Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 29540-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
21695/2017 “ODONTOLOGICA ESTETICA SA (TF 29540-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, diciembre de 2022.
Estos autos caratulados: “Odontológica Estética SA - TF 29540-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, a fs. 524/531, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i)
confirmó parcialmente las resoluciones apeladas, con costas; (ii) revocó el ajuste practicado en concepto de Impuesto al Valor Agregado del período fiscal 01/2001 y la pretensión fiscal derivada de la detección de gastos marginados de la contabilidad de la actora en los ejercicios 2003 y 2004, con costas al Fisco Nacional (cfr. apartado VI, incisos a, y b, del pronunciamiento del 11/06/19); y (iii) ordenó a la demandada que practicara la reliquidación pertinente. Para así decidir, y en lo que aquí interesa, sostuvo que:
a) La actora había registrado un aporte irrevocable por $700.000 cuyo origen no se encontraba justificado. En efecto, el a quo puntualizó que el Sr. Carlos Miguel Cecchi, a quien se le había atribuido el carácter de aportante, carecía de los fondos necesarios a tales fines, no había incorporado crédito alguno en sus declaraciones juradas y tampoco existían evidencias de capitalización. Asimismo, el Tribunal Fiscal precisó que el Sr. Cecchi se había presentado en concurso preventivo el 8/08/02 y tenía tres pedidos de quiebra. b) Correspondía confirmar el criterio del Fisco Nacional en cuanto consideró la suma de $770.000 como ganancia neta del período fiscal 2001, gravada por el Impuesto a las Ganancias y calculada en la forma dispuesta por el art. 18, inciso f, de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias). c) No se advertía una motivación expresa para sustentar que el incremento patrimonial no justificado correspondiente al ejercicio fiscal 2001 procedía de ventas omitidas en el Impuesto al Valor Agregado en los términos establecidos por el art. 18, inciso f, apartado 2º (texto según la redacción previa a la modificación efectuada por la ley 25.795 -B.O. 29/10/03-). En consecuencia, revocó parcialmente la resolución que determinaba el Impuesto al Valor Agregado en tanto el Fisco se había limitado a replicar lo vertido respecto del Impuesto a las Ganancias. Citó jurisprudencia para justificar la decisión. Alta en sistema: 14/12/2022 2º) Que, disconforme con el pronunciamiento, la actora y la demandada interpusieron sendos recursos de apelación (fs. 551 y 552). A su turno, la AFIP expresó agravios (conf. fs. 605/613vta.), que no fueron replicados por su contraria.
Destaca que el art. 18, inciso f, de la ley 11.683 no exige la probanza relativa a la existencia de ventas no declaradas, sino que contempla una presunción que opera en ocasión de que se detecte un incremento patrimonial ajustado en el Impuesto a las Ganancias, carente de justificación. Al respecto, precisa que si la determinación en el Impuesto a las Ganancias es consecuencia de la falta de prueba del origen de los fondos, “mal podría exigirse a los efectos del Impuesto al Valor Agregado que la Administración Tributaria aporte la prueba de la operación generadora de dichos fondos” (fs. 608vta.). En ese mismo orden de ideas, añade que la actora no aportó elemento alguno para demostrar que el referido incremento tuviera un origen distinto a los ingresos derivados de operaciones alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado.
Indica que el artículo 18, inciso f, de la ley de rito es clara en cuanto establece que “aquellas ganancias netas presuntas del punto 1) del inciso f) pasan a ser directamente montos de ventas gravadas omitidos”; extremo que acredita -según su entendimiento- “la motivación expresa que erróneamente el Tribunal considera ausente en la resolución parcialmente revocada” (fs. 611vta.).
Esgrime que el pronunciamiento apelado es contradictorio en cuanto, por un lado, considera que existe un incremento patrimonial no justificado en el Impuesto a las Ganancias y, por el otro, afirma que el Fisco Nacional omitió el razonamiento por el cual concluyó que la actividad de la actora se encontraba gravada en el Impuesto al Valor Agregado. En ese contexto, solicita que se deje sin efecto lo resuelto en el apartado VI a) de la sentencia recurrida en cuanto es materia de agravio, con costas a la actora.
