Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7756
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello le asigno un diez por ciento (10%) de culpa concurrente a la víctima en este accidente y el noventa por ciento (90%) a la demandada, como dueña y guardiana de la red eléctrica de la ciudad, por los vicios señalados, sin los cuales nada hubiera ocurrido. Es responsable conforme el art. 1113 del Código Civil aplicable en el caso por la fecha del hecho. Rechazo así parcialmente la defensa de la demandada en cuando invocó culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.
IX. Como adelanté, comparto la vista del Ministerio Pupilar dentro del sistema digital (PDF CVI00004940) y llego a una conclusión contraria al rechazo de la demanda. En este estado del razonamiento debo examinar la procedencia de los rubros reclamados, que no fueran examinados en la sentencia. Respecto de la legitimación activa tenemos que la actora, para reclamar por su propio derecho, invocó el carácter de concubina de Luis Hernán Álvarez mediante el instrumento de fs. 69 realizado con anterioridad al fallecimiento de éste, que se ve corroborado por el nacimiento de tres hijas habidas de su unión con el causante (ver partidas de fs. 67/68) en una demostración de duración de la relación que comenzó cuando la actora tenía 14 años y el padre de las niñas 17 años, a estar a lo que surge de las partidas de nacimiento de éstas y la voluntad de ambos padres de asignarle el doble apellido materno y paterno que es un indicio de proyecto de vida. Por otro lado, como madre de las niñas F.A.; …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7756 Sentencia: 2933 Actor: Mariela Azucena Ocampo Demandada: Servicios Públicos S.E.
Objeto: demanda laboral Fecha: 25/02/2022 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veinticinco de febrero de 2022, se reúnen los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos "OCAMPO, MARIELA AZUCENA C/ SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. Nº 15852 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Caleta Olivia que ingresaran en esta instancia bajo el Nº 7756 A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda Isabel Bard, Dr. Humberto Eduardo Monelos y Dr. Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/56 la Dra. Diana Stefanía Ampuero en representación de Mariela Azucena Ocampo, quien concurre por sí y en respresentación de sus hijas menores de edad, M.N., L.M. y F. A. todas de apellido Alvarez Ocampo y deduce demanda por daños y perjuicios contra Servicios Públicos Sociedad del Estado por la suma de $ 2.532.380,56 más intereses. Reclama daños a raíz de un accidente ocurrido el 18 de marzo de 2012 en el que perdiera la vida Luis Hernán Alvarez. Refiere que ese día siendo aproximadamente las 00,30 hs. el nombrado circulaba en el Barrio 3 de Febrero de Caleta Olivia en motocicleta y golpea con un cable de media tensión que se encontraba en la calle. Agrega que el nombrado se dirigía por calle Jáuregui a una velocidad prudencial y que la demandada debería responder en su carácter de guardián.
Entiende que Servicios públicos deberá responder en los términos del art. 1113 del Código Civil (vigente en ese momento), se explaya sobre la peligrosidad que representa la electricidad, la teoría del riesgo creado, la responsabilidad objetiva en cabeza de la parte demandada. Detalla los daños que solcita y su justificación, practica liquidación, ofrece prueba y funda en derecho.- A fs. 75/110 comparece el Dr. Omar Lazo en representación de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) a contestar la acción. Niega pormenorizadamente los hechos, relata las actuaciones realizadas en la causa penal, afirma que Alvarez no vivía con la actora y que sólo aportaba una cuota alimentaria. Sostiene que existe una causal eximente de responsabilidad por cuanto existiría culpa de la víctima.
Al respecto señala que ese día ocurrió un hecho fortuito, que había un gran temporal de lluvia y viento de enorme magnitud, que por su parte la víctima conducía en forma antirreglamentaria, conducía bajo la ingesta de alcohol y cocaína, contramano, sin carnet habilitante, sin casco, omitiendo todo tipo de precauciones, agregando que además las autoridades policiales le hicieron señas para detenerlo y desobedeció las mismas. Detalla la conducta de la víctima con cita de jurisprudencia acorde a su postura, cita las disposiciones legales que entiende incumplidas de la ley de tránsito. Concluye que la actividad culposa de la víctima ha sido la causa necesaria y el factor adecuado para la producción del evento dañoso.
Impugna los rubros indemnizatorios pretendidos; ofrece prueba, funda en derecho, hace reserva de la causa federal.- A fs. 165/166 se ordena la producción de las pruebas ofrecidas.
II. Producida la prueba, a fs. 761/771 se dicta sentencia de primera instancia que rechaza la demanda en su totalidad, exime de costas por haber tramitado un beneficio para litigar sin gastos, regula honorarios y determina la tasa de justicia.-
III. Disconforme con la sentencia el apoderado de la actora interpone recurso de apelación. Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Recibidos se ponen en secretaría para expresar agravios, y expresados por la parte actora son contestados por la demandada. Se dispone pasar los autos a estudio estableciendo el orden para ello.
En agravios la recurrente entiende que existió una lmitación al momento de valorar las pruebas producidas. Al respecto hace referencia al testimonio de Gonzalez que aclaró que la calle donde ocurrió el hecho fatal no se encontraba cortada, y agrega que si bien la víctima no obedeció la orden de detención de los policías, igualmente fue todo rápido y había poca luz; y la llegada de los policías había sido reciente sin que exista formalmente un corte de calle. En similar sentido hace referencia a la declaración del testigo Moreno, en cuanto refiere que se adelantó corriendo para llegar a la mitad de la calle Jauregui para hacerle señas que no prosiga debido a que el cable que colgaba del tendido eléctrico, y había poca visibilidad.
Lo que sostiene podría concluirse que la víctima no identificó debidamente a los oficiales, que el lugar estaba oscuro y que por temor pudo decidir continuar la marcha. También señala que el testigo Ramirez dijo que la línea estaba panseada a baja altura y era riesgosa y que el corte habíra sido por una falla de perdida de aislación de un aislador de apoyo. Lo que lo lleva a concluir que existió apreciación parcial de las pruebas. En esta línea de exposición también menciona los dichos de Victor Kuc y Juan Domingo Ortiz en sede penal, donde hacen referencia a falta de mantención en las línes y falta de reparaciones y son trabajadores de la demandada, conocedores en materia de energía y no fueron valorados.
Sostiene que yerra el Juez de grado al entender que las transgresiones efectuadas por Alvarez tuvieron entidad suficiente para romper el nexo causal y encontrar así acreditada la culpa de la víctima. Ya que las transgresiones invocadas podrían tratarse de infracciones o multas de tránsito pero no la causa eficiente en la producción del daño que estuvo dada por el corte del cable; que el exceso de velocidad no está probado en autos y el uso de casco no hubiese tenido ninguna injerencia en el resultado final. Seguidamente agrega que la motocicleta en sí no produjo daño alguno, sino que fue el cable de media tensión que se encontraba caído en la vía pública. Afirma que existió un virtual corrimiento en la valoración de la cosa riesgosa y no es posible admitir que existió un eximente de responsabilidad de la demandada por culpa de la victima.
