Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa O-2489/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar, en razón de la materia de los presentes autos, la competencia del Juzgado Provincial de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio; y, en consecuencia, remitir los presentes autos para continuar su trámite conforme a derecho y según corresponda al estado de la causa.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: O-2489/21-TSJ Interlocutorio N°: 3686 Actor: JUZGADO PROVINCIAL Nº UNO DE INSTRUCCIÓN Y DEL MENOR Y JUZGADO PROVINCIAL DE PRIMERA INSTANCIA N° UNO EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, DE MINERÍA Y DE FAMILIA, AMBOS CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TURBIO Demandada:
Objeto: COMPETENCIA Fecha: 10-06-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3686 FOLIO Nº 6492/6496 PROT. ELECT. TSS1 035 I.221
Río Gallegos, 10 de junio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “OFICIO N° 890/21 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y PENAL JUVENIL DE LA PROVINCIA EN AUTOS: 'T. D. J. s/ DENUNCIA EXPTE. 15.009/2021 s/ REMITE", Expte. Nº O-9920/21 (O-2489/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan las presentes actuaciones, elevadas por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a efectos de que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia decida el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Provincial Nº Uno de Instrucción y del Menor y el Juzgado Provincial de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, ambos con asiento en la ciudad de Río Turbio. Las magistradas a cargo de dichos Juzgados se consideran incompetentes para seguir interviniendo en este expediente (cfr. fs. 5/6 y fs. 12/13 respectivamente).-
II. Surge de las actuaciones elevadas a este Tribunal Superior de Justicia que ante el Juzgado Provincial Nº Uno de Instrucción y del Menor, de la localidad de Río Turbio, se inició la causa caratulada: “T., D. J. s/ Denuncia”, Expte. Nº T-15.009/21, a raíz de la denuncia formulada por la Sra. D. J. T. En tal acto procesal, la nombrada acusó conductas que habría desarrollado el Sr. G. Q. y que podrían constituir acoso en perjuicio de la denunciante (cfr. fs. 2/3 y vta.). En el marco de dicho proceso penal se dispuso la prohibición de contacto en un radio de doscientos (200) metros del Sr. Q. para con la Sra. T., de su domicilio, lugar de trabajo, esparcimiento y de concurrencia habitual (cfr. foja 4).- La Sra. Jueza titular del Juzgado Provincial Nº Uno de Instrucción y del Menor de Río Turbio, previo dictamen del Agente Fiscal, desestimó la denuncia por considerar atípicos los hechos narrados por la Sra. T.; asimismo remitió copias certificadas de las actuaciones a la Secretaría de Familia del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno, en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia para su conocimiento e intervención (cfr. fs. 6/7 vta.).-
A su turno, la Sra. Jueza titular del juzgado mencionado en último término declaró su incompetencia y dispuso el archivo de las actuaciones (cfr. fs. 12/13).-
Esta decisión fue impugnada por el Sr. Agente Fiscal mediante recurso de reposición con apelación en subsidio, por estimar contrarias a derecho ambas medidas (cfr. PE124181-2021). La magistrada no hizo lugar al recurso de reposición y concedió el de apelación (cfr. PE113202-2021).-
Llegada la presente causa a la Alzada, ésta declaró su incompetencia para resolver el conflicto de competencia por lo que la remitió a este Tribunal (cfr. PE291457-2021).-
En PE215748-2021 pasan al Acuerdo.-
III. Que debemos analizar los hechos denunciados por la Sra. D. J. T. a fin de dirimir el conflicto de competencia.-
Pese a que esta causa se inició a través de una denuncia penal, se decidió prontamente que los hechos denunciados no constituían delito (cfr. fs. 6/7 vta.). No obstante lo cual, el Juzgado Penal tomó la medida protectoria de prohibición de contacto entre la Sra. T. y el Sr. Q. (cfr. foja 4), en atención a que tales hechos denunciados merecían amparo bajo la Ley N° 26.485 de ‘Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales’.