Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que mediante RE-2023-20100673-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nº 287 y 289 ambas del año 2023 (DV ORR1) de fecha 8 de septiembre de 2023, dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la A.F.I.P-D.G.I. en virtud de las cuales se dispuso determinar de oficio las obligaciones fiscales relativas al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales del 2017, 2018 y 2019, con más intereses resarcitorios, procediéndose a diferir la aplicación de sanciones conforme lo previsto en el art. 20 del Régimen Penal Tributario.
En primer lugar, plantea la nulidad del procedimiento llevado a cabo por la fiscalización y la consecuente nulidad de la determinación de oficio practicada por los períodos fiscales 2018 y 2019, observando que tanto los funcionarios actuantes como algunos de los períodos fiscalizados no fueron incluidos en la orden de intervención N° 1953963.
Enuncia que, al momento del inicio de la inspección, en la orden de intervención N° 1953963 se da instrucciones a los funcionarios MAGNO Y SANTOFLAMINIO para que, a partir del mes de agosto 2021, fiscalicen las obligaciones de la firma frente al impuesto a las ganancias por el período fiscal 2019, impuesto al valor agregado de los períodos 01/2018 a 12/2019, impuesto específico sobre la realización de apuestas período fiscal 2019 y salidas no documentadas de los períodos 03 a 12/2019.
Ahora bien, la actora señala que surge del formulario N° 0730002023016874507, de fecha 28 de marzo de 2023, que la fiscalización estaría a cargo de la inspectora SELVA MIRIAN DOPAZO, con la supervisión de LORENA COCO; y que incluiría el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y el impuesto específico sobre la realización de apuestas de los períodos 01/2018 a 12/2019. Es decir, se mencionaba a funcionarios que no fueron designados y a períodos fiscales diferentes a los fijados en la orden de intervención.
En resumen sostiene que 1) la modificación de los funcionarios fiscales puede asimilarse a la modificación del juez natural que garantiza el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional; 2) se incluyeron períodos fiscales que no tenían instrucciones de fiscalizar y, 3) se notificaron presuntos ajustes que involucraban esos impuestos y períodos que difícilmente pudieron ser confeccionados legalmente pues la fiscalización se había iniciado ese mismo día -28 de marzo de 2023-.
Señala que se encuentra en violación del art. 36 de la ley 11.683. Cita el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, “Servicios Parana SRL c/ Dirección General Impositiva (TF 26.002-I)”, del 7 de mayo de 2015 donde resalta en su parte pertinente que “esas razones son las que justifican ante todo la exigencia de que la Orden de Intervención determine con exactitud qué períodos comprenderá la investigación a la que se someterá el contribuyente, más allá de que una norma interna de la AFIP (como la IG 320/97 u otra que la reemplace) así lo disponga….”.
Alega la afectación de su derecho de defensa y la nulidad de lo actuado, señalando que de los antecedentes administrativos sólo se advierten planillas sin referencias, que la información digitalizada proviene de un allanamiento que, complejizan la labor de entendimiento pues constituyen piezas aisladas y parciales, extraídas de distintos y presuntos biblioratos a las que tampoco se le encuentra vinculación con los ajustes cuestionados. Por último, indica que a fs. 42 obra agregada documentación referida a la causa judicial 25807/2015, caratulada “OCAMPO, EMMANUEL NICOLAS c/ BINGO ORO S.A. Y OTROS s/ DESPIDO”, ajena a la firma y los impuestos fiscalizados.
Pasando al fondo del asunto, opone la inconstitucionalidad del ajuste por violentar el principio de igualdad, en tanto dispensa un trato notoriamente más gravoso que al resto de las rentas alcanzadas por el impuesto, sin atender tal diferenciación a ningún paramento objetivo y razonable de clasificación que la justifique, siendo sólo por realizar un tipo de actividad.