Le agravia que ni siquiera se haya valorado una eventual concurrencia o disminución de responsabilidad. Cita jurisprudencia acorde a su postura. Por último se agravia por la imposición de costas e introduce apelación por honorarios tanto los de la actora por bajos como por altos los de la demandada.-
Al contestar los agravios la demandada sostiene que la actora hace un análisis parcial de la prueba producida en la causa, para llegar a una conclusión que se ajusta a sus pretensiones y se omitió referir a las demás pruebas que determinaron claramente la responsabilidad de la víctima en el evento luctuoso. Refiere a las investigaciones que se realizaron en forma inmediata al hecho y que se plasmaron en las actuaciones judiciales “CRIA. SECC. 1° S/ INVESTIGA MUERTE”, Expte. N° 7708/2012, en el Juzgado de Instrucción N° Dos, Secretaría N° 2 de Caleta Olivia y que se agregaron en carácter de prueba instrumental. Refiere que en dicha investigación se consignó que por análisis químicos se detectó reacción positiva en la detección de cocaína, ytambién consumo de alcohol (Sensibilidad: 0,05 Gr/Litro. RESULTADO: 0,950 g/l = 950 mg/l”); por lo que no puede decirse que las conductas de Alvarez sólo serían infracciones de tránsito. Agregando que la conducta de la víctima fue contundente en la realización del evento dañoso para haber sido responsable de lo sucedido. Refiere que el corte del cable se configuró un caso fortuito, con lo cual se fractura el nexo causal. Entiende que agrega en agravios un aspecto que se trataría de la falta de mantenimiento por parte de la demandada y que carece de prueba, sólo se basa en el testimonio de un dirigente sindical de Ate (Juan Domingo Ortiz); pero no existe prueba técnica que acredite la supuesta falta de mantenimiento. Invoca la situación del clima imperante en ese momento, de viento fuerte y lluvia y afirma que ello no puede ser imputable a la falta de mantenimiento, sino al poder destructivo de la naturaleza cuando se producen esos eventos, situación que fue reconocida expresamente por la actora. Sostiene que el Juez realizó una correcta interpretación de lart. 1113 el Código Civil y de las pruebas aportadas. Recuerda el estado de la víctima al conducir el motovehículo recordando las normas de tránsito aplicables a dichas faltas que se tiene presente, cita doctrina y jurisprudencia al respecto. Solicita se desestimen los agravios y se confirme la sentencia recurrida.- El Ministerio Pupilar entiende que no se debe confirmar la sentencia.-
IV. Ingresanto al análisis de los agravios propuestos cabe realizar algunas precisiones en las cuales se enmarca el caso traído a estudio. Al respecto tengo en cuenta que no se encuentra cuestionado que el accidente del día 18 de marzo de 2012 en que perdió la vida Luis Hernán Alvarez había una situación climática preocupante, ya que todos admiten la existencia de una tormenta de importantes dimensiones y el horario nocturno del evento dañoso. Asimismo habré de recordar que la actora demanda a Servicios Públicos por su responsabilidad objetiva, como guardián de la cosa, y por sus deberes de prevención y precaución; invocando ésta última la culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad.
El presente reclamo se realizó con fundamento en la norma del art. 1113 del C. Civil, cuando refiere a los daños causados por cosas viciosas o riesgosas, ello implica en favor de la víctima una presunción legal de causalidad, la cual sólo puede ser desvirtuada con la acreditación, por parte del dueño o guardián de esa cosa riesgosa, de la aparición en el caso de un elemento que genere la ruptura o alteración de ese vínculo causal adecuado. Tal como analiza el Juez de grado tanto el motovehículo en que dirigía Alvarez como la línea portadora de energía constituyen cosas riesgosas. Corresponde revisar el hecho dañoso en su totalidad, con los elementos que se han incorporado en autos a fin de valorar los agravios de la parte actora en cuanto a que la prueba fue apreciada parcialmente.
Discrepo con el recurrente en la forma que analiza el hecho, separando las cuestiones en cuanto a la conducta de la víctima de que constituirían meras infracciones. Por el contrario el hecho fue uno sólo, donde convergieron una serie de cuestiones en un único momento y debe ser analizado en su conjunto. En la causa penal, que fue ofrecida por las partes donde declaran los testigos referidos por la actora en cuanto a que Servicios Públicos no habría realizado las diligencias de mantenimiento resposables, debo señalar que además se agregó un informe de la demandada a fs. 662 y ss. donde da cuenta de que se había realizado el mantenimiento de estilo del tendido eléctrico, el protocolo de seguridad, el personal a cargo en caso de emergencia, etc.
Por su parte Oscar Ramirez, quien también declara en sede judicial a fs. 452/453 refiere ser empleado de la demandada, que estaba de guardia esa noche y que concurrió al lugar a los cinco minutos de ser informado del corte, a los fines de procurar una solución al problema. Ello se ve corroborado por el testimonio de Ariel González, quien a fs. 383 indica que llamó a Servicios Públicos y concurrieron enseguida. Kuc por su parte, declara en sede penal y refiere que no se habrían activado las protecciones de la línea, pero refiere que se hacían los mantenimientos y que es imposible saber cuando se va a pinchar un aislador (v. fs. 667). Por su parte la declaración de Ortiz, de fs. 742 quien dice que para él faltaba mantenimiento y que el accidente no se habría producido a causa de la lluvia, es la única prueba que no se encuentra corroborada por otro elemento en la causa, siendo un testimonio aislado en ese sentido, por quien se encontraba en ese momento como secretario gremial y tampoco fue testigo directo del heho en cuestión.- Por otra parte la conducta de la víctima entiendo que ha sido debidamente analizada en la sentencia en crisis.
A saber se probó en éstos que Alvarez circulaba contramano, habiendo consumido alcohol y estupefacientes (v. inf. fs. 114/116), desoyendo la orden policial de detenerse (testimonios de fs. 301, 383/384, 628). A lo que puede agregarse la falta de casco y carnet de conducir habilitante(inf. fs. 441).Se ha decidido en este aspecto que "La falta de la licencia habilitante para conducir debe ser apreciada, en función de las circunstancias del caso y considerando si tal infracción se configura respecto a una persona que reunía las condiciones exigidas por la reglamentación o por quien carecía de ellas." (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: I, G.
