Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-2524/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE394034-2022, por quebrantamiento de formas reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2524/22-TSJ Sentencia Nº: 777 Actor: OCAMPO MARIELA AZUCENA Demandada: SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO Objeto: DAÑOS y PERJUICIOS Fecha: 28-07-2026 Texto: TOMO XXV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 777 FOLIO Nº 4821/4825 PROT. ELECT. TSS1 001 S.261
Río Gallegos, 28 de julio de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “OCAMPO MARIELA AZUCENA c/ SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ DAÑOS y PERJUICIOS”, Expte. Nº O-15.852/12 (O-2524/22-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Gustavo Eduardo Stobbia (cfr. PE415396- 2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial en cuanto rechaza el recurso de apelación deducido por la nombrada y confirma la sentencia de grado (cfr. PE394034-2022).-
Esta última rechazó la demanda promovida por considerar que la participación de la víctima en la producción del daño ha quedado demostrada y fue determinante como ruptura del nexo causal de atribución de responsabilidad a Servicios Públicos Sociedad del Estado (cfr. foja 770 vta.).-
II. Contra la decisión de Segunda Instancia la parte recurrente aduce quebrantamiento de formas, violación de ley, de la doctrina legal y arbitrariedad (cfr. PE415396-2022, págs. 2 y 14).-
Sostiene que la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones resulta nula al haber incurrido en quebrantamiento de formas en cuanto el fallo excede el encuadre formal previsto, violando el principio de congruencia (cfr. PE cit., pág. 14).- Añade que la misma es arbitraria en cuanto desarrolla una consideración fragmentaria, parcializada de las pruebas, indicios y presunciones, incurriendo a esos fines en una flagrante violación de la ley vigente, modificando las cargas probatorias, y arribando a conclusiones que constituyen un análisis parcial y aislado de los elementos de la causa (cfr. PE y pág. cits.).- En cuanto a los fundamentos de su recurso expresa que: “Considero que estamos ante un supuesto de falta de tratamiento de las cuestiones llevadas a conocimiento de los Magistrados para atribuir responsabilidad a los demandados […] la sentencia de Cámara, al igual que la de grado inferior omite tratar un argumento sostenido tanto en la demanda como en el recurso de apelación, cual fue el hecho, de que la electricidad es riesgosa en sí misma, y su potencialidad de daño se acentúa cuando los cables se sueltan de sus sitios naturales e interfieren en el paso de los vehículos o peatones, como claramente sucedió en este caso…” (cfr. PE cit., pág. 15).-
Añade que: “Se ha acreditado en autos…que el día del hecho…hubo un corte de energía en la zona, que el mismo se debió a un cortocircuito por rotura de uno de los aisladores por causa de la lluvia que hizo que se cortara un cable de energía de media tensión, quedando suspendido a un metro del asfalto. Así también quedó probado que dicha línea está protegida por un equipo y cada estación cuenta con seccionadores y descargadores por sobretensiones, pero que el sistema esa noche no funcionó, por lo cual se dio el fatal desenlace. Nada tuvo que ver la conducta de la víctima con esta situación. Ninguna de las conductas de la víctima… resaltan (sic) como suficiente para demostrar su culpa, relevan la responsabilidad de la demandada por la falta de mantenimiento, la cual quedó demostrada tanto por la rotura del cable como así también por los diferentes testimonios dados por quienes eran empleados de Servicios Públicos.” (cfr. PE y pág. cits.).- Considera que la Cámara: “…deja en claro que las faltas a las reglas de tránsito en las que incurrió la victima fueron analizadas como si el caso se tratara de un accidente de tránsito […] independientemente si hubo violación de reglas (sic) transito (sic) por parte del Sr. Alvarez, ello no causó ni la rotura de cable de media tensión, ni su muerte.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Se queja de la falta de tratamiento del mayor riesgo de un cable de media tensión colgando sin que los sistemas de protección hayan funcionado poniendo en peligro la vida de quien fuera a toparse con el por falta o mal mantenimiento por parte de la demandada, y que se ha efectuado una ponderación de la conducta de la víctima cuando claramente si se hubieran cumplido con el mantenimiento correspondiente y hubieran actuado de manera más eficiente ante la rotura de dicho cable, la muerte del Sr. Álvarez no hubiera ocurrido (cfr. PE y pág. cits.).-
