Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 34751-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios.
2Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, excepto en relación con la manera en que deben ser calculados los intereses adeudados, de conformidad con lo expresado en el considerando II del voto del Dr. Alemany.
3Imponer las costas por su orden en virtud de que ambas partes resultaron vencedoras y vencidas (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
ODFJELL ARGENTINA SA - TF 34751-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2023.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por Decisorio del 16/12/19, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente lo resuelto por la Aduana de Campana mediante Resolución nro. 197/14 en el expediente administrativo SC08-197/09, actual SIGEA 12579-124-2008, en cuanto condenó a la actora al pago de una multa de $121.609 y de tributos por la suma de U$S 23.324,71, por presunta infracción al art. 954, inciso a) del Código Aduanero, en los términos que surgen de la parte resolutiva del decisorio. Las costas fueron impuestas por sus respectivos vencimientos.-
II.-Que el 17/09/20 apeló y expresó agravios la actora y el 5/10/21 apeló y expreso agravios la AFIP-DGA, los que fueron contestados el 16/11/21 por el accionante y el 24/11/21 por la accionada. El 26/10/22 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que las actuaciones administrativas se iniciaron por la nota nro. 33/08, por la cual se informó que la cantidad de mercadería ingresada a depósito se encuentra fuera de la tolerancia del 0,6% establecida por las Resol. 2220/90 y 2914/94 y se adjuntó documentación por la cual se informó que finalizada la descarga e ingreso a depósito fiscal de la mercadería arribada al puerto de Campana, correspondería generar las acciones correspondientes a los conocimientos que se hallan fuera de la tolerancia admitida.-
IV.-Que en lo que respecta a la imputación de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del Código Aduanero, cabe señalar que se inició el sumario con la denuncia del faltante de mercadería amparada por el MANI 08008MANI 002027U, conocimientos OTUS 35 A, B, C y D en los que declararon 156.457 Kgs. de Tergitol resultando a la descarga la cantidad de 152.627 Kgs., diferencia en menos de 3.830 Kgs., que arroja un faltante de 2,44%; ctos. OTUS 19 C, A y D en los que se declaran 679.000 Kgs. De Butyl Acrylato resultando a la descarga la Alta en sistema: 04/10/2023 cantidad de 672.004 Kgs. que representa una diferencia de 6.996 Kgs. que arroja un faltante de 1.03% y conocimientos OTUS 12 A y B en los que se declaran 312.682 Kgs. (156.341 Kgs. en cada conocimiento) de Neodol 23-1 que arroja un faltante del 3,32%.-
V.-Que afirma la actora que el pesaje efectuado a la descarga no es susceptible de determinar el faltante que se le imputa y que, por lo tanto, la infracción que se le endilga no habría tenido lugar.- VI.-Que en el voto de la vocal preopinante, Dra. Cora Musso, se analizó en forma pormenorizada la prueba pericial efectuada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y se concluyó que correspondía tener por configurada la infracción al art. 954, inciso a) del C.A. (Ctos. 12 A y B y 35 A, B, C, D) e intimar el pago de la multa de $21.603,55 y de tributos (Ctos. 12 A y B, 35 A, B, C, D y 19 C, A y D) por las sumas de U$S12.098,41 (DI, TE e IVA) y de $21.227,89 (IVA Adic., Ganancias e Ingresos Brutos), con más los intereses del art. 794 del CA, los que deberán computarse desde el 17/9/2009 hasta la fecha de efectivo pago y revocarla con relación a la diferencia del faltante determinado por la perito designada en la causa y por la alícuota de ganancias que se modifica.-
Para así decidir, sostuvo la referida vocal que en cuanto a las diferencias originadas en supuestos errores de medición y/o la medición efectuada por diferentes sistemas, debe señalarse que a esos fines y en virtud de los presuntos errores técnicos y/o humanos está prevista la tolerancia tanto a los fines infraccionales (2% o 4% según la mercadería de que se trate) como tributarios (0,6% o 6%o, Res. 2220/90 y 2914/94 para cargas de líquidos y sólidos).-
Asimismo, concluyó que de conformidad con el resultado de la pericia, en relación al faltante de las mercaderías de los conocimientos de embarque 12 A y B correspondía considerar un faltante del 2,55% y de 2,44% para los conocimientos 35 A, B, C y D. Agregó asimismo la vocal preopinante, que si bien en la resolución administrativa se incluyeron los conocimientos 19 A, C y D, no corresponde imputar infracción por no superar el faltante el 2%, por lo que procede solo el pago de los tributos correspondientes.-