J. A. y otro c/ T. M. y otro s/ ordinario - daños y perjuicios - accidentes de tránsito - recurso de apelación, 29 de marzo de 2007, Colección: Fallos, Cita: MJ - JU-M-11410-AR|MJJ11410|MJJ11410). En el caso el Municipio informa que nunca tuvo carnet de conducir lo que da cuenta que no se puede tener por acreditada la idoneidad suficiente de la víctima a los fines de conducir un motovehículo, circunstancia que es totalmente imputable a su accionar (arts. 13 y 14 ley 24449). La circunstancia de conducir bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes por parte la víctima origina una presunción grave de culpabilidad pues es sabido que ello altera severamente la posibilidad de reacción de las personas, sobreestimación de las propias capacidades, subestimación del riesgo, lentificación en los tiempos de reacción, entre otros efectos.
El hecho de circular en sentido contrario a la arteria e ignorar las señales de desvío y precaución realizadas por los agentes policiales constituyen además una imprudencia e impericia en la conducción del motovehículo, que por su parte también constituye una cosa riesgosa (arts. 39, 40, 48 y ccs. ley de Tránsito). En virtud de estas consideraciones entiendo equivocado el razonamiento del recurrente en cuanto a que ello constituirían meras infracciones. Se ha decidido en este tema que "...habiendo quedado acreditado que la conducta de la víctima ha influido causalmente en el momento de producirse el hecho generador de los daños que alega, ésta se ha expuesto al daño propio que pudo evitar de haber respetado las normas de tránsito, y haber tomado las prevenciones que las circunstancias exigían....y por ello, incumplió también la obligación de circular con cuidado y prevención, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito....La culpa de la víctima debe estar demostrada en forma clara y convincente, se requiere de razones que no impliquen meras conjeturas, para desplazar total o parcialmente la responsabilidad objetiva que establece la norma..." (Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario, Pavon Pedro c/ Beron Marcelo y otro s/ daños y perjuicios, 1 de diciembre de 2015, Fallos, Cita: MJ-JU-M-98113-AR|MJJ98113|MJJ98113).- En esta línea de exposición y realizando un análisis integral de la prueba pone de resalto el desprecio por su propio cuidado que evidenciaba la víctima de autos; quien realizó una maniobra imprudente e irresponsable conduciendo su motovehículo de noche, con tormenta de viento y lluvia, contra la mano indicada en la arteria y esquivando al personal policial que le indicaba que no avanzara por existencia de peligro, coincidiendo en que el Juez de grado se expidió conforme a derecho.
Por esta razón concluyo que el agravio con relación a las costas tampoco puede prosperar por tratarse de la imposición al vencido en juicio, no obstante que en el particular la actora cuenta con beneficio para litigar sin gastos.-
V. Honorarios. Entiendo ajustado a derecho y a las pautas legales el monto fijado en concepto de honorarios, que el recurrente cuestiona. Estos se han ajustado a los parámetros de la ley en la materia vigente en el momento del dictado del fallo, se tuvo en cuenta el monto pretendido en la demanda y su actualización conforme la ley arancelaria. Entiendo que los mismos deben ser confirmados si mi voto es compartido.
VI. Las costas de esta instancia deberán ser soportadas por la recurrente vencida (art 68 del Código Procesal).
VII. Corresponde regular los honorarios del Dr. Gustavo Stobbia en la suma de $270.000 y del Dr. Pedro Omar Lazo en la suma de $ 300.000 por la labor desempeñada en esta instancia, dejando constancia que la misma no contiene IVA (arts. 24 y ccs. ley 3330)
Por las razones expuestas entiendo que la sentencia es justa y el recurso no debe prosperar. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que desde ya adelanto que discrepo con la conclusión a la que llega mi distinguida colega tras el análisis de los agravios que realiza y coincido con el Ministerio Pupilar en su dictamen dentro del sistema en PDF CVI00004940. Comparto con la Dra. Bard el resumen de la causa, de la sentencia, de los agravios y su contestación que, por lo correcta, me es suficiente y me remito a ella a fin de ingresar por mi parte de lleno al examen de los agravios. Esa tarea me lleva a una conclusión distinta.
Creo que se debe comenzar por colocarnos, en primer término, dentro de la escena del hecho dañoso. Ello tiene, a mi modo de ver, importancia para comprender que pasó y como y porque de la injusta muerte de Luis Hernán Álvarez. Nadie a discutido que esa noche cerca del cero horas estaba lloviendo: así son contestes los testigos Kuc fs. 667 vta., Álvarez fs. 668 vta. Chandia fs. 301 y 385, Pintos fs. 302, Ramírez fs. 452 y vta. Por ello el escenario es distinto que, un buen día, a pleno sol.
Por otro lado, hubo un corte de energía en la zona que los testigos estiman ocurrió a las 22 hs (testigo Chandia) o Maizarez a las 23:30 (fs. 649) y que era oscuro (todos los testigos). Incluso se lo reconoce en el pliego de posiciones para absolver por la actora (ver posición nº 16)
El corte de energía obedeció a un cortocircuito por rotura de uno de los aisladores debido a la lluvia que determinó el corte del cable (ver en fs. 626 acta de inspección ocular en la causa penal, donde así lo indica al instructor Víctor Kuc y acta de secuestro de fs. 643) que quedó suspendido a un metro del asfalto cruzando la calle (testigo González fs. 383), cual una trampa para quien pasara en la oscuridad.
No se trataba de una línea de baja tensión (220/380 volt.) generalmente aislada. El testigo Kuc nos dice en la causa penal que era un cable de media tensión (fs. 667 vta.) o LMT. El testigo Pinto más preciso indica que correspondía a una línea de 13.200 volts (Dentro del rango de las LMT), corroborado por las constancias de fs. 643. Es de por sí un elevado voltaje, y las pruebas al canto, con el daño causado a la víctima y como fundió la línea.
Bonet, “Medicina Legal” 2ª edición nos refresca lo aprendido en los cursos de física de la escuela secundaria: la clasificación de la electricidad industrial en baja, media y alta tensión para la corriente continua, la tensión eléctrica medida en el voltio, la intensidad medida en amperio, la resistencia del conductor medida en ohmio, la conductividad. Debemos recordar para estudiar el efecto lesivo de la corriente eléctrica la ley de Ohm, el efecto Joule (el paso de una corriente a través de un conductor produce calor p.ej. una plancha o un tostador de pan) y la ley de Joule.
En el cuerpo humano (que es conductor) la electricidad toma no el camino más corto sino el de menor resistencia y mayor conductividad por ello toma la vía sanguínea y llega al corazón y al rombo encéfalo y mata por fibrilación. Puede presentarse como contacto unipolar (toca un conductor y deriva a tierra después de atravesar el cuerpo) bipolar (entre dos conductores y en contacto con tierra) o por arco eléctrico.