Esboza que: “Esta falta de tratamiento de las cuestiones llevadas al proceso para resolver, convierten a la sentencia casada en arbitraria, y precisamente, esa falta de valoración integral, es decir, parcial, implican que estamos ante un supuesto de absurda valoración de la prueba, pues, como se han transcripto en los antecedentes a los que remito por razones de brevedad y autosuficiencia, solicito sean tenidos en cuenta a los fines de la valoración del presente recurso” (cfr. PE cit., págs. 15/16).- Entiende que: “...si el mantenimiento de las líneas eléctricas hubiera sido el correcto el cable en cuestión no hubiera estado colgando y no hubiera hecho descarga sobre nada ni nadie, y el Sr. Alvarez (sic) seguiría con vida. Pero la sentencia de Cámara, sólo aduce que el eje de responsabilidad es la violación a reglas de transito (sic) por parte del Sr. Alvarez, (sic) pero sin tratar los otros elementos expuestos en forma principal.” (cfr. PE cit., pág. 16).- Insiste que lo grave es que no se trata la responsabilidad de Servicios Públicos S.A como guardián de una cosa riesgosa, y por sus deberes de prevención y precaución, y la sentencia de Cámara como la de Primera Instancia, ni siquiera valoró una eventual concurrencia o disminución de responsabilidad, sino que eximió literalmente de responsabilidad a la empresa que generó un hecho gravísimo (cfr. PE y pág. cits.).-
Seguidamente acusa violación de la ley por manifiesta errónea interpretación y aplicación del art. 1113 del Código Civil (cfr. PE y pág. cits.).-
Argumenta que el voto de la mayoría equipara la proyección del riesgo del uso de una motocicleta con una línea de media tensión que se encontraba claramente fuera del lugar de donde debía estar. En tal sentido sostiene que: “…no estamos hablando de una colisión entre un motociclista contra un camión de servicios público, sino que estamos ante una situación totalmente fuera de lugar, por cuanto un cable de 13200 voltios se encontraba literalmente caído al alcance de cualquier persona que pudiera pasar. Fue Alvarez (sic) el desafortunado pero le hubiera podido caber a cualquiera este fatal infortunio.” (cfr. PE y pág. cits.).- Añade que resulta manifiestamente desafortunada la equiparación de riesgos, así como las eventuales faltas de tránsito que hubiera podido cometer el motociclista (cfr. PE y pág. cits.).- Transcribe el voto en minoría de la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. PE cit., 16/25).-
Afirma que estamos ante el supuesto de una absurda valoración de la prueba y violación de los preceptos y normas de la sana crítica que deben imperar en las sentencias judiciales (cfr. PE cit., pág. 25).-
Indica que el voto de la mayoría se limita a valorar fragmentadamente alguna de las declaraciones de los testigos sin siquiera aludir, ni aún tangencialmente a los elementos probatorios que detalla el Dr. Monelos y en su caso, el recurso de apelación (cfr. PE y pág. cits.).-
Agrega que: “…no se ha ponderado debidamente la situación climática del momento del hecho, esto es una noche oscura con mucha lluvia y con falta de luz en toda la zona, lo que disminuye notablemente la situación de violación a normas de tránsito, mas (sic) allá que dichas violaciones como se viene diciendo nada inciden en el resultado fatal. Es decir, que la orientación al conducir un motovehículo o cualquier otro vehículo, en una noche oscura, con una lluvia torrencial, no es la misma que la que puede darse en un día despejado, bien iluminado donde puede identificarse fácilmente la dirección de circulación de las calles.” (cfr. PE y pág. cits.).- Insiste en que: “…esa elección arbitraria de elementos en contra de los (sic) restantes pruebas omitidas, y la falta de fundamentos de porque motivos han sido dejado de lado nos llevan a considerar que estamos ante una sentencia que viola los principios de la sana crítica, como así también implica que estamos ante el caso de una absurda valoración de la prueba.” (cfr. PE y pág. cit.).-