3. Que, a fin de resolver la cuestión debatida, es menester señalar que el Fisco determinó la existencia de un incremento patrimonial no justificado en el Impuesto a las Ganancias y entendió que “toda vez que la contribuyente resulta ser responsable del Impuesto al Valor Agregado, corresponde considerar a la suma de $770.000 (…) como ventas gravadas en el Impuesto al Valor Agregado, cuyos débitos fiscales que ascienden a la suma de $161.700, no fueron declarados por la rubrada en el período 01/01” (fs. 40 y 54). En efecto, la fiscalización actuante destacó que “se traslada el ajuste de $770.000 al Impuesto al Valor Agregado como ingresos omitidos del período Enero 2001 resultando un débito fiscal adeudado de $161.700” (conf. fs. 60, cuerpo I, IVA, de las actuaciones administrativas).
Alta en sistema: 14/12/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21695/2017 “ODONTOLOGICA ESTETICA SA (TF 29540-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En este punto, es menester recordar que el artículo 18, inciso f, de la ley de rito, según el texto anterior a la reforma introducida por la ley 25.795 (B.O. 17/11/03), establecía que: “los incrementos patrimoniales no justificados con más de un 10% (diez por ciento) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, constituyen ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias. Cuando se trate de un responsable del impuesto al valor agregado, la suma de los conceptos indicados precedentemente deberá servir de base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio comercial, ello mediante la aplicación del porcentaje que resulte de relacionar el total de las operaciones declaradas o registradas con la utilidad neta del ejercicio en cuestión”. Con posterioridad al dictado de la ley 25.795, el referido artículo dispuso que “los incrementos patrimoniales no justificados, representan:
1. En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. 2) En el impuesto al valor agregado: Montos de ventas gravadas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente”.
A su turno, el Tribunal Fiscal advirtió que la falta de motivación expresa relativa a la comprobación de las ventas omitidas atribuidas a la actora impedía sostener que el incremento patrimonial no justificado correspondiente al ejercicio fiscal 2001 procedía de tales operaciones, conforme lo exigía la normativa aplicable con anterioridad a la reforma introducida por la ley 25.795. Ello así, revocó parcialmente la resolución que determina el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
En el escenario descripto, y en atención a los agravios deducidos por la demandada, esta Sala tiene dicho que “en el caso de incrementos patrimoniales la traslación al impuesto al valor agregado no opera automáticamente y sin mayor análisis pues, si bien el Fisco tiene por ley la facultad de utilizar presunciones para determinar la verdadera situación fiscal del contribuyente, no está autorizado a 'intuir' tal situación” (cfr. “Viacava, Ricardo O. -TF 13.153-I - AC 13.695-I/13.694”, sent. del 12/12/01; “Mirab S.A.”, sent. del 22/02/07, “Cavallo Comunicaciones S.A. (TF 24.014-I) contra D.G.I.”, sent. del 25/06/13). En el mismo sentido, al no haberse efectuado ningún tipo de tarea tendiente a demostrar la existencia de ventas omitidas, resulta Alta en sistema: 14/12/2022 insuficientemente fundada la pretensión gravatoria del Fisco Nacional, sin adentrarse en el análisis de la actividad de la contribuyente y sin sopesar la posibilidad de otras alternativas que resultan frecuentes en materia de ardides tendientes a obtener “fondeo” con dinero no declarado (“Food & Beverage Investments S.A. (TF 24.601-I) contra D.G.I.”, sent. del 5/09/13).