Luego de estas reminiscencias, útiles para entender que pasó, se debe determinar porqué se cortó ese cable, lo que nunca debió ocurrir. Se trata de una línea desnuda de aluminio de un apreciable grosor: 35 mlm2, que carece de aislación, como podemos observar en las LMT de ciudad y en las fotos de fs. 655 661 y sobre todo se constató a fs. 643 y 643 vta. Si bien el aluminio no es tan buen conductor como el cobre, por tener mayor resistencia motivo por el que es más grueso. Pero se lo usa, como es lógico, por ser más económico y evitar el vandalismo.
En el acta de inspección ocular (ver fs. 626), presente el jefe de departamento de distribución de Servicios Públicos el Sr. Víctor Kuc (quien declaró como testigo en la causa penal- fs. 667) indicó al instructor que la columna de hormigón de media tensión denotaba la caída de un cable de aluminio correspondiente a una fase de la línea y que “la misma se habría cortado producto de la rotura de un aislador debido a la lluvia quedando el mismo suspendido sin lograr tocar tierra” (ver fs. 626). En la causa penal se secuestraron pedazos de ese cable (ver fotografías de fs. 666 y acta de fs. 643) donde se puede apreciar claramente que se encuentran fundidas las puntas corroborado por la constatación de fs. 643 y 643 vta.
Además, se había secuestrado por la instrucción un fragmento de aislador perteneciente a columna de electricidad (fs. 34) con signos de fuga de corriente el cual hace una puesta a tierra (ver fs. 643 in fine). Tenemos pues, como escenario de esta tragedia, una línea media tensión, que según el testigo Pinto transmitía 13.200 volts. No hay que ser técnico para saber que ese voltaje vuelve peligrosa la línea, (en la silla eléctrica el condenado recibe descargas oscilantes entre 250 y 2500 voltios- Bonnet obra y tomo citado pág. 580), con mayor razón es peligrosa si se trata de cable de aluminio sin aislación o desnudo. La medida de seguridad que se toma con las LMT es la de llevarla a mayor altura que las líneas de baja tensión.
Además, se informa a fs. 662, que la línea está protegida por un equipo “muy eficiente” SEPAM 1000 marca SCHNEIDER ELECTRIC y cada estación cuenta con seccionadores tipo KEARNEY y descargadores por sobretensiones (cortocircuitos entre fases, caída de rayos ver fs. 665). Pero el sistema falló, como declaró el testigo Oscar Ramírez, a quien citaré más adelante. Aclarado ello cabe volvemos sobre la pregunta de porqué se cortó la línea y quedó suspendida a un metro de la acera cruzando la calle. El testigo Kuc es parco y sostiene que “se había cortado producto de la rotura de un aislador debido a la lluvia quedando el mismo suspendido sin lograr tocar tierra”. Pero para cortarse algo más debió pasar que no explica el testigo.
Y es que, estando roto el aislador, por la lluvia y la columna de hormigón mojada se hace un puente a tierra y se funde (ver fs. 643 in fine). Quien más o quien menos ha visto como cuando se produce un cortocircuito los cables se cortan, quedan fundidos. Con mayor razón a 13.200 volts. Y lo advertimos, como señalamos, en las fotos de fs. 666 y se corrobora a fs. 643 y 643 vta. Era responsabilidad de S.P.S.E. el mantenimiento de las líneas, los aisladores y los sistemas de protección para evitar precisamente que la línea entre en corto, se funda y caiga. La lluvia facilitó que al ingresar el agua al aislador hizo el puente que permitió el corto y la fundición del cable de aluminio. Ese corto debió ser detectado por los controles.
El propio informe de fs. 622 explica que el “eficiente” equipo SEPAM 1000 al detectar una falla franca actúa en milisegundos y existe personal de la empresa que constata la anormalidad. Pero el sistema no funcionó.
Por otro lado, el agua de lluvia que ingresó en un aislador no puede ser equiparado a causas climáticas extraordinarios o impredecibles que produjeran fallas o roturas en las instalaciones, que se invoca como eximente a fs. 141 vta. con apoyo en el art. 6º inc. e) del reglamento para el suministro de energía eléctrica. Los aisladores no tienen que estar rotos para cumplir su función. Pero por otro lado ese reglamento puede invocarse contra un cliente de la empresa, pero no contra una persona que circula por la calle.
La peligrosa trampa que actuó como una silla eléctrica, fue advertida por los vecinos quienes cortaron el paso para evitar riesgos. Y según expresa Noemí Alejandra Maizares al declarar en comisaría: “mientras estábamos cortando la calle otra vecina llamó por teléfono a Servicios Públicos” (fs. 649) pero agrega después de relatar la intervención que tuvieron los policías (González y Moreno) que “A los 10 o 15 minutos aproximadamente llegó una camioneta de servicios públicos, habló con los policías, no se bajaron de la camioneta y se fueron por la calle Azcuénaga. Ello es corroborado por el testigo Ariel Nicolás González al responder a la 10 pregunta a fs. 383. Puede haber sido el testigo Oscar Ramírez empleado de SPSE (ver fs. 452 y vuelta), según su declaración, quien pasó por el lugar y al que se refieren los testigos. Sin perjuicio de volver sobre el examen del hecho vemos que, así como le toco la mala suerte de caer en la trampa a la víctima quien circulaba en moto, es cierto con alcohol en sangre, bien le pudo tocar la misma suerte a un menor, a un trabajador o trabajadora que volviera en la oscuridad a su domicilio, sin que a ellos se les pudiera imputar que lo hacían contramano o no lúcidos. Si analizamos los precedentes jurisprudenciales advertimos que muchas personas han visto truncada su vida en iguales circunstancias.
El testigo Oscar Ramírez (fs. 452/453) empleado de la demandada que estaba de guardia en el turno de 00:00 a 06:00 afirma haber llegado al lugar a la 00:20 hs aproximadamente y dice que: “encontré la línea de media tensión, la fase “S” cortada, caída haciendo chispa sobre la línea de baja tensión, lo llamo al supervisor por teléfono le comunico que se había cortado la línea que estaba la fase a tierra y no había saltado la protección del interruptor (era una noche lluviosa), le solicité que hay que cortar la línea desde el centro distribuidor…”. Este testigo, calificado por su trabajo, al contestar la quinta pregunta nos relata lo que es obvio y todos sabemos: “Si era riesgoso estaba panseada (sic) la línea a baja altura en las dos esquinas, y era riesgoso porque estaba con tensión”.
Y este testigo además nos aclara que debió buscar a Pintos en la calle Beguín entre Estrada y J. J. Paso, quien le dice que lo lleve a su domicilio en el barrio 2 de abril para buscar la llave del centro distribuidor y que lo llevó allí para realizar la maniobra (fs. 452 vta.) es decir que no había guardia alguna en el centro distribuidor para estas emergencias y Pintos no tenía la llave con él. Establecido ello, vemos que se trataba de una línea de media tensión de aluminio desnudo, de propiedad de la demandada, que, como propietaria de una cosa riesgosa debe arbitrar los medios para que quede fuera del nivel de la gente o de vehículos. Y, además mantener las medidas de protección que corten la corriente en milisegundos.