Agrega que no se aplican pautas razonables y que es requisito que la clasificación en la escala tributaria sea real y no resulte un mero relato, lo que impone que se aplique el mismo criterio a la generalidad de los contribuyentes. Esgrimiendo que, en rigor, la tasa agravada por su actividad, constituye una suerte de castigo. Cita doctrina. Sostiene que la distinción no responde a ningún parámetro de justicia tributaria. Cita el fallo “Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción declarativa” (Fallos: 337:1464) y “Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/acción de amparo” (Fallos: 338:1455).
Opone la inconstitucionalidad por violación de los principios de capacidad contributiva y proporcionalidad en relación con la alícuota diferencial del 41,50% en el impuesto a las ganancias. Alegando que a igual capacidad contributiva, el impuesto debe ser el mismo para todos los sujetos obligados a su pago.
Expone que no hay un criterio de clasificación, sino que en rigor se trata de un verdadero régimen de excepción establecido en perjuicio de unos pocos contribuyentes.
Alega la inconstitucionalidad por violación del derecho a ejercer toda industria lícita consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, a su vez opone la ilegitimidad del ajuste a tenor de lo dispuesto en los arts. 121 y 126 de la Constitucional Nacional, en tanto observa que se pretende justificar la validez de la alícuota agravada por una finalidad extra fiscal. No obstante, señala que esto es una facultad de poder de policía reservado a las provincias en materia de juegos de azar. Así manifiesta que el gobierno federal no tiene atribuciones para establecer regulaciones en la materia por tratarse de una facultad propia y exclusiva de los gobiernos provinciales. En apoyo de su postura, trae a colación el fallo “Cadegua S.A. c/ Municipalidad de Junín s/ demanda contencioso-administrativa” (Fallos: 327:4103), donde la Corte Suprema recordó que “el ejercicio del poder de policía en materia de los juegos de azar no es originario, natural y propio de los municipios, sino antes bien, es una potestad reservada por la Constitución Nacional a las provincias...”. Cita la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su art. 37, segundo párrafo.
Invoca la vulneración de la garantía de la inviolabilidad de la propiedad consgrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Finalmente, postula que deviene inaplicable la prohibición contenida en el art. 185 de la ley 11.683. En tanto, observa que sobre este caso existe jurisprudencia más que consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha declarado la inconstitucionalidad de gravámenes que no respeten la capacidad contributiva de los sujetos afectados o los demás principios enunciados.
Por último, hace reserva de caso federal y solicita se revoquen los actos apelados con costas.
II. El Fisco Nacional a través del IF-2024-12162534-APN-DTD#JGM contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
De manera preliminar, contesta el planteo de nulidad sosteniendo que la recurrente ha podido hacer pleno uso del derecho de defensa que le asiste. Trae a colación lo asentado por el juez administrativo a la hora de analizar el planteo efectuado en sede administrativa, quien destacó en la Resolución 289/2023 (DV ORR1) que en relación a la inconsistencia expresada por la contribuyente entre los formularios F.1167 y F.8000, relacionado con los tributos, ejercicios y períodos fiscalizados, cabe aclarar que el formulario F.1167 es un formulario del Organismo de carácter y uso interno; es decir, no se notifica al administrado, por lo que aquel toma conocimiento de que es fiscalizado cuando se le notifica el formulario F.8000, aseverando que, mal se le puede notificar al contribuyente que se le cambia de fiscalizadores y los tributos y períodos fiscalizados, cuando nunca tomó conocimiento de dicho formulario.
Sobre este punto, agrega que la fiscalización practicada a BINGO CUIDADELA S.A. tuvo su origen en el Oficio de fecha 22/3/2021, por requisitoria de la Fiscalía interviniente en la causa N°42.028/2020, caratulada “Canevari Ana y otros sobre Lavado de Activos y Evasión Tributaria”, para que la Dirección Regional Oeste dependiente de la AFIP-DGI instrumente los medios necesarios para determinar la deuda tributaria, de conformidad lo previsto por el art. 18 del Régimen Penal Tributario.