- La Sra. T. expresó en su denuncia que quería que el Sr. G. Q. no se le acerque, ni la moleste y que tenía mucho miedo de que supiese su nuevo domicilio. Este pedido lo formuló en razón de que el denunciado le habría dejado audios en los que le decía que se quería encontrar con ella, que la quería conocer. También la habría molestado por intermedio de la red social Facebook y la habría perseguido mientras caminaba por la calle. Igualmente relató que una vez la contrató para que le realice masajes y que luego de recibir los mismos, el Sr. Q. habría comenzado allí a consumir cocaína (cfr. fs. 2/ 3 vta.).- Las acciones descriptas quedan encuadradas prima facie como violencia psicológica (cfr. art. 5º, inc. 2, de la Ley N° 26.485); lo que justifica que se siga con la tramitación de estos actuados a fin de garantizar el derecho de la Sra. D. T. de acceso a la justicia y desarrollar su vida libre de violencia (cfr. arts. 2º, inc. b; y 3º, inc. f, de la Ley N° 26.485).-
La ley de mención -a la que adhirió la Provincia de Santa Cruz por el artículo 1° de la Ley Provincial N° 3201- fija las reglas de competencia a que debemos atenernos. En su artículo 21 establece que cualquier juez, de cualquier fuero e instancia, se encuentra obligado a recibir la denuncia; pero tal circunstancia no significa que la causa quede definitivamente radicada en el mismo.-
El artículo 22 del mismo texto legal instituye que: “Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.”.-
Debemos ver entonces la naturaleza del conflicto que nos convoca para determinar el juez competente. Al respecto, se debe descartar la competencia de la Jueza de Instrucción y del Menor de Río Turbio, ya que se decidió que los hechos denunciados son atípicos (cfr. fs. 5/6 vta.). Debe recordarse que el mencionado Juzgado sólo entiende en los asuntos Criminales y Correccionales (cfr. art. 2º, inc. b, de la Ley Nº 2718).-
El Juzgado que sí debe entender es el de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio, ya que abarca el resto de la competencia material en el ámbito territorial donde se habrían desarrollado los hechos (la ciudad de Río Turbio). Ese Juzgado entiende en los “... asuntos Civiles, Comerciales, Laborales, de Minería y de Familia...” (cfr. art. 2º, inc. a, de la Ley Nº 2718).-
Debe aquí señalarse que la función de los tribunales penales es esencialmente la aplicación de una pena. La pena es “... (a) una coerción, (b) que impone una privación de derechos o un dolor, (c) que no repara ni restituye y (d) ni tampoco detiene las lesiones en curso ni neutraliza los peligros inminentes...” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia Alejandro y Slokar Alejandro: Derecho Penal, Segunda Edición, Ediar, Buenos Aires, 2003, pág. 45). Los otros dos grandes modos de coerción estatal son: 1) la reparadora y b) la estatal directa. La primera tiene por finalidad resarcir el daño que haya padecido la persona (ej.: indemnización por daños); la segunda -la coacción estatal directa- es la que se ejerce para impedir un proceso lesivo en curso o conjurar un peligro inminente (cfr. aut. y ob. cit. pág. 48).
Este último es el supuesto que nos ocupa, ya que el tribunal competente deberá, eventualmente, tomar las medidas tuitivas que correspondan para evitar que la Sra. T. sea privada de sus derechos, función ésta de naturaleza eminentemente civil.- Asimismo, se debe observar que la Jueza competente deberá desarchivar las actuaciones, conforme lo dispuesto a fs. 12/13, y continuar con el seguimiento del tema de violencia planteado. Ello, en atención al artículo 16 de la Ley N° 26.485, que establece las garantías procesales mínimas, entre las cuales deben destacarse la de obtener una respuesta oportuna y efectiva y la de recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de dicha norma.
Asimismo deberá evaluar la magistrada competente si en atención a las circunstancias de la causa debe tomar medidas preventivas urgentes conforme lo estatuido en el artículo 26 de la ley de mención.- Finalmente conviene observar que la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, de Río Turbio, no debió disponer el archivo de las actuaciones al estar en presencia de un conflicto negativo de competencia. Lo que sí debió hacer, si se consideraba incompetente, era elevar las actuaciones al superior jerárquico común, es decir, a este Tribunal Superior de Justicia, para que dirimiera la cuestión (cfr. arts. 10 y 11 CPCyC). El archivo de las actuaciones obstaculiza el dictado de medidas precautorias o de cualquier diligencia cuya omisión pudiere resultar en un perjuicio irreparable (cfr. art. 12 CPCyC); medidas muchas veces necesarias teniendo en cuenta la naturaleza de las actuaciones.