Y Ello no ocurrió. La demandada pretende que los sistemas de protección no actuaron por no existir puesta a tierra (fs. 662). Pero ello no es cierto. La fase estaba a tierra, nos informa Oscar Ramírez, sobre la línea de baja tensión. Y, aún enredado en los árboles, en día de lluvia hace tierra, toda vez que, si bien la madera seca es aislante, viva es conductora, sobre todo mojada por la lluvia. Por ello se determina que no solo la línea era de S.P.S.E. sino que la instalación tenía vicios no sólo porque un aislador roto permitió el corte de la línea, que, a un metro de la acera se volvió muy peligrosa, sino por que el sistema de protección no cortó. Quiero entender que el sistema SEPAM 1000 trabaja por diferencias de intensidades como los disyuntores diferenciales, que el reglamento se impone a cada instalación domiciliaria (ver fs. 87 punto 6).
Para completar la escena la trampa estaba armada, habida cuenta que, además de lluvioso, estaba oscuro, como indican los testigos e ilustran las fotos de la causa penal.
Otro de los aspectos que han sido mal interpretados respecto de la víctima era que no respetó un corte de la calle y eludió a los representantes de la autoridad que lo estaban realizando antes que llegara al cable. Sobre el particular creo que la única y más importante declaración que tenemos que tomar en cuenta, es la del oficial Ariel Nicolás Gonzáles, en sus dichos concordantes en comisaria (fs. 6289) y en esta causa a fs. 383/384. El testigo repite en esta causa varias veces que no estaba cortado (fs. 383 vta. in fine); “primero que la circulación no estaba cortada…” (fs. 384 respuesta a la décima) y lo reitera al contestar la décimo primera “… vuelvo aclarar que la calle no estaba cortada” y al responder a la vigésimo séptima contesta “Nosotros no estábamos cortando el tránsito, nosotros llegamos ante esta situación e intentamos detener la marcha del conductor pero sí lo esquivó y se chocó el cable, pero una cosa es estar haciendo un corte que a la distancia se identifica y otra es llegar casi juntos al lugar.” (fs. 384). El Oficial González pertenecía a la comisaría 3ª y su asistencia fue pedida por los vecinos, y la prestó, sin perjuicio de la posterior intervención de la Comisaría 1ª. Cortó la calle en Azcuénaga y J. J. Paso, en sus dos extremos en un primer momento con dos de sus efectivos. (ver fs. 383 y 383 vta.) Antes aclaró al responder el pliego de la actora que solicitó la presencia de un móvil de servicios públicos que llegó y se retiró dejando todo como estaba respuesta a la décima (fs. 383).
Pero, que pasó en Jáuregui y J. J. Paso conforme los dichos de este calificado testigo, que es mal interpretado. Al responder la segunda pregunta de la demandada nos lo relata en estos términos después de referir lo que paso en Azcuénaga y J. J. Paso:“… posteriormente se acerca una persona y nos da aviso de que en la calle Jáuregui había un cable tendido cruzando la calle, inmediatamente me dirijo hacia el lugar con el Agente Moreno y antes de llegar a la esquina escuchamos que por calle Jáuregui venía una moto a contramano, observando con la luz de la moto que el cable se encontraba tendido en la calle a un metro de altura aproximadamente, ante tal situación corremos hacia el lugar, intentamos hacerle señas al conductor mediante señas de luces con linternas, pero no se detuvo y chocó el cable, llevando el cable hacia donde estaba yo, donde logro esquivarlo y se lo lleva a la rastra unos quince o veinte metros….” Al responder a la pregunta 14 explica: “… no nos obedeció, pero fue todo muy rápido igual. Es más no se si siquiera nos alcanzó a reconocer como policías, nosotros tenemos uniforme negro, no había luz. No nos obedeció, pero no se si nos alcanzo a reconocernos.” Y al responder a la 15ª “… nosotros intentamos de todas formas que detuviera la marcha, incluso poniendo en riesgo nuestras propias vidas”. A la 17ª dice: “No se si nos alcanzó a distinguir, nosotros llegamos casi al mismo momento en que él llegaba a la intersección de la calle”. El agente Mario Alberto Moreno en Comisaria corrobora a fs. 629 la declaración del Oficial González.
Como se advierte queda desvirtuada la desobediencia de la víctima a un corte realizado por la autoridad. La moto y los policías avanzan en direcciones contrarias al encuentro del cable caído. La víctima quizás ignorante del peligro y los segundos con la intención de impedirle el triste final. Tanto es así que al arrastrar la moto el cable, González debe esquivarlo para no correr igual suerte. Sólo González y Moreno trataron de evitar la embestida a la LMT cargado con sus impresionantes 13.200 volts.
Quiero señalar que, desde su declaración en comisaría, el testigo Ricardo Omar Chandia parece tener una particular inquina contra la víctima y el deseo de destacar la importancia a su actuación. Ello quita crédito a sus dichos. Dice que le pego el grito a los policías que venía la moto, que el servicio público alumbraba, que fue él quien lo saco de debajo de la moto, que cuando llamó el móvil llegaron los electricistas, que le dio lástima el policía por querer esquivar se pegó en la pierna y califica de “el pendejo de mierda ese” por querer meterse en contramano y no hacerle caso a nadie, y después “un olor a vino” había dejado ahí el pendejo, como si hubiera podido distinguir el olor a vino del olor de la carne chamuscada (ver autopsia (fs.653/654). Olor por otra parte que no declaró en Policía. Por eso no lo considero testigo confiable. Respecto del test drug-chek positivo a la detección de metabolitos de cocaína, es de valor relativo por cuanto no puede señalar lo reciente o no del consumo, la cantidad o calidad, o si en realidad se trata de coqueo del norte del país y que en las provincias del norte o Bolivia se usa para mantenerse alerta.
Las faltas a las normas del tránsito que se le atribuyen a la Alcoholemia positiva, el venir a contramano, sin casco y sin licencia, pueden influir en la sentencia y se deben tomar en cuenta si Luis Hernán Álvarez hubiera participado en un accidente de tránsito perjudicando a terceros, no en estas circunstancias. Pero su muerte obedeció al choque contra una línea de 13.200 voltios que cruzaba la calle a un metro de altura, en una noche oscura y lluviosa en un lugar donde no puede ni debe existir ese tipo de trampas. De la misma manera la víctima pudo haber muerto si pasaba caminando y chocaba con el cable, como pudo caer en la trampa otra persona o un animal. Para evitar morir a esa trampa debió equipar su motocicleta con un símil de jaula de Faraday que lo protegiera de las líneas con media tensión que crucen la calle. Luis Hernán Álvarez violó reglas de tránsito, es cierto, pero ello no causó daños a terceros, y no hubiera fallecido si una LMT no termina con su vida al cruzar una calle a un metro del suelo donde nunca debió estar, a pesar de las buenas intenciones del Oficial González y el agente Moreno. Y digo buenas intenciones pues me pregunto sí, al hacerle señales con la linterna, no disminuyeron su visión y le dificultaron identificar a quienes las portaban o a la línea; como cuando somos enfrentados en la ruta con otro vehículo que no baja las luces. Nunca sabremos si alcanzó a identificar a los policías como tales, pues no sobrevivió para contarlo. Sobre la velocidad, sólo tenemos estimaciones de algunos testigos. Quizás con una menor velocidad y sin alcohol en sangre hubiera tenido un mejor dominio y hubiera evitado esa trampa mortal.