Aclara que la manda judicial solicitó, de conformidad con el art. 18 cuarto párrafo del Título IX -Régimen Penal Tributario- de la ley 27.430, determinar los tributos nacionales respecto de los períodos fiscales de los años 2018 y 2019.
Por todo ello, solicita que se rechace el agravio fundado en la presunta inobservancia de las previsiones legales que hacen a la validez del procedimiento llevado a cabo por el fisco nacional y de los actos determinativos dictados en su consecuencia.
En cuanto al fondo del asunto, señala que el ámbito de competencia y jurisdicción del Tribunal Fiscal, no contempla la evaluación de constitucionalidad de una norma; por lo que, el planteo de la recurrente deviene inconducente.
Sostiene que tanto el proceso llevado a cabo en el Poder Legislativo, como el concluido en el Poder Ejecutivo y esta Administración Federal, se encuentran plenamente avalados por la Constitución Nacional, habiendo cumplido cabalmente con todos y cada uno de los requisitos que ella exige.
En relación al principio de igualdad alegado por la actora, indica que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y que dicha igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, siendo necesario destacar que la referida igualdad implica igualdad de trato ante igualdad de circunstancias. De esta forma, lo alegado por la contribuyente no resulta suficiente para desvirtuar tal enunciado. En efecto, tanto la doctrina como el Cimero Tribunal han convalidado la creación de categorías diferenciales cuando el legislador considera que la situación o las circunstancias lo ameriten. Concluyendo en que no se ve afectado el principio de igualdad, siendo que todos aquellos contribuyentes que desarrollen la misma actividad que la accionante tributarán la alícuota establecida por la ley 27.346.
En cuanto a la alegada violación de los principios de capacidad contributiva y proporcionalidad; refiere que la capacidad contributiva no está expresamente regulada en nuestro sistema normativo, sino que se desprende de algunos artículos de nuestra Constitución Nacional que sientan principios fundamentales.
Afirma que la doctrina tiene dicho que, la medición de la capacidad contributiva es una materia reservada al Congreso Nacional que, en base a diversos criterios que son de su competencia, adopta una determinada medida en función de los fines buscados.
Concluye que la medición de la capacidad contributiva es competencia del legislador, y es la accionante la que debería haber demostrado mediante prueba fehaciente que la base adoptada por el legislador como expresión de riqueza no se configura al respecto de su situación.
En relación con la violación al principio de razonabilidad, señala que el acto recurrido frente a la situación constatada en autos ha sido efectivamente dictado conforme a derecho, siendo que los ajustes se fundan en lo dispuesto en la normativa del Impuesto a las Ganancias vigente para el período fiscal de marras, habiéndose emitido el mismo, a su vez, conforme lo previsto en la Ley N° 11.683 (t. o. vigente).
Esgrime que esa es la ley y reglamentación vigente y que el organismo recaudador no se haya autorizado a desconocerla o modificarla. Continúa aseverando que, al dictar la resolución administrativa de marras no se ha afectado en modo alguno el principio de razonabilidad, siendo que la actuación del Fisco –sostiene- se ajustó en todo a derecho y de ningún modo resultó arbitraria. Cita el dictamen de fecha 21/04/2023 de la Procuradora General de la Nación en la causa “CASINOS DE MISIONES SA (TF 49698-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” donde postula que el aumento de alícuota dispuesto por la ley 27.346 responde a una decisión política del Congreso Nacional, en ejercicio de sus facultades conferidas.
En torno a la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación y la posibilidad de inaplicar normas observa que está contemplada expresamente en los artículos 185 de la Ley 11.683, y 1164 del Código Aduanero, donde luego de vedarle la posibilidad de expedirse sobre la “validez constitucional de las leyes tributarias”, le permite no aplicarlas cuando la CSJN “haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese Tribunal de la Nación”.
Sobre el tópico y más allá del expreso reconocimiento del actor sobre la imposibilidad de ese Excmo. Tribunal Fiscal de expedirse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias; agrega que no existe fallo o criterio definido por la CSJN relacionado a la temática aquí discutida, con lo cual, ese Tribunal Fiscal tampoco posee un criterio aún definido a seguir respecto a la cuestión debatida.