Alta en sistema: 04/10/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V VII.-Que en su expresión de agravios, la recurrente analiza las conclusiones a las que arribara el Tribunal Fiscal de la Nación sobre el faltante y reitera que este último no puede surgir de las distintas formas de pesaje de la mercadería importada.-
VIII.-Que en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).- IX.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
X.-Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 1143 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.- Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad Alta en sistema: 04/10/2023 sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- XI.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
XII.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa.-
XIII.-Que se agravia la actora en la medida en que el Tribunal Fiscal confirmó parcialmente la resolución aduanera y aplicó la multa establecida en el artículo 954, apartado 1, inc. a) del CA. Alta en sistema: 04/10/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Ello así en la medida en que entiende que el Tribunal Fiscal de la Nación habría incurrido en un error en la interpretación del citado artículo, como así también del 959 del mismo código.-
En lo que se refiere a la aplicación del art. 954 inc. a), reitera que no se ha probado fehacientemente el faltante. Sobre el punto y a fin de rechazar el agravio en trato, cabe remitirse a lo analizado y decidido ut supra en este mismo voto (considerandos VII a XII).- En relación con la invocación del art. 97 del Decreto 1001/82, adviértase que esa norma es reglamentaria del art. 954 inc. c), y en estas actuaciones se le aplicó a la accionante una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a), por lo que su agravio debe desestimarse.-
XIV.-Que se agravia la actora respecto de la liquidación de tributos en dólares estadounidenses a la que se refiriera el Tribunal Fiscal de la Nación en los considerandos IX y X del decisorio recurrido.-
Al respecto le asiste razón a la accionante en la medida en que, conforme surge de las actuaciones administrativas, la Aduana de Campana le corrió vista de todo lo actuado a Agencia Marítima Odfjell Argentina SA, en pesos y no en dólares estadounidenses (ver fs. 55 /56 del expediente administrativo), por lo que la discusión ha quedado fijada en esos términos desde el inicio de las actuaciones (en sentido semejante, ver esta Sala in re: “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte Nº 73.184 /18, sentencia del 18/07/2019).-
En consecuencia, corresponde admitir el agravio en estudio y revocar en este punto lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto se apartó de los términos en que quedó circunscripta la discusión en sede de la administración y liquidó en dólares estadounidenses los tributos reclamados por el Fisco Nacional. Por ello, debe dejarse sin efecto la liquidación practicada y devolverse las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que se realice una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se resuelve.-
XV.-Que en atención a la solución que se propicia en el considerando que antecede, deviene inoficioso pronunciarse respecto del último de los agravios de la parte actora referido a la fecha a partir de la cual deben correr los intereses resarcitorios.-
Alta en sistema: 04/10/2023 XVI.-Que en cuanto corresponde al escrito presentado por la parte demandada, cabe señalar que no cumple con los requisitos mínimos exigidos por el art. 265 del CPCCN, toda vez que se trata de una mera disconformidad con lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación, pero no brinda argumentos novedosos que permitan ingresar a analizar lo allí decidido. Por ello, corresponde declarar desierto el recurso del Fisco Nacional (conf. art. 266 del CPCCN).-
Por lo antes expuesto corresponde: 1) Rechazar los agravios de la parte actora, con la salvedad expresada respecto de la liquidación de los intereses (conf. considerando XIII, última parte). 2) Declarar desierto el recurso de la parte demandada (conf. art. 266 del CPCCN). 3) Imponer las costas en esta Alzada por su orden, habida cuenta del resultado obtenido y lo complejo de la cuestión en debate (art. 68, in fine del CPCCN). ASÍ VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I.-Que, en cuanto al tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo relativo al fondo de la cuestión, adhiero a la solución propiciada en el voto que antecede, a lo que cabe agregar las siguientes consideraciones.-
Primeramente, corresponde aclarar que dicha parte no controvierte los porcentajes de tolerancia considerados a fin de determinar si los faltantes de mercadería detectados a la descarga suscitan responsabilidad tributaria y/o infraccional.-
