditar la faz objetiva de la figura reprochada, toda vez que no indicó qué elementos de la declaración aduanera resultaban inexactos (ya sea la posición, valor, cantidad, calidad, origen, precio, entre otros) omisión que impide tener por configurado el tipo infraccional aplicado. (…) Ahora bien, ello no obsta a que la conducta reprochada pueda ser –eventualmente- considerada por el Banco Central de la República Argentina como una posible infracción a la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.539. …”. (CNACAF, Sala V, Sent. 24/05/2016, Expte. N° 6160/2016 “SANTA ROSA DE TUPUNGATO S.A. c/ DGA TF N° 34.289-A”).
VII. Que, la resolución aduanera apelada, a los fines de fundar la imputación perseguida en el sumario aduanero, cita en sus considerandos por un lado la Resolución General 1281/02 y la Comunicación “A” 3493 del BCRA, y por el otro a la IG 2/2012.
La primera de ellas excede por sus fundamentos la aplicación para sustentar la figura infraccional en los términos del art. 954 inc. c) del C.A. Conforme surge de sus considerandos, lo que persiguió su dictado fue convenir “… en la aplicación de un procedimiento informático para la confirmación de negociación de divisas. …”. Su artículo 6 establece en cabeza del BCRA “… los controles relativos a la negociación de divisas, determinando incumplimientos en los plazos dispuestos para estas operaciones de exportación.” Y seguidamente el artículo 7 determina que “Si por causas atribuibles a la Ley Penal Cambiaria, o a las obligaciones de ella derivadas, el exportador incurriera en algún tipo de incumplimiento que la autoridad de aplicación (BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA) decidiera como meritoria, con carácter supletorio, de la aplicación de sanciones por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, tales como la suspensión del exportador en el Registro de Importadores/Exportadores, la autoridad de aplicación solicitará taxativamente a la Dirección Técnica de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS la aplicación de tales medidas.”. Resulta claro de la letra de la norma citada que los incumplimientos de los que se trata son los resultantes de la Ley Penal Cambiaria, que la autoridad de aplicación resulta ser el BCRA y que sólo en forma supletoria – y si el BCRA lo considerara meritorio y de forma taxativa- la DGA podría imponer sanciones tales como la suspensión del Registro.
La Comunicación “A” 3493 del BCRA “En virtud de las normas sobre la obligatoriedad de ingreso en divisas” dispone un sistema de seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones a cargo de las entidades bancarias.
Por su parte, la IG 2/2012 dispuso que “(...) con el fin de lograr uniformidad de criterio, corresponde a esta Dirección General de Aduanas instrumentar un procedimiento que detalle y precise las pautas a seguir para la correcta aplicación por parte de las dependencias alcanzadas respecto de la resolución de los sumarios iniciados por presunta infracción al citado artículo. (…) OBJETIVO Normalizar el procedimiento a aplicar por las áreas alcanzadas, para la resolución de sumarios iniciados por presunta infracción al artículo 954 apartado 1 inciso c) del Código Aduanero. (…) PAUTAS OPERATIVAS Las áreas indicadas en el apartado C deberán proceder de la siguiente manera: (…) 3. Imputar y condenar por el artículo 954 artículo 1 inciso c) del código aduanero: al exportador que no acredite el ingreso de las divisas …”. Surge evidente que a través de esta norma la Aduana ha efectuado una interpretación tal de la conducta tipificada en el inc. c) del art. 954 del C.A. que excede el marco de su competencia, en razón de que la aplicación y fiscalización del régimen cambiario resulta competencia del BCRA.
Tal es así que, con posterioridad, se dictó la IG 5/2016 que dejó sin efecto la norma antes citada en base a los siguientes fundamentos: “Dado que la jurisprudencia entendió que la materia sobre la que versa la citada instrucción general resulta propia de la competencia asignada por el ordenamiento jurídico al Banco Central de la República Argentina, criterio que sometido a estudio fue compartido por las áreas técnico jurídicas del Organismo, procede dejar sin efecto la norma aludida…”.
Que, finalmente, resultan ilustrativos los lineamientos esbozados por nuestro Máximo Tribunal en el caso in re “ Legumbres S.A. y Otros s/ Contrabando” (Fallos 321:1924), en que si bien no se trató de una causa idéntica, los razonamientos allí desarrollados resultan claros a los efectos de zanjar la cuestión acerca de la competencia en cuanto a la materia que se abordaba, al sostenerse que “... el bien jurídico de cuya protección se trata excede al de la integridad de la renta aduanera (...) Esta correlación entre sanción y bien jurídico es la que, con fundamento en la proscripción de la analogía, permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos que los que el legislador ha querido proteger (Fallos: 306:1433) (…) Dentro de esta concepción las funciones aduaneras comprenden las facultades necesarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes aduaneros o fundan la existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación (…) Pero tal aseveración no puede ser entendida en tal sentido de que la delegación en la aduana de cualquier otra función de policía económica puede constituir a la actividad que se delega en una actividad 'aduanera'.