En similar orden de ideas se ha pronunciado la Sala V de esta Cámara al sostener que “... en cuanto a la determinación respecto al IVA, en cambio, corresponde revocar la determinación de oficio. En efecto, una vez que se confirma la existencia de un incremento patrimonial no justificado, la DGI debe determinar por un método, cuál es el importe de las ventas omitidas. Para ello, tal como lo pone de relieve el doctor Castro, no siempre que se verifica un incremento patrimonial no justificado el Fisco Nacional se encuentra habilitado para efectuar el ajuste impositivo en el impuesto al valor agregado, suponiendo por tanto, que tal incremento responde a ventas omitidas alcanzadas por este gravamen. Esta operación, requiere, para que sea ajustada a derecho, una intensa motivación del Organismo, avalada por determinada fiscalización puntual en relación a cada período. En el caso de autos, la inspección, ni siquiera ha intentado demostrar la existencia de ventas omitidas. Esto es, presume que hubo ventas omitidas, cuando perfectamente podrían darse otras formas de evadir el gravamen. Por tanto, tal como lo advierte el voto minoritario, ha operado en el caso de autos un automatismo injustificable” (cfr. “Alsur Bahía SA (TF 19.839-I) c/ DGI”, sent. del 18/06/08; pronunciamiento firme -ver in re A. 307.XLV, “Alsur Bahía S.A. (TF 19.839-I) c/ DGI.”, sent. del 7/9/10-. En esa línea, esa misma Sala, in re “Kuzma, Rodolfo Alfredo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 14/11/19).
A la luz del criterio expuesto y teniendo en consideración que de la lectura de la resolución determinativa 9/2007 (fs. 36/64) se desprende, como bien pone de relieve el a quo, que el juez administrativo no efectuó examen alguno de la actividad de la actora en orden a establecer que el incremento correspondía a ventas omitidas, el fundamento por el que se revoca el ajuste en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de enero de 2001 luce acertado; circunstancia que sella la suerte adversa de la pretensión fiscal en cuanto fue materia de agravio ante esta instancia (conf. criterio de esta Sala in re “Astilleros Corrientes S.A. (TF 21445-I) contra D.G.I.”, sent. del 10/10/13; “Bieule, Eduardo Alberto c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 07/06/16 y “Avital SA - TF 32754-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 24/02/22). Alta en sistema: 14/12/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21695/2017 “ODONTOLOGICA ESTETICA SA (TF 29540-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por último, resta aclarar que la normativa aplicada en la sentencia dictada por esta Sala el 14/10/14 in re “Cows and Bulls SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” -que fuera citada por la recurrente en apoyo a su tesitura- corresponde al texto del art. 18, inciso f, de la ley 11.683, en la versión posterior a la reforma introducida por la ley 25.795. En función a las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento del 11/06/19 en cuanto ha sido materia de agravio, sin costas en esta instancia por falta de actividad útil de la contraria. ASÍ SE RESUELVE.
4. Que, toda vez que la parte actora no expresó agravios dentro del plazo establecido por los arts. 195 y 196 de la ley 11.683 -como lo consigna la Secretaría General de Asuntos Impositivos a fs. 631-, resulta pasible de la sanción que prevé el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (de aplicación supletoria según lo dispuesto por el art. 197 de la ley de rito), por lo que corresponde, sin hacer otras consideraciones, declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 551. ASÍ TAMBIÉN SE DECIDE.
5. Que, en atención a las constancias de la causa que se tienen a la vista, se advierte que la perita contadora de la parte actora, Sra. Susana Rosa Ortega, no ha sido notificada de la regulación de honorarios obrante a fs. 593 (conf. fs. 619/621vta.). Ello así, es necesario devolver el expediente a la instancia de origen, a sus efectos, y diferir el pronunciamiento relativo al recurso de apelación de fs. 599/599vta. ASÍ SE DISPONE.
Regístrese, notifíquese y ofíciese al Representante del Fisco mediante Deox para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia incorporada el 6/10/22 y el pago acreditado el 26/10/22 por ese mismo concepto.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Alta en sistema: 14/12/2022
Fin de la sentencia