Aclarado lo precedentemente expuesto, cabe destacar que las objeciones tendientes a señalar que los “factores de corrección” considerados en sede administrativa para establecer las relaciones kilos/litros no se hallan debidamente justificados y que; por tanto, resultan arbitrarios, no están debidamente fundadas. Ello es así ya que en sus agravios el apelante insiste en señalar que en el informe pericial se indicó que “…no queda claro de donde surgen los factores de corrección aplicados para calcular la densidad corregida” y que aquellos deben determinarse “de acuerdo a normas” mas no indica cuáles serían las referidas normas aplicables, cuál sería el procedimiento de medición apropiado, a qué temperatura debió habérselo efectuado ni tampoco cuál es el “factor de corrección” que, a su entender, debió ser considerado. En consecuencia, la afirmación introducida por dicha parte en cuanto sostiene Alta en sistema: 04/10/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que no se pudo haber constatado ningún faltante como consecuencia de los defectos de medición/pesaje a la descarga precedentemente aludidos no merece ser atendida porque, como se expresó, constituye un cuestionamiento infundado ya que no resultan de sus agravios ni del informe pericial al que refiere elementos que permitan concluir de manera diferente a la propiciada en sede administrativa, que resultó confirmada por el Tribunal Fiscal.-
Asimismo, y con relación a los agravios planteados tendientes a cuestionar que se lo haya intimado al pago de una serie de tributos en dólares y fijado la conversión de esa suma al tipo de cambio correspondiente al día anterior al del efectivo pago, cabe señalar que no le asiste la razón al apelante ya que dicha exigencia no transgrede la prohibición de actualización o repotenciación de la deuda establecidas en las leyes 23.928 y 25.561.-
Al respecto, corresponde recordar que según lo establecido en el artículo 641 del Código Aduanero, los derechos de importación consisten en un porcentaje o alícuota aplicada sobre la mercadería importada cuyo valor en aduana está fijado en moneda extranjera; por lo que tales derechos constituyen obligaciones de pagar la cantidad resultante en esa misma especie de moneda (o, de acuerdo con el artículo 660 del Código Aduanero, en obligaciones de pagar una cantidad fija de la moneda que se indique por unidad de medida). Es decir, no se trata de obligaciones de pagar moneda nacional sujetas a cláusulas de ajuste. Es por ello que en el artículo 20 de la ley 23.905 se establece que deben determinarse en dólares estadounidenses las obligaciones correspondientes a “los derechos de importación, los derechos de exportación así como los demás tributos que gravaren las importaciones y exportaciones…El pago podrá efectuarse en la mencionada moneda, en bonos de crédito a la exportación de acuerdo a las normas vigentes, o en australes. En este último caso la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”. (cfr. causa V.312.XLV “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/DGA” del 23 de agosto de 2011).-
En consecuencia, la pretendida conversión que plantea la parte actora al tipo de cambio histórico contraría la naturaleza de los tributos aduaneros, concebidos como un porcentaje del valor de la mercadería por la que se paga moneda extranjera, así como el texto del Alta en sistema: 04/10/2023 referido artículo 20 de la ley 23.905 y lo concluido en el precedente referido.-
En tal sentido, y a mayor abundamiento, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16.674-A) c/Dirección General de Aduanas”, del 27 de abril de 2010 indicó, aunque en relación a la procedencia del CER, que “…en el caso de autos el organismo aduanero determinó tales tributos en dólares estadounidenses y formuló cargo por la suma expresada en esa moneda….sin que la resolución aduanera 7388, que rechazó el procedimiento de impugnación articulado por la empresa actora contra el mencionado cargo, alterara ese extremo, en la medida en que, al limitarse a confirmar el mencionado acto (cfr. art. 1°), no modificó la moneda en la que había sido expresada la deuda. En tales condiciones, carece de relevancia la circunstancia de que en el art. 2° de la aludida resolución 7388 se haya ordenado trabar embargo de la mercadería que se hallare en jurisdicción aduanera a nombre, por cuenta o que fuere de propiedad de la firma mencionada hasta la cantidad de $ 74.406,75”. Tales manifestaciones pueden trasladarse al caso de autos en la medida en que la resolución que lo intimó al pago de los tributos adeudados también lo fue en dólares; mientras que, la conversión a pesos pretendida por la parte actora al tipo de cambio histórico no se corresponde con lo expuesto previamente.-