Esta decisión demoró injustificadamente la tramitación del proceso. Ante estas falencias es oportuno recordarle a la magistrada la recomendación que efectuara este Tribunal Superior en el Acuerdo Nº 2550, Punto Décimo, del 23/03/95: “…Ante necesidades funcionales y de servicio que así lo determinan, deviene conveniente reiterar a los Sres. Magistrados y Funcionarios que en toda su actividad judicial deben actuar de manera tal de resguardar adecuadamente la justicia del caso particular, debiendo necesariamente las formas procesales, someterse a este principio de superior jerarquía; garantizando para los justiciables, celeridad, debido tratamiento, preocupación y toda diligencia imprescindible para articular la solución más rápida y efectiva.
En síntesis, se les recomienda a los Sres. Magistrados y Funcionarios conducir su conducta funcional con plena vocación de servicio hacia el justiciable, dejando todo formalismo extremo y excesivo de lado, en miras de una actuación con diligencia, agilidad, en búsqueda de encontrar la verdad material y objetiva, por encima de la verdad formal, no sólo en los actos sentenciables, sino en todo acontecimiento procedimental, en tanto y en cuanto las formas procesales deben manejarse con prudencia, con razonabilidad, destinadas a afianzar la justicia y no a su obstrucción…”. Así lo votamos.- Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Comparto los fundamentos expuestos por mis distinguidos colegas preopinantes. Corresponde, sin embargo, formular las siguientes aclaraciones.-
II. Cabe recordar que la Ley Nacional Nº 26.485, denominada “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” -a la que adhirió la Provincia de Santa Cruz mediante Ley Provincial Nº 3201- establece que “La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita” (cfr. art. 21, primer párrafo); como así también, que “Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate” (cfr. art. 22, primer párrafo).- Como se advierte, de acuerdo al ordenamiento jurídico que rige el caso, el conflicto debe ser resuelto por el órgano judicial que tenga competencia en “la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate”; ello, sin perjuicio de que la denuncia pueda efectuarse ante cualquier juez, de cualquier instancia, incluso ante el Ministerio Público.-
De la lectura de estos actuados y de conformidad con los hechos expuestos en la denuncia glosada a fs. 2/3 vta., a los que cabe atender de modo principal para la determinación de la competencia, se desprende que la accionante revela que el denunciado la hostiga a través de las redes sociales, la persigue en la vía pública e, incluso, programó un turno para recibir el servicio de masoterapia que ella prestaba en su residencia particular, oportunidad en la que también tuvo un altercado.-
Estas circunstancias, ‘prima facie’ y en el estado embrionario del proceso, encuadran dentro del tipo de violencia psicológica (cfr. art. 5º, inc. 2, de la Ley Nº 26.485) y bajo la modalidad de violencia contra las mujeres en el espacio público (cfr. art. 6º, inc. g, de la Ley Nº 26.485, incorporado por el art. 1º de la Ley Nº 27.501, a la que nuestra Provincia adhirió mediante Ley Nº 3667) y violencia telemática.-
La violencia contra las mujeres en el espacio público, conocida comúnmente como “acoso callejero”, se caracteriza como “…aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.” (cfr. Yuba, Gabriela: Una nueva modalidad de violencia hacia la mujer: la ley 27.501 de ‘acoso callejero’, www.informacionlegal.com.ar. Cita online: AR/DOC/1834/2019). Aclaro, en este punto, que la circunstancia de que la Sra.
T. haya relatado que, en una ocasión, tuvo un inconveniente con el denunciado mientras le prestaba servicios de masajes en su residencia personal, no interfiere con la subsunción realizada. Ello, en tanto la definición legal incluye también a los lugares de acceso público o privados de acceso público, como puede ser un centro de salud.- La violencia telemática puede ser definida como la ejercida con la asistencia o a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), vulnerando derechos de las usuarias pero no exclusivamente los digitales sino todo otro derecho tutelado por la normativa vigente valiéndose de recursos tecnológicos conectados. La falta de recepción de esta modalidad en el actual texto legal no obsta a su inclusión en la presente decisión, conforme lo habilita el art. 6° del Decreto Nº 1011/10, reglamentario de la Ley Nº 26.485.