Por ello le asigno un diez por ciento (10%) de culpa concurrente a la víctima en este accidente y el noventa por ciento (90%) a la demandada, como dueña y guardiana de la red eléctrica de la ciudad, por los vicios señalados, sin los cuales nada hubiera ocurrido. Es responsable conforme el art. 1113 del Código Civil aplicable en el caso por la fecha del hecho. Rechazo así parcialmente la defensa de la demandada en cuando invocó culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.
IX. Como adelanté, comparto la vista del Ministerio Pupilar dentro del sistema digital (PDF CVI00004940) y llego a una conclusión contraria al rechazo de la demanda. En este estado del razonamiento debo examinar la procedencia de los rubros reclamados, que no fueran examinados en la sentencia. Respecto de la legitimación activa tenemos que la actora, para reclamar por su propio derecho, invocó el carácter de concubina de Luis Hernán Álvarez mediante el instrumento de fs. 69 realizado con anterioridad al fallecimiento de éste, que se ve corroborado por el nacimiento de tres hijas habidas de su unión con el causante (ver partidas de fs. 67/68) en una demostración de duración de la relación que comenzó cuando la actora tenía 14 años y el padre de las niñas 17 años, a estar a lo que surge de las partidas de nacimiento de éstas y la voluntad de ambos padres de asignarle el doble apellido materno y paterno que es un indicio de proyecto de vida. Por otro lado, como madre de las niñas F.A.; L.M. y M. N., todas de apellido Álvarez Ocampo, está legitimada para representar a sus hijas reclamando la indemnización de daños y perjuicios por la muerte de su padre.
Negó la demandada que la actora fuera concubina con la víctima, que tuvieran el mismo domicilio y que ésta colaborara con la actora. Tenemos a fs. 69 una declaración jurada testimonial en el Juzgado de Paz para acreditar que vive en unión de hecho (concubinato) con el Sr. Luis Hernán Álvarez desde el año 2005 que es corroborada por dos testigos que firman ante el magistrado. Esa declaración se formula el 5 de diciembre de 2010 lo que descarta que se la haya realizado para pre-construir prueba para esta demanda. La existencia de parejas que tienen un proyecto de vida en común pero que no celebran matrimonio constituyen una realidad social mundial y en nuestro país casi el 40% de las familias no se encuentran unidas en matrimonio, y tenemos por otro lado muchas formas de organización familiar que incluso no pasan por convivir. En muchos países se ha regulado esta forma de organización familiar y el Código Civil y Comercial ha legislado expresamente las uniones convivenciales para este grupo de personas dejando de lado la carga peyorativa del término concubinato y reemplazándolo por la noción de uniones convivenciales. El art. 510 del Código Civil y Comercial le reconoce ahora efectos jurídicos cuando mantienen la convivencia durante un período no inferior a dos años ampliamente superado en el caso. Se alcanza a acreditar, a mi entender, la unión afectiva singular, notoria y pública y estable con el nacimiento de tres hijas.
Muchas legislaciones han reconocido derechos a los concubinos. La ley de locaciones 23.091 permitía continuar la locación en caso de fallecimiento del locatario a quien acredite haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familia. La ley 24241 incorpora como beneficiarios de la pensión a los convivientes y la LCT modificada por ley 21.297 acuerda a la concubina el derecho a percibir la indemnización por muerte del trabajador. El art. 14 bis de la Constitución Nacional establece que el estado establecerá: “… la protección integral de la familia…” y no podemos interpretar que esa protección está limitada al matrimonio. El art. 1741 del Código Civil y Comercial, admitiendo la jurisprudencia sobre el tema le otorga legitimación a “…y a quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible…” Ya un clásico precedente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re “MORRIONES, Paola Angélica c/ SADE SACCIFIM s/ accidente de trabajo” en sentencia del 29 de septiembre de 1998, registrada al TOMO VII- SENTENCIA TSJ registro 243 folio 1317/1326 había fijado como doctrina casatoria la legitimación de la concubina en estos términos:
“Que delimitada la cuestión, la concubina se encuentre legitimada para accionar por daños y perjuicios por la muerte de su compañero estando esta legitimación reglada dentro de los términos del art. 1079 del Código Civil, el cual debe ser interpretado en función de la amplitud que emerge tanto de sus propios términos (“… no sólo…” y “…sino respecto de toda persona…”),como de la situación existencial que define, la norma legitima literalmente a “toda persona”, enmarcando 'posibilidades amplísimas, en que cualquier exclusión es propiamente contradictoria' (conf. SCBA nov. 12-991, L.L. t. 1992-B-171; adviértase que la doctrina jurisprudencial citada 'ut supra', se tiende a separar una concepción formalista y estrecha del derecho subjetivo, que crea una distancia injusta entre los hechos y el derecho, destacando que la generosidad con que se contempla la hipótesis tiene un hondo significado axiológico, ya que se trata de dar respuesta al agravio inferido por la ley, imputable y dañoso, respuesta en términos de la ley civil, debe comprender el mayor número de casos para evitar el desamparo (arg. art. 1 del Código Civil, L.L. t. 1992-B-174) … El derecho no está en la ley sino en la vida. Y entonces, el daño de la mujer que por muerte de su compañero queda privada de la protección que él le deparaba-también bien jurídico por cierto-titulariza con legitimidad suficiente un interés jurídico para recabar resarcimiento de quien fue culpable de aquella muerte… (con cita de Bidart Campos en “La base constitucional del derecho indemnizatorio de la concubina por la muerte del compañero en accidente de tránsito” E.D. 133-795) La doctrina del Tribunal Superior de Justicia permite aceptar la legitimación de la actora Mariela Azucena Ocampo en su reclamo por propio derecho por la muerte de Luis Hernán Álvarez, pues con una visión de genero, tengo por probado la unión de hecho conforme lo expuse más arriba. Resulta pues una cuestión abstracta expedirme sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil. Están legitimadas también sus hijas, y por probadas las fechas de nacimiento de las tres a mérito de las copias certificadas notarialmente de fs. 67/70.