El legislador ha valorado la importancia dentro de las funciones estatales el control económico en materia cambiaria al sancionar el régimen correspondiente (ley 19.359 t.o. 1982) (…) La mera delegación de funciones no transforma el control de cambios en control aduanero, aunque ambos se concentren circunstancialmente en el mismo órgano. Por lo demás, la circular A-39 no ha sido dictada por el Banco Central en el ejercicio de un poder de reglamentación de las funciones aduaneras, sino haciendo uso de las atribuciones que le otorgan las leyes sobre policía en materia cambiaria (…) De tal manera, la presentación ante la autoridad aduanera de documentos de embarque en cuyo cuerpo se incluyen refrendaciones bancarias presuntamente falsas, con fines de satisfacer requisitos exigidos por el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades de policía en materia de control de cambios (…) no puede considerarse uno de aquellos actos que impiden o dificultan el ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero sobre la importación y exportación en los términos del art. 863 del Código Aduanero (…) Que este criterio se ve reforzado por la propia sistemática de la actual regulación aduanera -ley 22.415- la cual, cuando estimó conveniente la atribución a la Administración Nacional de Aduanas de facultades de cooperación en las funciones del Estado en materia de control de cambios, así lo estableció.
Véase por ejemplo la autorización para fijar el plazo de validez de la solicitud de destinación de exportación (art. 328), establecida con el fin de evitar que el congelamiento del tipo de cambio o de los elementos para determinar el tratamiento cambiario que correspondiere tenga una ultraactividad 'que en los hechos implique una reserva de tratamiento reñida con la vigencia de los posteriores cambios que se hubieran producido' (confr. Exposición de motivos de la ley 22.415) (…) Que la interpretación que aquí establece es la que aparece como más adecuada al principio del art. 18 de la Constitución Nacional, de cuya formulación emana la prohibición de interpretar analógicamente las leyes penales, porque la ampliación por vía interpretativa de los bienes jurídicos comprometidos incluyendo entre ellos la protección de la actividad del estado en materia cambiaria, sería contraria a aquella norma...”.
Que en razón de todo lo antes expuesto y en virtud de la demarcada delimitación prevista por la normativa aduanera, no cabe más que declarar la nulidad de la Resolución aquí apelada, en atención a que la DGA calificó erróneamente el hecho imputado en el marco de una infracción aduanera cuando se trataba de un supuesto cuyo análisis debe merituarse en el marco de las previsiones de la ley 19.359, cuya instrucción se encuentra delegada en la Sección Sumarios del BCRA a donde deberá remitirse.
VIII. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a cargo de la vencida.
Por ello, voto por:
1. Declarar la nulidad de la Resolución N° 450/2012 (AD SAJA) dictada en el marco del Sumario SC54 N° 273/12-3 (SIGEA N° 12352-74-2012), mediante la cual se condenó a DIEGO RENÉ OCAMPO por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A., al pago de la suma de $ 36.412,40 en concepto de multa.
2. Costas a la vencida.
3. Remitir por Secretaría General de Asuntos Aduaneros el Sumario SC54 N° 273/12-3 (SIGEA N° 12352-74- 2012) al Banco Central de la República Argentina a fin de que analice la conducta en el marco de su competencia. El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Declarar la nulidad de la Resolución N° 450/2012 (AD SAJA) dictada en el marco del Sumario SC54 N° 273/12-3 (SIGEA N° 12352-74-2012), mediante la cual se condenó a DIEGO RENÉ OCAMPO por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1º, inc. a) del C.A., al pago de la suma de $ 36.412,40 en concepto de multa.
2. Costas a la vencida.
3. Remitir por Secretaría General de Asuntos Aduaneros el Sumario SC54 N° 273/12-3 (SIGEA N° 12352-74- 2012) al Banco Central de la República Argentina a fin de que analice la conducta en el marco de su competencia. Regístrese, notifíquese, oportunamente remítanse por Secretaria General de Asuntos Aduaneros las actuaciones administrativas al BCRA y archívese.
Date: 2023.10.30 11:46:36 ART Date: 2023.10.30 12:02:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.30 18:10:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.30 18:11:10 -03:00
Fin de la sentencia