“[E]s necesario considerar a la violencia hacia las mujeres en ámbitos online como lisa y llanamente violencia hacia las mujeres...” (cfr. Asociación por los Derechos Civiles con la colaboración de Fundación Activismo Feminista Digital, “Estado de la violencia online contra las mujeres en Argentina. Informe presentado ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer”, pág. 18). Es que “[l]a violencia por razón de género contra la mujer se produce en todos los espacios y esferas de la interacción humana (…) y en la redefinición de lo público y lo privado a través de entornos tecnológicos, como las formas contemporáneas de violencia que se producen en línea y en otros entornos digitales...” (cfr., “Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer por la que se actualiza la recomendación general num. 19”, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (ONU), § 20, CEDAW/C/GC/35).- En base a ello, se observa que el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio es el órgano judicial competente para tramitar las presentes actuaciones.
Es importante precisar que esta conclusión no se desdibuja por el hecho de que parte de los sucesos fácticos hayan transcurrido en la localidad de 28 de Noviembre (cfr. foja 2 vta.), dado el ámbito territorial asignado a ese juzgado por el artículo 7º de la Ley Nº Uno “Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz” (y modif.).-
III. Por otra parte, entiendo conveniente advertir que la solución aquí propiciada es la que se considera más apropiada al estado de la legislación vigente. Digo esto, por cuanto no se puede pasar por alto que la existencia de proyectos legislativos que propugnan la inclusión del “acoso callejero” como una figura penal (v.gr. proyecto Nº 1294-D-2019, e. o.) o la circunstancia de que en otras jurisdicciones se considera una contravención (v.gr. art. 65 bis del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires o el art. 83 del Código de Contravención de la Provincia de Mendoza).-
IV. Una consideración aparte merece la orden de archivar las presentes actuaciones formulada por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, de Río Turbio (cfr. fs. 12/13).-
En mi opinión, recordarle a la doctora Romina Frías el contenido del Acuerdo Nº 2550, Punto Décimo, del 23 de marzo de 1995, de este Tribunal Superior de Justicia, resulta insuficiente a efectos de tomar real dimensión de la situación de desamparo en la que originariamente se ha colocado a la mujer denunciante. Desde luego que las reflexiones vertidas por este Alto Cuerpo en aquel entonces mantienen aún hoy vigencia como guía insoslayable para los jueces y las juezas de grado a la hora de abordar los conflictos particulares que deben dirimir. Empero, los lineamientos generales allí contenidos merecen ser reforzados ante supuestos particulares que cristalizan situaciones de especial vulnerabilidad.- “En la interpretación de las normas legislativas y reglamentarias, debe evitarse que los particulares queden fuera de protección jurisdiccional y en situación de indefensión -como ocurre en esta causa, en que se ordena el archivo de las actuaciones- pues, la falta de recaudos formales no debe utilizarse para aniquilar los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados…” (cfr. CSJN, Fallos: 324:1070).-
Siguiendo los lineamientos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace suyo, en la causa “Callejas” (Fallos: 343:103), es menester advertir que la decisión de archivar las presentes actuaciones configura una denegación de acceso a la justicia a quien alega ser víctima de violencia de género y refleja un injustificado rigor formal que descuida los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, los artículos 8º, inc. 1, y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y los artículos 2º, inc. 3, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, en el presente caso, dicho resguardo era especialmente exigible pues la petición se vinculaba con la alegación de haber sido víctima de hechos de violencia de género. En estos supuestos, la protección de los derechos constitucionales que asisten a las víctimas en general está especialmente garantizada por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convencion de Belem do Para’ y la Ley Nº 26.485 de ‘Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales’.- En efecto, la Ley Nº 26.485 garantiza el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos (arts. 2º, inc. f y 3º, inc. i).