Seguidamente asevera que, el recurrente tampoco enuncia fallo alguno de parte de la CSJN que avale sus manifestaciones en cuanto a la elevación de la alícuota dispuesta por ley N°27.346 es inconstitucional, consecuentemente indica que la citada ley resulta plenamente vigente y aplicable a su parte.
Considera que los planteos de inconstitucionalidad en trato deben ser desestimados y consecuentemente, corresponde ratificar los cargos formulados en las determinaciones de oficio recurridas, imponiendo las costas a la actora.
Finalmente, argumenta la procedencia de los intereses resarcitorios liquidados e intimados y señala la existencia de mora culpable en cabeza de la actora, cita jurisprudencia y solicita su confirmación.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirmen los actos apelados, con costas.
III. Que mediante PV-2024-19149552-APN-VOCV#TFN se resolvió no hacer lugar a la oposición articulada por la representación fiscal en el punto V.b) de su escrito de responde, toda vez que no hay ofrecimiento de prueba por la actora y, en consecuencia, se hizo saber a las partes que las presentes actuaciones serán resueltas con las constancias de autos.
A través de PV-2024-26607291-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y mediante IF-2024-36246426-APN-VOCV#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que, para entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde revisar los hechos constatados por la inspección actuante y expuestos en los antecedentes administrativos.
Bingo Ciudadela S.A. (“Bingo Ciudadela” en adelante), tiene como actividad principal la de "Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p." y como actividad secundaria "Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrados n.c.p" Cierra sus ejercicios fiscales en diciembre de cada año, con cierre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.
En primer lugar, la recurrente fue objeto de fiscalización bajo la O.I. 1835089 la que se originó como consecuencia de la falta de presentación de declaraciones juradas e ingreso del Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas, posible utilización de alícuotas indebidas en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias en los ejercicios económicos 2017 y 2018 y posible omisión de ingresos en el Impuesto a las Ganancias para los períodos fiscales 2017 y 2018 (vide informe final de inspección obrante a fs. 136 y sgtes. de los antecedentes administrativos acompañados en IF-2024-12130576-APN-DTD#JGM). En efecto, conforme surge del F 1167 glosado a fs. 1 del mismo cuerpo de actuaciones, la misma abarcaba al Impuesto a las Ganancias desde 2017 hasta 2018 y el Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas desde el año 2017 hasta el 2019.
Por su parte la O.I. 1953963 conforme surge del informe final de inspección (obrante a fs. 177/185 del cpo. Ganancias, vide IF-2024-12133320-APN-DTD#JGM) se originó en el marco de la Causa N° 42028/2020 autos caratulados "Canevari, Ana y otros s/Lavado de activos y evasión tributaria" tramitada por la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. Por expresa disposición del Sr. Fiscal Federal, se requiere a la Administración, en el marco del objeto procesal de la causa y en relación a Bingo Ciudadela, de conformidad con el artículo 18, cuarto párrafo, del Título IX- Régimen Penal Tributario de la ley 27.430, que se determine si la contribuyente ha evadido el pago de tributos nacionales, respecto de los ejercicios fiscales 2018 y 2019, conforme a la denuncia que diera origen a la pesquisa.
El personal fiscalizador en el marco de las tareas llevadas a cabo bajo la O.I. 1953963, y la O.I. 1835089 inició tareas de verificación a los fines de determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el impuesto a las ganancias de la actora conforme las modificaciones introducidas por la Ley 27.346 y lo establecido en las RG Nº 4077/2017-AFIP (BO 13/06/2017) y RG Nº 4348/2018 -AFIP (BO 05/12/2018).
Así es que se verificó que la firma grava el total de sus ingresos al 30% en los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019.
A los fines de la verificación de ingresos obtenidos por el contribuyente, se circularizó en el marco de la O.I. 1835089 al Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, quien informó la recaudación detallando los ingresos por “Máquinas Tragamonedas” y el “Bingo Tradicional” por sala y por quincena.