En definitiva, y aun cuando en los precedentes mencionados la Corte Suprema de Justicia de la Nación no examinó lo establecido en la Resolución General AFIP n° 3271/12, lo resuelto en ellos se corresponde con lo establecido en dicha resolución en la medida en que se afirmó que la determinación en dólares estadounidenses de los tributos que gravan a las operaciones de importación y de exportación y su conversión a pesos al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, no implican necesariamente una repotenciación de la deuda.-
II.-Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, resta examinar el planteo de la parte actora mediante el cual cuestiona la fecha a partir de la cual deben ser adicionados los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero y asimismo propone que “...el cómputo de los intereses debería realizarse sobre los tributos liquidados por el Tribunal Fiscal al tipo de cambio vigente desde el Alta en sistema: 04/10/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V momento que se devengan los intereses, a fin de evitar un enriquecimiento ilícito del Estado”.-
Al respecto, esta Sala tuvo oportunidad de resolver un planteo análogo en el marco de la causa n° 23.493/2015 “La Mercantil Andina Cía Argentina de Seguros S.A. c/EN-DGA s/Dirección General Aduanas”, del 18 de septiembre de 2019.-
En tales condiciones y de conformidad con los fundamentos expuestos en el referido precedente, los intereses adeudados por el agente de transporte aduanero, establecidos en el mencionado artículo 794 del Código Aduanero, deben ser calculados desde el momento establecido en ese artículo sobre los tributos que se reclaman en dólares (derechos de importación e IVA), convertidos a pesos al tipo de cambio de la fecha en que se inicia el cómputo de aquellos, es decir, en el caso, desde el vencimiento de los diez días contados desde haber sido notificado de la corrida vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero. Ello, sin perjuicio de que el valor nominal de los tributos adeudados será el que resulta de convertir la suma que fue intimado a pagar en dólares estadounidenses al tipo de cambio del día anterior al del pago.- Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de la parte actora excepto en relación con la manera en que deben ser calculados los intereses adeudados, de conformidad con lo expresado en este considerando.-
III.-Que, en diferente orden de ideas, y con relación al recurso de apelación interpuesto por el Fisco mediante el cual se cuestiona lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, en tanto redujo la tasa relativa a la percepción de Impuesto a las Ganancias del 11% al 6%, corresponde recordar lo resuelto por esta Sala en la causa 1722/2012 caratulada “Agencia Marítima Rioplat SRL (TF 28.223-A) c/DGA”, del 26 de junio de 2012 y, en mi voto en disidencia en la causa 17.291/2012 “Ultramar Argentina S.A. (TF 27.686-A) c/DGA” del 6 de septiembre de 2012; a cuyos fundamentos cabe remitirse en razón de brevedad.- En los referidos precedentes se expresó que, la responsabilidad tributaria del agente de transporte aduanero no se extiende al pago de las percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias, dado que se encuentra exento del pago de dichos tributos. Tales exenciones no requieren de la producción de prueba alguna tendiente a su acreditación toda vez que son propias de su actividad de conformidad con lo Alta en sistema: 04/10/2023 establecido en el artículo 7, inciso h), punto 13 de la ley de IVA y en la Resolución General AFIP n° 2238/07.-
Allí también se expresó que por medio de la resolución AFIP nº 2238/2007 los agentes de transporte fueron eximidos expresamente del debe de tramitar el CVDI como condición para ser excluidos de la aplicación de las alícuotas correspondientes a las percepciones de IVA y de Ganancias, precisamente por ser sujetos exentos de dichos impuestos. Asimismo, no es posible concluir que dichas exenciones únicamente hayan sido previstas para los supuestos de importación a consumo regular dado que, justamente tratándose de sujetos auxiliares del comercio y del servicio aduanero que se dedican al transporte de mercadería, y no a su importación, el único supuesto en que resultarían responsables de las obligaciones tributarias correspondientes a una operación de importación es en el caso de constatarse un faltante de mercadería, en los términos de lo establecido por el artículo 142 del Código Aduanero.-
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en lo que a este aspecto respecta.