En PE438781-2022 la Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE1388154-2024 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de esta facultad solo la parte demandada (cfr. PE1405038- 2024).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…el recurso de casación interpuesto no debe prosperar.” (cfr. PE1504452-2024).-
En PE1534138-2024 se llaman autos para dictar sentencia y en PE1548048-2024 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto aduce quebrantamiento de forma, violación de la ley y arbitrariedad.-
Si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586).-
En este marco, resulta imperioso advertir que -más allá de los planteos propuestos por la recurrente- del examen de las actuaciones se desprende que el procedimiento por el cual se llegó a la sentencia atacada adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional.-
Inicialmente cuadra precisar que, con relación a la integración de la Cámara de Apelaciones, el fallo recurrido incumple con los recaudos formales exigibles.-
En efecto, de las constancias de autos surge que los jueces que intervendrían en la deliberación, votación y firma de la sentencia serian los miembros titulares de la Cámara de Apelaciones: Dres. Humberto Eduardo Monelo y Griselda Isabel Bard y, existiendo un cargo vacante, el Sr. Juez de la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial Dr. Juan Pablo Olivera en calidad de subrogante conforme la providencia que expresa que: “…Atento el estado de autos, asen (sic) los autos a Sentencia…correspondiendo el siguiente orden de estudio: 1º) Humberto E. Monelos, 2º) la suscripta y en 3º) Juan Pablo Olivera (art. 269 C.P.C y C)” Fdo. Griselda L. Bard Jueza de Cámara Presidenta (cfr. PE173249-2021).- Esta integración y el orden establecido debían subsistir hasta el dictado de la sentencia. Ello es así, toda vez que en los casos en que los tribunales se encuentren desintegrados, se procederá a la inmediata integración, la que quedará subsistente hasta el pronunciamiento del fallo (cfr. sum. SCBA, “Dufau Hugo Raúl c/Petroken S.A. (Petroquímica Ensenada S.A.) s/Despido, etc”, causa LP Ac 91951, del 04/08/2004).-
No obstante, el orden de votación e integración que surge de la providencia transcripta y que fuera notificada a las partes por Ministerio de Ley no se encuentra respetado en la sentencia impugnada que expresa: “En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz,…se reúnen los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería…para dictar sentencia en los autos…que ingresaran en esta instancia bajo el Nº 7756. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda Isabel Bard, Dr. Humberto Eduardo Monelos y Dr. Jorge O. Alonso…” (cfr. PE394034-2022).-
Recordemos que, en dicha oportunidad, el Dr. Jorge Omar Alonso se desempeñaba como Juez Titular del Juzgado de Instrucción Nº Dos de la ciudad de Caleta Olivia.-
Ahora bien, la Ley Orgánica para la Justicia de la Provincia de Santa Cruz establece de manera taxativa los motivos por los cuales resulta procedente la subrogancia de un Magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y puntualmente el orden en que corresponde ejercer la misma. Concretamente dispone que: “En los casos de excusación, recusación, vacancia, ausencia o impedimento de cualquier naturaleza los Jueces de cada Cámara serán sustituidos: 1) Por los Jueces de la otra Cámara de la misma Circunscripción Judicial que designe mediante sorteo en cada causa, 2) Por el Juez de Recursos, cuando se tratare de Jueces de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la misma Circunscripción Judicial…4) Por los Jueces de Primera Instancia y de Instrucción de la Circunscripción Judicial a que pertenezca la Cámara respectiva, en el orden que establezca la reglamentación que dice el Tribunal Superior de Justicia. 5) Por los Conjueces ante las Cámaras designados por sorteo entre los incluidos en la lista formada por el Tribunal Superior de Justicia a que se refiere el artículo 33º Inciso g).” (cfr. art. 37, de la citada noma).-
A la luz de la normativa indicada surge de manera inequívoca que ante el supuesto de vacancia, -lo que acontecía en la Alzada al momento de dirimir la contienda- debía subrogar en, primer término, el Sr. Juez de la otra Cámara de la misma Circunscripción Judicial, en este caso como bien lo disponía la providencia transcripta era el Sr. Juez de la Cámara Criminal Dr. Juan Pablo Olivera y ante ausencia, vacancia o impedimento de éste recién debía subrogar el funcionario que seguía en el orden establecido en el artículo 37 citado.-