Teniéndose en cuenta los papeles de trabajo, planillas de ingresos y balances aportados por Bingo Ciudadela se cotejaron los Ingresos Totales aportados por la contribuyente con los ingresos informados por la Lotería, sin diferencias.
A su vez, durante el transcurso de la inspección Bingo Ciudadela, en fecha 04/04/2022, puso en conocimiento de la fiscalización actuante la existencia de una medida cautelar en el marco de la causa “CAMARA UNION ARGENTINA DE EMPRESARIOS DE ENTRETENIMIENTO C/ EN-AFIP Y OTRO S/PROCESO DE CONOCIMIENTO – EXPTE. Nº 21949/2017.” donde se resolvió suspender los efectos de la ley 27.346 en cuanto aumenta la alícuota al 41,5% del impuesto a las ganancias y en cuanto crea el impuesto específico sobre la realización de apuestas, como así los efectos del Decreto N° 179/2017.
Que no habiéndose establecido diferencias en los ingresos declarados, se determinó el saldo a ingresar por diferencia de alícuota. Se obtuvo la base imponible para los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019, sobre la cual aplicar la diferencia de alícuota pendiente de liquidación. Así se arribó a una diferencia de impuesto a pagar para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.
El 14/06/2022 los fiscalizadores notificaron los ajustes propuestos por el Impuesto a las Ganancias 2017 y el 28/03/2023 los ajustes de los períodos 2018 y 2019. Mediante presentación digital del 21/06/2022 y 05/04/2023 la firma expresó su rechazo a la liquidación propuesta. En virtud de ello, se concluyó que la firma omitió declarar en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019 el tributo en su justa medida, por lo tanto, la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sustanció el procedimiento reglado en los artículos 16, 17, 70 y 71 de la Ley 11.683 V.- Que en primer lugar corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad articulado por la actora, la existencia de vicios en el procedimiento y la afectación de su derecho de defensa, en razón de que -sostienehabría mediado incompetencia de los funcionarios actuantes e inclusión de períodos fiscales no previstos en la orden de intervención, así como también por vicios en la causa y en la motivación de las referidas resoluciones, alegando que estas se sustentarían en hechos y antecedentes inexistentes o falsos.
Cabe recordar que la fiscalización que se le practicara a BINGO CUIDADELA S.A. se inició en primer témino con la O.I. 1835089 la que abarcaba al Impuesto a las Ganancias desde 2017 hasta 2018 y el Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas desde el año 2017 hasta el 2019.
Luego, se abrió la O.I. 1953963, la que tuvo su origen en el Oficio de fecha 22/3/2021, por requisitoria de la Fiscalía interviniente en la causa N°42.028/2020, caratulada “Canevari Ana y otros sobre Lavado de Activos y evasión tributaria”, para que la Dirección Regional Oeste dependiente de la AFIP-DGI instrumente los medios necesarios para determinar la deuda tributaria, de conformidad con lo previsto por el art. 18 del Régimen Penal Tributario.
En relación a la inconsistencia expresada por la contribuyente entre los formularios F.1167 y F.8000, correspondientes a la OI 1953963, en lo relacionado a los tributos y períodos fiscalizados, como así también respecto de los inspectores asignados, cabe aclarar que si bien se advierten las diferencias señaladas por la recurrente, no es menos cierto que al contribuyente se le anotició que iba a ser fiscalizado por los inspectores que llevaron adelante la inspección y por los períodos que en definitiva le fueron determinados. Por lo tanto, se advierte que la notificación de la Administración al responsable cumple con los requisitos del artículo 36.1 de la Ley procedimental.
Ello así, no se advierte cuál ha sido el perjuicio o afectación a su derecho de defensa, en la medida que desde un primer momento supo en forma fehaciente los tributos y períodos sometidos a fiscalización. Por otra parte, el acto que le fue notificado estaba firmado por el Jefe de División Fiscalización N° 2 de la Dirección Regional Oeste de la AFIP-DGI y el procedimiento tiene el límite requerido en la manda judicial, que es la determinación de los tributos nacionales supuestamente evadidos.