Al demandar se informó que el occiso trabajaba en la Cooperativa de Trabajo “EL OLIMPO” (fs. 48 vta.) con un ingreso de $ 3.800 aproximado. El apoderado de la parte actora a fs. 573 desiste de la prueba informativa dirigida a esa cooperativa por haber sido disuelta la oficiada y no contar con documentación alguna de la misma. Pero la propia demandada trajo a fs. 345/356 copias de la demanda que promovieron los padres de Luis Hernán Álvarez, invocando ser herederos forzosos (sin tener en cuenta el art. 3567 del Código de Vélez Sarsfield). Ellos denuncian también el trabajo en esa cooperativa y que su hijo, con sus ahorros, adquirió el motovehículo con el que sufre el mortal accidente. Ello corroboraría el trabajo del causante invocado en esta demanda, pues no puede presumirse que los padres ignoraran el trabajo de su hijo, ni que quisieran prefabricar prueba para esta litis. Pero, debemos presumir, ante la falta de prueba del real ingreso, que el occiso estaba en condiciones de percibir,por lo menos, el salario mínimo vital y móvil que se tomará como base a los fines del cálculo y que a esa fecha era de $ 2.300. Que, establecidas estas bases, la legitimidad de las reclamantes y la responsabilidad de la demandada en un 90% de las consecuencias dañosas reclamadas, analizaré cada uno de los rubros reclamados.
DAÑO MATERIAL POR LA MUERTE DE LUIS HERNÁN ÁLVAREZ PARA SUS HIJAS: A estos fines rechazo las argumentaciones de la demandada y entiendo procedente la utilización de la fórmula Vuotto como una manera de estimar el valor de la pérdida. A ese efecto se tomará en consideración la edad de cada una de las niñas hasta llegar a la mayoría de edad de 18 años como se reclama a fs. 49. Del salario mínimo vital y móvil que tomamos a falta de prueba del real ingreso y sobre la base de un 90% de responsabilidad de la demandada se sacará un 50% que se estima utilizaba Álvarez para su propia subsistencia y necesidades y colaboración a su concubina y el otro 50% dedicado a las necesidades de sus hijas, por partes iguales. Sobre la basa del Salario Mínimo Vital y Móvil cada una de las hijas recibiría de su padre $383,3 que utilizaré en la Fórmula Vuotto. Debe calcularse por separada la indemnización a cada una de las hijas en atención a la distinta edad de cada una de ellas y el cese a los 18 años como se pide. Así tenemos:
M. N.; nacida el 8 de abril de 2006 es decir que contaba a la fecha de fallecido su progenitor 5 años 9 meses es decir que se debe indemnizar conforme la fórmula Vuotto (descarto la propuesta por la parte) por un período de 12 años y un mes igual a 12 x 13 + 1 = 157 meses. Obtenemos $59.757,12.-
L. M. nació el 6 de enero de 2008 y tenía a la muerte del padre cuatro años y dos meses y dos días. Conforme Vuotto se debe indemnizar 13 años y 10 meses o sea 186 meses y se obtiene una indemnización para ella de $68.413,99.-
F. A. nació el 21 de septiembre de 2009 por lo que a la muerte de sus padres tenía, redondeando 2 años 6 meses por lo que se debe indemnizar 194 meses. La fórmula Vuotto nos da una indemnización de $76.675,12.-
INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MATERIAL POR MUERTE PARA LA ACTORA MARIA AZUCENA OCAMPO: Entiendo prudente la estimación de la actora en su demanda de un aporte del occiso de un 20% de sus ingresos a su concubina, que si bien se encontraba sin trabajo al iniciar la demanda, del beneficio de litigar sin gastos agregado se desprende que lo hacía en la Cooperativa de Trabajo perteneciente al Hogar de Ancianos (informe de la licenciada Aburto a fs. 23 del beneficio) hasta quedar cesante como socia de la cooperativa en 2012. No comparto la fórmula propuesta habida cuenta que, al jubilarse el Sr. Álvarez habría compartido con él la jubilación y de fallecer tendría derecho a la pensión. Por ello considero más justo la aplicación de la fórmula en uso en la jurisdicción, hasta los 65 años de la víctima y demás parámetros.
Lo cierto es que la actora tenía una expectativa de una unión duradera con quien tuvo tres niñas a las que adicionaron el apellido materno. Tan legítima esta expectativa como la que puede tener cualquier esposa. Partiendo de la base del salario mínimo vital y móvil el porcentaje de responsabilidad de SPSE y la edad de Luis Hernán Álvarez, y tomando un 20% del salario de aporte a la actora, utilizando la fórmula Vuotto, obtenemos un crédito a favor de la actora de $81.938,50 PERDIDA DE CHANCE DE LAS NIÑAS ÁLVAREZ OCAMPO: Se peticionó la indemnización por daño material calculada hasta los 18 años de cada una de ellas. Pero cualquier hijo cuenta con el derecho a alimentos hasta los 21 años conforme el art. 658 del Código Civil y Comercial e incluso hasta los 25 años en caso de que se capacite, si sus estudios o preparación profesional le impide proveerse de los medios necesarios para sostenerse independientemente, conforme lo establece el art. 663 del mismo Código.
Es decir que todas ellas contaban con la chance cierta de poder exigirle alimentos al padre hasta los 21 o 25 años según estudio o no. Por ello entiendo justo y equitativo establecer la indemnización por la chance perdida a valores actuales en la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) a cada una de ellas, por el 90% de responsabilidad de SPSE. Esta suma al ser actualizada, será incrementada con intereses desde el hecho y hasta este pronunciamiento, a la tasa del ocho por ciento anual, y de allí en adelante a la tasa establecida para los otros rubros. DAÑO PSICOLÓGICO DE LAS NIÑAS ÁLVAREZ -OCAMPO: Si bien se había estimado el monto del rubro fue “de acuerdo a las probatorias a recabarse en autos” lo cierto es que se desistió de la prueba psicológica (fs. 568) y que no se realizó respecto de ellas la pericia Psiquiátrica por las razones expuestas por el Dr.
Monzón a fs. 530. Habida cuenta ello corresponde rechazar este rubro.
DAÑO PSICOLÓGICO Y PSÍQUICO DE LA ACTORA: En la demanda se ha identificado el daño psicológico y el daño psíquico. A fs. 568 se desistió de la prueba psicológica. El Dr. Monzón tras entrevistar y examinar a la actora expresa, después de ponderar que la Sra. Mariela Azucena Ocampo le manifestó que concurre al Centro Virgen del Valle a sesiones por psicología, concluye que no padece de patología psiquiátrica en curso (fs. 540) y tras explicar que el “daño psíquico” no es una entidad nosológica de la psiquiatría y es una creación jurídica dentro de los daños patrimoniales concluye:
“por lo que la Sra. Mariela Azucena Ocampo, no presenta signos y síntomas compatibles con patología psiquiátrica, no presenta Depresión, no presenta Trastorno por Estrés Postraumático, no presenta trastorno de Ansiedad, no presenta Psicosis. No presenta la entidad de Daño Psíquico al momento del examen.”