No debemos olvidar que la condena o absolución del reclamo en la sentencia de Segunda Instancia se expresa, según el caso, con la revocación o confirmación del fallo de Primera Instancia y se forma con la decisión de la mayoría, a la que se llega luego de efectuado el sorteo para el estudio y votación y habiendo quien debe expedirse en primer término fundando su decisión, agregándose en su caso otros votos fundados o las adhesiones de los otros miembros del Tribunal. En cuanto a la firma es un requisito ineludible, no pueden los jueces dejar de fallar por la sola ausencia ocasional en el Tribunal debiendo haberse dejado constancia del uso de licencia (cfr. Elena I Highton - Beatriz Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los Códigos Provinciales, Análisis doctrinal y jurisprudencial”, 1º edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2005 Tomo III, pág. 497).-
En este caso, el acuerdo para el dictado de la sentencia debía realizarse con la presencia de todos los miembros del Tribunal de Alzada (titulares y subrogantes) y decidirse por mayoría (cfr. art. 270 del CPCyC) lo que no aconteció en la especie. Nótese que al expedir sus votos los Dres. Bard y Monelos en distintos sentidos (la primera desestimando el recurso de Apelación y confirmando el fallo de Primera Instancia y el segundo revocando parcialmente la sentencia de grado) -y sin respetar el orden preestablecido- no existía mayoría concordante en orden a la solución propuesta, razón por la cual resultaba imprescindible la participación de un tercer Juez para conformar la voluntad del órgano colegiado.-
El funcionario que debía intervenir para conformar esa voluntad era el Dr. Juan Pablo Olivera (cfr. PE173249-2021), sin embargo, éste no intervino ni en el Acuerdo, ni en la deliberación y mucho menos en la firma de la Sentencia en crisis, sin dejarse expresa constancia de la circunstancia o motivo que impedían su participación.-
No obstante, se advierte que un cuarto Magistrado (Dr. Jorge Omar Alonso), quien no integraba el Tribunal de Alzada según la composición indicada en la providencia obrante en PE173249-2021 y cuya participación no se encontraba justificada es quien aparece adhiriendo al voto de la Dra. Griselda Bard (cfr. PE394034-2022, págs. 27 y 29) y conformando la voluntad del Órgano colegiado, infringiendo de esta manera la garantía del juez natural y el debido proceso.-
Sumado a ello, tampoco se hizo saber a las partes que la integración dispuesta en la providencia PE173249-2021 con el Dr. Olivera quedaba sin efecto y que en su lugar la Alzada estaría integrada con el Dr. Alonso a los fines que las interesadas puedan ejercer el derecho que les confiere los artículos 14 y 17 del CPCyC, además de existir una alteración esencial del orden de votación establecido en dicha providencia agregando una nueva irregularidad a las ya referidas.-
El procedimiento llevado a cabo por la Cámara de Apelaciones no sólo transgrede las normas reglamentarias (Ley Orgánica para la Justicia de la Provincia de Santa Cruz) que determinan el modo en que deben integrarse los Tribunales de Alzada a los fines de emitir sus fallos sino que además vulnera las garantías del debido proceso y del Juez natural haciendo que la nulidad del fallo resulte manifiesta y absoluta.-
Esta solución ha sido adoptada por diferentes Superiores Tribunales de Justicia Provinciales.-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “…salvo los casos de integración previa, un magistrado ajeno a la causa no puede dictar ningún pronunciamiento en ella; caso contrario se estaría infringiendo la garantía constitucional del juez natural (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8, Pacto San José de Costa Rica). Y así como un Juez no puede rubricar una sentencia de otro juzgado o tribunal de igual o distinto fuero, pues carece de jurisdicción para ello…Consecuentemente, si así se hubiese procedido, la firma del inhabilitado resulta absolutamente ineficaz…Siendo ello así, y teniendo en cuenta que es requisito esencial que el veredicto y la sentencia de los tribunales… sean pronunciados por sus tres miembros hábiles para que quede conformada la voluntad mayoritaria (arts. 168 de la Constitución provincial (sic) y 44 inc. 'f' de la ley 11.653), los pronunciamientos dictados…sólo han sido rubricados por dos de sus integrantes habilitados.