En virtud de todo lo expuesto, VOTO POR: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, excepto en relación con la manera en que deben ser calculados los intereses adeudados, de conformidad con lo expresado en el considerando II de mi voto. 3) Imponer las costas por su orden en virtud de que ambas partes resultaron vencedoras y vencidas (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I.-Que en punto al relato de los hechos, corresponde remitirse a lo expuesto en los votos que anteceden, en homenaje a la brevedad.
II.-Que con relación a los agravios de la parte actora referidos al fondo de la cuestión en debate, suscribo lo expuesto en los dos votos precedentes.
Alta en sistema: 04/10/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V II.1.- Sin embargo, en lo atinente al agravio sobre la moneda en la cual le es exigible a la actora la obligación tributaria, considero que el error material en que incurrió el servicio aduanero al consignar la palabra “pesos” en el auto por el cual se corrió la vista del artículo 1101 del Código Aduanero no tiene la trascendencia suficiente como para admitir el apartamiento de la regla contenida en el artículo 20 de la Ley Nº 23.905. Es que, además de que esa norma se presume conocida (arts. 20 CC y 8 CCyCN) tanto la liquidación –que integraba la providencia en cuestión- como el dictamen del servicio jurídico y el acto administrativo recurrido no dejan lugar a dudas en cuanto a que el monto exigido a la actora en concepto de tributos era de U$d 23.324,71 (conf. 52 /4, fs. 108/10, y 111/3 del expediente administrativo). Adicionalmente, también en esa moneda le fue exigida a la actora la diferencia de tributos por los conocimientos respecto de los cuales la diferencia de mercadería no superaba el límite del 2% de tolerancia (conf. cargo 54/2011 a fs. 78/9 del expediente administrativo).
En ese sentido, considero pertinente aclarar que la cuestión a la que había sido confrontada esta Sala al resolver en la causa nº 73.184/18 “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA c/ DGA s /Recurso Directo de Organismo Externo” (sentencia del 18/07/2019) resultaba sustancialmente distinta a la aquí examinada. No había allí, como en este caso, un error material que pudiera salvarse simplemente mediante la sustitución de la palabra “pesos” por “dólares estadounidenses” en el auto de corrida de vista, sino que en aquel caso el servicio aduanero había convertido efectivamente la cantidad en moneda extranjera a pesos, expresándola en la suma equivalente de moneda nacional.
Por ello, cabe desestimar el agravio en trato.
II.2. Finalmente, en lo referido al curso de los intereses, el cálculo debe realizarse con arreglo a lo expuesto por esta Sala en la causa n° 23.493/2015 “La Mercantil Andina Cía Argentina de Seguros S.A. c/EN-DGA s/Dirección General Aduanas”, del 18 de septiembre de 2019. En consecuencia, debe admitirse este agravio de la actora.
III. Que, por último, adhiero al voto anterior en lo referido al tratamiento del recurso del Fisco Nacional.
IV. Que, en suma, voto por: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en Alta en sistema: 04/10/2023 cuanto fue materia de agravios; 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, excepto en relación con la manera en que deben ser calculados los intereses adeudados, con arreglo lo expresado en el considerando II del voto del Dr. Alemany; 3) Imponer las costas por su orden en virtud de que ambas partes resultaron vencedoras y vencidas (artículo 68, 2º parte, CPCCN).
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, excepto en relación con la manera en que deben ser calculados los intereses adeudados, de conformidad con lo expresado en el considerando II del voto del Dr. Alemany. 3) Imponer las costas por su orden en virtud de que ambas partes resultaron vencedoras y vencidas (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany (en disidencia parcial)
Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 04/10/2023
Fin de la sentencia