En este sentido, cabe recordar que no cabe declarar la nulidad por la nulidad misma sino que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C. NAC. CONT. ADM. FED. SALA II , 9/10/96, entre otros).
Por otra parte, desde lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393). En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Más aún teniendo en cuenta que en esta instancia ha podido ofrecer y producir la prueba pericial contable pretendida, no advirtiéndose afectación de su derecho de defensa.
Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que analizados los antecedentes administrativos, este Tribunal entiende que corresponde pronunciarse en torno al recurso interpuesto por la recurrente en autos.
Para una mayor claridad expositiva, conviene efectuar una reseña de la normativa aplicable al caso de marras. La ley 27.346 establece en su artículo 1° la modificación de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
“3- Incorpórase a continuación del último párrafo del artículo 69, los siguientes: Sin embargo, las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) y/o a través de plataformas digitales tributarán al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%). La alícuota mencionada será aplicable tanto para las personas humanas como para las jurídicas. La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, establecerá las condiciones operativas para la aplicación de esta alícuota y para la apropiación de gastos efectuados con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas a que hace mención el párrafo anterior, en concordancia a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 80 de la presente ley.”
Sentado ello y entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora, los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
Ahora bien sentado ello, y en cuanto al planteo de la parte respecto de la afectación al principio de igualdad, es dable recordar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, cabe considerar la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270). En ese sentido, se expresó que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417).
Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes. Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”. En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”.
Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva y proporcionalidad, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, ps. 85/86, 91, 102/103, 119; citado por la Sala III de la CNCAF en la causa 5267/2021; P., S. O. c/ EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO).
En cuanto al principio de proporcionalidad en el precedente “Díaz Vélez”, la Corte convalidó la aplicación de tarifas “progresivas” al sentar como hermenéutica constitucional que la proporcionalidad reclamada en los artículos 4 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional, no importaba vedar la aplicación de un impuesto progresivo, pues la manda constitucional alude a proporcionalidad indeterminada a la riqueza objeto del tributo, por lo que una progresión limitada se encuentra en el marco de la equidad. Dicho criterio fue reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Gregorio Morán” (Fallos: 171:390), al descartar un choque contrapuesto entre el requisito constitucional de proporcionalidad de las contribuciones y la progresividad en la tarifa.
En tal sentido, corresponde señalar que la CCAF, Sala IV en “Casinos de Misiones S.A. (TF 49.698-I) C/ Dirección General Impositiva S/Recurso Directo De Organismo Externo” el 12 de agosto 2021, al resolver un caso similar, dejó sentado que “9°) Que, a partir de la lectura y del análisis de los antecedentes parlamentarios de la ley 27.346, resulta claro que el incremento de alícuota que aquí se cuestiona respondió a: (i) la voluntad legislativa de paliar el costo fiscal generado por las modificaciones propiciadas en el Impuesto a las Ganancias para las rentas contempladas en la cuarta categoría del gravamen, y (ii) la valoración de los legisladores con respecto a la actividad del juego y a su situación económica particular; razones que no demuestran per se hostilidad o castigo alguno ni revelan arbitrariedad o irrazonabilidad en la distinción propuesta.” “En este escenario y de acuerdo a la doctrina jurisprudencial supra reseñada, es dable concluir que el incremento alicuotario dispuesto por la norma para las actividades de explotación de juegos de azar no configuraría per se una violación a los principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva, en los términos alegados por la recurrente.” (así consta en el original).