En consecuencia la nulidad de los mismos resulta absoluta y manifiesta, o si se quiere dichos fallos resultan inexistentes y su anulación de oficio se impone.” (cfr. SCBA, “Fructuoso María Eva c/Contar S.A. s/Indemnización por antigüedad, etc”, causa LP L 77251 S, del 25/06/2003) y que: “…las leyes atributivas de jurisdicción son en principio normas de orden público y que de la misma calidad participan, obviamente las disposiciones legales que reglamentan el ejercicio de esa jurisdicción y que disponen de modo imperativo cómo han de estar formados los tribunales. La voluntad de los integrantes de éstos…no puede dejar de lado la observancia de las leyes que imponen la forma de constituirlos en caso de vacancia o ausencia, ni aún con la aquiescencia expresa o tácita de las partes, de suerte que en caso de infracción la nulidad de lo actuado es la consecuencia ineludible…la legislación de la Provincia de Buenos Aires prevé concretamente la forma en que ellos han de integrarse en caso de vacancia o cualquier otro impedimento de los jueces titulares siendo dará la voluntad legislativa de que en todos los casos los Tribunales…deben funcionar con sus tres miembros o con sus reemplazantes legales […] Considero entonces que la decisión judicial impugnada por el apelante ha sido dictada sin darse cumplimiento con las formalidades exigidas como condición de validez del acto jurisdiccional.
Ello así porque al tiempo de emitir sus respectivos votos los doctores Milesi y Di Marco -miembros titulares del tribunal- el órgano judicial se encontraba desintegrado por vacancia de la vocalía…procediéndose a su integración con posterioridad…y sin conocimiento ni contralor de las partes del juicio; anomalía que además de determinar la nulidad del pronunciamiento porque no emana del tribunal en pleno ni del natural de las partes, implica por cierto una desnaturalización inaceptable del sistema procesal establecido para discernir las contiendas…” (cfr. SCBA, “Junco Héctor Esteban c/T.A.N.S.H.A. s/Reinstalación en el empleo”, causa LP L 47503 S, del 20/11/1991).- El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado nulo, e inexistente como fallo de Cámara, el pronunciamiento suscripto por dos de los integrantes de la sala, sin que la mención de la ausencia circunstancial del tercer miembro alcance a configurar algún supuesto de excepción al funcionamiento de los tribunales colegiados.
Para así decidir sostuvo que: “…la irregularidad señalada importa un grave quebrantamiento de las normas reglamentarias que determinan el modo en que deben emitirse los fallos definitivos de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, infracción que habilita la intervención de esta Corte en virtud de la obligación que le cabe de corregir la actuación de aquéllas, cuando aparezca realizada con transgresión a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia (Fallos 312:139).” (cfr. “Pieri Haydee T. c/ Conti de Pieri Haydee”, del 24/04/2007, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: LA LEY 70042453).-
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Mendoza ha considerado que la falta de firma de uno de los Magistrados sin expresa constancia de su ausencia provoca indefectiblemente la nulidad de la sentencia por lesionar las normas del debido proceso (cfr. “Carballo, Julio y otros c/ Municipalidad de Junín”, www.informacionlegal.com.ar Cita Online:
AR/JUR/1800/2008).-
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado idéntica solución al sostener que puede declarar, en ejercicio de sus facultades, la nulidad del fallo de Cámara que no reúne las formalidades sustanciales para ser considerado como acto jurisdiccional válido, aunque no haya sido objeto de agravio por el recurrente (Fallos 317:483) y que es admisible el recurso extraordinario si se sostiene que la sentencia de la cámara ha sido dictada en violación a las reglamentaciones sobre constitución de los tribunales de apelación, y las formalidades que deben revestir las sentencias (Fallos 317:462).-
Lo expuesto, en definitiva, torna nula la sentencia de marras (cfr. artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Dicha nulidad es absoluta y no es susceptible de convalidación, por lo que debe ser declarada aún de oficio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 581, Folio Nº 3318/3322).-
Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, deviene abstracto el tratamiento de los planteos casatorios efectuados por la actora, debiendo advertirse que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.- En consecuencia, corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE394034-2022 por quebrantamiento de formas debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda. Las costas se imponen por su orden, atento la forma en que se resuelve (cfr. art. 68, segundo párrafo del CPCyC).-
Por lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE394034-2022, por quebrantamiento de formas reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
La presente sentencia se dicta con la firma de siete miembros del Tribunal y por la existencia de mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).- Fdo: Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero -Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dr. José Antonio González Nora –Vocal-; Dr. Sergio Edgardo Acevedo –Vocal-; Dr. Juan Lucio Ramón de la Vega –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.- Protocolización: TSS1001S.261 Tomo: XXV Sentencia: 777 Folio N°: 4821/4825 Secretaría: 1
Fin de la sentencia