En particular, el artículo 16 prevé que, en el marco de los procedimientos judiciales, las mujeres tienen derecho a obtener una respuesta oportuna y efectiva, a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión, y a participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa (cfr. incs. b, d, y g; en el mismo sentido, Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, cap. II, secc. 4, y cap. III, secc. I).- Tal como surge del artículo 3º de esa ley, aquella fue sancionada a los efectos de garantizar los derechos previstos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convencion de Belem do Para’, entre otros.
Esos instrumentos dirigidos a la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres reconocen expresamente el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y la obligación de los Estados de adoptar recursos judiciales efectivos para amparar sus derechos.- Por un lado, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW- acoge el acceso a la justicia de las mujeres y establece que los Estados se comprometen a garantizar a través de sus tribunales la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación (cfr. arts. 2º, inc. c, y 15).-
Por el otro, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convencion de Belem do Para’ contempla el derecho de las mujeres a un recurso “…sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos…” (cfr. art. 4º, inc. g). A su vez, establece que los Estados se encuentran obligados a “…establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos…” (cfr. art. 7º, inc. f).- En suma, al igual que lo sostenido en la causa que se viene reproduciendo, estimo que la decisión de fs. 12/13 refleja una interpretación excesivamente formal que desatendió los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva que protegen especialmente a las mujeres que alegan ser víctimas de violencia de género.-
Más aún, el desentendimiento de los imperativos de orden convencional, constitucional y legal emplaza al decisiorio en un lugar alarmantemente próximo a la violencia institucional (cfr. art. 6º, inc. b, Ley Nº 26.485).-
Siendo que existe un mandato constitucional que exige resolver con perspectiva de género, hacerlo ignorando tales preceptos constituye un actuar violento de parte de jueces y juezas. Consiguientemente, si no se sancionan las violencias contra las mujeres y se erradican las conductas violentas de parte, principalmente, de agentes del Estado, se envía un mensaje incorrecto socialmente de tolerancia de las violencias, lo que a la postre provoca desconfianza en el sistema de parte de sus usuarios/as (cfr. Barrios Colman Noelia A. - Clément María Florencia: “Las sentencias sin perspectiva de género ¿constituyen violencia institucional contra mujeres y disidencias sexuales”, www.informacionlegal.com.ar Cita online: AR/DOC/554/2021).- El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, junto con la integridad y la credibilidad de la judicatura.
Entre los componentes esenciales que hacen a este derecho se encuentra la justiciabilidad, la que requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia. Las mujeres hacen frente a muchas dificultades para obtener acceso a la justicia como resultado de la discriminación directa e indirecta. Esa desigualdad no sólo es aparente en el contenido discriminatorio y/o las consecuencias discriminatorias de las leyes, los reglamentos, los procedimientos, la jurisprudencia y las prácticas, sino también en la falta de capacidad y conocimientos de las instituciones judiciales para tratar adecuadamente de las violaciones de los derechos humanos de la mujer. Por lo tanto, las instituciones judiciales deben aplicar el principio de la igualdad sustantiva o de facto consagrada en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y deben interpretar las leyes de conformidad con esa obligación (cfr.
“Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia”, del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU) §1, 14 y 22, CEDAW/C/GC/33).- Sobre esta base, concluyo que corresponde efectuar un severo llamado de atención a la jueza Romina Frías, titular del Juzgado Provincial de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio, en razón de la falta de observancia de las prescripciones impuestas por el ordenamiento constitucional y convencional, exhortándola a evitar en el futuro medidas que sólo concurren en detrimento de una buena administración de justicia; consideración que debe explicitarse taxativamente en la parte resolutiva de la presente resolución.
Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales: Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar, en razón de la materia de los presentes autos, la competencia del Juzgado Provincial de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio; y, en consecuencia, remitir los presentes autos para continuar su trámite conforme a derecho y según corresponda al estado de la causa.-
2. Regístrese y notifíquese. Comuníquese por oficio mediante el Sistema de Notificaciones Electrónicas, con remisión de copia de la presente resolución, a la Sra. Jueza titular del Juzgado Provincial Nº Uno de Instrucción y del Menor de la ciudad de Río Turbio.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1035I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3686 Folio N°: 6492/6496 Secretaría: 1
Fin de la sentencia