Asimismo “...en lo que respecta al agravio referido a la falta de potestades del Congreso Nacional para legislar en la materia vinculada a los juegos de azar, cabe advertir que el precedente citado por la recurrente “Cadegua S.A. c/Municipalidad de Junín s/ demanda contencioso administrativa” (Fallos: 327:4103), versa sobre el ejercicio del poder de policía en el orden provincial y municipal y se inscribe en la doctrina de la Corte Suprema relativa a la potestad de las provincias para reprimir los juegos de azar, por involucrar cuestiones de seguridad, salubridad y moralidad pública atinentes al estado local (conf. Fallos: 7:150; 242:496; 275:314; 301:1053; 303:1050, entre otros). Sin embargo, la controversia de autos gira en torno a la legitimidad del establecimiento de una alícuota diferencial del 41,50%, en el marco de una norma dictada por el Congreso Nacional en ejercicio de las potestades tributarias previstas en el art. 75, inciso 2° de la Constitución Nacional. Sin perjuicio de ello, vale aclarar que la finalidad extra fiscal mencionada en los debates parlamentarios reseñados como uno de los motivos por los cuales se incrementó la alícuota (conf. considerando 7° supra), resulta insuficiente para considerar que el Congreso Nacional se ha arrogado una potestad reservada por la Constitución a las provincias, tal como alega la recurrente.”
Por otra parte, en lo relativo al agravio de la actora fundado en que el Estado Nacional, al incrementar la alícuota del impuesto a las ganancias que se aplica sobre las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar o apuestas automatizadas, ha invadido el poder de policía provincial sobre las actividades lúdicas corresponde hacer alusión al Recurso de Queja interpuesto por la firma, Casinos de Misiones, donde ha dictaminado con fecha 21/04/2023, la Procuradora General de la Nación dejando sentado que “Cierto es que la caracterización del tributo como instrumento que no es pura o exclusivamente recaudatorio ha sido compartida por la jurisprudencia de esa Corte, cuando ha sostenido, desde antiguo, que el poder tributario “tiende, ante todo, a proveer de recursos al Tesoro Público, pero constituye además un valioso instrumento de regulación económica. Tal es la que esta Corte ha llamado 'función de fomento y asistencia social' del impuesto, que a veces linda con el poder de policía y sirve a la política económica del Estado, en la medida en que responde a las exigencias del bien común, cuya satisfacción ha sido prevista por la Ley Fundamental como uno de los objetos del poder impositivo (art. 67, inc. 2°). En este aspecto, las manifestaciones actuales de ese poder convergen hacia la finalidad primera, y ciertamente extra fiscal, de impulsar el desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas” (Fallos:243:98; doctrina reiterada en los precedentes de Fallos:289:443; 314:1293 y 316:42, entre otros).”
“Pero no menos cierto es que la Constitución Nacional debe ser interpretada de modo tal que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa. Del logro de ese equilibro debe resultar la amalgama perfecta entre las tendencias unitaria y federal, que los originarios constituyentes propiciaron mediante la coexistencia de dos órdenes de gobierno cuyos órganos actuaran en órbitas distintas, debiendo encontrarse sólo para ayudarse, pero nunca para destruirse (Fallos: 186:170; 307:360, entre otros).”
“Por ello, el fin extra fiscal perseguido por el incremento de la alícuota del impuesto a las ganancias dispuesto en la ley 27.346 luce, en mi parecer, como una decisión política del Congreso Nacional, quien actuó en ejercicio de sus facultades constitucionales de distribuir las cargas públicas y de su deber de “promover el bienestar general” establecido en el Preámbulo de la Carta Magna, sin que dicha conducta pueda ser calificada como una palmaria interferencia del poder nacional sobre el local ni como una inadmisible limitación de la autonomía de este último, que implique tornar menoscabar o tornar en ilusorio el ejercicio de sus atribuciones (arg. Fallos: 18:162; 23:560; 173:128; 186:170; 224:267; 226:408; 246:237; 247:325; 249:292; 250:669; 319:998; 320:1302; 327:1083).”
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar los actos apelados en autos. Con Costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar los actos apelados, con costas.
Regístrese, notifiquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.04.17 11:59:42 ART Date: 2024.04.17 12:16:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.17 16:25:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.17 16:25:45 -03:00
Fin de la sentencia