Luego corresponde rechazar este rubro por no haberse acreditado el daño cuya reparación se reclama.
DAÑO MORAL: Hoy día designado con mayor precisión por el nuevo Código Civil y Comercial como consecuencias no patrimoniales en el art. 1741. El daño moral o consecuencias no patrimoniales se ha caracterizado como una lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimiento físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas íntimas insusceptibles de apreciación monetaria entre otras definiciones. Por ello es inasible para terceros pues sólo cada persona puede conocer la amplitud del dolor, molestias o agravios y debemos manejarnos con la generalidad de las personas.
Si bien el nuevo código no es aplicable en este caso, que se rige por el redactado por Vélez Sarsfield, si nos está dando una pauta, ya no es más el precio del dolor, que no lo tiene, sino que se lo considera el precio del consuelo procurando mitigar el dolor a través de bienes que produzcan placer y al disipar la tristeza o la desazón de los afectados. El nuevo código nos está dando pautas más claras que el prudente arbitrio judicial.
Es difícil en la situación de la actora que informa la licenciada Aburto en el beneficio de litigar sin gastos que agrava la angustia por la pérdida. Por ello considero justa la suma, a valores actuales, de un millón de pesos ($1.000.000) que le permita paliar el problema habitacional o, de tenerlo solucionado en la actualidad, invertirlo en viajes con sus hijas y cubrir necesidades.
Respecto de las niñas entiendo que a los fines de obtener satisfacciones sustitutivas y compensatorias tales como celulares, computadoras, ropas, juegos o vacaciones. Resulta difícil para mi establecer que satisfacciones son compensatorias para niñas de esa edad, pero creo que puede cumplir ese rol la suma, a valores actuales de quinientos mil pesos ($500.000) para cada una de ellas que cubren el 90% de responsabilidad de SPSE. Este rubro, con más sus intereses calculados, como valor actualizado, a la tasa del ocho por ciento anual desde la fecha del hecho hasta este pronunciamiento y de allí en adelante a la tasa establecida para los otros rubros.
INTERESES: adelanté en los rubros daño moral (consecuencias no patrimoniales) y pérdida de chance, calculados a valores actuales que, hasta la fecha de la sentencia y desde el día del hecho se calcularán a la tasa del ocho por ciento anual.
Los intereses del daño material se deberán calcular a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina. Entiendo que en esta causa no tendré oposición de mis colegas en el Acuerdo toda vez que el tratarse de un largo periodo es el más beneficioso para las víctimas como ya lo resolvimos en algún expediente donde se dió esta circunstancia.
COSTAS: En función de lo dispuesto en el art. 278 del CPCC si mi propuesta es aceptada por el Acuerdo se deberá adecuar la condena en costas y el monto de los honorarios en la etapa de ejecución. Por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC las costas deben imponerse a la demandada por su condición de vencida.
X. Por estas consideraciones y con el limitado alcance fijado en los anteriores considerandos respondo en forma negativa a la primera cuestión sometida a consideración del Acuerdo, por entender que la sentencia en crisis no es justa. Debemos convocar al Dr. Alonso para que dirima la disidencia.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
XI. Tras un estudio de la causa y de los agravios vertidos llego a la misma solución que la Dra. Bard, y en consecuencia adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. En atención a la forma que respondí a la primera cuestión propongo al Acuerdo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar los agravios y confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes. 2º) Imponer las costas a la actora vencida (art. 68 CPCC) 3º) Regular los honorarios del Dr. Gustavo Stobbia en la suma de $270.000 y del Dr. Pedro Omar Lazo en la suma de $ 300.000 por la labor desempeñada en esta instancia, dejando constancia que la misma no contiene IVA (arts. 24 y ccs. ley 3330). 4º) Tener presente la reserva del caso federal. 5°)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIII. Que en función a las razones expuestas al resolver la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Atender a los agravios vertidos por la parte actora recurrente y en consecuencia revocar parcialmente la sentencia en crisis. 2º) Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. Mariela Azucena Ocampo en representación de sus hijas contra la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado por el 90% de responsabilidad en el hecho dañoso por los rubros daño material, pérdida de chance y daño moral y en consecuencia condenar a la demandada a abonar dentro de los diez días de consentida o ejecutoriada que sea la presente, por el rubro daño material a M. N. Álvarez Ocampo la suma de $59.757,12; L.
M. Álvarez Ocampo la suma de $68.413,94 y a F. A. Álvarez Ocampo la de $76.675,12; con más sus intereses a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina; por pérdida de chance, a valores actuales la suma de $400.000 y por daño moral la de $500.000 a cada una de las niñas con más sus intereses a la tasa del ocho por ciento anual desde el 8/3/2012 hasta esta sentencia y de acá en más a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina. Estas sumas se colocarán a plazo fijo y sus gastos en interés de las menores será controlado por el Juzgado de Origen a propuiesta de la mdre hasta la mayoría de edadde cada una de las menores. 3º) Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra.
Mariela Azucena Ocampo por propio derecho, condenando a Servicios Públicos Sociedad del Estado a abonar a la actora por el 90% de culpa en la producción del siniestro por daño material la suma de $81.938,50 con más sus intereses a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina y por daño material la suma a valor actual de $1.000.000 con más sus intereses a la tasa del ocho por ciento anual desde el 8/3/2012 hasta esta sentencia y de acá en más a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina. 4º) Rechazando la acción por daño Psíquico-Psicológico reclamado por las actoras. 5º) En función del art. 278 del CPCC se imponen las costas de ambas instancias a la demandada por el principio objetivo de la derrota dejando sin efecto la regulación de la sentencia, y en consecuencia, diferir la regulación de honorarios. 6º) Regístrese, notifíquese a las partes y al Ministerio Pupilar y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr.
Alonso dijo:
XIV. Considero justa y equitativa la propuesta formulada por la Dra. Bard. Adhiero a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, de febrero de dos mil veintidos.-
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la Ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Desestimar los agravios y confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes.
3. Regular los honorarios del Dr. Gustavo Stobbia en la suma de $270.000 y del Dr. Pedro Omar Lazo en la suma de $ 300.000 por la labor desempeñada en esta instancia, dejando constancia que la misma no contiene IVA (arts. 24 y ccs. ley 3330).
4. Tener presente la reserva del caso federal.
5°)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. Fdo. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-; Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-. Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201115S.221 Tomo: XCV Sentencia: 2933 Folio Nº: 175/189 Secretaria: 1 Materia. Daños Y Perjuicios VOCES:
Fin de la sentencia